12/15/2010

Aunque se reconoció su importancia, el tema de género no llegó a textos oficiales


Avances y acuerdos de la COP16 en Cancún

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 14 dic. 10 (CIMAC).- Los acuerdos de la 16 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-16) realizada en Cancún, avanzaron en el tema financiero, en la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), y llegaron a un consenso sobre el incremento de la temperatura, sin que el tema de género quedara en los textos oficiales.

Aunque el tema de género se incluyó en los foros paralelos de alto nivel como en aquellos coordinados por las organizaciones civiles, esto con el objetivo de que los textos oficiales lo tomaran en cuenta, pese a este trabajo, la perspectiva de género no quedó en forma explícita oficialmente.

Sin embargo, sí comenzó a incidir en el trabajo de diversas agencias de Naciones Unidas, quienes reconocieron la importancia de este tema pese a que no lo llevaron a las negociaciones oficiales.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el avance fue que las iniciativas acordadas están encaminadas a proteger del cambio climático a las personas vulnerables y a las que viven en mayores condiciones de pobreza, la mayoría, mujeres.

Es así que se acordó la creación de un fondo verde destinado a entregar recursos económicos a los países en desarrollo para que éstos puedan hacer frente a los efectos del cambio climático.

EL FONDO ECONOMICO

Este fondo buscará movilizar 100 mil millones de dólares al año, a partir de 2020. Este mecanismo financiero aún carece de un proceso de funcionamiento y de lineamientos que generen confianza en términos de transparencia y de uso eficiente de dichos fondos.

Para algunas organizaciones sociales que participaron en los eventos alternos a la CO-16, este acuerdo da mayor poder al Banco Mundial y a otras instituciones financieras internacionales para condicionar los recursos, con lo cual los países más pobres se endeudarán fácilmente.

Un acuerdo más fue el consenso en torno al mecanismo que protegerá los bosques tropicales y que pretende salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas y la biodiversidad: el acuerdo de REDD.

Este programa es promovido por la Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el PNUD, quienes consideraron que el acuerdo sobre REDD es un avance positivo en la conservación y el manejo sostenible de los bosques del mundo para combatir el cambio climático.

Desde el 29 de noviembre en la COP-16 se inició la campaña “Women in REDD” –todas las mujeres vestidas o llevando un accesorio de color rojo– con el objetivo de promover la participación femenina en la reducción de la tala y la mala gestión de los bosques y en las negociaciones oficiales para que la cumbre fuera exitosa, lo cual se logró.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), promotor de la iniciativa REDD, las mujeres representan el 70 por ciento de los pobres del mundo y proporcionan hasta un 90 por ciento de los alimentos en las comunidades dependientes del bosque.

Finalmente, los países establecieron que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero también debe tener un límite, por lo tanto llegaron a la conclusión de que para 2020 éstas reducciones deberían ser de entre 25 y 40 por ciento. Además coincidieron en que el incremento de la temperatura del planeta debe estar debajo de los 2 grados centígrados.

El texto aprobado en la COP-16 consideró iniciativas a favor de la gente más pobre, gran parte de ellos mujeres, auque no hizo mención de ellas; y además dejó abierta la puerta para que en la COP-17 se le diera continuidad al Protocolo de Kioto.

Al respecto organizaciones agrupadas en el Diálogo Climático han dado a conocer su postura de que México siga avanzando a nivel local en este tema.

Mediante diversas comunicaciones, las organizaciones ambientales han exhortado a las autoridades nacionales a implementar políticas públicas que incluyan el cambio climático de forma transversal, que consideren las desigualdades de género, que incluyan a las comunidades en las decisiones y que garanticen un presupuesto acorde a este reto.

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