8/01/2015

A grandes males... grandes mujeres



Víctor M. Quintana S.
En una sentencia histórica, emitida en Ciudad Juárez el pasado 27 de julio, cinco responsables de una red de trata de personas, vinculados al menos con 11 feminicidios, han sido sentenciados a 697 años de prisión. Se les encontró culpables de prostituir y asesinar a 11 muchachas, cuyos restos fueron localizados en el arroyo del Navajo, desolado paraje del municipio de Praxedis G. Guerrero, a 77 kilómetros de Juárez.
El proceso que antecedió a la histórica sentencia fue posible gracias a la decidida intervención de las mujeres, tanto familiares de las víctimas, como de las organizaciones Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, y Justicia para Nuestras Hijas.
El juicio oral, iniciado el 14 de abril pasado, es el primer desemboque de un caminar que comenzó desde 2009. Fue entonces cuando las madres de varias jovencitas se acercaron a la Red Mesa de Mujeres, dirigida por Imelda Marrufo, para denunciar la desaparición de sus hijas. No se contentaron con denunciar el crimen a las autoridades. Ellas mismas se pusieron a investigar, siempre acompañadas por las activistas de esta organización, quienes les brindan apoyo sicosocial, asesoría jurídica y acompañamiento incondicional.
Cuando se descubrieron los restos de 21 mujeres jóvenes en el arroyo del Navajo, en diciembre de 2011, hasta ahí acudieron las madres de las muchachas desaparecidas para tratar de identificarlas. Exigieron que se les practicaran los peritajes correspondientes. Luego de mucho batallar, lograron que se contratara al Equipo Argentino de Antropología Forense para proporcionar una segunda opinión sobre la identificación genética de los restos, opinión que se negaba a aceptar inicialmente el gobierno del estado.
Tuvieron la valentía suficiente para seguir el rastro de sus hijas, interrogar policías e investigar las calles del centro histórico de Juárez, donde se produjeron la mayoría de las desapariciones. Identificaron presuntos responsables, los enfrentaron verbalmente y los señalaron ante las autoridades. Ubicaron hoteles y vecindades donde confinaban a las muchachas. Todo lo hicieron ellas, mujeres trabajadoras, pobres, con poca escolaridad, acompañadas siempre por la Red Mesa de Mujeres.
Así, fueron descubriendo que en el clímax de la violencia que sacudió a esta frontera, mientras Ejército, Policía Federal, policía estatal y municipal resguardaban supuestamente la seguridad ciudadana, muchas jóvenes fueron desaparecidas, con la complicidad o cooperación abierta de las llamadas fuerzas del orden. La banda Los Aztecas, brazo armado del cártel de Juárez, además del tráfico de drogas, operaba una amplia red de prostitución de jóvenes, muchas menores de edad. Entre los clientes de la red había militares y policías.
Este infierno, que aún no termina, se dio precisamente al mismo tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia por el caso del campo algodonero, en diciembre de 2009, en la que exige que el Estado mexicano vigile para que el secuestro, prostitución y asesinato de mujeres no se vuelvan a dar.
El trabajo paciente y tenaz de las madres y familiares de las víctimas y sus acompañadoras llegó a identificar a varios operadores de la red de prostitución y a denunciarlos ante las autoridades. Así, en 2013 se dictó orden de aprehensión contra varios de ellos, aunque al menos uno estaba ya en prisión acusado del secuestro de una joven hermana de otra víctima de trata.
El juicio oral iniciado fue por demás contundente. Varias madres de las jóvenes desaparecidas y asesinadas no aceptaron declarar como testigos protegidos y señalaron cara a cara a los responsables del calvario de sus hijas. Parecía que el juicio terminaría con la condena de cinco individuos por el delito de trata de personas, pero había que comprobar el homicidio. Fue entonces cuando la coadyuvante Norma Ledezma pidió que se clasificara el crimen de acuerdo con el artículo 24 del Código Penal de Chihuahua, como delito emergente, es decir, el que surge de la comisión del delito de trata. Ahí concurre el feminicidio, pues los responsables asesinaban a las víctimas para que no los denunciaran.
La sentencia sobre la trata y feminicidio de estas once jóvenes –varias de ellas menores de edad– resulta histórica y no tiene precedente por varias razones:
Es la primera vez que se sentencia a responsables plenamente identificados de estos delitos, no a culpables fabricados o chivos expiatorios, como se hizo en los casos de El Egipcio o El Cerillo, en años anteriores.
Se logra que se acepten como coadyuvantes de la representación social al abogado de la Red Mesa de Mujeres, Santiago González, y a Norma Ledezma, dirigente y fundadora de Justicia para Nuestras Hijas. A partir de la desaparición y feminicidio de su hija Paloma, en 2002, se ha convertido en experta sin título del problema de la trata en México, por más que haya sido amenazada varias veces. Fue muy importante que, apelando a varios tratados internacionales, se aceptara la coadyuvancia de Norma, pese a que aún no termina la carrera de derecho.
Por fin se da un primer paso claro y contundente en el combate a la impunidad de los individuos y las bandas que operan las redes de trata de personas, que seguramente están vinculadas con un buen número de feminicidios en esta frontera. Se muestra también que las bandas del crimen organizado no se reducen a ilícitos como el tráfico de drogas, sino incursionan en la trata de personas, las redes de distribución, el tráfico de armas, la extorsión a negocios, entre otros. Resta por investigar la participación de funcionarios y autoridades señalados por las víctimas sobrevivientes.
Se vuelve a demostrar la enorme potencialidad del dolor y de la rabia de las madres y familiares de las víctimas cuando son acompañadas y asesoradas adecuadamente. Su pasión por demandar justicia, su valentía en investigar y su firmeza en denunciar son ilustradas, fundamentadas, por la asesoría de las organizaciones de las sociedad civil.
En medio de este terrible viaje al corazón de las tinieblas de la violencia de género en Ciudad Juárez, son mujeres como éstas las que encienden las antorchas de la esperanza.

En la reforma: ¿igualdad o equidad?


Participación Política de las Mujeres
   CRISTAL DE ROCA
Por: Cecilia Lavalle*


Las palabras reflejan ideas que traen aparejadas consecuencias. Por eso, ante un acuerdo, la redacción se prepara con antelación, y no pocas veces la esgrima es campal por una sola palabra. Así que, cuando se hace necesario, hay que poner los puntos sobre las íes.
 
El pasado viernes 24 de julio se llevó a cabo en Chetumal, Quintana Roo, el segundo “Foro de expresión ciudadana: reforma político-electoral 2015”.
 
Convocaron el Instituto Electoral de Quintana Roo, el Congreso del estado y todos los partidos políticos con registro nacional. Y establecieron que las ponencias debían versar sobre uno de 13 temas.
 
Ahí me tiene buscando en cuál cabía mi reflexión sobre la paridad. Y el que más se ajustaba era “Equidad de género y jóvenes”. Ahí comenzó mi preocupación. Parte de lo que escribo lo dije en voz alta durante el foro.
 
A menudo igualdad y equidad se usan, indebidamente, como sinónimos.
 
La confusión, dice Alda Facio, proviene de los meses previos a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 1995, en los que hubo acaloradas discusiones por los conceptos de igualdad y equidad; entre otras razones, porque El Vaticano quería sustituir “igualdad” entre mujeres y hombres, por “equidad” entre mujeres y hombres.
 
Finalmente, en la Plataforma de Acción de Beijing prevaleció, en casi todo el documento, el término igualdad. Pero en América Latina se adoptó el término “equidad” y se fue quedando.
 
El concepto de igualdad paulatinamente ha recuperado su relevancia, y la distinción conceptual se ha hecho cada vez más necesaria y frecuente.
 
La equidad hace referencia a medidas de buena voluntad, a dar a cada quien lo que le corresponde. Pero, ¿con que vara se mide? Además, no exige la no discriminación ni la eliminación de las desigualdades provocadas por la discriminación.
 
La igualdad, en cambio, es un Derecho Humano. Y ésas son palabras mayores, porque el Estado está obligado legalmente a garantizar el goce y ejercicio de los Derechos Humanos.
 
Eso implica que el Estado debe implementar acciones para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres (se encuentren en leyes, costumbres, comportamientos), y al mismo tiempo tomar las medidas necesarias para corregir las desigualdades debido a su discriminación histórica (lo mismo vale, claro, para grupos específicos discriminados). 
 
