El GIEI y el Tribunal Permanente de los Pueblos

Gianni Tognoni*

La Jornada

La larga campaña de ataques desarrollada en contra de los trabajos y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humano, se ha caracterizado por sus objetivos de desprestigiar la metodología y la fiabilidad de su trabajo y por la absoluta ausencia de atención a los datos que reconstruyen los eventos dramáticos, hasta la fecha impunes, que habían motivado la necesidad urgente de nombrar a este grupo internacional independiente y competente por un organismo tan conocido por su autoridad moral y su trayectoria rigurosa.

Nos sentimos obligados y autorizados a tomar la palabra en cuanto representantes de otro organismo internacional, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que ha trabajado intensamente a lo largo de cuatro años, investigando (con el respaldo y la colaboración muy activa de un sinnúmero de grupos de ciudadanos y expertos de México) la extensión, las causas, las responsabilidades de las violaciones masivas de derechos humanos de las personas, las comunidades y pueblos del país. Uno de los miembros de la comisión que ha sufrido más ataques, Carlos Martín Beristain, es también integrante del TPP.

Los hechos investigados por el GIEI han coincidido con la fecha de una de las audiencias del TPP que, en su sesión final realizada en noviembre de 2014, escuchó también testimonios de la masacre de Ayotzinapa. Las evidencias presentadas han sido tan contundentes que el jurado del TPP decidió asumir lo que ocurrió a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa como resumen trágico y ejemplar de todos los hechos que el TPP había documentado y analizado mediante los datos, los informes y los testimonios recogidos; como pruebas fidedignas del carácter sistemático de las violaciones sufridas por el pueblo de México, durante las 10 audiencias temáticas dedicadas a todos los sectores afectados por la violencia en el país: trabajadores, mujeres, jóvenes, activistas y defensores de derechos humanos, maestros y educadores, periodistas y comunicadores, migrantes, soberanía alimentaria, comunidades indígenas y campesinas, medioambiente y salud.

Por eso declaró que “los días de esta audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México han coincidido con uno de los momentos socialmente más dramáticos e institucionalmente más críticos en la vida de la sociedad mexicana.

La presencia y el testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala clausuraron las sesiones públicas de la audiencia final del TPP-México. Con todo el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y la connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en la larga lista de violaciones a los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se está manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos.

Sin pretender retomar los detalles del texto de la sentencia final del TPP, es preciso recordar algunas de las afirmaciones más pertinentes del veredicto: El TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas, asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible, que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, la pobreza, la emigración, la violencia social y la desprotección, y le niega el presente y el futuro; de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano en torno a objetivos de desarrollo.

No es difícil reconocer en estos escenarios de responsabilidades e impunidad una estrecha coincidencia con los resultados del trabajo del GIEI. La trayectoria del TPP y la competencia, autonomía y representatividad que la integran, así como la consistencia de sus conclusiones, son bien reconocidos y se han construido a lo largo de más de 40 sesiones, en las que se han investigado y juzgado algunas de las realidades más críticas y trágicas de la historia de los recientes 30 años.

La coincidencia de dos organismos internacionales independientes, tanto en las conclusiones como en la demanda de transparencia, que queda sin respuesta de las autoridades públicas, es una prueba más de un contexto de impunidad programada frente al cuadro de violaciones masivas de los derechos humanos en México. Y esa realidad no se puede modificar con campañas de desprestigio contra quienes la muestran en toda su extensión.

*Italiano, doctor en medicina y cirugía; es especialista internacional en políticas sanitarias. Desde su fundación en 1979, es secretario general del TPP. Dirige el Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri Sud, que realiza investigaciones independientes en los principales sectores de la medicina y en políticas de medicamento.

El Chihuahua indignado, en el TPP

Víctor M. Quintana S.

El Chihuahua que se indigna y lucha comparece estos días ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en la audiencia dedicada a la represión a los movimientos sociales. Diversas organizaciones sociales norteñas harán ante este prestigiado tribunal de conciencia el recuento de 50 años de luchas, de agravios, de violencia en contra de los movimientos que la sociedad chihuahuense ha levantado para resistir a las políticas explotadoras, depredadoras y autoritarias, lo mismo del modelo económico de sustitución de importaciones que del modelo neoliberal, dominado por el capital financiero; de gobiernos salidos de la imposición, como de los emanados de una nunca acabada y estancada transición a la democracia.

