Adital
Movimientos de mujeres y por los derechos humanos de El
Salvador están expectantes sobre la reacción del gobierno ante las cerca de 300
mil firmas por la descriminalización del aborto, inclusive en caso de
interrupciones espontáneas del embarazo, en ese país. La total prohibición del
aborto ha acarreado el encarcelamiento de mujeres, que sufren condenas de hasta
40 años de prisión, por el simple hecho de abortar espontáneamente.
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| Campaña de Amnistía exige descriminalización extrema del aborto en El Salvador. |
La directora del Programa Regional para las Américas
de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, entregó recientemente una
petición conteniendo más de 300 mil firmas al presidente salvadoreño, Salvador
Sánchez Cerén, para que la prohibición total del aborto sea despenalizada en el
país. "Desde hace casi dos décadas, las mujeres de El Salvador sufren las
consecuencias de esa legislación draconiana y desfasada, y ahora 300.000 voces
de la comunidad global se unen a la lucha para terminar con la injusticia. El
presidente Sánchez Cerén va a escuchar este llamamiento", afirma Erika.
Para ella, esa prohibición sin restricciones no tiene
lugar en una sociedad moderna. La prohibición hace que se encarcele durante
décadas a mujeres por complicaciones obstétricas sobre las cuales no tiene
control, y empujan a otras a someterse a peligrosos abortos clandestinos que
causan muertes.
Activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo
están uniéndose a grupos salvadoreños de defensa de los derechos de las mujeres
para pedir a las autoridades salvadoreñas que den acceso a un aborto seguro y
legal, por lo menos cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la
salud, cuando sea resultado de una violación sexual o en casos de malformación
grave del feto.
Debido a las leyes represivas del país, mujeres y
niñas salvadoreñas son declaradas culpables por abortar y pueden pasar entre
dos y ocho años en la cárcel. La prohibición se extiende inclusive a niñas que
hayan sido estupradas. La ley obliga, efectivamente, a todas las mujeres a
llevar a término el embarazo, aunque tenga consecuencias físicas o psíquicas
devastadoras para ellas. Los profesionales de la medicina también pueden sufrir
penas de prisión por facilitar la realización de abortos. La prohibición ha
generado tanto miedo a las condenas que, actualmente, cuando los médicos tienen
que atender a mujeres que sufren abortos espontáneos, llaman a la policía.
Amnistía Internacional destaca en su campaña los casos
de 17 mujeres, conocidas como "Las 17”,
presas por delitos relacionados con el embarazo. Una de ellas, Carmen Guadalupe
Vásquez Aldana, recibió el indulto presidencial en enero de este año, después
que las autoridades reconocieron que hubo "errores judiciales" en el
proceso original. Después de siete años de prisión, Carmen salió de la cárcel
finalmente el 22 de enero de 2015. Otra de esas mujeres fue liberada el año
pasado después de cumplir su condena, pero otras 15 todavía están detrás de las
rejas. Amnistía pide la libertad inmediata de todas las mujeres y niñas presas
por abortar o que son criminalizadas por complicaciones relacionadas con el
embarazo.
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| 15 mujeres continúan presas cumpliendo condenas por haber abortado, algunas espontáneamente. |
Otros cinco países latinoamericanos tienen prohibiciones
contra el aborto semejantes a El Salvador: Chile, Haití, Honduras, Nicaragua y
Surinam. Chile ya está tomando medidas para rectificar sus leyes: en enero
último, la presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso un proyecto de ley
que permite el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre, si el feto no
sobrevivirá o en caso de estupro. En diciembre de 2014, República Dominicana despenalizó
el aborto en casos de violación, incesto, malformación del feto o riesgo
para la vida de la madre.
Lea más sobre la situación de El Salvador en el
Informe "Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y prohibición del
aborto en El Salvador: www.amnesty.org/es/documents/amr29/003/2014/es/
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