De modo que el tema para este foro debió llamarse “Igualdad entre mujeres y hombres”. Porque llamarlo “Equidad” significa que quienes convocan suponen que en la reforma electoral lo que les concierne es dar a las mujeres lo que tengan a bien decidir que nos corresponde.
 
Por otro lado, no entiendo por qué unieron “Equidad de género y jóvenes”. Me preocupa que se parta del supuesto de que las mujeres somos un sector de la población. La juventud es un sector de la población. Las personas adultas mayores, con discapacidad, etcétera, son sectores de la población.
 
Las mujeres no somos un sector. Somos la mitad de la población, distribuidas, al igual que la otra mitad, los hombres, en distintos sectores.
 
Y me parece fundamental tener claridad porque para esta reforma se debe partir de la base de que las mujeres somos la mitad de la población, y nuestro derecho a la igualdad es vulnerado porque somos discriminadas para ejercer a plenitud nuestros derechos políticos.
 
Eso significa que quienes representan a las instituciones convocantes tienen el papel histórico de brindar el andamiaje legal necesario, para que deje de discriminarse a las mujeres en el ámbito político, y mujeres y hombres compartan, en paridad, todos los cargos de toma de decisiones.
 
Pronto sabremos si estuvieron a la altura.
 
 
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com.
 
*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
  Cimacnoticias | México, DF.- 

7 de noviembre, una cita importante y obligada


   DESDE LA LUNA DE VALENCIA
Por: Teresa Mollá Castells*

La semana pasada estuve revisando los días de vacaciones para organizarme un poco hasta el final del año. Y ya reservé algunas fechas fuera del periodo estival. Y, como no podía ser de otro modo, una de las seleccionadas fue el 6 de noviembre. Quiero estar fresca para el día importante.

 
A iniciativa de la Coordinadora Feminista de Valencia y en concordancia con otras muchas asociaciones, plataformas y mujeres, se está organizando para el 7 de noviembre la que se ha denominado como “LA MARCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS”.
 
La necesidad de esta marcha radica en la urgencia de que se tome consciencia de que nos están asesinando por ser mujeres. Que el feminicidio que estamos viviendo se está obviando por parte de quienes nos gobiernan.
 
Que este tema, el del terrorismo machista, ha de estar en primera plana de las agendas políticas de todos los partidos y con medidas claras y concretas para erradicar este terrorismo que se lleva por delante la vida de tantas mujeres y niñas cada año.
 
En las últimas semanas he visto los informativos convencionales de radio y televisión. Aparte de que se dedica mucho más tiempo a la información deportiva que a los asesinatos de mujeres, está surgiendo otro fenómeno que me preocupa. Y es el de la defensa de de los derechos de los animales.
 
Me parece fantástico que se avance en la defensa de los derechos animales y es una causa en la que me encontrarán, pero en los medios de comunicación generalistas aparece como más importante, por ejemplo, el seguimiento de la adopción de los cachorros “Chapa” y “Pote” después de haber sido rescatados de una muerte segura por parte de una asociación protectora de animales que les limpió del chapapote del que estaban impregnados, que el seguimiento de los temas resultantes del terrorismo machista.
 
Con carácter general, no se elaboran noticias con contenidos pedagógicos para prevenir. No se realizan seguimientos de las condenas de los asesinos. No se elaboran contenidos justos para las mujeres asesinadas o agredidas. Se limitan a una cuestión de maquillaje en los términos y ya. Cambian el término violencia de género por violencia machista y ahí se quedan los cambios.
 
Cada vez que una mujer es asesinada por terrorismo machista, el sistema patriarcal refuerza su papel en el ámbito simbólico. Y esto es mucho más peligroso de lo que pueda parecer en principio.
 
Y si quienes ostentan el poder público a todos los niveles no actúan de inmediato y con contundencia, se alían con el patriarcado más feroz que refuerza su poder y su presencia, llegando a justificar al asesino o maltratador con mensajes claros o subliminales. Y este aspecto conlleva en sí mismo el que todo vale para que el orden establecido, el patriarcado, perviva y se refuerce.
 
Son muchos los elementos que han permitido que estos asesinatos de mujeres pasen desapercibidos o no se les dé la importancia que realmente tienen. Entre ellos las nefastas por inexistentes políticas de sensibilización y prevención que, desde los ministerios afectados, no se han llevado a cabo.
 
Pero por el contrario acaban de presentar con bombo y platillo sin la presencia del ministro Alonso un informe con una muestra de 40 mujeres víctimas sobre los motivos que las llevan a NO DENUNCIAR A SUS AGRESORES.
 
¡¡¡Tócate las narices!!! ¿Pero cómo es posible que se destine dinero público a este tipo de manipulaciones para incriminar a las mujeres en su propio ciclo de violencia, e incluso volverlas a culpabilizar de su propia situación? Es, al menos para mí, totalmente inconcebible.
 
Es tal la estafa, que mediante este tipo de estudios (insisto que pagados con fondos públicos), que llegan a dejarme casi sin aliento. Y que conste que he dicho “casi” porque de inmediato lo recupero para escupirles en la cara lo inconscientes que son al justificar que las mujeres no denuncien para elevar a culpa de ellas mismas el origen de su sufrimiento por no denunciar. Son terriblemente perversos los mensajes de esta gentuza.
 
No hay dinero para prevenir ni para sensibilizar. Eliminan la asignatura de educación para la ciudadanía del currículum escolar en la que se podía trabajar este tipo de temas. Imponen la asignatura de religión que predica sumisión de las mujeres y subsidiariedad de las mismas a los hombres. Eliminan recursos para las víctimas dejándolas en situaciones de total desamparo, pero mantienen cursos de reciclaje para reinserción de maltratadores.
 
Eliminan la formación para profesionales implicados por falta de recursos, así como también justifican la falta de recursos para que las mujeres puedan exigir los derechos contemplados en la actual y vigente legislación. Y no actúan con la contundencia necesaria para apartar a quienes no cumplan con sus obligaciones de aplicar correctamente las normas competentes para castigar a los agresores.
 
Porque todo eso y mucho más han permitido quienes nos siguen desgobernando, consiguiendo con sus medidas y sus silencios cómplices que los asesinos pierdan el respeto a las normas y el patriarcado se ha envalentonado para imponer su terror contra las mujeres, para en definitiva domesticarlas a su antojo y volverlas a convertir en siervas y no en compañeras.
 
Por eso es necesaria la marcha del 7 de noviembre, para denunciar todos estos atropellos políticos y sociales, al tiempo que cada partido político se retrate en la elaboración de medidas concretas para llevar esta situación insostenible a un gran pacto de Estado, y hacer recular al patriarcado que nos asesina y maltrata por haber nacido mujeres.
 
No es permisible que una de las legislaciones pioneras de prevención y atención a las víctimas de este tipo de terrorismo machista que, aunque no siempre mata, deja centenares de miles de víctimas, sea abandonada en la cuneta permitiendo además que se vuelva a culpar a las mujeres de su situación por no denunciar.
 
Tampoco es de recibo que hasta la ONU haya llamado la atención al gobierno actual por la situación generada ante el incumplimiento de la legislación y su falta de implementación.
 
Es necesario que marchemos por Madrid el 7 de noviembre para exigir nuestros derechos a una vida libre de terrorismo machista, a una vida digna y plena.
 
Es necesario que marchemos sobre Madrid para redignificar la memoria de las mujeres asesinadas por terrorismo machista y ser sus voces clamando justicia social.
 
Es necesario que marchemos el 7 de noviembre para exigir que se respeten los derechos de más de la mitad de la población que somos las mujeres. Y exigimos una vida sin violencias de ningún tipo.
 
Es necesario que marchemos el 7 de noviembre sobre Madrid, porque las caperucitas le enseñarán los dientes al lobo patriarcal.
 
Las mujeres queremos, mejor dicho exigimos, que el patriarcado sea combatido también desde las instituciones. Somos muchas y cada día son más los compañeros de viaje que se suman a la denuncia de la situación en la que estamos.
 
Porque no sobramos ninguna. Porque nos faltan muchas, demasiadas. Porque exigimos un Pacto de Estado para erradicar este terrorismo silencioso y permanente. Porque nuestras vidas tienen el mismo valor que la de los hombres. Porque tenemos derecho a una vida libre de violencias de todo tipo.
 
Y porque queremos defendernos juntas del patriarcado que nos asesina con el silencio cómplice de la política, de los credos religiosos, de la judicatura, de los medios de comunicación, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y demasiada gente más.
 
