5/13/2015

Explotación por parte de autoridades y patrones han provocado la muerte de 32 niños en campos agrícolas


    por:  / 13 mayo, 2015

(13 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- David Salgado Aranda era originario de la comunidad Nahua de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, tenía 8 años de edad cuando murió en un surco, atropellado por un tractor, mientras cortaba tomates en el campo de Santa Lucia, perteneciente a la Agrícola Paredes, ubicada en la Sindicatura de Costa Rica en Culiacán, Sinaloa. El pequeño había migrado junto con sus padres y hermanos a la región, como forma de manutención, un mes después murió.
Timoteo Ventura Pastrana a sus cuatro años de edad perdió su brazo en un accidente que provocó uno de los trabajadores del rancho El Carmen, ubicado en el municipio de Cd. Jiménez, en el estado de Chihuahua, a donde sus padres migraron y se enrolaron como jornaleros en el corte de chile jalapeño. El menor se encontraba dentro de dicho campo agrícola, junto con su familia, quienes se encontraban alrededor de una pila con agua, repentinamente Daniel Chacón Chávez de 17 años, chofer de una de las camionetas que traslada a los jornaleros a las galeras donde viven, encendió el motor, aceleró en reversa y se fue a impactar contra el estanque, y entre éste y el vehículo quedó prensado el brazo de Timoteo. Los empresarios se negaron a brindar una atención médica pronta al niño. En el hospital de Chihuahua no le pudieron salvar el brazo.
Según cifras de María Méndez, asistente del Programa de Protección a la Infancia de (UNICEF) en México, “en los últimos 5 años se identificó 30,553 niños y niñas de seis a 14 años, hijos de jornaleros agrícolas migrantes, en 13 estados del país. De estos menores, 18,628 no asistían a la escuela porque tenían que ayudar a sus padres en la recolección”.
Marcial Solano González, originario de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, tenía 11 meses de edad cuando murió de una enfermedad diarreica dentro del campo Isabelitas, que pertenece a Agrícola del Valle, en el municipio de Villa Juárez, Sinaloa. Su muerte se debió a la falta de atención médica de calidad en el Hospital General de esa entidad, en donde se supone que están afiliados por parte de la empresa y deben ser tratados igual que el resto de los derechohabientes de ese estado.  Marcial había sido llevado por su madre Cecilia González Mauricio a Sinaloa, en donde se empleó como jornalera ante la falta de trabajo en Guerrero. Su caso además de evidenciar la negligencia médica del hospital, también mostró la forma autoritaria en que actúan los empresarios de ese estado pues se negaron a apoyar a Cecilia para trasladar el cuerpo de su hijo, más bien fue obligada a sepultarlo en el panteón de la Sindicatura de Costa Rica de aquella entidad.
Un sinnúmero de historias que dan muestra de la realidad de los menores jornaleros terminan en muerte. De enero de 2007 a abril de 2015, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ (CDHM) ha documentado la muerte de al menos 39 infantes y 2 adolescentes, que han fallecido en los campos agrícolas debido a accidentes por riesgo de trabajo, al ser atropellados por camiones recolectores o por las camionetas que circulan dentro de los campos agrícolas, asimismo se suma a la falta de atención o negligencia médica: accidentes durante sus traslados del campo a sus viviendas; por picaduras de animales ponzoñosos; por desnutrición, y partos prematuros que no recibieron atención médica oportuna.
De estos, 26 eran niños, 13 niñas y 2 adolescentes, que han fallecido en diferentes campos agrícolas de estados como Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí e Izúcar de Matamoros (Puebla) durante su trayecto a su lugar de origen.

