En entrevista con Cimacnoticias, Astrid recuerda que durante la relación que vivió junto a E.M.A.L sufrió violencia psicológica que en ese momento no logró identificar, ya que su agresor la aisló de sus redes para mantenerla vulnerable. Estas señales de violencia no son aisladas y normalmente su frecuencia y gravedad aumentan con el tiempo, destaca la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.
Fue así como el 22 de abril la violencia contra Astrid alcanzó su punto máximo, cuando E.M.A.L intentó quitarle la vida en el hogar que ambos habían compartido. Astrid narra que para ese momento la relación había terminado debido a que descubrió que su agresor difundía contenido íntimo de otras mujeres entre sus amigos.
“Llega a mi casa llorando, que por favor lo perdone. Le pido que se vaya, pero más tarde me dice que por favor hablemos y nunca me volverá a molestar. Tenemos una plática muy extensa en la que le digo todo lo que me hizo y por qué no puedo seguir con él. Al final él me pregunta si ya puedo estar con alguien más, él se abalanza sobre mí y me empieza a estrangular con las dos manos. Son segundos de shock, yo no podía pensar en quitármelo de encima, yo pienso en respirar y en mi mamá, en cómo me va a encontrar aquí tirada”, recuerda Astrid.
Como pudo alcanzó a decir “perdóname, sí quiero estar contigo, vamos a estar bien”. El hombre la soltó, pero segundos después expresa que “debe terminar con lo que empezó” si no quiere verse “perjudicado” con una denuncia.
“Él me quería muerta, llorando le digo que no lo voy a denunciar, que no voy a hacer nada, me hizo jurar por mi mamá y por mi hermana. Me estaba presionando muchísimo y apenas si salía mi voz. Él sale de la casa y entonces aprovecho para buscar ayuda”.
Enfrentar ineptitud de las autoridades
A raíz de la tentativa de feminicidio que vivió Astrid, de profesión periodista, decidió realizar una investigación en la que descubrió que desde el 2014 -cuando se incluyó el delito de feminicidio en el Código Penal de Yucatán- el Poder Judicial del Estado (PJE) ha emitido 29 sentencias condenatorias por el delito de tentativa de feminicidio, aún cuando hay más de 13 mil denuncias de mujeres que casi son asesinadas por sus agresores.
“Estamos en todo el país, somos un montón que sobrevivimos a ataques de este tipo. Ser una sobreviviente te desaparece del mapa. Apenas si cabes en violencia familiar o lesiones, intento de homicidio, pero eso no es lo que a ti pasó, lo insisto porque él intentó matarme, no son lesiones”.
En su caso, las autoridades insinuaron que Astrid “exageró” la agresión. Y es que la jueza de control, Elsy del Carmen Villanueva Segura, negó la vinculación del acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa con argumentos que deslindaron al agresión de toda responsabilidad.
“Llega la jueza y me dice que estaba tan alterada que por eso creí que él quería matarme, pero en realidad él nada más me quería lastimar, Entonces dice que no es tentativa de feminicidio, sino lesiones calificadas y así se reclasificó el delito en septiembre de 2022”.
Este proceso, en el que Astrid ha invertido tiempo, dinero y salud mental, refleja la realidad de miles de mujeres en todo el país, asegura, pues la jueza Villanueva Segura no es la única funcionaria con falta de perspectiva de género que actúa en detrimento de las sobrevivientes.
Por dicha decisión, Astrid decidió presentar una queja contra la jueza ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán:
“La puse por su falta de perspectiva de género, porque tampoco quiso considerar el delito de lesiones en relación de género, aunque mis abogados argumentaron el contexto de violencia que viví con él”.
Astrid asegura que ella y su defensa buscarán que el delito sea reclasificado, aunque le han indicado la dificultad de que sea considerado como tentativa de feminicidio, por lo que su opción ahora es que sea adscrito como violencia familiar para al menos obtener una sanción “decente” y una reparación del daño.
“Estamos en la espera, llevamos siete meses en esto; no ha pasado nada, él sigue haciendo su vida de manera normal, va a los lugares que quiere, mientras tanto yo tengo que demostrar que estoy diciendo la verdad”.
Leyes vacías
El pasado mes de abril la Cámara de Diputados aprobó reformas para el Código Penal Federal, el de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de sancionar con penas de entre 30 y 40 años de prisión a quien perpetre el delito de feminicidio en grado de tentativa, además de dictar prisión preventiva oficiosa en estos casos y no otorgar la posibilidad de libertad condicional para los agresores.
Para Astrid no es suficiente que el delito de tentativa de feminicidio se tipifique o las penas se incrementen si aún hay funcionarias y funcionarios insensibilizados en el tema y continúan clasificando los casos como lesiones. Con ello, asegura, se envía un mensaje de impunidad, y este “es el mejor mensaje que le puedes dar a un agresor”.
“Antes de seguir incrementando penas, antes de seguir vendiendo iniciativas huecas, antes de que se legisle, ocúpense de la prevención, si no pueden capacitar y atender los cientos de casos de violencia contra la mujer. Una vez consumada ya no hay mucho qué hacer, entonces concéntrate en la prevención, programas de reeducación a los hombres, que comprendan el alcance de estas violencias, a los adolescentes señalados por violencia familiar reeducarlos, que se cuestionen, que empiecen a tener sanciones antes de llegar al último paso. No me sirve que la tentativa esté tipificada si las carpetas no se están clasificando como tentativa; me interesa que se capacite a la fiscal que me va a tender, que sepa que me va a recibir una mujer sensibilizada y me va a creer y respaldar, no tratar de darme la espalda, dejándome sola y abandonada”.
Astrid forma parte de la colectiva Sobrevivientes del feminicidio en México, desde donde se hace el llamado a la visibilización y a que las autoridades dejen de ser testigos de la violencia que a diario le arrebata la vida a 11 mujeres en nuestro país.
