En audiencia donde se escuchó denuncia de CIMAC
De la redacción
México DF, 4 nov 08 (CIMAC).- El pasado 28 de octubre se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA) la audiencia temática “Riesgos y vulnerabilidad que afectan a las defensoras de derechos de las mujeres en las Américas”, que convocaron conjuntamente el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Center for Reproductive Rights, Human Rights Watch, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos (MULABI).
En la audiencia participaron las y los comisionados Paolo Carozza, presidente de CIDH; Luz Mejía, relatora para los Derechos de la Mujer, y Víctor Abramovich, además de la secretaria ejecutiva Adjunta de CIDH, Elizabeth Abi-Mershed. Katrina Anderson, del Center for Reproductive Rights, estuvo a cargo de la presentación de los casos.
Durante la audiencia se presentó un video con el relato de defensoras de derechos humanos que han sido violentadas en diferentes países de la región: Lucía Lagunes, de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) en México; Ana Maria Pizarro, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua; Belissa Andia Pérez, Instituto Runa–International Lesbian and Gay Association de Perú; Luz Estela Castro Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chiahuahua, México, y Platinum Richardson de J-FLAG de Jamaica.
Nidia Corzantes, representando al Instituto de Estudios Comparado en Ciencias Penales de Guatemala, comentó respecto al caso de JMR, mujer indígena, violada en una comisaría por dos policías y que posterior a la captura de uno de ellos, se dio inicio a una serie de ataques en contra las activistas de la organización, tales como secuestro, intimidación, amenazas, robo de documentos.
El Estado no garantizó ninguna investigación frente a estos casos, a pesar de denuncias ante el Ministerio Público las cuales fueron sobreseídas. Tampoco se ha cumplido de manera concreta con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
NICARAGUA Y COLOMBIA
Valéria Pandjiarjian, en representación de CLADEM, sumó su voz de solidaridad y denuncia e hizo un alto llamado a la Comisión para que procedan todas las investigaciones y toma de medidas de protección en favor de las defensoras de derechos de las mujeres.
Señaló en especial a las feministas de Nicaragua, que bajo el gobierno de Gobierno de Daniel Ortega han sufrido ataques, amenazas a su vidas y de sus familias, acciones legales y campañas mediáticas con el objeto de acosarlas y desprestigiarlas, por parte de autoridades estatales, debido a su expresiones en contra del régimen, considerando estos actos como represalia política frente a su apoyo a denuncia de Zoilamérica Narváez, hija adoptiva de Ortega, por abuso sexual y por la campaña emprendida contra la penalización de aborto.
En su presentación también llamó la atención de las situación de defensoras de derechos de las mujeres en contexto de política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, expresando su preocupación por la gravedad y sistemática violación de sus derechos en razón del conflicto armado y de la violencia sociopolítica en el país.
Casos de desplazamiento, violencia sexual, torturas, asesinatos, amenazas y persecuciones son violaciones cotidianas en la vida de la mujeres defensoras colombianas, desde su participación política social, en su trabajo con mujeres campesinas, sindicalistas en su lucha por la búsqueda justicia y paz, enfatizó.
Culminó su exposición tratando las violaciones en contra de las defensoras de los derechos de las mujeres que viven con VIH, y que en gran parte son mujeres que viven bajo esa misma condición, como es el caso de Laura Inés Pérez, de la Red Uruguay y de la Red Latinoamericana de Personas que viven con VIH/SIDA.
Ella ha relatado su experiencia de constantes ataques debido a la estigmatización y discriminación prevaleciente en nuestra sociedad que pone la responsabilidad de la infección en las personas que viven con esta enfermedad.
Prosiguió, Natasha Jiménez, desde MULABI, quien llamó la atención de la vulnerabilidad de las defensoras que trabajan con el tema de identidad, expresión de género y orientación sexual, así como la elevada frecuencia y brutalidad de los ataques que reciben, abusos policiales, asesinatos, tortura, desplazamiento forzado, con la indiferencia y complicidad activa de la sociedad, sin que exista por parte del estado medidas preventivas ni investigaciones.
Asimismo se niega en muchos casos el registro de la personería jurídica, contratación o a trabajar con plena libertad.
Culminó la presentación de las peticionarias con la participación de Juliana Cano, de Human Rights Watch, quien, en el marco de los temas a enfrentar, colocó con énfasis los especiales riesgos y la intimidación que sufren las profesionales médicas cuando proporcionan asistencia y servicios de salud a las mujeres.
Expresó, también que, a través de la presentación de los testimonios recogidos, se puede ayudar la CIDH a desarrollar y enriquecer su definición de defensoras y defensores de derechos humanos de las mujeres (DDHMs).
Además, agregó que la señora Hina Jilani, ex-representante especial de defensoras y defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, ha reconocido que la definición de defensoras y defensores incluye a muchas categorías de personas: activistas, abogadas y abogados, juezas y jueces, y profesionales de la salud, entre otras.
Las defensoras trabajan en un amplio campo, como se ha demostrado en la audiencia, desde los derechos sexuales y reproductivos hasta proteger los derechos de las mujeres sindicalistas.
Esperamos, dice el comunicado de CLADES, que de esta manera que la CIDH piense expansivamente en una definición de DDHMs.