Y sobre todo porque nuestros Derechos Humanos no se tocan. Por todo esto y mucho más es necesaria la presencia masiva de gente que cree que otro tipo de sociedad sin terrorismo machista es posible el próximo día 7 de noviembre en Madrid.
 
Yo ya pedí mi día de vacaciones para no faltar a una cita de las más importantes de mi vida. La que espero que sea la gran #MarchaContraViolenciasMachistas.
 
Y gritaré alto y claro que el #MachismoMata, que nuestras vidas son #CuestiondeEstado y que exijo un gran #PactodeEstado porque #NosFaltanTodas, y exijo que no haya #NiUnaMenos. Nos vemos el #7Noviembre en #Madrid.
 
 
*Corresponsal en España. Periodista de Ontiyent.

CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | España.- 

Declara Segob AVG en 11 municipios mexiquenses



   Ordena medidas de seguridad, prevención y justicia para mujeres



La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró hoy formalmente la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los municipios mexiquenses de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlan y Valle de Chalco.
 
Como se tenía previsto desde este martes 28 de julio –cuando el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres avaló por votación unánime la procedencia de la AVG en 11 municipios del Estado de México–, la Segob formalizó hoy la declaratoria de Alerta de Género.
 
De acuerdo con el resolutivo emitido, el Gobierno del Estado de México (GEM) deberá “adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia” que se ordenaron, así como todas aquellas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas mexiquenses el derecho a vivir una vida libre de violencia.
 
Como parte de las medidas de seguridad, se solicita publicar en lugares estratégicos para su divulgación la naturaleza y los alcances de la AVG.
 
También se encuentra la de diseñar y ejecutar una estrategia para la recuperación de espacios públicos, a través de reforzar los patrullajes preventivos, instalar alumbrado público y mejorar el existente, y colocar cámaras de video y postes de emergencia en las calles de estos municipios, así como incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público.
 
Asimismo, se deben elaborar Protocolos de Actuación y Reacción Policial en materia de Violencia de Género y Personas Desaparecidas, para definir las acciones urgentes a implementar durante las primeras 48 horas a partir de que se tenga conocimiento de una desaparición.
 
Como parte de las medidas de prevención, se debe elaborar una “Guía de Ejecución” para las y los servidores públicos del Edomex, y crear Unidades de Género que de manera coordinada operen en todas las instituciones del gobierno local.
 
Así como también integrar y actualizar adecuadamente el Banco de Datos del Estado de México sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que hasta el momento no muestra cifras reales de los casos de violencia que enfrentan las mexiquenses.
 
El GEM está obligado a establecer un Programa Único de Capacitación, Sensibilización, Formación y Profesionalización en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres para las y los servidores públicos que deberá ser permanente, continuo, obligatorio y focalizado en quienes prestan servicios de salud y atención a víctimas, así como a quienes procuran y administran justicia.
 
Las medidas de justicia mandatan a la administración local a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia todos los casos de delitos vinculados a la violencia de género. El cumplimiento de esta medida está relacionado con la elaboración de protocolos de investigación y cadena de custodia.
 
Para ello –definió Segob– se requiere de “la asignación de más recursos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”,  para así optimizar el funcionamiento de los servicios periciales.
 
Así también se debe diseñar un pagina web para brindar información general y fotografías de personas desaparecidas o extraviadas.
 
Como lo solicitaron grupos civiles, se debe crear una “Unidad de Contexto” para la investigación del feminicidio, que permita identificar las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres.  
 
Se mandata a su vez la conformación de un grupo de especialistas que revisen los expedientes que están archivados o en reserva, relacionados con feminicidio u homicidios dolosos de mujeres.
 
Es de mencionar que según la investigación realizada en el Edomex –de la que se desprendió la procedencia de la AVG– en más de la mitad de los casos de homicidios contra mujeres (51 por ciento), ocurridos entre 2005 y 2010, no se ha formulado imputación alguna, y sólo 32.7 por ciento de los casos de feminicidio ocurridos de 2011 a 2014 cuentan con una sentencia.
 
Como parte de la AVG, el gobierno mexiquense también debe establecer un mecanismo de supervisión y sanción contra los servidores públicos “que actúen en violación al orden jurídico aplicable en materia de violencia de género”.
 
Finalmente se mandata al GEM a “visibilizar la violencia de género y emitir un mensaje de cero tolerancia”.
 
Se debe recordar que fue desde diciembre de 2010, durante el gobierno estatal del priista Enrique Peña Nieto –hoy titular del Ejecutivo federal–, que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) pidieron la activación de la AVG en la entidad, ante los 922 asesinatos violentos de mujeres reportados en ese momento por la Procuraduría General de Justicia local.
 
Tras una larga batalla legal y múltiples llamados internacionales, el Sistema Nacional se vio obligado a realizar una investigación sobre el feminicidio en la entidad, y finalmente a aceptar la procedencia de la AVG en los 11 municipios mexiquenses.



CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

ONU revela principales zonas de México con trata de personas (estudio)


"La trata de personas ocurre desde tiempos ancestrales pero es en la última década que la comunidad internacional se ha preocupado por entender el alcance del fenómeno y desarrollar instrumentos para combatirla", señala la ONU.

(Foto: Cuartoscuro)

Al menos 15 zonas en México tienen una alta incidencia de trata de personas y existen cuatro grandes rutas para el tráfico de personas, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.
Trata de personas
La ONU informa en su “Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México” que las zonas de mayor riesgo son:

Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo; además de  Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; y Los Cabos, Baja California Sur; así como el Distrito federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
El informe hecho por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, señala que “hay entre 15 y 20 lugares en México que han sido identificados como clave para entender el fenómeno a nivel nacional”.
Agrega que “aunque muchos se han catalogado principalmente como de origen, destino o tránsito, lo cierto es que forman parte de un conjunto más amplio de espacios socioterritoriales donde estas tres categorías se conjuntan”.
De acuerdo a la ONU “la trata de personas es un delito grave que afecta a toda la humanidad. Ya sea la perpetrada en el ámbito familiar como la que tiene como fin último la servidumbre doméstica o aquella, producto de complejas operaciones de corporaciones transnacionales del crimen, este delito transgrede los derechos humanos y violenta libertades fundamentales del ser humano”.
Aquí el estudio:



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Patriarcado y medios de comunicación de masas


Madrid, 28 julio. 15, AmecoPress. (Publicado en Boletín ECOS, nº 31, de FUHEM Ecosocial) Vivimos en un mundo indiscutiblemente organizado alrededor de, fundamentalmente, dos sistemas de dominación material que son, además, dos dispositivos ideológicos que se retroalimentan y se fortalecen mutuamente: el patriarcado y el capitalismo. Aunque podrían existir por separado (y de hecho, han existido por separado la mayor parte de la historia) en este momento histórico ambos son, prácticamente, una misma cosa, un mismo nodo de significados simbólicos y materiales cuyos hilos se enredan hasta hacerse a veces indistinguibles. Ambos comparten, además, una misma o parecida presencia (muda) en los medios de comunicación. El patriarcado, actualmente, se (re)produce, se enseña, e incluso se introduce ideológicamente en cada resquicio social, y también en nuestros cuerpos, a través fundamentalmente de los medios de comunicación de masas. Pero lo hace en silencio, es el sistema, el hábitat, que no se nombra. Y sin embargo, no solo vivimos en un sistema de dominación patriarcal, sino que los medios de comunicación son también –como no podía ser de otra manera- inequívocamente patriarcales; son de hecho, el espacio cultural de reproducción del patriarcado por excelencia, pero no se reconocen como tales.
Los medios de comunicación son patriarcales en dos sentidos: se inscriben en una forma de organización social que está basada en el dominio de lo masculino sobre lo femenino y, al mismo tiempo y como cualquier otro poder, este también está detentado por los varones que, mayoritariamente, son los dueños, los directores, los accionistas y los periodistas. El poder de estos medios para la reproducción del orden de género es indudable: «[…] su poder de construir creencias y opiniones que se estructuran como reglas sociales. Desde luego, los medios realizan dichas representaciones apegados a las normas y principios de construcción de la realidad del grupo social, sin embargo, tienen el poder de influir en la conciencia social, y por lo tanto, de transformar la propia realidad». Así que los medios de comunicación de masas no solo cuentan, sino que construyen el mundo desde el poder.

