Muestra el rechazo oficial a proyectos autonómicos de seguridad
Contradicciones e inconsistencias en los cargos contra la comandante
EU pide explicaciones al defensor sobre por qué se bloquea la liberación
Persecución de la lucha social
Nestora: Rechazo de Estado
Proceso en su contra, con innegable carga política
Nestora Salgado con Gonzalo Molina, Cristóbal Rendón y Miguel Vitrago,
también jefes de la policía comunitaria, en Tixtla, GuerreroFoto Notimex
Campaña #Nestoralibre, emprendida por activistas, periodistas, feministas y académicasFoto La Jornada
Alejandro Martí, líder de México SOS; Isabel Miranda de Wallace, activista de Alto al Secuestro, y Dulce RubíFoto Luis Humberto González
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Lunes 16 de febrero de 2015, p. 2
La semana pasada la embajada de Estados Unidos citó al abogado
Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos
Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, a una
reunión. Funcionarios consulares y políticos de la misión querían
entender qué obstaculiza la liberación de la comandante de la policía
comunitaria de Olinalá, quien sigue presa en la cárcel de máxima
seguridad de Tepic, Nayarit, a pesar de que desde marzo del año pasado
un juzgado federal desechó las causas penales que la acusan y ordenó su
excarcelación.
Escucharon su punto de vista.
Les expliqué que el de Nestora es un típico caso de prisión política y persecución de la lucha social. Su situación condensa el rechazo del Estado a proyectos autónomos de seguridad pública que, como las policías comunitarias y las autodefensas, evidenciaron la incapacidad de las autoridades de proteger a las poblaciones indígenas y rurales de la acción del crimen organizado, por omisión o complicidad.
Rivero agrega que al desconocer que las actividades de Nestora
Salgado se produjeron en el contexto de sus funciones como comandante
de un cuerpo de policías comunitarias de Guerrero, reconocidos por la
ley estatal, los procesos judiciales en su contra tienen una innegable
carga política. Y recordó que desde hace años los gobiernos utilizan
las figuras penales de secuestro y secuestro agravado para reprimir a
dirigentes del movimiento popular, como en su momento fueron los
dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San
Salvador Atenco, sentenciados a hasta 60 años de cárcel y finalmente
liberados. O el caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositoras de La Parota, Marco Suástegui.
La acusación
En junio de 2013, Nestora Salgado García recibió en su
casa a un grupo de mujeres de su comunidad, Olinalá. La casa servía a
la vez como oficina de la comandancia de la policía comunitaria y
Nestora, madre de tres jóvenes, había sido nombrada en asamblea popular
comandante de ese cuerpo policiaco, adscrito a la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRAC), al amparo de la ley 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
Indígenas de Guerrero, promulgada a mediados de 2009.
La CRAC, como proyecto autónomo de seguridad, nació en 1995 en San
Luis Acatlán, en la región mixteca. Inició su expansión en 2008.
Cruzada por divisiones internas e interétnicas, a la fecha tiene cerca
de 40 asambleas y sistemas de seguridad en decenas de pueblos de la
Costa Chica y la Montaña de Guerrero, contando con cerca de mil 800
efectivos que dan servicio a 20 mil guerrerenses aproximadamente.
Las señoras iban preocupadas a su encuentro con la comandante
Nestora. Sus hijas –entre ellas Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo
Mesa– habían salido de sus casas días antes y no habían vuelto. Las
madres sabían que las muchachas andaban en malos pasos y reconocieron
que ya no podían controlarlas. Ambas chicas tenían, en ese entonces, 17
años.
La comandante movilizó a sus unidades y pronto localizaron a las
adolescentes. Según consta en oficios firmados por Dulce y Yesenia, con
el sello del Consejo Ciudadano Olinalteco y las rúbricas de la propia
Salgado, confesaron que habían ido a
pasearvarios días, a tomar micheladas y a pernoctar en casas de distintos amigos en Huamuxtitlán y hasta Tulcingo.
A diferencia de otras casas de justicia del sistema CRAC-PC, en la
de El Paraíso –a la que pertenecen Olinalá, Tixtla (cuya policía hoy
día es responsable de la seguridad de la normal rural de Ayotzinapa) y
Huamuxtitlán– se propuso un programa que fuera más allá de la seguridad
y abarcara la reintegración y reducación de jóvenes delincuentes e
infractores. Normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos son los
encargados de esos proyectos educativos.
Las madres de las jóvenes convinieron con la CRAC y el consejo
olinalteco que sus hijas pasarían un tiempo de reducación en cualquiera
de las cuatro casas de justicia que tenía la policía comunitaria como
parte de su sistema de reinserción. Hay actas firmadas. Con el rubro
Reeducación, con fecha del 10 de junio de 2013, consta el acuerdo.
Es para beneficio personal, familia y sociedad, se subraya. Cuatro chicas, con la autorización expresa de sus madres, se acogieron a ese sistema.
