Diputados criminalizan aborto para aprobar cuentas públicas
La
prohibición del aborto en México va más allá de las restricciones
legales, pues para acceder al derecho a decidir las mujeres también se
enfrentan a la falta de educación sexual, de autonomía sobre sus
cuerpos, a los estigmas sociales, la desinformación y las decisiones
políticas que ignoran sus derechos.
En ello coincidieron expertas y defensoras de Derechos Humanos (DH)
de las mujeres, quienes participaron ayer en el foro “Por el derecho a
decidir”, realizado en la antigua sede del Senado y de cara al Día por
la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se
conmemora el próximo 28 de septiembre.
Elsa Conde Rodríguez, ex diputada federal e integrante de la Campaña
Nacional por el Derecho a Decidir, expuso la forma en la cual en los
congresos locales los derechos de las mujeres se han convertido en una
“negociación política” entre los partidos, que han hecho eco de las
peticiones de la Iglesia católica.
Recordó que entre 2008 y 2010, y tras la despenalización del aborto en
el Distrito Federal, se reformaron 16 constituciones locales para
“proteger la vida desde la concepción o fecundación”.
Conde Rodríguez observó que las reformas respondieron a una
iniciativa generalmente promovida por algún obispo del estado en turno,
quien dialogaba con los legisladores e incluso con los gobernadores,
dando como resultado que todas las fracciones parlamentarias legislaran
contra los DH de las mujeres.
El recuento de la feminista señala que 10 gobernadores priistas
(Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sonora, Veracruz y Yucatán), y seis panistas (Baja California,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro y San Luis Potosí) apoyaron las
iniciativas y entre los 466 legisladores que aprobaron las reformas hay
diputados de todas las bancadas.
Pese a las recomendaciones internacionales en la materia, “no se ha
podido discutir el tema de aborto con información veraz y suficiente, y
lo que hemos visto es que este tipo de reformas se han aprobado a cambio
de avalar las cuentas públicas, es decir lo que se discute en el
trasfondo público es el presupuesto y no los derechos de las mujeres”,
criticó Elsa Conde.
Rebeca Ramos Duarte, coordinadora de Políticas Públicas del Grupo de
Información en Reproducción Elegida (GIRE), expuso que durante 2014 los
casos que ha acompañado su organización en materia de aborto son de
niñas de hasta 11 años de edad que fueron violentadas sexualmente, y que
acudieron a los servicios médicos a solicitar la interrupción legal del
embarazo, pero les fue negada la atención.
Explicó que pese a que esta es la causal (violación sexual) permitida en
todo el país, existen obstáculos que la hacen inaccesible, tales como
el requisito de presentar la denuncia penal o la negativa de los médicos
a realizar la práctica, y quienes en muchos casos han denunciado a las
mujeres.
Mayra Zamaniego, de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y
Reproductivos, dijo que el acceso al aborto seguro también se ve
limitado por las condiciones de desigualdad social, la falta de
educación sexual integral, el desconocimiento del cuerpo, y un limitado
acceso a servicios de salud y métodos anticonceptivos que afrontan
muchas mexicanas.
Puso como ejemplo el caso de Guerrero, una de las entidades con más
causales de interrupción legal del embarazo, pero también de los estados
donde se registran más hospitalizaciones por abortos inseguros.
Zamaniego abundó que la desigualdad social juega un papel primordial
en materia de acceso al aborto seguro, al precisar que las mujeres en
condición de pobreza tienen 2.5 por ciento más posibilidades de tener un
aborto en condiciones inseguras, en contraste con las mujeres con más
de 13 años de estudios (es decir con nivel universitario), que tienen
93.5 por ciento menos posibilidades de tener una interrupción insegura.
A esto se suma que las indígenas tienen cinco veces más probabilidades
de abortar de forma insegura, y las mujeres de 15 a 24 años, el doble de
posibilidad que las mujeres de otro rango de edad.
“Al hacer un cruce de estos datos, nos damos cuenta de que una mujer que
es indígena, que vive en un contexto de pobreza, joven y sin acceso a
educación, tiene nueve veces más posibilidades de arriesgar su vida al
realizarse un aborto”, abundó la activista.
A este contexto de desigualdad, se suma el hecho de que a nivel
cultural “la realización plena de una mujer está vinculada con la
maternidad”, lo que lleva a que cuando una mujer interrumpe su embarazo
rompe este “paradigma social”.
Zamaniego enfatizó que es necesaria y urgente la realización de una
campaña de información a nivel nacional para dar a conocer las causales
por las que se puede interrumpir un embarazo, ya que se ha visto que
“sin fundamento científico, los médicos les dicen a las mujeres que
pueden morir en estos procedimientos”, advirtió.
Por: Anaiz Zamora Márquez Cimacnoticias | México, DF.-
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