Si hubo un momento en el que la construcción social, económica, cultural, se legitimaba desde el relato religioso-mágico y después a través de los distintos relatos culturales transmisibles desde distintas instancias, ya fueran científicas, cultas o populares, escritas u orales, hoy día son los medios de comunicación los que ofrecen una explicación/legitimación totalizadora del mundo que deja pocos resquicios a relatos alternativos. Es ahí, en la construcción de relatos alternativos donde la disidencia política, social, económica, cultural etc. se esfuerza. No obstante, estos relatos alternativos no consiguen arañar siquiera la superficie de una realidad que se introduce literalmente en prácticamente todos los hogares del mundo a través de la televisión o de internet.

Los medios de comunicación construyen la opinión pública y el sentido común y su poder es persuasivo y mediato. Y, en ese sentido son hoy día, el vehículo más eficaz en la educación y el disciplinamiento patriarcal de todas las personas. Los discursos mediáticos que (re)producen y refuerzan los modelos patriarcales aparecen en los medios a través de todos los vehículos posibles: desde las noticias políticas a la publicidad, desde las noticias deportivas a las culturales, y lo hacen, además, sin dar nombre a eso que constantemente (re)construyen o (re)crean. El patriarcado (como el capitalismo) está siempre presente sin estar, sin ser nombrado; está como está el oxígeno que respiramos, pero no vemos. Esta invisibilidad es, precisamente, uno de los mecanismos de aculturación más poderosos: no poner nombre al artefacto que, sin embargo, no deja de representarse y de recrearse. La palabra “patriarcado”, el nombre de este sistema que divide a la humanidad en dos géneros sociales, situados en posición jerárquica, este sistema no existe para los medios, no se nombra y, en consecuencia, no se reconoce «una estructura social jerárquica ni se reconocen, tampoco, la persistencia de los instrumentos simbólicos de conocimiento, de unas categorías conceptuales, de una organización económica / cultural /educativa / institucional, de unas tradiciones, de unos estereotipos, que postulan la dominación masculina y la subordinación de las mujeres».

La manera en que los medios (in)visibilizan la existencia del patriarcado y su reproducción ha contribuido a naturalizarlo de varias maneras. Para empezar, los medios parten de una situación que se presenta como nada problemática y en la que se asume la igualdad entre hombres y mujeres como una situación incuestionable y ya conseguida. Así, lo que en otros momentos históricos pudo ser objeto de controversia, hoy ya no lo es. Ese debate ha desaparecido y se da por superado. La igualdad formal entre mujeres y hombres es socialmente no solo aceptada sino requerida, y los medios participan de ese estado de opinión. Hombres y mujeres son iguales, se asegura. Y en ese sentido, quien niegue o cuestione esta situación es inmediatamente situada fuera del sentido común, una persona hipercrítica o exagerada; se crea así la imagen de la feminista pesada, histérica, protestona. Asumir acríticamente que la igualdad ya está conseguida es una estrategia que busca desactivar una lucha socialmente prestigiada, puesto que aquella es, en las sociedades democráticas, un valor indiscutible. Si ya somos iguales, no vale la pena seguir insistiendo en ello. De esta manera la desigualdad queda invisibilizada, no se ahonda en la lucha por un cambio estructural, ni en la crítica de las múltiples estrategias de desigualdad con las que nos encontramos día a día. Una vez que se da por seguro un suelo de igualdad básico (aunque falso), los medios de comunicación de masas difunden, crean, inventan y constantemente refuerzan los estereotipos sexistas; invisibilizan, naturalizan y justifican los roles y estereotipos de género.

Las representaciones del mundo social, simbólico, cultural, relacional, personal, psicológico… que muestran los medios de comunicación están destinadas a reforzar un universo binario en el que los hombres y las mujeres son entes completamente diferentes. Cada vez de manera más acusada, los medios presentan a hombres y mujeres como antagónicos física, psicológica, intelectual y emocionalmente. Mujeres y hombres son dos reinos separados por un abismo que, sin embargo (y casi diría que de manera misteriosa), se acercan y se necesitan para relacionarse romántica y sexualmente. La lógica binaria que construye dos ámbitos diametralmente opuestos y que se relacionan jerárquicamente, es omnipresente en los medios y apenas existen representaciones alternativas. Las mujeres son presentadas siempre como seres humanos absolutamente diferentes en todos los aspectos a los seres humanos hombres, que son, en todo caso, la norma. Las mujeres son siempre la alteridad y la diferencia. «Las divisiones constitutivas del orden social y, más exactamente, las relaciones sociales de dominación y de explotación instituidas entre los sexos se inscriben en dos clases de ámbitos diferentes, bajo la forma de corporalidad opuesta que conduce a clasificar todas las cosas del mundo según unas distinciones reducibles a la oposición entre lo masculino y lo femenino».

Resumiendo mucho las estrategias que utilizan los medios para (re)construir ese universo binario (y que son de sobra conocidas), podríamos decir que para empezar todos los medios participan, tanto en publicidad, como en ficción o no ficción, de una acusada infrarrepresentación femenina teniendo en cuenta que las mujeres constituimos la mitad de la población. Cuando aparecen mujeres no lo hacen en papeles o situaciones centrales o importantes. Los hombres son los héroes y son lo importante de la noticia o de la historia; las mujeres tienen a ser las ayudantes, novias o esposas de las figuras principales o las protagonistas de noticias secundarias, poco importantes, relacionadas siempre en todo caso con el ámbito de lo considerado femenino. Cuando se trata de personajes femeninos centrales, no comparten nunca las características masculinas o éstas no tienen en ellas el mismo valor que en ellos; ellas son siempre “lo no masculino”, ellas lloran y necesitan ayuda, son emocionales, son mandonas o autoritarias etc. En sus facetas profesionales, los medios presentan a las mujeres siempre como posibles objetos sexuales e incluso aquellas que ocupan roles protagonistas o profesionales necesitan aparecer marcadamente femeninas y demostrando preocupación por su aspecto físico: maquilladas, peinadas y vestidas como la moda femenina impone. La belleza es un aspecto fundamental en aquellas que trabajan a la vista del público: locutoras, periodistas, etc. Los ámbitos, los espacios del mundo que hombres y mujeres ocupan siguen siendo presentados como organizados en torno a la esfera doméstica/esfera pública y poco importan las cifras de ocupación o liderazgo femenino que las mujeres van a seguir siendo representadas a cargo de la esfera doméstica, responsables del buen funcionamiento de la familia, responsables de las relaciones afectivas, del cuidado etc.

Finalmente, quizá lo más importante de todas las representaciones con las que contamos es que éstas aparecen siempre como naturalizadas y no cuestionadas, y no se deja pasar ocasión de alegar un sustento biológico o natural a cualquier teoría que apoye el binarismo sexual, mientras que incluso las pruebas de que los condicionamientos biológicos como tales no existen difícilmente van a encontrar hueco en los medios de masas. Así, estos medios han construido o se han convertido en un baluarte de un supuesto sentido común que se pone siempre de parte de un extremo y radical binarismo sexual.

La publicidad sería un punto y aparte en este capítulo. Medios de comunicación de masas y publicidad son dos cosas diferentes, pero hoy día no se conciben de manera separada. Por una parte, los medios de comunicación dependen de los ingresos publicitarios para subsistir y, por la otra, las marcas necesitan de los medios para insertar su publicidad. Además, ambos se imbrican y en muchas ocasiones no se distinguen. No siempre es fácil distinguir, por ejemplo, un reportaje sobre moda de la publicidad de una marca, y los contenidos de algunos de los suplementos de determinados medios son indistinguibles de la publicidad que los financia. La publicidad ha dejado de ser únicamente una herramienta que pretende incitar al consumo de una marca para convertirse en una poderosísima herramienta de transmisión ideológica, quizá la más poderosa en la actualidad. Los anuncios construyen identidades socioculturales, maneras de entender el mundo, imágenes personales. Pero sobre todo en las últimas décadas, la publicidad se ha convertido en un pilar de la imagen patriarcal de las mujeres. Las mujeres actuales tienen en las imágenes publicitarias el modelo al que parecerse físicamente. El hecho de que las imágenes publicitarias estén falseadas mediante técnicas de Photoshop y muestren a mujeres que en realidad no existen ni puedan existir, no parece ser un freno. Un cuerpo femenino inalcanzable e irreal se ha convertido en el vehículo para excitar el deseo a partir del cual vender cualquier clase de producto. Más allá del impacto sobre el consumo, sobre el producto en cuestión, el impacto sobre la imagen que las mujeres tienen de sí mismas y el que la sociedad exige de ellas es muy potente. Esas fotos trucadas imponen un modelo brutal por inalcanzable y que tiene en esa imposibilidad un potente estímulo para el consumo de todo tipo de productos y de artículos que se venden, precisamente, ofreciendo como señuelo la posibilidad de acercar el cuerpo o el rostro real a ese otro cuerpo en realidad inalcanzable. Además, imponen a la mujer el duro trabajo de estar siempre pendiente de su imagen, minan la autoestima de quien no consigue siquiera ser un reflejo de la modelo que aparece en las fotos falsas y fundamentalmente colocan a todas las mujeres en posición de objeto sexual, posición a partir de la cual se va a dilucidar su valía. El mensaje de la publicidad es que no importa el punto de partida porque, si se gasta lo suficiente y se esfuerza una lo suficiente, será posible para cualquiera acercarse a esa imagen que define el triunfo o el fracaso social y personal. La mujer de la publicidad se ha convertido en la imagen social de las mujeres; pero esa mujer no existe ni puede existir por lo que el aspecto de todas las mujeres reales se convierte en un drama sin solución.

