I. El fraude es consustancial al sistema político mexicano
El fraude y la mentira son condiciones estructurales del sistema
político mexicano y de sus procesos electorales: el 7 de junio este
hecho volvió a confirmarse.
Para empezar los resultados están
trucados: la participación electoral no fue entre el 47. 25 y el 48.51
por ciento, fue mucho menor. (1) El 1° de mayo pasado Lorenzo Córdova
Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, declaró ante los
Vocales Ejecutivos de la Junta Local de Jalisco que “el Consejo General
del INE aprobará el Padrón Electoral y la Lista Nominal en su sesión
extraordinaria del próximo miércoles 6 de mayo”, el más confiable de la
historia, y “adelantó que son 87 millones 244 mil 921 los inscritos
ante el Instituto y 83 millones 563 mil 190 ciudadanos los que podrán
sufragar por contar con su credencial de elector actualizada y con
datos validados”. (2) Esos datos sobre el total de empadronados y la
lista nominal aparece, si no la han retirado o modificado, en el portal
electrónico del INE.
Para alcanzar el 47 o 48 por ciento de
participación ciudadana, el INE retiro de la lista nominal a 5 millones
649 mil 784 personas inexplicablemente. Es decir, pasó de 83 millones
563 mil 190 a 77 millones 913 mil 406. Si la cifra que se toma como
referencia —la primera— la participación ciudadana ronda
el 43 por ciento y no el 47 aludido por el INE. Cifra que se reduce al
38 por ciento, si se toman en cuenta los votos nulos que rondan el 5
por ciento.
Así las cosas, los porcentajes de votación para
cada partido en función de la lista nominal no rasurada, nos dan una
imagen real del nivel de representatividad de cada uno. Por ejemplo,
con cifras aproximadas, la votación del PRI con respecto a la lista
nominal oficial, no alterada, pasaría del 29.8 por ciento al 13 o 14
por ciento; la del PAN del 21.9 al 10 u 11 por ciento; la del PRD del
11.1 al 4.5 o 5 por ciento, la de MORENA del 8.8 al 4 por ciento y la
del PVEM del 7.1 al 3.3 o menos; mientras el resto de los partidos
desaparecería. Y si el cálculo se hiciera tomando en cuenta el número
de los inscritos en el padrón electoral, es decir, los más de 87
millones registrados, el partido con más votos no representaría más que
a poco más del 11 por ciento. Ese es el nivel de representación formal
de los partidos políticos, aunque en realidad el problema es más grave.
Ahora, si a todo eso le restamos los votos comprados o coaccionados propios de una elección de Estado
como la vivida el 7 de junio, el nivel de votación real se reduciría a
la mitad. Porque los mecanismos, a través de los que operan las
elecciones de Estado en México, son los mismos que en otras ocasiones
han sido denunciados por diversos organismos. Los cuales estiman que el
porcentaje del voto comprado o coaccionado llega al 50 por ciento. Esto
es particularmente notorio en las prácticas electorales del PRI, PAN,
PVEM y PRD. Tanto el PRI como el PAN, mayormente, suelen usar a los
partidos satélite como el Verde o al nuevo Encuentro Social, como
vehículos para inducir votos. Así ocurrió en Hidalgo, donde el último
partido mencionado superó el 9 por ciento de la votación con el apoyo
del señor Chong.
Entonces, descontando los votos del fraude,
en el caso señalado de los 4 partidos mayoritarios, su caudal de votos
oscila entre el 7 por ciento y el 2 por ciento del total. Ese es su
nivel de representación real.
Todo es más evidente si nos
detenemos en las votaciones registradas en varios de los estados más
importantes en número de población. Por ejemplo, en Nuevo León
perdieron el PRI y el PAN; el candidato independiente, el tal “Bronco”,
con todo y representar una opción empresarial, significa una ruptura
con las formas históricas del comportamiento electoral de la población
de la entidad. Igual sucedió en Jalisco. En la Ciudad de México, perdió
el PRD, el PRI y el PAN que se aliaron para combatir a MORENA. En el
Estado de México, el PRI sufrió descalabros severos y en Puebla el
nivel de abstención fue de los más altos.