Acusarán al Estado mexicano que en los años 60 mediante el gobierno de Giner Durán, apoyado por latifundistas ganaderos y madereros, reprimió a los campesinos de la UGOCM demandantes de tierra; desalojó, persiguió a campesinos y dirigentes y cerró las escuelas normales rurales. Lo denunciarán por haber clausurado todos los espacios de protesta pacífica y no dejarles a los campesinos, maestros y estudiantes otra vía que la de las armas. Lo acusarán de la represión sangrienta, la persecución, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias que perpetró contra los grupos guerrilleros encabezados por Pablo Gómez y Arturo Gámiz en 1965, y Jorge González Eguiarte en 1968, y contra los guerrilleros encabezados por Diego Lucero y Avelina Gallegos en 1972.

Acusarán al Estado porque desde fines de los años 70 reprimió en Chihuahua a los dirigentes y las bases de los movimientos urbano-populares que reivindicaron y ocuparon lotes para autoconstruir sus viviendas, ante la carencia de las mismas, por el afán especulador de los terratenientes urbanos. Denunciarán los desalojos violentos, las aprehensiones, la negativa de los gobiernos a proporcionar servicios públicos a los asentamientos populares hasta que la lucha de los posesionarios se los fue arrancando.

Señalarán al Estado mexicano por ejercer diversas formas de violencia contra dirigentes y militantes de organizaciones campesinas como El Barzón, el Frente Democrático Campesino, el Comité Pro Mejoramiento del Agro, Agrodinámica Nacional, que han luchado contra los efectos perversos del modelo de agricultura capitalista, extractivista, favorecedor del libre comercio y los grandes productores nacionales y trasnacionales. Denunciarán al Estado por encarcelar a los activistas campesinos que luchan contra las altas tarifas de energía eléctrica para riego como Armando Villarreal Martha, posteriormente asesinado; a quienes demandan precios justos para sus productos; políticas que favorezcan la soberanía alimentaria y el desarrollo de los agricultores pequeños y medianos. Acusarán al Estado de ejecutar desalojos violentos cuando las organizaciones ocupaban de manera pacífica, oficinas públicas, carreteras o puentes internacionales; de negar el acceso a programas y recursos públicos a quienes impugnan sus políticas excluyentes, y de criminalizar constantemente la protesta rural.

El Estado mexicano y los bancos serán acusados por reprimir continua y sistemáticamente a los deudores de la banca, sobre todo los agrupados en El Barzón, desde los años 90. Por ejecutar embargos, desalojos, expropiaciones injustas del patrimonio familiar; por golpear a quienes lo defienden en contra de banqueros y prestamistas. Por emplear torcidamente la ley contra dirigentes y activistas de las organizaciones de deudores y emprender campañas de linchamiento mediático contra ellos.
Acusarán a las empresas forestales, mineras y turísticas que con el apoyo del Estado mexicano han ejercido la violencia institucional, policiaca o de guardias blancas contra las comunidades indígenas que defienden su territorio, sus recursos naturales, su tradición y su cultura, como las de Bakéachi, Coloradas de la Virgen, Mogotabo, Norogachi, y otras más. Los acusarán de amedrentar a las comunidades, de perseguir a sus dirigentes. De los asesinatos impunes de 10 líderes indígenas entre 1977 y 1992 y del asesor de Bowerasa Ernesto Rábago. Los acusarán también de las amenazas e intento de asesinato contra la abogada Estela Ángeles Mondragón y su hija.

Se fustigará al Estado mexicano en todos sus órdenes por la negligencia culpable y la represión directa contra las organizaciones de mujeres que defienden los derechos de éstas y en contra de mujeres que, solas, han luchado porque se les haga justicia. Lo acusarán del feminicidio de Marisela Escobedo, de Susana Chávez y de varias más. De haber emprendido campañas de desprestigio contra organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas o el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres por cuestionar las políticas gubernamentales y exigir el fin de la impunidad de los agresores. Lo responsabilizarán de las amenazas contra dirigentes como Norma Ledezma, Lucha Castro, Cipriana Jurado, Marisela Reyes, y muchas más. También lo acusarán por la violencia simbólica que propicia en los medios de comunicación contra las defensoras de los derechos de las mujeres.