Para concluir, no es exagerado afirmar que la influencia de los medios de comunicación en el patriarcado contemporáneo es tan importante que si el feminismo no consigue introducir discursos y representaciones alternativas con eco social suficiente podemos encontrarnos con que los logros de la igualdad formal conseguidos tras duras batallas terminan convirtiéndose nada más que en pálidos reflejos de la verdadera igualdad.

R. Güereca Torres, Feminismos, tecnología y comunicación: La construcción de una voz propia en las sociedades de la información, UNAM-FCPyS-FES Acatlán, 2012, p. 10.R. Caldas (ed.), «Discurse, Power and Access», en Critical Discourse Analysis, Sage, Beverly Hills, 1992.
P. Mayobre, «Micromachismos invisibles. Los otros rostros del patriarcado», ponencia presentada en el VI Congreso Estatal de Isonomía sobre Igualdad entre Hombres y Mujeres: Miedos, culpas, violencias invisibles y su impacto en la vida de las mujeres. ¡A vueltas con el amor!, Castellón de la Plana, 16-18 de septiembre de 2009.
P. Bourdieau, La Dominación masculina, Bellaterra, Barcelona, 2000, p. 45. P. López Díaz, «Representación, estereotipos y roles de género en la programación infantil», en M. Bengoechea, M. J. Díaz-Aguado, L. Falcón,
P. López Díez y Á. Pérez, Infancia, televisión y género. Guía para la elaboración de contenidos no sexistas en programas infantiles de televisión, IORTVE e Instituto de la Mujer, Madrid, 2005.
A. Walzer, y C. Lomas, «Mujeres y publicidad: del consumo de objetos a objetos del consumo, Pueblos, 15, marzo 2002, pp. 18-19.
Fotos: archivo AmecoPress 

7/31/2015

Morena: que legisladores de la ALDF se inscriban al ISSSTE; ahorros se irían a UACM y pensiones para adultos




    


Morena (2)

Revolución TRESPUNTOCERO.- El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que en los próximos días rendirá protesta como parte de la VII Legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), propuso recortar en más de 933 millones de pesos el presupuesto del órgano para 2016, que pasaría de mil 985 millones 800 mil pesos contemplado para el presupuesto de este año, a mil 52 millones 342 mil pesos.
La propuesta denominada Programa de austeridad y racionalidad, fue presentada por el virtual coordinador de la bancada, César Cravioto, y de aprobarse, representaría una disminución de 47 % del total de los recursos actualmente destinados al órgano legislativo local.
Entre las propuestas de reducción se incluye la cancelación del seguro de gastos médicos mayores de los legisladores (que representa un gasto de 10 millones de pesos) y que en su lugar se afilien al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) así como la cancelación de viajes nacionales e internacionales.
También se propone la eliminación de tres comisiones ordinarias (Población y Desarrollo, Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales y la de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos), seis especiales (Estudios y Análisis de las Finanzas Públicas, Estudios Legislativos, Reclusorios, Modernización de la Función Pública, y Seguimiento del Sistema de Protección Social de Salud) y dos comités (de Capacitación para el Desarrollo Parlamentario y Asuntos Interinstitucionales) que representarían ahorros por 18 millones 500 mil pesos.
Tijeras a la Comisión de Gobierno
Una de las áreas que, de aprobarse la propuesta de Morena, tendría más recortes, es la Comisión de Gobierno (integrada por los coordinadores y vicecoordinadores de todos los grupos parlamentarios) y que estaría presidida por un integrante de Regeneración Nacional, primer fuerza política de la Asamblea Legislativa.
Morena propone que los recursos extraordinarios por 396.45 millones de pesos incorporados en el Artículo 11 y en el Anexo II del Decreto de Presupuesto 2015, no se incorporen al Presupuesto de Egresos de la Asamblea Legislativa el próximo año.
Los legisladores buscan que se reduzca el número de asesores de los coordinadores -que incluye cinco plazas de directores generales y ocho más de directores de área- lo que representaría un ahorro de 12 millones de pesos; además de la cancelación de los “apoyos extraordinarios” a la comisión, mismos que ascienden a 40 millones.
El documento precisa que en la actual legislatura se contrataron 472 asesores para los grupos parlamentarios, de los que 63 % fueron del Partido de la Revolución Democrática (PRD); 14 % para el Partido Acción Nacional (PAN); 12 % al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 5 % al grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).
También se busca suspender la asignación de presupuesto al Instituto de Investigaciones Parlamentarias y a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, -tomando en cuenta su bajo desempeño- y reorientar a otras áreas de estudio los 47 millones de pesos que se invierten en los primeros.
Se busca la eliminación de los “Bonos de Productividad Semestral” para personal de mandos medios y superiores, que ascienden a 30 millones de pesos.
Además, Morena plantea que la asignación de presupuesto para los grupos parlamentarios se reduzca en 50 %, lo que implicaría un gasto de 55 millones 400 mil pesos; también se busca desaparecer el “Apoyo Extraordinario para Gestión” por el que cada legislador recibe 75 mil pesos mensuales, lo que representaría un ahorro de 65 millones 835 mil pesos.
Aumento desmedido de personal
Los legisladores electos de Morena sostienen que en los últimos años, en la ALDF, se registró un significativo aumento en la designación de recursos para la contratación de personal bajo la figura de “honorarios” que, más que responder a necesidades administrativas, se generó por decisiones de índole político.
En consecuencia, el 63 % de los recursos de la Oficialía Mayor y el 71 % de Tesorería asignado para el pago de nómina, fueron utilizados para cubrir los sueldos de personal de honorarios, superando por casi el doble, los recursos asignados a mandos medios, que ascendieron a 36 % y 28 %, respectivamente.
Otras áreas que presentan el mismo fenómeno son la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, que destinó 66 % de sus recursos al pago de personal contratado por honorarios; y el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, que erogó 55 % en el mismo rubro.
La propuesta de Morena plantea reducir 60 % el presupuesto para la contratación de personal por honorarios en la Oficialía y en Tesorería, lo que implicaría dejar de pagar 81 millones 500 mil pesos, así como la reducción de 86 plazas de “técnicos operarios” que implicarían un ahorro de 28 millones 500 mil pesos.
Sin rentas, sin estacionamiento, sin viajes, sin teléfonos…
El Programa de austeridad y racionalidad propone que se dejen de rentar inmuebles para actividades legislativas de la ALDF -pues considera que hay espacio propio suficiente para realizar sus labores- que implican un gasto de siete millones, así como la reducción en 60 % del presupuesto asignado a la renta de equipos de proyección, grabación y sonido, además de la eliminación de contratos con empresas de logística para la realización de eventos. La aprobación de este rubro implicaría dejar de pagar 12 millones 600 mil pesos.
Morena busca reducir su consumo de energía eléctrica y agua en las instalaciones de la Asamblea para lograr disminuir dos millones de pesos y otros siete millones al dejar de pagar la renta de espacios para estacionamiento que el órgano legislativo proporciona a funcionarios.
El grupo parlamentario de Morena propone suspender los viajes nacionales e internacionales, además de dejar de pagar pasajes terrestres que podrían ahorrarle a la Asamblea dos millones; aunado a ello, buscan eliminar los viáticos dentro y fuera del extranjero, que implican gastos por un millón 200 mil pesos.
Para lograr un ahorro de cuatro millones, los parlamentarios pretenden disminuir en 40 % el servicio de telefonía tradicional y eliminar el pago de teléfonos celulares para los titulares de áreas administrativas, así como para la presidencia y secretaría de la Comisión de Gobierno.
El presupuesto para la contratación de servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información se reduciría en un 50 %, con lo que se lograría un ahorro de dos millones 500 mil pesos, además de los 35 millones de pesos que se dejarán de erogar en programas de becas que fueron finiquitados por la actual legislatura.
Reasignación
César Cravioto informó que aunque la propuesta depende de la aprobación de una mayoría en la Asamblea Legislativa, se tiene contemplado que los 933 millones 485 mil pesos que se pretenden ahorrar, se redistribuyan de la siguiente manera: 200 millones a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); 200 millones al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMSDF); 200 millones para el Programa de Pensión Universal Alimentaria para Adultos Mayores; 200 millones a proyectos de conservación de zonas ecológicas en la Ciudad de México y 133 millones 458 mil pesos para la compra de vehículos destinados a la Red de Transporte Público (RTP).
“Ésta es una propuesta seria, estamos planteando dónde y de qué modo podemos hacer estos recortes. Hacemos un llamado respetuoso a los otros grupos parlamentarios para que revisen la propuesta y se sumen a ella porque el mensaje que tenemos que dar los diputados de la VII Legislatura, es que vamos a trabajar con eficiencia y austeridad. Ese fue el mandato del pasado siete de julio”, dijo el coordinador.
Si la propuesta de recortes en el presupuesto para la Asamblea Legislativa no tiene el respaldo de otros grupos parlamentarios, Morena tiene contemplado reducir los recursos de su grupo y destinarlo a los proyectos educativos que los delegados electos de Regeneración Nacional en cinco demarcaciones propusieron como parte de sus respectivas campañas.

