Escrito por Arantza Díaz.-Ciudad de México.- En el marco del segundo aniversario de la anulación de la sentencia Roe vs Wade
que trajo consigo un efecto dominó en los congresos y encauzó la
penalización del aborto en Estados Unidos, se acerca una contienda por
la presidencia de ese país, por lo que los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres en ese país serán una fundamental en las
campañas políticas.
Aunque la victoria republicana de Donald Trump
ya estaba anunciada, la autoproclamada feminista Kamala Harris ha
aparecido en la carrera y cambiado las expectativas de lo que sucederá
en el país de las barras y las estrellas.
La única certeza, es que la esperanza de fallar en favor de la Roe vs Wade,
podría quedar completamente sepultada en caso de que el trumpismo
venza; el camino por despenalizar el aborto aún no se ve claro, sino
turbulento.
La organización Planned Parenthood, refiere que desde hace dos años que la Corte Suprema anuló la sentencia Roe Vs Wade,
le arrebató el derecho a las mujeres y se los dio a políticos hombres,
afectando a las mujeres que están fuera de la hegemonía blanca y
privilegiada; mujeres que tienen la posibilidad de abortar fuera de su
Estado e incluso, fuera del país.
«Esto
también es un racismo sistémico que ha bloqueado el acceso a
oportunidades y al cuidado médico», denuncia la organización.
A
pesar de que la lucha colectiva por despenalizar el aborto no ha dado
tregua desde hace dos años, el panorama no parece favorable tomando en
consideración que los republicanos y ultraderechistas se mantienen
reacios impulsando restricciones sumamente violentas, como por ejemplo,
la prohibición del aborto a pesar de abuso sexual e incesto.
This
morning, more than 1.5 million women in Iowa woke up with fewer rights
than they had last night because of another Trump Abortion Ban.
De
esta manera, se configura el panorama internacional, exponiendo que no
hay garantía de ningún derecho cuando intercede una visión política
dotada de conservadurismo.
Si bien son dos años sin acceder al
aborto, las mujeres continúan abortando en condiciones precarias,
insalubres, riesgosas y dolorosas, especialmente, aquellas en
situaciones de vulnerabilidad; mujeres latinas, afrodescendientes,
campesinas, asiáticas, indígenas, sin documentación, sin dinero y
víctimas de abuso.
Fuente: Cimac Foto
¿Qué sucedió hace 2 años en Estados Unidos y cuál es el panorama actual?
A
finales de junio del 2022 la Corte Suprema eliminó el derecho
constitucional a interrumpir el aborto, lo que abrió la posibilidad de
que cada entidad tuviera la facultad de elegir y derogar las leyes en
materia de derechos sexuales.
Al no existir más un derecho
estipulado por la Corte Suprema, se produjo una pandemia antiderechos
por todo Estados Unidos, donde los congresos locales comenzaron a
penalizar y criminalizar el acceso al aborto, a pesar de que el país
había sido pionero en la región en esta materia desde hacía 50 años; un
retroceso sin precedentes.
Antes de que apareciera la sentencia de Roe vs Wade
que estipulaba la interrupción del aborto como un derecho humano y
accesible para todas, los Estados Unidos vivió un proceso cruento donde
el aborto causó una de cada seis muertes relacionadas al embarazo en
1965.
La década de los 60s, del siglo XX, desencadenó que
personas dedicadas a la medicina y parteras fueran procesadas; el área
médica prefirió dejar de practicarlo y las pocas personas que seguían
ofreciendo el servicio en clandestinidad fueron perseguidas por el
Estado obligándolas a desplazarse de sus entidades.
Fuente: Pexels
Asimismo,
las mujeres eran constantemente agredidas por la fuerza policiaca,
conformada mayoritariamente por hombres quienes las obligaban a vivir
circunstancias humillantes; eran tocadas, vigiladas, detenidas
arbitrariamente y obligadas a hablar de su vida sexual a detalle, según
documenta Planned Parenthood Action.
A manera de
autodefensa, las mujeres -mayormente en situación de vulnerabilidad y
precariedad- comenzaron a ingerir medicamentos que provocaban
complicaciones severas e incluso, la muerte. Asistir al hospital para
ser atendidas, implicaba su detención y el posible enjuiciamiento si se
daba aviso a las autoridades.
El instituto Guttmacher documentó en su informe «Lessons from before Roe: Will past be prologue?»
que en 1960 en la ciudad de Nueva York, 1 de cada 4 muertes de mujeres
blancas relacionadas al embarazo fue a causa del aborto. En comparación,
5 de cada 10 muertes de esta misma naturaleza, corresponde a mujeres no
blancas, especialmente, de origen latino.
Fueron 10 años de
abuso, criminalización, muerte y extrema violencia, hasta que en 1973 se
despenalizó el aborto en todo el país gracias a la Roe vs Wade que llegó para salvaguardar la vida de millones de mujeres, adolescentes y parteras.
En
un proceso cíclico de la historia, hoy Estados Unidos continúa
resistiendo la avalancha de la derecha republicana y las medidas que
afectan particularmente a las mujeres en circunstancias de
vulnerabilidad.
Fuente: Pexels
De
acuerdo con un mapeo realizado por la CNN y actualizado hasta mayo del
presente año, 29 de 50 entidades mantienen vigente el derecho al aborto.
Una balanza completamente diferenciada, pues mientras algunas entidades
son pro aborto –sin restricciones, ni limite de semanas-, otros Estados colindantes son extremadamente violentos, entre los que destacan:
Arkansas
Alabama
Idaho
Indiana
Kentucky
Louisiana
Mississippi
Missouri
Dakota del Norte
Oklahoma
Dakota del Sur
Tennessee
Texas
(entidad donde se concentra buena parte de la comunidad migrante,
representando el 40% de la población latina en Estados Unidos, según el
Censo Poblacional 2021)
Virginia Occidental
Paralelamente,
es necesario señalar que la tasa de suicidios en mujeres en edad
reproductiva ha aumentado significativamente luego de la derogación de
la Roe vs Wade, según documentó la revista JAMA Psychiatry, agudizándose aún más en las entidades más extremistas.
Entretanto,
el panorama político de los Estados Unidos está tenso ante la carrera
presidencial que cada vez se percibe más justa entre Harris y Trump,
vislumbrando que, la discusión sobre el aborto bien podría ser el
parteaguas que impulse a las mujeres a participar políticamente e
inclinar la balanza a favor de Harris, que maneja una agenda pro aborto.
Mientras
se llega al final de la contienda electoral para saber qué sucederá con
las políticas de derechos sexuales y reproductivos, es necesario
siempre apuntar a que la penalización del aborto no evita la práctica,
sólo impulsa a la clandestinidad; clandestinidad que mata, violenta,
enferma y margina a las mujeres, especialmente, de origen migrante sin
documentos de estancia legal.
De acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación de la trata
de personas en México 2021, del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de
2021, se registraron tres mil 896 víctimas de delitos relacionados a la
trata de personas, de las que dos mil 934 fueron mujeres y 798 hombres.
Respecto a la nacionalidad de las víctimas, el informe de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos señaló que sólo se logró conocer el origen
del 77 por ciento del total de víctimas reportadas, “de las cuales el 93
por ciento son mexicanas y el 7 por ciento tienen otra nacionalidad”.
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El asesinato de dos
mujeres venezolanas en la zona de Topilejo, en la Ciudad de México, ha
llevado a las autoridades a relacionar el caso con una red de trata de personas, un delito que de acuerdo con distintos informes afecta a poblaciones vulnerables, sobre todo si se trata de mujeres migrantes.
