Por: Érika Paz
Por Érika Paz / @paz_eri
(13 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Estado mexicano no
ha cumplido las medidas cautelares emitidas el 28 de enero de este año
en favor de Nestora Salgado García, por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH); poniendo en riesgo la vida de la activista
social, quien ayer cumplió siete días en huelga de hambre, en una
prisión de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
En entrevista telefónica con Revolución TRESPUNTOCERO, la
abogada Alejandra Gonza, de la Clínica de Derechos Humanos de la
Universidad de Seattle, explicó que desde noviembre de 2013 se buscaron
las Medidas Cautelares para Nestora, una batalla que se libró por más
de un año y fueron otorgadas recientemente en enero.
A partir de que la clínica de Seattle atrajo el caso, se ha buscado
“la liberación inmediata de Nestora en lo que corresponde en derecho, y
segundo en tanto que esa liberación no ocurra, pedíamos el traslado
humanitario a un hospital cercano a la familia en el Distrito Federal
(lo que no fue aceptado), así como las medidas cautelares pero
finalmente no se cumplieron ninguno de los tres elementos”, mencionó.
Desde la ciudad de Seattle en Estados Unidos, Alejandra Gonza
precisó que “uno de los puntos especiales de la CIDH y de los
estándares internacionales en materia de derechos humanos, es que
cuando se está ante una situación de riesgo en la salud, las
evaluaciones médicas que se realizan a la persona detenida deben ser
atendidas por médicos profesionales, independientes y de confianza de
la beneficiaria de las medidas cautelares.
Sin embargo, “este es otro punto que no hemos podido lograr: que el
Estado mexicano respete. Lo que hizo fue someter a Nestora a distintas
evaluaciones médicas […]. Esas evaluaciones médicas se han usado para
vulnerar, nuevamente, los derechos de Nestora”, precisó Alejandra Gonza.
“El testimonio más alarmante es en el que ella cuenta que en una
de las evaluaciones –y no sabemos bien cuál, porque el acceso a Nestora
es tan difícil– le insertaron agujas por todo su cuerpo. Agujas que le
daban choques eléctricos en distintas partes de los nervios de sus
músculos”.
Nestora, Coordinadora de la Policía Comunitaria del municipio de
Olinalá, Guerrero, fue detenida el 21 de agosto de 2013 por el entonces
gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, y el alcalde Eusebio
González Rodríguez, bajo cargos de fuero federal que más tarde le
fueron retirados.
Sin embargo sigue en reclusión en una prisión de máxima seguridad
por cargos del orden común, sin que haya sido condenada por el delito
de secuestro que se le imputa. Es preciso recordar que Nestora Salgado
forma parte de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC), desde donde denunció los
nexos de funcionarios con la delincuencia organizada.
A tres meses de cumplir dos años en prisión, Nestora ha sido
orillada a la huelga de hambre como una acción extrema para exigir su
propia liberación, al haber sido “detenida ilegal y trasladada
arbitrariamente a una prisión federal por orden del Ejecutivo de
Guerrero”, sin que hasta el momento se haya logrado la revisión
judicial del caso.
“Apenas tuvimos conocimiento de la huelga de hambre, se mandó un
escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, para
denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares, puntualizó la
abogada Alejandra Gonza.
Quien también recordó que el 16 de marzo de este año, la Clínica de
Derechos Humanos de la Universidad de Seattle logró concretar “una
acción urgente dirigida al gobierno mexicano suscrita por el grupo de
detenciones arbitrarias de Naciones Unidas (ONU)” y siete relatores y
expertos de la ONU en materia de “violencia contra la mujer, pueblos
indígenas, salud, independencia judicial y derechos humanos”.
La abogada hizo hincapié en que “Nestora no comienza esta huelga de
hambre en una situación de salud ideal. Justamente ya había demostrado
un deterioro progresivo en su salud”, tal como consta en la resolución
de la CIDH.
Por lo que al Estado mexicano no le corresponde determinar si
Nestora “está sana o enferma a través de evaluaciones médicas. Eso está
acreditado internacionalmente. Y lo que tiene que hacer es procurar las
medidas y sacarla de esa situación en que sólo el Estado la ha colocado
y la ha arrinconado en una medida tan radical como el entrar en una
huelga de hambre”.
Cuestionada sobre la actuación del Estado y las autoridades
mexicanas en el caso de la activista social Nestora Salgado; Alejandra
Gonza identificó ciertos patrones de actuación en contra de líderes
sociales, como la fabricación de delitos de fuero federal, el traslado
a prisiones alejadas del lugar de origen, la obstaculización de la
defensa legal y la violación a los derechos humanos.
Finalmente, Alejandra Gonza enfatizó en la necesidad del
acompañamiento en las acciones de solidaridad para la liberación,
mismas que se llevan a cabo en Estados Unidos y México. Así como en la
exigencia de liberación a los titulares de los Ejecutivos Federal y del
estado de Guerrero, antes de que el caso llegue “a las últimas
consecuencias”, como lo ha dicho Nestora desde su reclusión.
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