Meses después, las señoras que pidieron ayuda a Nestora se volvieron
en su contra, cambiaron las versiones que ofrecieron ante el Ministerio
Público (MP) y hoy la acusan de secuestro. En los tres procesos penales
que enfrenta en una cárcel de máxima seguridad (48/2014, 196/2013 y
05/2014, abiertos en un juzgado de Tlapa y radicados en Tepic), los
señalamientos de Dulce Rubí y Yesenia de haber sido víctimas, agravado
por el hecho de ser menores, son los que más pesan en las
circunstancias que tienen presa a la comandante de Olinalá desde hace
ya año y medio.
Aguirre y la CRAC-PC
El 21 de agosto de 2013, en un operativo conjunto,
elementos del Ejército, la Marina y las policías Federal y estatal
irrumpieron simultáneamente en varias localidades de La Montaña. En
Quiahuitepec, zona serrana a donde por falta de caminos sólo se llega a
pie o en cuatrimoto, los soldados se lanzaron a rapel desde los cerros.
Las fuerzas federales aprehendieron ahí a 18 policías comunitarios y
rescatarona las personas que tenían bajo arresto conforme al sistema de seguridad de la CRAC, entre ellos a Armando Patrón, quien entonces era síndico procurador de Olinalá, detenido y juzgado por estar relacionado con dos homicidios y por abigeato (en esas zonas rurales el robo de vacas es un delito común y muy sensible para la población). También
liberarona un taxista conocido como El Mapa, a quien se acusó de
desaparecery descuartizar personas por encargo del crimen organizado. En la zona actúa impunemente el cártel de Los Rojos. También estaban retenidos un presunto violador y cuatro mujeres, entre ellas las dos menores de edad. Los militares y marinos detuvieron en la sede de la policía comunitaria de El Paraíso a otros siete de sus integrantes y en Olinalá fue arrestada Nestora Salgado.
Al final del operativo, que marcó la ruptura del ex gobernador Ángel
Aguirre con el sistema de policías autónomos que él mismo había
impulsado, había más de 40 presos, entre ellos varios dirigentes
comunitarios, como Gonzalo Molina, de Tixtla; Arturo Campos, de Ayutla,
y Bernardino García, de El Paraíso. Están presos en Tepic, Miahuatlán o
Acapulco y tienen cargos por secuestro agravado y delincuencia
organizada. Doce siguen encarcelados. Todos son casos de persecución
política.
Miranda de Wallace, a escena
Dulce Rubí, quien iba a ser reducada por la policía
comunitaria, es la joven que ha aparecido recientemente en las
conferencias de prensa de Isabel Miranda de Wallace, la poderosa
activista de Alto al Secuestro. Ella no habla mucho, sólo se dice
víctima y llora. Teatralmente, Wallace la abraza.
El activismo de Wallace y el líder de la organización México SOS,
Alejandro Martí, se hizo visible la primera semana de enero, cuando
estaba por vencer el plazo para que el fiscal general de Guerrero,
Miguel Ángel Godínez, respondiera a la petición del gobernador Rogelio
Ortega de desistirse de las causas contra Nestora para liberarla.
La
presión tuvo el efecto deseado. El 30 de enero Godínez rechazó el
desistimiento y determinó que el proceso penal siguiera su curso. Este
jurista acapulqueño fue
sugerenciade la Procuraduría General de la República para integrar el gabinete de Ortega, a la caída de Aguirre. Asumió el cargo el 19 de diciembre pasado.
Para Wallace fue un éxito. Para Nestora y sus hijas Sayra, Judith y
Grissel, el endurecimiento de la fiscalía significa tener que retomar
el proceso de la defensa casi desde cero.
Para el abogado Leonel Rivero, responsable del nuevo equipo de
legistas que hace apenas un mes asumió la defensa legal de Nestora,
quedan dos vías.
La primera pasa por agotar los recursos de incidencia para hacer
cumplir una sentencia emitida en marzo del año pasado por el juez
federal del Tribunal Unitario de Acapulco José Luis Arroyo, quien
determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y
delincuencia organizada no proceden, ya que Salgado actuó en función de
su responsabilidad como autoridad de la CRAC, reconocida por la ley
estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación
de la libertad fueron en realidad detenciones derivadas de un acto de
autoridad. El mismo juez descarta calificar los actos de extorsión que
denuncian los quejosos. Tanto los familiares de Patrón Jiménez como de
las muchachas aseguran que Nestora Salgado les pidió desde 20 mil hasta
300 mil pesos a cambio de su liberación. En sus acusaciones hay
contradicciones y no hay consistencia en cuanto a fechas y montos. Pero
además, el Tribunal Unitario determinó que las cantidades solicitadas
por la policía comunitaria eran fianzas, no sobornos.
Por lo anterior, el juez ordenó, ya desde entonces, el no ejercicio
de la acción penal. Sin embargo, la diligencia quedó trunca y no se
concluyeron las incidencias y la presentación de pruebas de cargo y
descargo, porque varios de los denunciantes ni siquiera fueron
notificados de que debían presentar sus recursos.