Fue el pasado 30 de julio cuando fueron localizados los cuerpos de Susej y Stephanie, de 19 y 21 años de edad, respectivamente. Los restos fueron hallados en un paraje de la colonia San Miguel Topilejo,en
las Alcaldía Tlalpan. Según los primeros reportes, ambas víctimas
tenían aproximadamente seis meses residiendo en la capital mexicana.
En entrevista con SinEmbargo, el Dr.
Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, destacó que la explotación
sexual es una de las modalidades más frecuentes en el delito de trata de
personas. “En el caso concreto de las modalidades de trata de personas,
sí destaca la explotación sexual y destaca la explotación a las
mujeres”, dijo.
Fue el 6 de agosto, cuando la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de
la Ciudad de México dio a conocer que “derivado de los trabajos de
investigación” se pudo establecer como línea de investigación para el doble homicidio que las mujeres fueron víctimas de una red de trata de personas, la cual estaría encabezada por sujetos de origen sudamericano.
“La Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas
trabaja en colaboración con la Fiscalía de Investigación del Delito de
Feminicidio para agotar todas las líneas de investigación
existentes”,destacó la dependencia capitalina a través de un comunidad
publicado el pasado 6 de agosto.
Mensaje del Dr. @UlisesLaraLopez,
en seguimiento a las investigaciones derivadas del hallazgo de los
cuerpos de dos jóvenes mujeres en un paraje ubicado en la colonia San
Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpanhttps://t.co/E2sTGiPBA0
Añadió que estos trabajos de investigación también permitieron
conocer la identidad de las dos jóvenes, quienes cuentan con
nacionalidad venezolana, de quienes, enfatizó, no cuentan con datos que
las puedan relacionar en delito alguno, aunque, reconocieron, que aún no
conocen el motivo del doble feminicidio, pero adelantaron que podría ser un caso de trata de personas.
De acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021,
del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021, se registraron tres mil
896 víctimas de delitos relacionados a la trata de personas, de las que
dos mil 934 fueron mujeres y 798 hombres, según información de
Procuradurías, Fiscalías Estatales y de la Fiscalía General de la
República (FGR).
Los estados de Chihuahua, que reportó 963 víctimas; la Ciudad de
México, que reportó 898 víctimas; y el Estado de México, que reportó 338
víctimas, fueron las entidades que más casos de trata de personas registraron, ya que concentran el 66 por ciento del total de las víctimas.
En tanto, los estados de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Sinaloa,
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz reportaron cifras de entre 20 a 39
víctimas, respectivamente, equivalente al 7 por ciento del total de
víctimas. Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Querétaro y Sinaloa
identificaron menos de 20 víctimas de trata, en ese periodo, lo que
equivale al 2 por ciento de las víctimas totales.
Mientras que las entidades de Baja California Sur, Morelos y Yucatán
no proporcionaron información, destacó el informe de la CNDH, en el cual
se destacó que del total de mujeres identificadas como víctimas de trata, mil 045 eran menores de 18 años y del total de los hombres que fueron víctima de ese delito, 505 eran menores de edad.
En este sentido, el doctor Guerrero Chiprés recordó que
“México es un país de tránsito y de origen de trata de personas,
especialemente las grandes ciudades, por aquí transitan cuando menos el
70 por ciento de las personas que están siendo sujetas a algún proceso
de reclutamiento o ya de trata de personas”.
Respecto a la nacionalidad de las víctimas, el informe de la CNDH
señaló que sólo se logró conocer el origen del 77 por ciento del total
de víctimas reportadas, “de las cuales el 93 por ciento son mexicanas y
el 7 por ciento tienen otra nacionalidad”. De estas víctimas extranjeras
el 86 por ciento son mujeres y el 14 por ciento son hombres
No obstante, autoridades de tres entidades reportaron porcentajes de
víctimas extranjeras mayores respecto al que hubo a nivel nacional.
Estos estados son: Chiapas con el 11 por ciento de víctimas de trata de
origen extranjero; Nuevo León, con el 10 por ciento; y Quintana Roo, con
el 10 por ciento.
Las autoridades también identificaron que las víctimas de trata de origen extranjero,
provienen, el 98 por ciento del continente americano y el 2 por ciento
de Europa, específicamente de “18 países distintos: Alemania, Argentina,
Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de
América, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Rusia,
Ucrania y Venezuela”.
Mientras que el 53 por ciento de las víctimas nacionales son
originarias de Chiapas, Chihuahua y Nuevo León; mientras que el 2 por
ciento de las víctimas fueron identificadas como provenientes de los
estados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima,
Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro y Yucatán.
El Cuarto Reporte Anual 2023-2024, “Un Modelo Único contra la Trata”, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, evidenció una relación “entre las redes de Trata de Personas
y las dedicadas al tráfico de migrantes, que captan víctimas para
trabajos forzados y otros delitos, como el secuestro o la extorsión”.
El documento detalló que a través de la Línea y Chat Nacional Contra la Trata de Personas (LNCTP),
el Consejo Ciudadano ha brindado apoyo a 12 mil 593 personas, desde
2019 a la fecha, siendo el año 2022 cuando más casos se reportaron a esa
plataforma, con dos mil 555. Mientras que en el 2023, se apoyó a dos
mil 219, y de enero a junio de este 2024 a mil 346.
Asimismo, se indicó que del 2023 y hasta junio de 2024, se logró
identificar al trabajo forzado como la modalidad más recurrente entre
las víctimas de trata de personas. Le siguen la prostitución ajena,
entre otras formas de explotación sexual, especificamente en Estados
Unidos, Canadá y Colombia.
“Los tratantes emplean falsas ofertas de trabajo en el extranjero o
fuera de las ciudades de origen de las víctimas, en centros comerciales,
tiendas de conveniencia, en el campo y hasta en talleres mecánicos”, se
subrayó en el informe, que puntualizó que el 58.8 por ciento de los
reportes que se recibieron del extranjero fueron provenientes de Estado
Unidos.
Mientras que en los países europeos, como Albania, Chipre, España,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal, la prostitución ajena y
otras formas de explotación sexual, es la modalidad más recurrente del
delito de trata. Ese fue el caso de una mujer colombiana que viajó a
Grecia por una oferta de trabajo, pero fue explotada sexualmente luego
de que los tratantes la despojaron de sus documentos y su dinero.
Detalló que del total de víctimas reconocidas en los reportes, el 22
por ciento es de procedencia extranjera. El 21 por ciento de Guatemala;
17 por ciento de Colombia y Guatemala, respectivamente; el 15 por ciento
es originario de Estados Unidos, lo mismo que El Salvador; el 4 por
ciento de la India; el 3 por ciento de Cuba; y de Bolivia, Brasil,
Nicaragua, Perú y Somalia proviene el 1 por ciento, respectivamente.
“Identificamos una ruta de Trata que comienza en Chile,
atraviesa por Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, México y
Estados Unidos, para llegar al sur de Canadá, se destacó en el informe,
en el que señala que en el caso de México, de enero 2023 a junio 2024,
se recibieron reportes de las 32 entidades federativas.
“Del total de reportes de los cuales se conoce la ciudad de
procedencia, el 66 por ciento provienen de estados del interior de la
República, 27 por ciento de la Ciudad de México y el resto del
extranjero”, se añadió en el documento, en el que se destacó que existe
una “alianzas con más de 60 organismos nacionales e internacionales”, lo
que ha permitido conocer dichos datos.
Respecto a México, la Ciudad de México concentra la mayoría de
reportes correspondientes a víctimas de otros estados. Mientras que la
mitad de los casos se concentra en otros Estados, como el de México,
Jalisco, Veracruz, Puebla y Nuevo León. La mitad de las interacciones
provenientes del interior del país se concentran en el Estado de México,
Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Guanajuato”, se indicó.