En realidad, si
incluimos el número de casillas no instaladas, 603, el más alto desde
1991 y el número de votos anulados que tuvo su epicentro en la Ciudad
de México, podemos decir que pese a todo el despliegue publicitario, la
crisis de representación y el descredito del régimen y del propio
Estado siguen por el mismo derrotero, hacia su recrudecimiento. En
dicho contexto resultan ridículas las opiniones de que la cantidad de
votos anulados se debió a que las y los votantes se equivocaron y
marcaron mal su boleta. Por cierto, el nivel más alto de abstencionismo
se dio en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México con 14 por
ciento del total de los anulados en esa “entidad”. Todos saben que en
dicha Delegación, el nivel de escolaridad y de ingresos es de los más
altos de la república.
Además los testimonios sobre el
rebasamiento de los gastos o topes de campaña y la manipulación
descarada del voto de la pobreza en los estados donde la participación
fue muy alta, como en algunas zonas de Chiapas, Yucatán o San Luis
Potosí, entre otros lugares, revelan la podredumbre del régimen y de su
nula voluntad de corregir, su descomposición estructural, propia y
necesaria en un sistema político que gobierna a favor de minorías
antinacionales y antihumanas.
Pero no sólo están esos datos,
existen además múltiples hechos que constatan el descredito y la crisis
del sistema de partidos y de la clase política. El proceso electoral
aconteció en medio del recrudecimiento de la militarización, de la
represión hacia movimientos y colectividades que han sido colocados en
una situación de injusticia que, en muchos sentidos justifica su
reacción ante un proceso electoral que desde la clase política y el
Estado mexicano, pretende legitimar las injusticias y la impunidad de
quienes las cometen a favor de los intereses oligárquicos. Las
protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
de los Padres y Normalistas de Ayotzinapa y de múltiples comunidades en
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, son justas en lo fundamental.
Contra ellas se cebaron todos los poderes incluidos el mediático y los
directamente delincuenciales. El asesinato de activistas como Antonio
Vivar Díaz, en Tlapa Guerrero, fue parte de un operativo integral,
donde se articularon el poder ejecutivo, el ejército, la marina, y todo
tipo de policías con paramilitares ligados a la delincuencia organizada
y a partidos como el PRI y a sectores del PRD.
En ese
sentido, tiene razón Carlos Fazio, “las elecciones paramilitarizadas
del 7 de junio estuvieron signadas por la violencia. Una violencia que
venía de atrás y remite al poder en un Estado plutocrático, clasista y
racista, y a la vieja forma de hacer política en México. En momentos
como el actual, la acción de los poderes fácticos y el Ejército son
acciones para liquidar la República, en tanto son represivas y
destructoras de la nueva política que pugna por alumbrar, producto de
que un sector importante y consciente de la población quiere decidir su
destino.” (3)
II. 7 de junio el fraude esperado
Si bien este no es el lugar para hacer una crónica del proceso
electoral, sí lo es para decir que el resultado no era inesperado. (4)
Las proyecciones sobre las votaciones a favor de los principales
partidos se cumplieron. La caída del PRI amortiguada por el PVEM y la
debacle del PRD se cumplieron, acaso sorprendió el porcentaje de votos
del PAN. Igual se confirmaron las expectativas de votación para MORENA.
En cuanto a las posibilidades del boicot electoral, igualmente se
mantuvo en los márgenes previstos de focalización en algunos estados y
regiones. En todo caso el porcentaje de voto nulo era algo más
incierto. Por lo que se refiere al monto de la abstención se mantenía
en la incógnita y muchos esperábamos un porcentaje mayor; sin embargo
el cómputo final se mantiene en los márgenes de lo esperado.
Todo mundo sabía que el triunfador formal sería el PRI y los partidos
del Pacto por México, con excepción del PRD. Que este sería utilizado a
modo de legitimación de la nueva andanada de despojos y represiones
derivadas de las últimas reformas estructurales. Lo sucedido a la CNTE,
ilustra la condición real del régimen. Muestra sus debilidades al
recular ante el posible crecimiento del boicot con el que amenazaban
las y los docentes, sin importarles la legalidad, sin reparar en que su
decisión de suspender las supuestas evaluaciones violaba su
Constitución neoliberal. Evidencia la total falta de honor y la
desvergüenza absoluta de quienes usurpan las instituciones de la
Republica. A estas alturas de su descomposición, que involucra a
personajes como el Rector de la UNAM y a los más encumbrados
empresarios del país, la manipulación mediática y la represión serán
los principales medios para escalar la destrucción de los derechos
sociales y nacionales.