Principal enfermedad del IMSS es la corrupción de directivos; “no permitiremos que privaticen salud”: trabajadores


    
Por:  / 31 julio, 2015
IMMSSS

(31 de julio, 2015, Revolución TRESPUNTOCERO).- La crisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una cuestión que se viene arrastrando desde hace un par de años, e incluso en el panorama actual ha llegado a tal grado que algunos especialistas han advertido un posible cierre de este organismo por la poca liquidez financiera en la que se encuentra.
Aunado a lo anterior, en recientes semanas la posible privatización del IMSS ha estado presente en el panorama nacional. A estos dichos el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, ha salido a negar esta situación, aunque con las acciones del organismo, como lo advierten diversos expertos, la privatización parece avanzar.
Al respecto, trabajadores en activo, jubilados y pensionados de este instituto de salud, denunciaron que la crisis que atraviesa desde hace años el IMSS es resultado de los altos niveles de corrupción en los que se encuentran involucrados, tanto directivos del Instituto, como funcionarios del sector salud y el propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Este jueves, al anunciar la jornada de lucha que se realizará este viernes 31 de julio con marchas tanto en el Distrito Federal como en 19 entidades de la república, enfatizaron que los niveles de corrupción en el IMSS son “exagerados”, por lo que con estas movilizaciones inician una lucha por “la defensa de la seguridad social”.
En conferencia, detallaron que la  jornada de lucha del viernes, es el inicio de la batalla, a través de la cual expresarán su rechazo ante la iniciativa de universalización del sistema de salud, propuesta por Enrique Peña Nieto, que “implica nada más y nada menos que la privatización”. Además dijeron exigirán el cese al “terrorismo sindical” que persigue a los trabajadores que se han dado a la tarea de denunciar las irregularidades presentes en el instituto de seguridad social.
En lo referente, Rafael Soto Cruz, ex trabajador del IMSS rescindido hace un año luego de acusar la corrupción presente en la unidad de Cardiología del Centro Médico Nacional Hospital Siglo XXI, manifestó que lo que hoy vive el IMSS es un saqueo, “un robo total”. Añadió que la situación de este instituto no es culpa de los trabajadores sino “de los directivos corruptos”.

“En estos momentos tenemos más de 10 mil trabajadores rescindidos o sancionados que precisamente por pedir los insumos necesarios para trabajar o denunciar los actos de corrupción son embestidos de esta forma. Yo fui rescindido hace un año por denunciar la corrupción del director de cardiología del Hospital Siglo XXI. Es un saqueo, es un robo total lo que está viviendo el IMSS; y mi caso es un botón de lo que está viviendo el IMSS sobre la persecución contra trabajadores que levantamos la voz. No somos los trabajadores los que estamos desfinanciando  a la Institución, son los directivos corruptos, que en anuencia con el sindicato está permitiendo con la represión que las pocas voces que se levantan para decir que no podemos seguir así sean rescindidos o sancionados”, expuso.
Al respecto habló su caso y dijo que luego de denunciar la falta de equipo necesario para realizar las actividades, el director en lugar de explicar el desabasto tuvo a bien de correr a cinco de los compañeros que protestaban.
“Cardiología del hospital del Siglo XXI, es el hospital de la especialidad más grande del país, imagínate que no teníamos guantes, reactivos para poder checar el nivel de azúcar de nuestros pacientes cuando el 50% de nuestros pacientes son diabéticos. Esta situación nos llevó a una movilización espontanea de los trabajadores en donde más de 100 trabajadores fuimos a la oficina del director a que nos diera la cara y nos explicará que pasó con el presupuesto, porque no teníamos medicamento como metoprolol, glibenclamida, destorxtix, ¡ah! pero teníamos un reposet nuevo. El ahora exdirector, Moisés Calderón Abbo, en lugar de darnos la cara, se le hizo más fácil mandar a cinco de nosotros a Honor y justicia, y luego entre la Institución y el sindicato se tardan en correrme menos de 15 días, en lugar de atender mi demanda de saber dónde está el presupuesto, que dijeran por qué el desabasto, nos corren. Pero luego cayó una auditoria de la federación al director y comprobaron, 2 meses después, un desvió por 70 millones de pesos del director”, comentó.
En este sentido, Soto Cruz reiteró que la principal enfermad del Instituto es la corrupción de todos los niveles, pero sobre todo la que está presente en directivos y en el sindicato. Además demandó la existencia de una campaña mediática que pretende culpabilizar a trabajadores de la situación que padece el IMSS
“A ellos no los pueden culpar, y le echan la culpa al trabajador de que está desfinanciando a la institución, porque son los que dan la cara. Nosotros somos los que damos la cara. Y hay una campaña mediática para culpar a los trabajadores, y esta va de la mano con el estrangulamiento financiero, el desabasto, pero nadie voltea a ver a los delincuentes de cuello blanco, esos que andan dando contratos de subrogación, de subcontratación, porque todo es subrogado ya: ambulancia, farmacia, laboratorios, guarderías, convirtiendo algo público en privado, ósea privatizando. A ellos no les importa la salud de los mexicanos, lo que les interesa es la máxima ganancia”, apuntó.
En este sentido reiteró que existe una campaña para privatizar al IMSS, lejos del discurso oficial que trata de negarlo. Al respecto explicó que “para la privatización están usando el mismo manual que se ha aplicado con todos los sectores que desean pasar de una empresa de estado a privada. Ya se usó con Luz y Fuerza, que fue la campaña mediática previa de desvalorar a los trabajadores (y poner en números rojos). Es el manual que se lleva con las empresas para justificar el que sean privatizados y en el seguro social no estamos exentos.  En este momento el ataque es contra nosotros, porque la reforma de salud viene sobre el IMSS y el ISSSTE”.
Reiteró que una de las cuestiones por la que los trabajadores del IMSS iniciaran la lucha- a la cual se suma trabajadores del ISSTE y de todo el sector salud, es para denunciar la alta corrupción total que hay, así como la destitución de los líderes sindicales, que lejos de proteger a los trabajadores se alían para reprimirlos.
“Queremos denunciar la corrupción total que hay en nuestro sindicatos, estos sindicatos no nos representan, están ahí para llevar a cabo el trabajo que les encomendaron que es acabar con nuestras instituciones de salud.
“Los puntos que nos sacan a la calle (el 31 de julio) como primer paso de la lucha es rechazar la reforma de salud, no la vamos a permitir ni trabajadores ni derechohabientes. Además exigimos reversión de las subrogaciones, que no es más que otra forma de privatizar. Exigimos aumento inmediato al presupuesto del sector salud, no vamos a dejar que nos estrangulen financieramente mientras mediáticamente dirigen una campaña para denostarnos; la culpa no es de los trabajadores ellos no están ahorcando para justificar privatización como el caso de Luz Y fuerza. Además exigimos el retiro de las sanciones políticas por denunciar las irregularidades, además que se hagan auditorías al IMSS”, señaló.
Cabe señalar que a la marcha de los trabajadores del IMSS de este viernes 31 de julio se unirán contingentes de la CNTE, así como del SME, de la secretaria de Salud así como del IPN, “que se oponen a la reforma privatizadora del sector Salud”.
El objetivo: salvaguardar la seguridad social y el derecho a la salud de nuestro pueblo
De acuerdo a Martha Medina Gómez, enfermera en activo desde hace 24 años-también sancionada por denunciar irregularidades- el sector salud mexicano está viviendo una etapa difícil, misma que se generó desde la llegada de EPN.
“En 2012 con la llegada de EPN se firmó el Pacto por México  y con esto el sector salud no iba a estar exento de esta embestida brutal, esa que se ha iniciado hacia nuestro pueblo. Esta es la 12va reforma (la de salud). Ellos como poderes del país no les interés que la gente muera, dejar a los pobres, a la sociedad en general sin derecho a la salud, violando el artículo 4to de la Constitución”, dijo.
Medina Gómez reiteró que el llamado a la movilización este viernes, así como a iniciar la lucha es fundamentalmente “la defensa de la seguridad social y el derecho a la salud de nuestro pueblo”
“Existe un terrorismo sindical que está persiguiendo a los trabajadores. Más de 10 mil trabajadores estamos sancionados y muchos rescindidos. Sin embargo no es este el motivo de la convocatoria para la marcha del viernes. El motivo de esta convocatoria para salir a las calles mañana y empezar la lucha es uno: la defensa de la seguridad social y el derecho a la salud de nuestro pueblo”, apuntó.
En este sentido agregó: “ellos (los directivo)  quebraron al IMSS, ellos lo están desmantelando, son ellos quien están subrogando los servicios. Ciertamente la ley del Seguro Social marca que la Institución puede subrogar servicio, pero ellos lo están haciendo de manera indiscriminada, están subrogando todo para la privatización”.
Por otro lado, Eduardo Pérez, abogado del IMSS, manifestó que EPN está entregando la soberanía de la nación y entre estas acciones esta “entregando la salud. Dijo que las autoridades tratan de negar la privatización, cuando existe una entrega indiscriminada de subrogaciones.
“Están subrogando la salud. Ellos dicen que no es privatiza, pero subrogar es lo mismos, es ceder los servicios a empresas privadas. Y eso lo declara hace algunos días el director de finanzas del Instituto. Él reconoce que están subrogando. La subrogación está permitida pero hasta cierto grado. Esto existió cuando no había infraestructura para dar algunos servicios, pero con el tiempo el IMSS cuenta con una de las mejores infraestructuras, al grado que hospitales privados vienen al IMSS a hacer estudios, sin embargo eso no se dice, lo que se está poniendo en el centro es decir que es más barato subrogar, pero es un discurso falso”, comentó.
Aunado a lo anterior aseguró que la idea del gobierno con la reforma al sector, es implementar un modelo de salud como el estadounidense, en donde la población sólo pueda atenderse enfermedades básicas, pero los padecimientos crónicos cobrarlos.
“Ahora lo que se intenta es adoptar el modelos de EE.UU. donde hay una canasta básica de salud, y entonces los derechohabiente solo podemos tratarnos enfermedades menores, temperaturas, y esa clase de cuestiones, pero cuando hay  padecimientos crónicos degenerativos, entonces tendrá uno que pagar por los medicamentos y estudios. Esas es la propuesta de universalización de la salud. Aun no pude resolver el dilema con los maestros y ahora se mete con la salud, una parte sustantiva contra la que atenta, porque la gente que no tiene recursos no podrá atenderse, Tan sólo los diabéticos, en México hay una cantidad importantes y si no tienen recursos no podrán comprar un medicamento que le cuesta cerca de 900 pesos con lo que se condena a ya no sobrevivir y esa es parte de la reforma en salud que quieren imponer”, manifestó.