Además, se subrayó que a pesar de que Tlaxcala es considerado un estado que sirve como punto de operación de redes de trata de personas
a nievl internacional, “no registra carpetas de investigación desde
junio de 2022”, aunque en la LNCTP han tenido lugar 30 reportes, lo que
podría ser indicio de las complicaciones que tienen las víctimas para
denuncia y de un “posible subregistro”.
“Las personas más vulnerables son mujeres, niñas, niños y
adolescentes, en más de la mitad de los casos víctimas de prostitución
ajena y otras formas de explotación sexual”, reitera el informe,
modalidades de trata que se concentan en Ciudad de México, Puebla,
Jalisco, Baja California, Tlaxcala, Quintana Roo, Guanajuato, Morelos,
Querétaro.
Así como en en los estado de Tamaulipas, Veracruz, Baja California
Sur, Chihuahua, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Aguascalientes,
Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tabasco, acuerdo con las
atenciones que se brindaron entre enero de 2023 y junio de 2024 en la
LNCTP.
Durante el 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) registró 729 carpetas de investigación a
nivel nacional por el delito de trata de personas en México, mientras
que en lo que de enero a junio de este 2024, se han iniciado 305
averiguaciones previas en todo el territorio nacional.
Respecto a las entidades en donde se iniciaron más carpetas de investigación por el delito de trata de personas
durante 2023, fueron: el estado de México, con 184; la Ciudad de México
con 153; Quintana Roo con 87; en Puebla se abrieron 71 averiguaciones
por el delito de trata; en Baja California se iniciaron 57; en Chihuahua
27; e Zacatecas se iniciaron 23; y en Nuevo León, 22.
En tanto de enero a junio de este 2024, las entidades que registraron
el mayor número de averiguaciones previas por el delito de trata de personas
son: Quintana Roo, con 62 carpetas iniciadas; Estado de México, con 54;
la Ciudad de México con 49; Puebla con 27; Chihuahua con 19; y
Zacatecas con 21 carpetas iniciadas.
No obstante, pese a estas cifras, y que el doctor Guerrero
Chipés aseguró que en la Ciudad de México se han implementado acciones
conjuntas para combatir este delito, mismas que han dado resultados
favorables, en el país hay una cifra negra de víctimas de trata, ya que sólo se llega a conocer uno de 20 casos.
“Los
migrantes pueden perder la vida o pueden resultar víctimas de delitos
graves, como el secuestro o la trata de personas”. Foto: Especial,
Cuartoscuro
“Se conoce uno de cada 20 casos de trata de personas en
todo el mundo y eso incluye a nuestro país, en todos lados hay un un
subregistro”, dijo el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad
y Justicia de la Ciudad de México.
Además, comentó que en entidades donde se registran los índices más altos de trata de personas
también están involucrados factores que tienen que ver con el trabajo
deficientes de las autoridades y de las dependencias que están a cargo
de la investigación de estos casos, con excepción de la capital
mexicana, aseguró, ya que resaltó que ahí sí existe una estrategia bien
definida para combatir el delito.
“No hay investigación policial, no hay organismos apropiadamente
capacitados, no hay interés o no hay suficiente capacidad institucional
para que el sistema de procuración de justicia sea eficaz en diversos
estados nacionales y en diversas entidades, no es el caso de la Ciudad
de México, porque aquí hay un número de detenciones que es récord a
nivel nacional”, aseveró.
“La población migrante que está más desfavorecida, que es más
vulnerable, es explotada por los delincuentes por dos grandes vías: uno
es el cobro enorme por supuestamente trasladarlos en un lugar en un país
hasta otro lugar en Estados Unidos, ahí es una forma de explotación”,
dijo.
“Y la otra es hacerlas víctimas de cualquiera de las
modalidades de trata de personas o incluirla, es un tercer elemento,
incluirlas en algún espacio, en alguna parte del proceso de la comisión
de un delito, eso es lo que hacen los delincuentes con algunos
migrantes”, concluyó el presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
Nora Nancy Gaspar Resendiz
Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad
social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia
de SinEmbargo.
Aunque desde 2012 el delito de feminicidio está tipificado a nivel federal y ya todos los estados lo incluyeron en sus Códigos Penales, las Fiscalías Generales locales discrepan radicalmente a la hora de investigar como tal el homicidio de una mujer.
La diferencia es tal que, en algunos estados, como Guanajuato y Baja California, menos del 10 por ciento de los asesinatos de mujeres son indagados como feminicidios, mientras que en Sinaloa y Campeche esa proporción se eleva hasta el 70 por ciento.
El 17 de julio, la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre el tema y consideró que sería bueno que todas las Fiscalías estatales tuvieran una Especializada para indagar feminicidios.
“A nivel constitucional planteé dos temas. Uno: está en el cuarto constitucional la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay que redactarlo en términos de la igualdad sustantiva y la no discriminación; y, por otro lado, también llevar a nivel constitucional el asunto de la violencia contra las mujeres”, señaló.
“Y de ahí una serie de leyes secundarias, que buscaríamos que algunas fueran generales, es decir, que impactaran a todo el país y otras que fueran de carácter federal”.
Aseguró que estas iniciativas de reformas las estaría mandando al Congreso en su primer día de mandato.
Más de 20 mil mujeres asesinadas en México
A nivel nacional, los datos oficiales reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que 20 mil 44 mujeres fueron asesinadas en el país, entre enero de 2019 y mayo de 2024. De ellas, 14 mil 902 fueron registradas como víctimas de homicidiodoloso y 5 mil 142 como víctimas de feminicidio.
En proporción, se trata de un 25.7 por ciento. Dicho de otra forma: solo uno de cada cuatro asesinatos de mujeres aparece en el registro de feminicidios.
El que el asesinato de una mujer no se tipifique como feminicidio va más allá de la estadística. Se trata de una decisión en la que se descarta que el asesinato de la mujer tenga un componente de violencia de género, y por ende la penalidad para el posible responsable es menos grave.
"La experiencia internacional nos dice que entre un 60 u 80 por ciento de los asesinatos de mujeres se dan en un contexto de violencia de género", advirtió la doctora Nelly Montealegre.
"Los principales perpetradores de la violencia contra las mujeres son cercanos a ellas, de eso no hay duda. Que se diga que solo el 25 por ciento es invisibilizar el problema” explicó la también ex coordinadora de delitos de género y exsubprocuradora de víctimas de Ciudad de México.
El promedio nacional es una cosa, pero lo que pasa estado por estado es otra.
Más mujeres asesinadas, ¿menos feminicidios?
Los datos también revelan que en aquellas entidades con las cifras más altas de mujeres asesinadas son, a su vez, las que reconocen una menor proporción de posibles feminicidios.
Guanajuato es el foco rojo. De enero de 2019 a mayo de este año dos mil 149 mujeres fueron asesinadas en su territorio. Una cifra superior a la de cualquier otro estado del país. Al mismo tiempo, solo 131 de esos asesinatos están tipificados como feminicidio, que es un 6.1 por ciento del total.
Se trata del menor porcentaje de casos reconocidos como feminicidio del país.
Con un porcentaje similar se ubica Baja California, donde sólo un 8.4 por ciento de los mil 587 asesinatos de mujeres fue tipificado como feminicidio. Dicha entidad es la tercera con la cifra más alta de mujeres asesinadas.
Otro caso importante esel de Chihuahua, un estado que ha sido epicentro de la crisis de violencia que viven las mujeres en México, y escenario de casos de alto impacto como el de las mujeres asesinadas de Juárez.
En el referido periodo, la Fiscalía de Chihuahua reportó mil 445 mujeres víctimas de un asesinato, la cuarta cifra más alta del país. Solo el 15 por ciento de ellos fue tipificado como feminicidio.