A estas fechas varios de los acusadores se han desistido de
continuar la denuncia –como el síndico procurador de Olinalá Armando
Patrón– y sólo han persistido las madres de las dos jóvenes que eran
menores en 2013 (17 años), Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa,
que acusan a Nestora del secuestro de sus hijas.
Yo no me mando sola
Rivero considera que los argumentos de Wallace y Martí para exigir al fiscal que no se desista de las acusaciones
desvirtuaron el debate jurídicoy pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público.
El juzgado unitario analizó sus pruebas y las desechó.
La otra vía obligaría a Nestora a hacer frente a los tres procesos
abiertos en su contra en el fuero estatal, lo que implica un retroceso
de año y medio en su lucha por ser liberada.
Su defensa presentará las pruebas de descargo correspondientes para
ilustrar las inconsistencias en las declaraciones de los acusadores,
demostrará que las menores fueron entregadas a la policía comunitaria a
petición de sus madres y sostendrá sus dichos con las actas de las
sesiones y asambleas de las autoridades regionales, que avalaron
siempre las acciones de Nestora.
Ella ha dicho desde el principio: yo no me mando sola. Y es verdad: ella fue el brazo ejecutor de todo un sistema de seguridad pública que, además, es legal, amparado por la ley estatal 701 y por el derecho internacional, la ley de la Organización Internacional del Trabajo, señala Leonel Rivero. Añade que además presentará una pericial en antropología para demostrar la legitimidad de la visión de los pueblos indígenas sobre estos temas.
La ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades Indígenas de Guerrero reconoce los sistemas de justicia y
seguridad pública, incluidos los organismos de policía comunitaria
organizados bajo la estructura de la CRAC. Olinalá, cabecera del
municipio del mismo nombre, se ubica en la región de La Montaña, región
nahua-tlapaneca y está dentro de esa jurisdicción.
Migrante, activista y presa política
Nestora se casó a los 17 años, cuenta su hermana
Cleotilde Salgado. Su madre y su abuela, originarias de Chiapetlán, una
pequeña comunidad cercana, no hablaban español, sólo náhuatl. Cuando
cumplió los 20 ya tenía tres hijas y un marido
con papelespara trabajar en Estados Unidos. Cuando decidió migrar para mejorar las condiciones de vida de su famila dejó a Sayra y Judith, las niñas mayores, a cargo de su suegra, y a Grissel, la más pequeña, con su hermana Cleotilde. El cruce de la frontera no fue fácil. La migra la detuvo y pasó un tiempo presa. Finalmente logró llegar a Bellville, en Washington y al año finalmente contó con recursos para mandar traer a sus tres pequeñas.
No volvió a Guerrero hasta que obtuvo la documentación migratoria
que le permitía entrar y salir de Estados Unidos sin riesgos, al cabo
de 10 años. Entonces empezó a frecuentar su pueblo, cada vez cargada de
regalos y ayuda para sus hermanas y su madre. Así pudo terminar de
construir su casa. Finalmente pudo regularizar su doble nacionalidad.
Aunque no le iba mal en Estados Unidos, volvió a Olinalá por una
temporada más o menos larga con las niñas.
Pero eso fue en 2012. Al poco tiempo de llegar Nestora a Olinalá, se
supo del secuestro de un muchacho amigo de la familia que vendía
celulares. Desapareció. Encontraron su cuerpo descuartizado. Luego fue
un taxista. Después un chofer del transporte que va y viene de Chilapa.
Cuenta Cleotilde:
Llegó ese presidente municipal priísta Eusebio González y con él los que venden la droga. Todo se descompuso.
Dejo el pueblo en sus manos
El día del tercer sepelio la comunidad se levantó. Las
campanadas de la iglesia convocaron asamblea en la plaza y Nestora
escuchó por primera vez de la existencia de policías comunitarias que
tomaban la seguridad de los pueblos en sus manos ante la incompetencia
de los policías locales.
Se fue metiendo, metiendo y quedó de jefa. No se autonombró. La gente la escogió a ella. Recuerda Cleotilde que el propio gobernador Ángel Aguirre llegó a Olinalá y sugirió que buscaran integrarse a la CRAC-PC.
Dejo el pueblo en sus manos, le dijo a Nestora cuando se despidió.
Pero sus ganas de servir al pueblo de Olinalá terminaron mal.
Leonel Rivero explica el entorno político y social:
Como en otras latitudes, la irrupción de una policía comunitaria con arraigo entre la gente provocó una ruptura en un sistema de poderes locales que amenazó el clima de impunidad con el que actúa el crimen organizado. Pero no sólo eso, son procesos organizativos y autogestivos que también amenazan a los cacicazgos políticos tradicionales. De ahí el afán de imponerle a Nestora un castigo ejemplar.