08/GG
De la redacción
México DF, 4 nov 08 (CIMAC).- El pasado 28 de octubre se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA) la audiencia temática “Riesgos y vulnerabilidad que afectan a las defensoras de derechos de las mujeres en las Américas”, que convocaron conjuntamente el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Center for Reproductive Rights, Human Rights Watch, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos (MULABI).
En la audiencia participaron las y los comisionados Paolo Carozza, presidente de CIDH; Luz Mejía, relatora para los Derechos de la Mujer, y Víctor Abramovich, además de la secretaria ejecutiva Adjunta de CIDH, Elizabeth Abi-Mershed. Katrina Anderson, del Center for Reproductive Rights, estuvo a cargo de la presentación de los casos.
Durante la audiencia se presentó un video con el relato de defensoras de derechos humanos que han sido violentadas en diferentes países de la región: Lucía Lagunes, de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) en México; Ana Maria Pizarro, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua; Belissa Andia Pérez, Instituto Runa–International Lesbian and Gay Association de Perú; Luz Estela Castro Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chiahuahua, México, y Platinum Richardson de J-FLAG de Jamaica.
Nidia Corzantes, representando al Instituto de Estudios Comparado en Ciencias Penales de Guatemala, comentó respecto al caso de JMR, mujer indígena, violada en una comisaría por dos policías y que posterior a la captura de uno de ellos, se dio inicio a una serie de ataques en contra las activistas de la organización, tales como secuestro, intimidación, amenazas, robo de documentos.
El Estado no garantizó ninguna investigación frente a estos casos, a pesar de denuncias ante el Ministerio Público las cuales fueron sobreseídas. Tampoco se ha cumplido de manera concreta con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
NICARAGUA Y COLOMBIA
Valéria Pandjiarjian, en representación de CLADEM, sumó su voz de solidaridad y denuncia e hizo un alto llamado a la Comisión para que procedan todas las investigaciones y toma de medidas de protección en favor de las defensoras de derechos de las mujeres.
Señaló en especial a las feministas de Nicaragua, que bajo el gobierno de Gobierno de Daniel Ortega han sufrido ataques, amenazas a su vidas y de sus familias, acciones legales y campañas mediáticas con el objeto de acosarlas y desprestigiarlas, por parte de autoridades estatales, debido a su expresiones en contra del régimen, considerando estos actos como represalia política frente a su apoyo a denuncia de Zoilamérica Narváez, hija adoptiva de Ortega, por abuso sexual y por la campaña emprendida contra la penalización de aborto.
En su presentación también llamó la atención de las situación de defensoras de derechos de las mujeres en contexto de política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, expresando su preocupación por la gravedad y sistemática violación de sus derechos en razón del conflicto armado y de la violencia sociopolítica en el país.
Casos de desplazamiento, violencia sexual, torturas, asesinatos, amenazas y persecuciones son violaciones cotidianas en la vida de la mujeres defensoras colombianas, desde su participación política social, en su trabajo con mujeres campesinas, sindicalistas en su lucha por la búsqueda justicia y paz, enfatizó.
Culminó su exposición tratando las violaciones en contra de las defensoras de los derechos de las mujeres que viven con VIH, y que en gran parte son mujeres que viven bajo esa misma condición, como es el caso de Laura Inés Pérez, de la Red Uruguay y de la Red Latinoamericana de Personas que viven con VIH/SIDA.
Ella ha relatado su experiencia de constantes ataques debido a la estigmatización y discriminación prevaleciente en nuestra sociedad que pone la responsabilidad de la infección en las personas que viven con esta enfermedad.
Prosiguió, Natasha Jiménez, desde MULABI, quien llamó la atención de la vulnerabilidad de las defensoras que trabajan con el tema de identidad, expresión de género y orientación sexual, así como la elevada frecuencia y brutalidad de los ataques que reciben, abusos policiales, asesinatos, tortura, desplazamiento forzado, con la indiferencia y complicidad activa de la sociedad, sin que exista por parte del estado medidas preventivas ni investigaciones.
Asimismo se niega en muchos casos el registro de la personería jurídica, contratación o a trabajar con plena libertad.
Culminó la presentación de las peticionarias con la participación de Juliana Cano, de Human Rights Watch, quien, en el marco de los temas a enfrentar, colocó con énfasis los especiales riesgos y la intimidación que sufren las profesionales médicas cuando proporcionan asistencia y servicios de salud a las mujeres.
Expresó, también que, a través de la presentación de los testimonios recogidos, se puede ayudar la CIDH a desarrollar y enriquecer su definición de defensoras y defensores de derechos humanos de las mujeres (DDHMs).
Además, agregó que la señora Hina Jilani, ex-representante especial de defensoras y defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, ha reconocido que la definición de defensoras y defensores incluye a muchas categorías de personas: activistas, abogadas y abogados, juezas y jueces, y profesionales de la salud, entre otras.
Las defensoras trabajan en un amplio campo, como se ha demostrado en la audiencia, desde los derechos sexuales y reproductivos hasta proteger los derechos de las mujeres sindicalistas.
Esperamos, dice el comunicado de CLADES, que de esta manera que la CIDH piense expansivamente en una definición de DDHMs.
08/GG
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