 Feminicidios, la discrepancia de las Fiscalías mexicanas
La situación se repite en otros estados con más de mil asesinatos de mujeres, y donde el reconocimiento de los casos de feminicidio es incluso es inferior a la media nacional. En Michoacán solo se tipifican y reportan como feminicidio el 11 por ciento de los asesinatos de mujeres, mientras que en Jalisco el 23 por ciento.
Especialistas consultadas señalan que los estados con un número elevado de mujeres asesinadas podrían estar enfrentando dificultades operativas para identificar un número más alto de casos como feminicidio, debido a las limitadas capacidades institucionales. No obstante, eso no borra el hecho de que se subregistra el problema real.
“Las directivas internacionales, nos dicen que todos los homicidios de mujeres tienen que iniciarse las investigaciones por feminicidio. Si tomamos en cuenta que la violencia familiar es el delito de mayor incidencia y que los principales agresores de las mujeres, justo son cercanos a ellas, no hay ninguna lógica en que a más asesinatos de mujeres haya menos proporción de feminicidios” señaló la maestra en Políticas Públicas y de Género, Sofía Lozano Snively.
Hay estados que, sin rebasar los mil asesinatos de mujeres, reconocen una minoría como feminicidio.
Guerrero sólo tipificó como feminicidio el 10 por ciento de los más de 844 asesinatos de mujeres; o Zacatecas solo un 11 por ciento de 582 casos registrados.
La otra cara: Sinaloa, Coahuila…
Hay siete estados que sí reportan como posibles feminicidios más de la mitad de sus casos de mujeres asesinadas, entre enero de 2019 y mayo de 2024.
Aunque no presentan las cifras más altas de mujeres asesinadas en el país, las Fiscalías reconocen que la mayoría de los casos están relacionados con circunstancias de violencia de género.
Sinaloa encabeza esta lista. De sus 212 mujeres que fueron víctimas de un asesinato en el referido periodo, 167 fueron tipificados como feminicidio. Es un 78.8 por ciento del total de los casos. Dicho de otra forma: en Sinaloa 8 de cada 10 homicidios de mujeres son investigados como feminicidios.
Campeche presenta una proporción similar con el 73 por ciento de asesinatos de mujeres, considerados como feminicidios en este periodo, al igual que Coahuila con 70 por ciento de los casos clasificados de esta manera.
Nuevo León es un caso interesante porque presenta una cifra elevada de mujeres asesinadas con 687 víctimas, de las cuales reconoce como feminicidio 408 casos que equivale a casi el 60 por ciento.
En total hay 22 estados que tipifican como feminicidio, un promedio por encima de la media nacional que es de apenas 25 por ciento. No obstante, el hecho de que los estados con más asesinatos de mujeres reconozcan menos feminicidios afecta el promedio general.
Entre “machismo”, dolo e incompetencia
La doctora en derecho Nelly Montealegre Díaz, ex coordinadora general de Delitos de Género y ex subprocuradora de Atención a Víctimas de la Fiscalía de justicia de la Ciudad de México, concluye que las estadísticas oficiales de feminicidio no reflejan la dimensión real de los asesinatos de mujeres por razones de género en el país.
Detrás de ello, hay múltiples factores que es necesario que las próximas autoridades estatales y federales trabajen.
“Una realidad es que existen disparidades en capacidades de investigación, tanto en la formación del personal ministerial como pericial y forense. No hay unidades de análisis de contexto; los protocolos no se siguen o no son los mejores. Y sobre todo está el hecho de que para los estados siga siendo un estigma el que tengan un número importante de feminicidios, lo que inciden el cómo se reportan las cifras”, señala Montealegre.
La maestra en Políticas Públicas y de Género, Sofía Lozano Snively, advierte que incluso en el caso de estados que tienen mejores registros como Nuevo León, persisten retos importantes como la falta de claridad, en cuanto a la forma en cómo se descartan que algunos asesinatos de mujeres sean considerados como feminicidios.
“Por ejemplo, hay un creciente número de mujeres asesinadas en contactos de narcomenudeo, que de forma inmediata son descartadas por la fiscalía de Nuevo León y de otros estados sin que se tome en cuenta, que en esos casos también puede existir violencia de género. Hace falta un protocolo de investigación de feminicidio que no solo sea nacional y homologue las causales, sino que además se aplique”, dice Lozano.
Las especialistas coinciden en otro problema: a la fecha prevalecen resistencias, sobre todo de hombres en puestos de autoridad para reconocer la importancia que tiene tipificar un asesinato de mujer como un feminicidio.
“No se trata de que los otros asesinatos de hombres o mujeres sean más o menos importante, pero no se puede obviar que en la violencia contra las mujeres los agresores suelen ser personas con las que las victimad comparten una relación sexo afectiva. Y conocer la dimensión real de ello permite impulsar políticas públicas para combatirlo”, concluye Lozano.
.-Ciudad
de México.- En las últimas horas la tensión en Medio Oriente aumenta y
el estallido de una guerra regional parece cada vez más palpable luego
de que Irán realizará un ataque directo que, se espera, tendrá
consecuencias contra la población iraní, especialmente para las mujeres
iraníes quienes han sostenido una resistencia perseverantes desde hace
décadas.
Las mujeres en Irán han sido una parte vitalicia para la
revolución, la lucha y la resistencia contra las dictaduras que han
estado presentes en Irán, y es que, este país es de los pocos en Medio
Oriente que no fue colonizado.
De hecho, Irán fue pionero en su
región en consolidar derechos importantes en materia de género durante
la dinastía Pahlavi que corrió desde los años 30 y que en los 60s del
siglo, que permitió a las mujeres el acceso al voto y en el 77 se
despenalizó el aborto.
Pero como toda dictadura, la violencia y
la coerción del régimen terminó por estallar en una revolución, donde
las mujeres lucharon activamente por la liberación de su país. Sin
embargo, este proceso que parecía una apuesta por la libertad resultó
contraproducente, pues abrió la puerta a la sharia, el código islámico.
Desde
1979 que el Islam iraní tomó el control, todos los derechos ganados
fueron eliminados; las mujeres se convirtieron en el sector más rezagado
y violentado por una extrema misoginia persuadida por la religión.
En
Irán, las mujeres resisten desde hace décadas a la tortura, la
privación de su libertad, lapidación, matrimonio forzado y el ojo
vigilante de la «policía de la moral». En este espacio, es necesario
apuntar al contexto actual de este sector y cómo, el contexto bélico
será catalizador para recrudecer la violencia en su contra.
Las mujeres son víctimas de tortura, incluyendo la flagelación
La
pena de muerte está permitida y en los últimos años, se ha
instrumentalizado como represión política contra mujeres, defensoras y
activistas
Los juicios siempre son imparciales y revictimizantes; las mujeres en Irán no tienen derecho a ser juezas
Se tiene registro de masacres penitenciarias
En
2022 se dio el movimiento Mujer, Vida, Libertad, por la liberación de
la mujer luego del asesinato de la jven Mahsa Jina Amini; las
manifestantes fueron víctimas de desaparición, tortura, pena de muerte y
violencia sexual
Mujeres universitarias son perseguidas,
abusadas y detenidas arbitrariamente como medida para evitar que
participen en protestas de tinte feminista – de emancipación femenina.
Niñas han sido sometidas a interrogatorios abusivos y suspendidas de sus estudios
En
este mismo sentido, es necesario nombrar a Narges Mohamemadi quien fue
detenida en 2021, activista que acompaña a familias víctimas de las
fuerzas armadas y que ha exigido el fin de la pena de muerte.