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A pesar de que estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), proponen criterios de reparación del daño ‘verdaderamente restitutorios’, la realidad es contraria, como muestra se encuentran el número de casos que el Centro da a conocer, en donde las familias jornaleras agrícolas no obtienen justicia alguna. Ya que estos criterios son invisibles y comprueban las prácticas cotidianas en las que incurren los patrones, y en ocasiones “en complicidad con las autoridades, para que se deslinden de toda responsabilidad social y legal evitando cumplir con sus obligaciones”, remarca el CDHM.
El caso de David presentó diversas irregularidades, pues en el acta de defunción que se le entregó a la familia, aparece que la causa de su muerte fue por traumatismo cráneo encefálico, y que los hechos acontecieron en la vía pública. Lo que deslinda de cualquier responsabilidad a la empresa; a pesar de que se abrió la averiguación previa CLN/COSRI/04/07 en Culiacán, Sinaloa, para fincar responsabilidades, ya que falleció ejerciendo la labor de jornalero.
“Si es casi imposible respetar los derechos de los adultos, en este caso de niños jornaleros no existen, son invisibles para el gobierno, la problemática la ha visto como un tema de asistencia social para adultos, y aún así sin un verdadero compromiso, tampoco existe tal por parte de las autoridades inmediatas. Lo que refleja los vacíos que hay dentro de la política pública”, afirma Margarita Nemecio, coordinadora del área de migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Y agrega “los vacíos gubernamentales, económicos, políticos, de carácter humano, que se encuentran en la problemática de menores jornaleros, al final derivan en una violación sistemática de derechos humanos que deberían ser fundamentales, sin embargo no solamente son pasados por alto, también desconocidos por el gobierno, producto de esto siguen habiendo entidades donde contratan a niños en la clandestinidad, donde su nivel de riesgo es muy severo y finalmente llega la muerte”.
Además, Nemecio asegura que “resulta terrible observar que ninguna dependencia de gobierno, relacionada con el trabajo agrícola, mantiene vigiladas las zonas de trabajo, tampoco conocen si los contratistas tienen en regla sus operaciones o mecanismos de seguridad, mucho menos se han conformado comisiones para vigilar las condiciones de los trabajadores asalariados en el sector y sobre el problema de la infancia trabajadora que no adquiere remuneración, nadie sabe absolutamente nada”.
Mario Félix Martínez tenía 9 años de edad cuando perdió la vida al ahogarse en un estanque del campo agrícola Patole, de la Agrícola Exportalizas Mexicanas, municipio de San Ignacio, Sinaloa. De acuerdo con el certificado de defunción, la causa fue asfixia por inmersión. El día del suceso el menor regresaría a su comunidad de origen después de haber laborado en el corte de pepino, chile y jitomate, sin embargo, su cuerpo sin vida fue encontrado en un estanque y lamentablemente por la falta de apoyo de la empresa para facilitar y agilizar el traslado del cuerpo, los familiares tuvieron que sepultarlo en el cementerio que se ubica en Dimas, Sinaloa.
“Cuando se ha llegado hablar de la erradicación del trabajo infantil agrícola, solamente se ha supervisado algunos campos y se hacen inspecciones ‘ligeras’, en otros la inspección es aleatoria, y cuando logran encontrar delito, todo se reduce a una suspensión, cuando se habla de multas, son económicas y administrativas, las cuales no son suficientes, porque el marco jurídico que debería de regular este tipo de sanciones, debe ser realmente rígido, ya que ahora solamente finge sancionar, pero no llega a ser un castigo que se encuentre dentro del estándar mínimo de derechos humanos. Así es como se ‘soluciona’ lo inmediato, pero no se regula nada en lo absoluto a largo plazo, es así como la siguiente temporada en ese campo, de ese empresario, la niñez volverá a vivir en el desamparo”, sentencia Nemecio.
Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, el trabajo agrícola se extiende hasta las 6 o 7 de la noche, o incluso más tiempo, si se trabaja a destajo o por tareas, situación generalizada actualmente. Tras la jornada, regresan junto con su familia a las “cuarterías”, cuya característica principal de esta vivienda, es que se encuentra en obra negra y son rentadas por los dueños de los campos en mil y mil 500 pesos mensuales. Los que tienen mayor costo brindan servicios de agua y luz.
En algunos campos agrícolas, los menores jornaleros que tienen menos de 15 años, mantienen una actividad laboral que no está sujeta a un salario como el de los adultos, es decir, que ellos tienen que recolectar el producto e integrarlo al de sus padres o de algún familiar o conocido, para que de esta forma se le retribuya económicamente. Su actividad es un complemento del salario que perciben los adultos.
Según el CDHM  “en los últimos años con las estrategias productivas y de administración laboral de los empleadores, se ha hecho uso extensivo de la mano de obra infantil. Es así como la problemática del trabajo en el caso de menores va en aumento, sin embargo, las políticas públicas impulsadas por el actual gobierno parecen concebir que el problema se resuelve prohibiendo el ingreso de los menores a los campos, sin querer entender que solamente se dará un verdadero paso hacia la solución cuando el salario de los padres de esos menores sea bien remunerado, en la medida en que se amplíe la red de estancias infantiles y escuelas, y se otorguen mejores condiciones laborales a sus padres, de lo contrario, dicha prohibición sólo provoca que el trabajo infantil se traslade a los campos que están en la clandestinidad”.
“La vida no tiene precio, pero estas monstruosas y atroces situaciones de muerte de niños deberían ser indemnizadas, con mayor razón cuando los jornaleros agrícolas deben recibir una ayuda justa por parte de las empresas agrícolas o agricultores, es el mínimo de justicia social a la cual deberían tener acceso, pero sobre todo, los responsables de la muerte de menores y adolescentes no deberían permanecer en la impunidad, como hasta ahora sucede con el respaldo de todas las autoridades involucradas, incluyendo al presidente”, afirma la socióloga Tania Vázquez.
Son las 4:42 de la mañana, Pedro ha despertado 12 minutos tarde, su madre lo apresura, deben estar en el campo antes de las cinco. Por falta de un trabajo estable, la mamá del niño decidió salir de su comunidad hace unos años con sus cuatro hijos.
Han estado en varios campos agrícolas, Pedro de 10 años es quien ayuda a su madre en el corte de tomates. Él los amontona y ella los junta en la cubeta. El menor ha querido seguir estudiando, era el mejor de su clase, pero “si estudio, juego o me quedo en casa, mi madre se cansaría más, no podría trabajar y no tendríamos qué comer, tampoco a dónde ir”, comenta el niño.
La madre de Pedro casi no habla el español, tiene una lengua indígena, pero el menor le enseña algunas frases, ella dice, “no hubiera querido que dejara la escuela, su futuro no debería ser el de un jornalero, pero el precio de la vida está difícil, conforme han pasado los años, comemos cada vez menos y trabajamos cada vez más, esa es la historia del pobre y qué más, nos tocó de este lado, del lado de la miseria”. 

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