Continúa a la baja aprobación de Peña Nieto: encuesta de ‘Reforma’


La reciente fuga del narcotraficante Joaquín 'el Chapo' Guzmán, es lo que más reprochan los ciudadanos al presidente Enrique Peña Nieto, por lo que obtuvo la calificación más baja en lo que va de su sexenio.

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El presidente Enrique Peña Nieto sigue a la baja.
Su aprobación como mandatario cayó de 39 a 34 por ciento en el último cuatrimestre, alcanzando así su nivel más bajo en lo que va de sus mandato, de acuerdo a una encuesta publicada por el diario Reforma.
La desaprobación de Peña, pasó de 57 a 64 por ciento.
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(Gráfico: Reforma)
Los líderes también tienen una mala impresión del gobierno de Peña, pues la aprobación se colocó en 15 por ciento, mientras que la desaprobación llegó a 84 por ciento.
La calificación del presidente mexicano también tocó su punto más bajo entre ciudadanos y líderes, con 4.7 y 3.3 en promedio, respectivamente.
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(Gráfico: Reforma)
La percepción negativa que tienen los ciudadanos, aumentó luego de la fuga de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano.
La encuesta fue realizada a mil 200 adultos en todo el país del 23 al 26 de julio, y se hizo un sondeo a mil 33 líderes de opinión vía correo electrónico del 23 al 29 de julio.