En
2023 recibió el Premio Nobel de la Paz y poco después, entró en una
crisis cardiaca grave; las autoridades negaron su cirugía por no contar
con el velo en ese momento. Finalmente, se cedió a realizar su
intervención y tras esto, fue enviada a prisión nuevamente a pesar de
que el personal médico recomendó no hacerlo; fue condenada a 12 años 11
meses y 154 latigazos. A un año de esto, no se sabe de ella.
Nasrin
Sotoudeh, abogada y defensora de los derechos de las mujeres fue
detenida en 2018 y condenada a 38 años de prisión y 148 latigazos.
Aunque ha salido un par de veces gracias a permisos cortos, la activista
debe cumplir su condena por desacato a la moral al considerar su apoyo a
las mujeres un insulto al «líder supremo».
Fuente: Pexels
Es
necesario nombrar a estas dos mujeres para comprender la violencia que
se vive al interior de Irán, porque si bien los casos están en el ojo
internacional gracias a organizaciones como Amnistía Internacional, la
realidad es que no hay número exacto de mujeres que han sido abusadas,
desaparecidas y víctimas de feminicidio por las autoridades e incluso,
su propia familia.
Desde la consolidación del estado
contemporáneo iraní, las mujeres han sido un músculo de lucha, tanto
así, que es necesario referir que el movimiento Mujeres, vida, libertad,
puso en aprietos a la República Islámica; mujeres, adultas mayores,
universitarias tomaron las calles de Irán para exigir su liberación del
régimen islámico.
Un sueño que fue frustrado por el uso de las
violentas fuerzas armadas, sin embargo, su lucha se ha gestado de manera
intermitente desde 1979 y aunque resisten en su país a través de la
autodefensa -como la amistad y la protección entre mujeres-, el fenómeno
del belicismo llega como un factor externo; ¿el Estado que violenta a
sus mujeres las va a proteger de las fuerzas castrenses israelíes?
Fuente: Pexels
Mujeres ante la guerra
Es
cierto que los conflictos armados traen consigo una cadena de violencia
para las personas que habitan el territorio bélico; todas y todos se
encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, sin embargo, son
las infancias, adultas mayores y mujeres a quienes viven el abuso de
manera diferenciada de sus congéneres.
Hay que mirar el contexto
del Medio Oriente para comprender cómo el estallido de una guerra
impactará en la vida de las mujeres; la discriminación, la fragilidad de
las instituciones, la crisis alimentaria y la feminización de la
pobreza es clave para saber que, en Irán, una guerra atravesará de
manera cruenta sobre los cuerpos de las mujeres.
Esto último, lo reafirma el informe Mujeres en zonas de conflicto,
que se centra en estudiar el impacto del belicismo en la región de
Oriente medio y que denuncia que son las mujeres y niñas quienes
enfrentan las más brutales muestras de violencia sexual, cuentan con
menos recursos para protegerse y son la principal fuerza que se encarga
de ejercer el trabajo de cuidado con sus hijas, hijos, personas con
discapacidad o adultas mayores.
Irán cuenta con una población de
43 millones 496 mil mujeres (el 49% de la población), de este universo,
sólo el 16.8% es económicamente activa, según datos del Banco Mundial
2023.
La baja participación en el mercado laboral y la
vulnerabilidad económica, da pie a que existan menos posibilidades de
migrar, sostenerse económicamente y acceder a recursos de alimentación y
vivienda en contextos bélicos.
De acuerdo con ONU Mujeres podemos inferir el impacto de los conflictos armados de la siguiente manera:
Los índices de mortalidad y desnutrición entre madres e hijas- hijos aumenta
El 60% de las muertes maternas que se pueden evitar se producen en contextos de guerra
1 de cada 5 mujeres refugiadas o que están siendo desplazadas a causa del belicismo viven violencia sexual
Las niñas tienen 2.5 veces más probabilidad de no acceder a la educación
A
pesar de que exista un discurso de que la población civil no sufrirá
los estragos de un posible conflicto armado entre Israel e Irán, es
importante apuntar a que se tiene registro de más de 10 mil mujeres
palestinas asesinadas en manos del Estado israelita.
«Durante
las guerras, la violencia física, verbal o sexual contra las mujeres y
las niñas se utiliza para imponer agendas políticas, humillar al
oponente y destruir a las comunidades, se utiliza como arma de guerra
contra el enemigo»
Los
soldados de ocupación publicaron imágenes de ellos mismos jugando con
lencería de mujeres palestinas en una casa que ocupaban en Gaza,
presentándolas burlonamente como "armas terroristas".
Se desconoce el destino de la familia palestina dueña de la casa; pueden haber sido… pic.twitter.com/3Fjk1ltGeo
En
este sentido, hay que poner el acento en que las mujeres iraníes no
sólo se encuentran en una lucha con su propio Estado que las ha
vulnerado y violentado desde hace casi 50 años, sino que la amenaza
israelita está latente; las mujeres y niñas iraníes deben ser
protegidas, porque su lucha por sobrevivir es un doble filo.
Ante
el panorama, algunos países han pedido mediar la situación como Francia
o los Estados Unidos, sin embargo, es difícil destensar las
circunstancias de la región; esto es un conflicto histórico donde, es
probable, no haya espacio para más diplomacia internacional. Esto lo ha
dejado muy claro Netanyahu que no ha escatimado en amenazar al Estado
Iraní que ya se prepara para contener el contraataque israelita.
En
este contexto, hay que poner la lupa sobre las mujeres, niñas, adultas
mayores y adolescentes que serán fuertemente atravesadas por el contexto
bélico; un sector que resiste al interior de Irán y que ahora, deberá
hacerlo también a causa de la fuerza israelita apoyada por los Estados
Unidos.
.-Ciudad
de México.- En medio siglo, de 1974 a la fecha, la tasa de fecundidad
descendió en México hasta 1.6 hijas e hijos por cada mujer, y de acuerdo
con especialistas de población esto refleja la evolución de la sociedad
mexicana, el papel de las mujeres en ella, el derecho a decidir sobre
sus propios cuerpos, así como a decidir cuándo y dónde tener a sus
respectivas hijas e hijos, lo que se traduce en que la lucha de las
mujeres ha dado opciones para decidir.
Lo anterior se discutió
durante la ceremonia de inauguración de la exposición “Memoria Histórica
de la Política de Población en México” realizada en la Cámara de
Senadores, donde el subsecretario de Gobernación comentó que muchos de
los cambios en la natalidad en el país tienen que ver con la lucha de
las mujeres y el derecho a decidir sobre sus cuerpos, así como a
considerar sus planes de vida donde no necesariamente entra la
maternidad.
A propósito de estas cifras y la caída de la natalidad
en el país, la especialista Tania Meléndez Elizalde, maestra en
Estudios Políticos y Sociales, señaló en entrevista para la Coordinación de Género de la UNAM que son estos datos los que nos indican que las mujeres son las que actualmente deciden postergar la maternidad.
“Estamos
hablando de un México que parece lejano y que hoy gracias a la lucha de
las mujeres, a las asistencialistas de los derechos sexuales y
reproductivos en nuestro país, tenemos avances legislativos y de
política pública que permite garantizar estos y otros derechos que
habían sido negados a las mujeres en nuestro país”, puntualizó el
subsecretario de Gobernación.
Según información proporcionada por el Censo de Población y Vivienda 2020
de México, por primera vez, el nivel de fecundidad del país se
encuentra bajo el de reemplazo poblacional (que estima 2.2 hijos por
mujer), con una Tasa Global de Fecundidad (TGF) de 1.9 hijos por mujer,
cifra que seguirá cayendo.