Creemos que los hechos corroboran que
más allá de intereses limitados legítimos, el principal problema para
el futuro de la sociedad civil y el pueblo de México, no estribaba en
llamar a votar o no votar, en participar o boicotear la elección. Que
por el momento no había mayor oportunidad de lograr un avance en la
organización de la resistencia nacional colocando en el centro la
disputa electoral bajo cualquiera de sus formas. Que debíamos poner la
mirada más allá del 7 de junio, entendiendo que por el momento no tenía
caso exacerbar los debates entre fuerzas momentáneamente contrapuestas,
pro-voto o abstencionistas, a las que finalmente el régimen ha colocado
como enemigos a vencer, como víctimas potenciales de la nueva ola
represiva y saqueadora. Creemos que era razonable entender los motivos
de quienes llamaban a la abstención, el boicot y la anulación, y de
igual modo entender las necesidades contenidas en las colectividades
que ven en la lucha electoral la ocasión de darle cause a luchas
reivindicativas democráticas o directamente materiales.
Ahora
más que nunca se requiere de hacer frente común ante el triunfalismo de
la clase política y sus partidos corrompidos. Denunciar el carácter
antidemocrático, antipopular y antinacional del régimen y no dejarse
engatusar por ventajas electorales transitorias.
III. Mantener la resistencia a la usurpación y luchar por la unidad nacional-popular
Todas las proyecciones relativamente confiables sobre el futuro
inmediato de las mayorías y clases nacionales son catastróficas. En
términos de desastre económico social el propio gobierno asume que los
recortes al presupuesto público y el estancamiento del Producto Interno
son la constante previsible. Recrudecimiento de la pobreza, del
desempleo y de la destrucción de derechos laborales, sociales y
nacionales será la tónica de una nueva crisis económica que aún no
supera las secuelas que dejó la crisis de 2008-2009. Con un crecimiento
errático de la economía estadounidense, la permanencia de la crisis en
Europa y el fin del ciclo de precios altos de las materias primas, el
futuro se antoja lúgubre. La radicalización de la guerra contra el
pueblo, que convierte en enemigo interno a todos los opositores, como
lo atestiguan las últimas masacres y particularmente la de
Iguala-Ayotzinapa, constituye la carta a jugar por el gobierno. Las
amenazas a la CNTE, los cargos contra Nestora Salgado, Rubén Sarabia,
entre otros cientos de luchadores sociales y defensores de derechos
humanos, son ilustrativos del clima de criminalización de los
opositores que se cierne sobre el país.
No obstante las
rupturas y distancias entre la sociedad civil y el Estado, acrecentadas
a raíz de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala y de la crisis
de credibilidad y legitimidad del régimen, no ha sido posible articular
uno o varios movimientos nacionales que den cauce común a quienes
protestan en las calles y a los millones que desde sus lugares de vida
están hartos de las acciones del gobierno y la clase política.
Persiste un cierto agotamiento de la representación ética y política de
los movimientos sociales y políticos, electorales y extra-electorales
que, a fines del siglo pasado e inicios del presente, ocuparon la
escena política nacional, mientras las nuevas representaciones aún no
acaban de emerger. Hasta ahora siguen predominando las propuestas que
insisten en convocar a la unidad de la izquierda o las izquierdas a
través de un frente nacional o por medio de la unidad y de las alianzas
construidas alrededor de un “gremio” o de una corriente ideológica. En
la mayoría de los casos se confunden y contraponen los procesos de
unidad de la izquierda con la unidad de las clases y mayorías
nacionales: indígenas, trabajadores, mujeres, jóvenes y clases medias.
La desarticulación de las resistencias sociales y civiles no es
accidental. A diferencia de lo que piensa la mayoría de las personas
que ideológicamente se declaran de izquierda, el apoliticismo, es
decir, la tendencia a poner en el centro intereses particulares por
sobre los generales, a desligar unos de otros, es resultado de la
“confusión” entre la unidad de la sociedad civil o pueblo y la unidad
de la izquierda. Cuando los más ideologizados proponen el frente de
único de clase, únicamente integrado por obreros y campesinos pobres,
fomentan un economismo o gremialismo formalmente radical, que impide o
frena la posibilidad de ejercicio de la representación nacional por
parte de las clases trabajadoras. A contracorriente de las
declaraciones de los partidarios de ese enfoque que confunde unidad
antineoliberal o nacional con unidad de la izquierda, en ese horizonte
socialmente sectario se abandona la lucha por el gobierno y el poder
político desde la sociedad civil o el pueblo. No es un accidente que en
las lógicas más extremas del gremialismo u obrerismo se sepulten los
aportes de las comunidades y los pueblos indígenas y campesinos. Que
las luchas por la democracia y los derechos humanos se usen a modo de
coartada y se excluya todo lo que huela a clases medias. Eso ha
sucedido y sucede en los frentes actuales.