Desnuda ASF fraude masivo en Cruzada contra el Hambre


Rosario Robles, titular de la Sedesol. Foto: Víctor Hugo Rojas
MÉXICO, D.F. (apro).- A través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza la experredista Rosario Robles, encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), que costó al erario no menos de 845 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría 13-0-20100-12-0269 demuestra que, a través de esquemas de subcontrataciones en forma de ‘pirámide invertida’, las universidades pagaron cantidades millonarias para proyectos mal o de plano no realizados, recursos que terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos.
Lo anterior resultó posible gracias al pago por adelantado por parte de la Sedesol y a la “falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas” de la dependencia a cargo de Robles Berlanga.
Así, el 15 de abril de 2013, la Sedesol suscribió un anexo técnico con la UAEM por un monto de 159 millones 850 mil pesos, con el objetivo de “sensibilizar” a 500 mil madres en la alimentación sana, realizar un evento ferial para “construir alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno” y “promover a la CNcH”.
La Sedesol prácticamente firmó un cheque en blanco a la UAEM, ya que “no se establecieron las condiciones, términos y especificaciones” en el convenio y la institución académica, a su vez, pagó a cuatro proveedores para que realizaran los servicios, “sin firmar contrato” ni contar con estudio de mercado.
Para “integrar” a 500 mil madres de 11 distintos estados a la Cruzada, la UAEM planeaba distribuir a cada una de ellas una despensa y entregar 14 mil 500 playeras con el logotipo de la CNcH, y más de 10 mil gorras en eventos para los que se preveía la compra de 250 mil globos o 450 reproductores de DVD, entre otros.
La adjudicación de 18 millones de pesos recayó en una empresa la cual, a su vez, subcontrató a otra firma, Dumago Systems, para entregar los “kits” a los coordinadores del programa de red nutricional.
Sin embargo, según la auditoría, estas oficinas apenas recibieron 40 mil de las 500 mil despensas previstas en el programa.
Asimismo, la UAEM contrató a tres empresas para “diseñar e implementar redes nutricionales y evento ferial”. Dos de estas empresas –en las cuales figura otra vez Dumago Systems– tenían el mismo domicilio fiscal y sus representantes legales eran hermanos.
A raíz del pago, la otra empresa, Advanced Computer Knowledge, envió 14 millones de pesos en tres pagos diferidos a Esger, Servicios y Construcciones SA.
Con el fin de “promover la Cruzada” y “concienciar a los jóvenes respecto del problema del hambre”, la UAEM pagó 75 millones de pesos a una empresa, sin contrato, la cual organizó un concierto de rock en el Auditorio Nacional el 30 de abril de 2013 –lo que implicó un sobrepago de 29 millones respecto del convenio firmado con la Sedesol.
Esta empresa, a su vez, entregó 9 millones de pesos a Esger, Servicios y Construcciones SA el 8 de julio de 2013.
La ASF presumió entonces un daño al erario por 147 millones 715 mil pesos, y subrayó que la Sedesol “omitió supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los servicios convenidos”.
El 2 de enero de 2013, la Sedesol encargó a la UAEM operar el Proyecto de Acompañamiento de la Población de Jornaleros Agrícolas, que consistía en instalar 838 “ventanillas” y asistir a los trabajadores, razón por la que entregó por adelantado 60 millones de pesos.
La UAEM, a su vez, contrató a una empresa para llevar a cabo esa instalación, pero de las 838 ventanillas previstas, aquella empresa sólo instaló 590, y además la Universidad no utilizó la totalidad de estas ventanillas, lo que generó “pagos por servicios no utilizados y subutilizados” por 13 millones de pesos.
La consentida
El 6 de mayo de 2013, la Sedesol firmó un convenio con la Uaemor por 697 millones de pesos, el cual consistió en abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.
La Uaemor subcontrató a su vez a cinco empresas –a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos–, una de las cuales resultó ser otra vez Dumago Systems, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó.
Entre los 396 millones de pesos que costó el abastecimiento de los promotores de la Cruzada destacan las compras por 57 millones de pesos de “vasos de plástico duro color”, 10 millones en “gorras brigadistas”, 13 millones en “porta-credenciales”, 96 millones de “tornilleros / de color impreso” y 79 millones “en paliacates”.
Estos artículos, estimó la ASF, “no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que son: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en pobreza multidimensional”.
La Sedesol, por su parte, “no localizó el expediente” y el director del almacén general afirmó que “desconoce quién y cómo se realizó la entrega de los 31 millones de bienes”, mientras que las delegaciones de la dependencia federal en el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Distrito Federal, Hidalgo o Puebla, entre otras, encontraron diversos pretextos para justificar la ausencia de documentación que comprobara la recepción de los artículos.
De las cuatro empresas que “ganaron” las licitaciones (sin contrato), una no declaró sus ganancias en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y mintió sobre sus domicilios, mientras que su representante legal era el hermano del representante legal de otra empresa ganadora, la cual tampoco declaró el monto del contrato en su ISR.
Es más: ambas empresas, con vínculo familiar, transfirieron un total de 194 millones de pesos a la ya mencionada Esger Servicios y Construcciones SA.
Los demás anexos del contrato involucraron un contrato de 33 millones de pesos a Dumago Systems por la realización de asesorías “que no correspondían con los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”; el pago de 239 millones a una empresa con un domicilio falso, la cual transfirió a su vez 160 millones a Esger Servicios y Construcciones, así como un contrato por 29 millones a una tercera empresa, que terminó entregando 26 millones, en siete pagos, a… ¡Esger Servicios y Construcciones SA!
En total, esta misteriosa empresa recibió, de los cinco proveedores contratados por la Uaemor, nada menos que 416 millones de pesos, casi 60% del monto total de los convenios que firmó la Sedesol con las universidades en el marco de la Cruzada contra el Hambre.
Y de los 993 millones de pesos auditados por la ASF en estos convenios, cerca de 845 millones resultaron en un “probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública”.

Los manifestantes son unos holgazanes


Maestros de la CNTE marchan en la Ciudad de México. Foto: Xinhua / Alejandro Ayala
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La escena se repite con regularidad. Un noticiero exhibe a manifestantes ocupando una vía principal, acerca la cámara a conductores desesperados y entrevista a algunos de ellos: “Llevo una hora en el tráfico”, “estoy harto de estos holgazanes”. El locutor refuerza la postura editorial con una andanada de descalificaciones contra los inconformes.
Las marchas comienzan a ser equiparadas a una práctica rupestre, molesta, inútil. Partidos, gobernantes y medios de comunicación se ensañan con regularidad contra los manifestantes; los tildan de bárbaros, ilusos y perezosos. La campaña comienza a surtir efecto.
El lunes 27 de agosto, el Gabinete de Comunicación Estratégica presentó los resultados de un estudio que exhibe la mala reputación que se han ganado las manifestaciones entre la población. El 59.6 por ciento de los encuestados consideró que las marchas ayudan poco o nada a escuchar las demandas de los inconformes. El 61.8 por ciento está a favor de un cambio en la legislación para sancionar a quienes “invaden la vía pública”.
Hace tan sólo dos años, en mayo de 2013, la encuestadora Parametría publicó un estudio que concluía que el 70 por ciento de los mexicanos justificaba la existencia de marchas.
En los años recientes, gobiernos y congresos han presentado y aprobado iniciativas para desincentivar las manifestaciones. Uno de los casos más representativos fue la llamada “Ley Bala”, promovida por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. La propuesta permitía a la policía usar armas de fuego y otras no letales en manifestaciones violentas, emergencias y desastres naturales.
Como consecuencia de la aprobación de dicha ley, José Luis Alberto Tehuatlie, un menor de 13 años de edad, fue muerto por una bala de goma durante la represión policíaca a una protesta de habitantes de Bernardino Chalchihuapan contra el cierre de la oficina del Registro Civil.
En Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal también fueron presentadas propuestas de ley orientadas a reprimir las manifestaciones públicas. La organización Amnistía Internacional publicó un posicionamiento contra ellas:
“(…) tales iniciativas emplean terminología ambigua para definir manifestaciones; limitan las manifestaciones legítimas a las que tienen un objetivo conforme con ‘las buenas costumbres’; el ‘aviso’ requerido en realidad constituye una autorización con criterios confusos y potencialmente arbitrarios; imponen lugares sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad; y podrían resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en casos en los cuales solo una minoría de manifestantes cometan actos de violencia (…) estas propuestas de ley tal y como están actualmente redactadas atentan contra el derecho de libertad de expresión y asociación establecido por las normas y mecanismos internacionales de derechos humanos”.
En diciembre pasado, en medio de la efervescencia de las protestas contra la desaparición de 43 normalistas de Ayotiznapa y la indignación social por la “Casa Blanca”, diputados del PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron cambios constitucionales que permitirían a la autoridad frenar las protestas.
Las iniciativas contra las manifestaciones argumentan que las protestas violan el derecho al libre tránsito; los opositores a éstas refutan que los ciudadanos tienen el derecho de la libre asociación y reunión. El jurista Javier Dondé Matute publicó un artículo que plantea que en realidad se trata de un falso debate: “Se debe legislar sobre la intervención de la autoridad en su deber de hacer respetar ambos. Así, por ejemplo, se deberá prever un paso hacia la Suprema Corte y accesos alternos para el ingreso. De igual manera, se deberán prever desvíos de automóviles en la vía pública, que permitan el tránsito ágil, aunque por rutas distintas”.
Parte del rechazo ciudadano a las marchas tiene su origen en que algunos movimientos las emplean como presión para obtener favores o ayudar a partidos políticos. No pocas agrupaciones utilizan en sus manifestaciones la violencia, agreden comercios y dañan la vía pública.
Otro sector de la sociedad ha optado por alejar sus protestas de la vía pública. La masificación de internet y las nuevas tecnologías ha permitido que el activismo se traslade a plataformas digitales. Comienzan a ganar popularidad las peticiones públicas, videos, audios, filtración de documentos, boicots o firmas digitales. La respuesta del sector gubernamental ha sido también reprender algunas de estas iniciativas y aprobar legislaciones coercitivas.
En un artículo publicado el 29 de noviembre de 2013 en el periódico inglés The Guardian, el investigador Geraud de Ville advertía al respecto: “Debido a la supervisión que ejercen sobre la infraestructura física, los gobiernos se ven tentados a controlar las redes digitales, bloquear el acceso a determinados usuarios o incluso encarcelar a disidentes, como en China e Irán”.
En un escenario utópico, no habría necesidad de manifestaciones, si el gobierno fuese eficiente, honesto y no consintiera la ilegalidad. Sin embargo, en México sobran razones de peso para que la ciudadanía se valga de este recurso extremo.
Las manifestaciones han protagonizado un papel protagónico en muchos capítulos de la historia. Las protestas públicas fueron definitivas para concretar la independencia de Estados Unidos, la lucha contra el racismo, el voto de la mujer, los derechos ganados por la población gay, la independencia de India y la primavera Árabe, por hacer un brevísimo repaso.
Es cierto, la regulación de las manifestaciones debe debatirse y someterse a un análisis exhaustivo, pero jamás tomando como criterio la merma de nuestros derechos y libertades. Toda campaña e iniciativa para desincentivar y reprender las marchas está cimentada en criterios autoritarios y represivos.

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