Fuente: CIMACFoto, César Martínez López
En
la Ciudad de México, según cifras del INEGI, el promedio de hijas e
hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más, también descendió
en las últimas décadas. En el año 2000, en promedio tuvieron 2 hijas e
hijos; en 2010 bajó a 1.9 y en 2020, a 1.6.
Causas clave en la reducción de natalidad
Las causas por las cuales las mujeres han disminuido el número de hijas e hijos que tienen actualmente son múltiples.
Académicas
como Tania Meléndez señalan que entre estas causas podemos destacar los
movimientos feministas que han promovido un entendimiento distinto del
papel de la mujer en la sociedad; la divulgación y uso de diversos
métodos anticonceptivos, así como el incremento de la escolaridad de la
población en general y la estabilidad económica.
“En
la medida en que las mujeres tienen más acceso al conocimiento, a
adquirir grados escolares mayores, proponen proyectos de vida enfocados a
su profesionalización, postergan la vida reproductiva y, en muchos
casos, deciden no tener hijos”, afirma.
Otros
factores importantes en la disminución de la natalidad son el tiempo
necesario para establecerse en el mercado laboral, las barreras para
equilibrar el trabajo, la vida familiar y el poco acceso a la vivienda
en el país.
Fuente: CIMACFoto: César Martínez López
La
caída constante de la tasa de natalidad actual también se relaciona
directamente con el establecimiento de políticas públicas del Estado
mexicano para reducirla, y su participación en diversos organismos
internacionales quienes llamaron a partir de la década de los setenta a
implementar acciones para reducir la tasa de natalidad.
“En esos
años se creó el Consejo Nacional de Población y se establecieron
campañas como la que durante el gobierno de Luis Echeverría tenía el
slogan de ‘La familia pequeña vive mejor’”, recordó Meléndez.
Por
último, el subsecretario de Gobernación recordó que el trabajo del
Consejo Nacional de Población (Conapo) durante estos 50 años nos permite
imaginar hoy cómo será el panorama demográfico mañana y qué podemos
esperar al respecto, pues se estima que para 2030 esta cifra descienda a 1.88, para llegar a 1.72 en 2050, según el INEGI.
Fuente: Red de Indígenas Mayangna vía X.- Ciudad
de México.- En el último periodo de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tiniska Rivera, activista e
hija del líder indígena Brooklyn, denunció que el Estado de Nicaragua
está anulando la autonomía indígena otorgando recursos a extranjeros y
dejando en total vulnerabilidad a la comunidad que hoy es víctima de
abuso e invasión, lo que podría amenaza su territorio desde un
etnocidio.
Se tiene registro de 4 defensores de bosques
originarios de Mayangna que han sido condenados a cadena perpetua; así
como la lideresa indígena Nancy Henriquez y su par, Brooklyn Rivera
quienes han sido víctimas de desaparición forzada y hasta la fecha, se
desconoce su paradero.
Personas no indígenas han llegado al
territorio para desplazar a la población originaria de Nicaragua; a
través del cual se está ejerciendo saqueo de recursos naturales,
violación a los derechos humanos, despojo forzado y también, masacre en
contra de la población que se rehúsa a abandonar su territorio.
De
este proceso colonizador, las mujeres y las niñas están siendo víctima
de abuso sexual y secuestro. Son utilizadas por parte de los colonos
extranjeros para amenazar y forzar a las familias a abandonar sus
territorios.
Según el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), de 2018 a 2023 se documentaron 35 casos de abuso
sexual y sólo este 2024, se registraron 58 casos de violencia sexual
contra niñas y mujeres indígenas en 15 comunidades nicaragüenses.
En
Nicaragua los pueblos indígenas de Mayangna y Miskitu de la Costa del
Pacífico atraviesan una recrudecida violencia interétnica, política y
ambiental de sus territorios originarios; la amenaza de un etnogenocidio
se mantiene latente y está siendo avalada por el mismo Estado que se
articula con la industria ganadera extranjera que masacra, despoja y
abusa de mujeres indígenas.
En esa última sesión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) organizaciones nicaragüenses
denunciaron que, desde 2018, los territorios de Mayangna y Miskitu están
siendo colonizados y en los últimos años, la violencia ha escalado
tanto que las dos comunidades están al borde de un etnocidio.
El PIB y la renta per cápita de Nicaragua sigue siendo el segundo más pobre
de América Latina, después de Haití. El acceso a servicios básicos como la
electricidad,
el agua potable y saneamiento es bajo y en gran medida desigual. Otros
indicadores sociales claves como el acceso a la educación, tasa de
finalización escolar y tasa de embarazos adolescentes están a la zaga
del promedio regional.
¿Qué está pasando en Nicaragua y quiénes son responsables?
El
Estado se encuentra promoviendo la venta y arriendo ilegal de
territorios indígenas, esto produce el extractivismo de las tierras y la
ganadería extensiva. Como resultado, personas extranjeras,
mayoritariamente de origen chino, canadiense y colombiano han comenzado a
poblar las comunidades de forma violenta.
Según denuncia CEJIL,
los colonos están armados; amenazan, agreden y asesinan a las personas
oriundas de la comunidad. Este 2024, la violencia aumentó, alcanzando
los 643 ataques contra poblaciones indígenas sólo en los primeros seis
meses de lo que va del año.
«Se
instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas.
Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos
regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos
Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para
simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López, indígena
mayagna Ulwa.
Sergio Julian y Serato Juwith, defensores del bosque asesinados en Mayangna, 2023
Fuente: PATROL vía X
Ante la CIDH, se denunció el actuar «desvergonzado» de países en la región que se consideran «campeones en los derechos humanos«,
pero continúan colaborando con Estados para violentar, extraer y
explotar recursos para sus industrias, como por ejemplo, Canadá que
tiene conocimiento del abuso y las masacres que se están cometiendo en
Nicaragua, denunció el nicaragüense Arif Bulkan, relator de la CIDH.
La
contracara de esta violencia sistémica recae en la responsabilidad del
Gobierno, que ha referido en sus informes nacionales e internacionales
que existe un «buen clima de inversiones» para asegurarse ante las
industrias mineras y ganaderas extranjeras a costillas de los derechos
humanos de las comunidades campesinas, agricultoras e indígenas.
Una
herramienta que se está utilizando para consolidar el desplazamiento y
extinción de estas personas defensoras de sus territorios es el
amedrentamiento por parte de las fuerzas armadas, pues según denunció la
abogada del CEJI, Camila Ormar, las personas que luchan contra la
usurpación de sus tierras son criminalizadas y perseguidas por el
Estado.
Fuente: INDIGENA MISKITU vía X
Este
caso de violenta colonización también está siendo solapado por las
autoridades judiciales, pues existe una altísima corrupción y
discriminación en contra de la población indígena, a quienes no se les
da prioridad cuando anteponen denuncias. Por el contrario, las
autoridades se encuentran a disposición de aquellas personas con carnet
extranjero, denunció la abogada de Raza e Igualdad, Tsáitami Ordóñez.
Como
resultado, las personas indígenas son criminalizadas o reciben
represalias luego de acercarse a las autoridades para denunciar, lo que
les impide acceder a la justicia y obtener protección.
La demanda
que se puso ante la CIDH, pide que los mecanismos de cooperación
internacional intercedan por Nicaragua reforzando sus políticas de
condicionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
derechos humanos, forzando a países colonos a pedir el consentimiento
previo y libre a las comunidades indígenas, antes de ingresar a los
territorios.
La producción, por encima de los derechos culturales
Este
sector extranjero proveniente del territorio del Pacífico arribó a las
costas del Caribe, alegando que en las otras comunidades de donde han
salido huyendo, la tierra es demasiado árida a diferencia de las costas,
donde se tienen ricas boscosas y tierra fértil que permite a la
industria de la carne prosperar.