Para enfrentar a
los responsables de la tragedia humanitaria, que vivimos las mayorías
nacionales y poner un alto a la clase política antinacional y a las
oligarquías trasnacionales, requerimos pensar en la unidad de la
sociedad civil, de la nación, de diversas formas de acción política y
cultural. De otra forma, no existe ninguna posibilidad de enfrentar
victoriosamente la lucha cotidiana por la defensa del territorio, por
detener y revertir las “reformas estructurales”. En ese proceso, deben
conjugarse todas las formas de resistencia y desobediencia civil
pacífica para dar cauce a la unidad de las mayorías y preparar el
cambio de gobierno desde el pueblo.
Todo esto para explicar
el porqué de nuestra negativa a enzarzarnos en las disputas dentro del
campo popular sobre las diversas tácticas de participación en un
momento no decisivo o trascendente y el porqué de nuestra resistencia a
enredarnos en disputas por la unidad de la izquierda que sólo redundan
en desunión y frustración. Se debe insistir en la necesidad de la
reflexión y la construcción estratégica, como única forma de asumir
adecuadamente las batallas cotidianas en defensa de la vida, el agua y
los derechos nacionales, sociales y civiles, que finalmente expresan la
lucha cotidiana por un nuevo gobierno, una nueva ética y un nuevo
“pacto social” o constituyente.
Lo central es: ¿Qué sigue
después del 7 de junio?, ¿Cómo construimos la unidad de las víctimas
del neoliberalismo?, ¿Cómo rompemos las inercias del régimen a sumirnos
en una nueva ola de despojos y crímenes de Estado?
En primer
lugar, debemos asumir que vivimos bajo los gobiernos de la usurpación.
En una situación de golpes de Estado Técnicos, de golpes a la
Constitución, de fabricación de leyes que violentan su espíritu
original, de magnicidios, de terrorismo de Estado y crímenes de lesa
humanidad, como lo definió el Tribunal Permanente de los Pueblos -
Capitulo México (TPP). Todo ello para imponer la recolonización del
país, una nueva ocupación integral de México, como lo señaló Pablo
González Casanova. Recolonización que tuvo un momento detonador con la
introducción abierta de las políticas de Estado de corte neoliberal y
con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN).
Así, lo que se impone, entre otras cosas, como parte
de nuestros trabajos en marcha hacia la nueva Constituyente Ciudadana
Popular, en el contexto de los resultados de las elecciones del 7 de
junio y de la andanada desatada contra toda resistencia civil y social
por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, es denunciar y repudiar
este nuevo episodio de los gobiernos de la usurpación. Para lo cual
proponemos organizar dos actividades que se desarrollarían tomando como
referencia el Plan de Trabajo acordado en la asamblea del 2 de mayo.
1° Facilitar un proceso de juicio ético sobre la falta de probidad del
proceso electoral del 7 de junio, a la manera de los trabajos
realizados por el TPP-México; a concretarse en el mes de agosto, antes
de que tomen posesión los nuevos diputados federales. Para ello,
debemos apoyar la integración de un comité con académicos, artistas y
representantes de organismos civiles y sociales.
2° Realizar
una jornada nacional de repudio a la nueva usurpación del Congreso de
la Unión a través de campañas de reflexión y acciones de resistencia y
desobediencia civil pacífica, evitando las provocaciones que
seguramente se montarán ese día.
Notas:
(1) www.jornada.unam.mx/ultimas/
(2) “Consejo del INE aprobará el 6 de mayo padrón electoral: Córdova”, en Notimex, vie, 01 mayo 2015 17:56.
(3) Carlos Fazio, “Política y violencia”, en La Jornada, 8 de junio de 2015.
(4) José Blanco, “Lo previsible”, en La jornada, 9 de junio 2015.