Es importante señalar que esta
industria es la tercera más importante de la exportación nicaragüense,
sólo detrás de la ropa y el oro. Esto ha originado un conflicto por las
tierras, que va más allá de la explotación del recurso, sino que
también, posee tintes raciales, culturales, económicos y de misoginia.
Los
colonos apuestan por el monocultivo y la producción por la derrama
económica, valores que resultan incompatibles con la visión indígena de
Mayangna y Miskitus, donde la sustentabilidad compartida es la clave
para la prosperidad.
Fuente: Mayangna Clan vía X
En
estos territorios se maneja la tenencia colectiva y la relación
armónica con la Madre Tierra, mientras que los colonos buscan hacer uso
de toda violencia para usufructuar y explotar las tierras bajo la
permisión del Estado de Nicaragua que intenta acrecentar su Producto
Interno Bruto, quedando así, un panorama donde los saberes indígenas y
la cosmogonía están siendo pisoteadas por la insaciable producción
capitalista.
«La
paz es la convivencia armoniosa entre las familias, entre las
comunidades y con la naturaleza. Hoy en día no vivimos en armonía por la
misma intranquilidad que hay por la presencia de muchas personas de
otras culturas en nuestra comunidad. En la Costa Caribe no hay paz, no
hay armonía, no hay satisfacción ni hay felicidad en el entorno
comunitario. El desafío es la reconstrucción de esa paz que hemos
perdido.» (Larry Salomón, indígena Mayangna y editor de Debates
Indígenas)
.- La periodista bielorrusa, Svetlana en su libro La Guerra no tiene rostro de mujer,
señala que estamos acostumbradas/os a las narraciones de las guerras
desde las miradas masculinas donde el número de tanques, muertos, tipo
de armamento y generales al frente son los que cuentan, pero cuando
hablamos de la guerra desde la mirada femenina la perspectiva cambia a
los olores, colores y escenarios.
Diría que lo mismo tiene que
ocurrir en los cómo se informa sobre las competencias deportivas, donde
las narraciones se han construido a partir de ganadores y vencidos,
pero, tenemos que aprender a mirarlas desde la presencia de las mujeres,
iniciando con las Olimpiadas.
Porque lo que tenemos ahora, no
sólo es la paridad en cuanto a la presencia de las mujeres en esta justa
olímpica, sino las formas distintas de estar en esta competencia
mundial.
Miremos lo lejos que estamos del año 1900 cuando se llevó
a cabo la primera competencia olímpica donde solo participaron 2% de
mujeres atletas, 124 años después en la misma sede de entonces no solo
hay 50% de mujeres compitiendo, sino que hay guarderías, salas de
lactancia para garantizar el bienestar de las competidoras y sus hijas e
hijos, así como atletas que contienden embarazadas que nos demuestran
que esto no significa renunciar a su vida profesional.
Incluso hay
una delegación de las personas refugiadas, donde también participan
mujeres, que nos recuerdan que este mundo sigue teniendo graves
conflictos violatorios de derechos humanos, que aun cuando dejen estar
en el escenario mediático sigue ahí, generando toda clase de dolores
humanos, especialmente a quienes por sus condiciones sociales se ven más
afectadas como son las mujeres, la niñez y las personas adultas o con
alguna discapacidad.
Decía que sí o sí tenemos que desterrar las
narraciones de vencidos y vencedores en las competencias deportivas,
para cambiarlas por las del reconocimiento del triunfo de las otras.
Y
la muestra nos la pusieron las gimnastas Simone Biles y Jordana Chiles
de Estados Unidos, al hacer una reverencia para la ganadora Rebeca
Andrade, mujeres que saben lo que es la discriminación por su color de
piel y por su cabello, por no cumplir con los estereotipos de
blanquitud.
Mujeres profesionales que compitieron con lo mejor que
cada una tenía por la medalla de oro en su disciplina, pero que nunca
se miraron como enemigas, rompiendo con ello el mandato patriarcal de la
enemistad entre mujeres, como señala la antropóloga feminista Marcela
Lagarde y de los ríos.
Porque lo que el patriarcado nos ha
enseñado a la humanidad es que las mujeres debemos mirarnos, concebirnos
y tratarnos como enemigas, lo cual ha servido para evitar las alianzas
entre nosotras y avanzar en la igualdad.
Las gimnastas Simone Biles, Jordan Chiles y Rebeca Andrade; así como la velocistaAllyson Felix, quien promovió la Guardería y el centro de lactancia desde su posición en el comité olímpico internacional, no
solo abonaron a la construcción del reconocimiento entre mujeres, sino
que hicieron evidente los años de desigualdad y discriminación que se
mantuvieron gracias a los estereotipos y prejuicios sexistas.
El
mundo cambió, las mujeres deportistas son atletas que como cualquiera
desarrolla músculos para poder rendir en la disciplina que ellas han
elegido.
La nota no es que estén las madres o mujeres embarazadas,
sino todos los años que se tardaron para estar en las olimpíadas en
mejores condiciones.
Desde esta lógica, las narraciones deportivas
tendrán que alejarse de frases sexistas o vivir en el rechazo tanto de
la audiencia como del gremio periodístico que ha hecho un principio
ético del buen periodismo el trato justo para las mujeres, tal cual como
lo vimos con la Asociación de reporteras francesas y el mismo el
sindicato, quienes hicieron público su rechazo ante los comentarios
sexista de un locutor sobre una de las competidoras de tenis.
Acá
ya no caben las visiones dicotómicas de buenos y malos, del mundo
privado es de las mujeres y el público para los hombres, porque el mundo
es para todas y todos y de eso las mujeres se han encargado de irlo
demostrando.
Aparna
Khuntia, una de las socias voluntarias para asegurar el acceso al agua,
prueba el agua potable de calidad de un grifo en una vivienda de una
barriada popular de Bhubaneswar, la capital del estado de Odisha, en el
este de India. Imagen: Manipadma Jena / IPS
BHUBANESWAR, India – «Las disputas diarias en el único punto de
agua de los barrios marginales de Bhubaneswar, donde cientos de hogares
dependían de esta única fuente de agua no potable, quedaron en el
pasado», dice Aparna Khuntia, integrante de una legión de voluntarias
que contriueron a que cada hogar de esta ciudad del este de India
disponga ahora de agua potable corriente, las 24 hora del día.
No es poca cosa, si se tiene en cuenta que la capital del estado
oriental de Odisha está inundada por una ola de migrantes del campo a la
ciudad. De los 8,86 millones de hogares rurales de Odisha, uno de cada
tres tiene un emigrante, según datos del gobierno.
De ellos, 70 % se traslada dentro del Estado, la mayoría a la capital, en explosivo desarrollo.
Los recién llegados a la ciudad pueden montar un refugio con carteles
publicitarios desechados y unos cuantos palos de bambú, pero el acceso
al agua, por no hablar del agua potable, sigue siendo un gran problema.
«Incluso los barrios marginales reconocidos por el gobierno, como
nuestra colonia en 2019, solo disponían de dos horas de suministro de
agua al día. Las familias numerosas que no podían almacenar suficiente
se enfrentaban a dificultades incalculables. Muchos tenían que pagar por
un camión cisterna cada dos días. Las conexiones ilegales de agua eran
rampantes, lo que se traducía en enormes pérdidas de ingresos para el
gobierno», dijo Khuntia, de 36 años, a IPS.
En 2030, 2000 millones de personas seguirán viviendo sin agua potable
«El ecuador de nuestro viaje hacia 2030 ha pasado. El mundo está en camino de alcanzar solo 17 » de las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», revela el más reciente informe de Naciones Unidas sobre el estado de cumplimiento de los ODS en 2024.
El ODS 6,
centrado en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua llimpia y el saneamiento para todos, reveló que entre 2015 y 2022,
la proporción de la población mundial que utiliza agua potable
gestionada de forma segura aumentó de 69 a 73 %, según el informe.
Aunque ahora más personas acceden al agua potable, en 2022, 2200
millones seguían sin disfrutar de este derecho humano básico. Alcanzar
la cobertura universal en 2030 requerirá multiplicar por seis las tasas
actuales de avance en materia de agua potable gestionada de forma
segura, advierte el informe.
En 2022, según la ONU, aproximadamente la mitad de la población
mundial sufría una grave escasez de agua durante al menos una parte del
año. Una cuarta parte se enfrentaba a niveles «extremadamente altos» de
estrés hídrico.
Situaciones de este tipo se viven en este verano boreal extremo de
2024 en los mayores centros económicos de India: Bangalore y Delhi.
El cambio climático agrava estos problemas. La agencia de
calificación Moody’s advirtió en junio sobre que la escasez de agua
podría afectar al futuro crecimiento económico de India.
Aun así, según el informe,
93,3 % de la población india utiliza ya al menos los servicios básicos
de agua potable, que la ONU califica de «moderadamente mejorables».
Las mujeres: las mayores beneficiarias y las mayores gestoras
Para seguir avanzando en el ODS 6, en 2020 el estado de Odisha puso
en marcha la «Misión Beber del Grifo» para dispensar agua potable de
calidad certificada las 24 horas del día, los siete días de la semana,
desde las tuberías instaladas en cada hogar urbano.
Con ese fin creó el grupo de mujeres voluntarias del agua. nombradas como Jal Sathi
o colaboradoras del agua, fueron rigurosamente seleccionadas entre los
grupos de autoayuda locales, formadas y ddeterminadas a marcar la
diferencia.
Y bien que han marcado esa diferencia.
El departamento gubernamental de Vivienda y Desarrollo Urbano
«aumentó la recaudación de las tarifas del agua en torno a 90 %», afirmó
Khuntia. Como representantes de la colaboración comunitaria en la
gestión del agua urbana, son las principales interesadas en una
iniciativa novedosa.
Un funcionario clave del gobierno, G Mathi Vathanan, que en su día
dirigió la empresa estatal Water Corporation of Odisha (Walto, en
inglés), encargada de la misión del agua para todos del gobierno
regional, llegó incluso a escribir un libro sobre las voluntarias, a las
que atribuye gran parte del éxito de la iniciativa.
«Las mujeres de los grupos de autoayuda son las que lograron hacer
realidad el objetivo de llevar el agua a la puerta de cada hogar. El
éxito de la misión se debió a (su capacidad para) fomentar la confianza
de la gente en el gobierno», afirmó.
El servicio que estas voluntarias prestaron y prestan a los hogares
minimizó la diarrea, la ictericia y la mala salud intestinal que
asolaban a los pobres, especialmente a los niños.
El Informe sobre Desarrollo Sostenible 2024
de la ONU sitúa a India en el puesto 109 de 166 en cuanto a avances en
los ODS, lo que indica una «puntuación moderadamente mejorable» pero
«insuficiente para alcanzar las metas».
El gobierno federal indio está estudiando replicar el exitoso Plan de Agua Pura de Odisha en otros estados.
Las gestoras del agua ayudaron a otras mujeres cabeza de familia
llevándoles agua potable y para cocinar a la puerta de sus casas,
eliminando la desproporcionada carga que supone el acceso al agua para
muchas mujeres en la India, un país con más de 1400 millones de
habitantes y desde 2023 el más poblado del mundo.
Un día de trabajo en la vida de una promotora del agua
Cada voluntaria se ocupa de 1200 hogares designados, tanto en sus
propias viviendas como en hogares de mayor categoría. Esta familiaridad
le da una ventaja con sus clientes, de confianza, de franqueza en las
interacciones que la ayudan a conseguir lo que el personal del gobierno
no puede.
Todos los meses visita a los hogares asignados, lee el contador de
agua instalado, genera la factura y, a menudo, también cobra. Pero a los
que no pueden pagar, la socia del agua les visita una y otra vez,
insistiéndoles y engatusándoles para que paguen.
«Les instamos a no malgastar un bien tan preciado como el agua, y a
los que tardaron en contratar una nueva conexión les convencimos para
que lo hicieran», explicó Khuntia.
Con los contadores de agua instalados y los pagos obligatorios, los
hogares tienden a no malgastar el agua. En los barrios marginales, las
facturas no solían superar las 50 o 65 rupias (menos de un dólar), un
monto asequible incluso para los más pobres.
«Así que esta misión del agua potable del grifo fue una victoria
tanto para el gobierno como para los consumidores», dijo a IPS Khuntia,
madre de dos hijos. También garantiza ciudades y comunidades sostenibles
según el ODS 11. Los ingresos obtenidos por el gobierno regional
garantizan el mantenimiento de las infraestructuras hídricas.
Khuntia explicó que a pedido de los usuarios se analizó el agua del
grifo con equipos que llevaban consigo. También informaban de problemas
relacionados con el agua y de fugas en las tuberías que comprometían la
pureza del agua al personal de mantenimiento del gobierno, que acudía
inmediatamente.
«Antes, la gente rara vez llamaba al personal si notaba daños en las
tuberías; a veces era deliberado, por robo de agua. Pero como visitamos a
las familias a menudo y se sienten cómodas con nosotros, recibimos esta
información muy rápidamente», añadió.
La meta 6-1 del ODS 6 determina para 2030 el acceso universal y
equitativo al agua potable segura y asequible para todos. La misión
«Beber del grifo» es una iniciativa para lograrlo.
Según la Watco, en marzo de 2023, 4,5 millones de residentes urbanos
de 29 organismos locales urbanos de los 115 que hay en el estado de
Odisha tendrían ya acceso a los servicios de agua potable del grifo o
estarán en condiciones de hacerlo.
Con este plan no solo se garantiza la equidad en el suministro de
agua, sino también la sostenibilidad mediante la instalación de
contadores de agua en todas las tuberías domésticas. Como los hogares
pagan por el agua, tienden a no derrocharla.
Sin embargo, tras cuatro años de servicio, estas voluntarias han
exigido un mejor reconocimiento pecuniario por sus servicios. Lo que
reciben ahora equivale a 5 % del total de su recaudación como incentivo,
100 rupias si inscriben a un nuevo cliente para una conexión de agua y
una bicicleta.
Aparna Khuntia dijo a IPS que dedica cuatro horas al día a este
trabajo, mientras que sus ingresos mensuales se aproximan a las
5000-7000 rupias (60-84 dólares).
Gran parte de esos ingresos los destina a complementar los de su
marido, que gana 15 000 rupias (180 dólares) manejando un vehículo
rickshaw de tres ruedas, para sufragar los gastos del hogar, incluido el
alquiler de una habitación. «Lo que sobra se gasta durante los
festivales o cuando visitamos a parientes en el pueblo», detalló.
«Con el cambio de gobierno en las elecciones de junio de este año, el
nuevo gobierno de Odisha está reorganizando todo el sistema de grupos
de autoayuda de mujeres. Las Jaal Sathis posiblemente
recibiremos una nueva designación, pero el programa, que ha tenido mucho
éxito, continuará», dijo a IPS el director de operaciones de Watco,
Sarat Chandra Mishra.
.-Ciudad de México.- En el marco del segundo aniversario de la anulación de la sentencia Roe vs Wade
que trajo consigo un efecto dominó en los congresos y encauzó la
penalización del aborto en Estados Unidos, se acerca una contienda por
la presidencia de ese país, por lo que los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres en ese país serán una fundamental en las
campañas políticas.