Denunciarán al Estado por la represión ejercida contra las organizaciones derechohumanistas de Chihuahua. Por criminalizar la labor de quienes velan por los derechos de las víctimas en un contexto de violencia criminal y violencia de Estado. Lo acusarán por propiciar el asesinato o haber actuado con negligencia en los casos de los integrantes de la familia Reyes Salazar: Josefina, Malena, Rubén y Elías, y de Luisa Ornelas. De Benjamín Le Baron y Luis Whitman; de Géminis Ochoa, Alicia Salaiz Orrantia, Paz Rodríguez Ortiz y Paz Alberto Rodríguez Salaiz, y del maestro Manuel Arroyo Galván. Lo señalarán por entorpecer el trabajo de los derechohumanistas, de no actuar con eficacia para protegerlos.

Con autoridad moral acusarán al Estado y a las empresas y grupos de poder económico que practican la minería extractivista y la sobrexplotación de mantos acuíferos y cuencas hidrológicas por los múltiples ataques a los activistas y a los campesinos que defienden el agua y el medio ambiente. Los acusarán del doble asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, el 22 de octubre de 2012: de los ataques a los ejidatarios de Benito Juárez, que rechazan la instalación de la mina El Cascabel. De las agresiones contra los agricultores que defienden la cuenca del río del Carmen contra la depredación por grupos de menonitas acaudalados. De los ataques contra los ejidatarios de Huizopa, municipio de Madera, por defender su tierra de la devastación practicada por Minera Dolores.

En síntesis, los activistas sociales de Chihuahua acusarán al Estado mexicano, y a los grupos de poder político y económico, de ejercer diversas formas de represión y violencia sistemáticas contra los movimientos sociales surgidos precisamente para defenderse y reivindicar sus derechos ante la explotación, exclusión, devastación y violencia multiforme generadas por las decisiones tomadas desde el propio Estado. Lo acusarán de intentar borrar con la violencia cualquier intento de resistencia y de construcción de contrapoderes emprendido por los diversos movimientos sociales. Lo acusarán de reprimir desde hace muchos años a quienes se indignan y se yerguen para construir condiciones de justicia, libertad y dignidad para todas y para todos.

TPP: Las políticas del Estado Mexicano están diseñadas para acabar con el pueblo maya

por Lorena Aguilar Aguilar

• Galeria imagenes

Esta preaudiencia se dividió en dos partes, el día 9 de noviembre se presentaron diversos casos de agravios contra el pueblo maya en la península de Yucatán; al siguiente día se escucharon testimonios personales de las personas agraviadas.

Los días 9 y 10 de noviembre de 2013, se llevó a cabo la Preaudiencia “Táan u xu´ulsaj k-kuxtal” (están acabando con nuestra vida) del Tribunal Permanente de los Pueblos-capítulo México. Políticas de exterminio contra el pueblo maya, del eje: Violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía, en la escuela de agricultura ecológica U yits ka´an de Maní, Yucatán.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un tribunal ético, internacional, de carácter no gubernamental, continuador de la experiencia del Tribunal Russell que en su tiempo juzgó los crímenes de Estados Unidos en Vietnam y a las dictaduras latinoamericanas. En palabras de organizadore, el TPP, es un proceso de año y medio, que ha servido para sistematizar todos los agravios a los pueblos. La gente agraviada puede ser escuchada en un espacio de encuentro.

Esta preaudiencia se dividió en dos partes, el día 9 de noviembre  se presentaron diversos casos de agravios contra el pueblo maya en la península de Yucatán; al siguiente día se escucharon testimonios personales de las personas agraviadas.

La preaudiencia comenzó el día 9 con una oración dirigida por Ernestina López Bac, teóloga maya Cakchikel; recordó que ese era un día especial, el 2 aurora o amanecer, explicó que durante la aurora empieza a desvanecerse la oscuridad para dar paso a la luz, y que ese amanecer nos invita a la esperanza.

Ernestina López Bac, o hermana Tinita como cariñosamente le llamaron, formó parte del equipo de dictaminadores y dictaminadores del tribunal, equipo se conformó también por Gloria Muñoz Ramírez, Raúl Lugo Rodríguez, Sylvia Marcos, Carlos Vicente, Andrés Carrasco, Luis Macas y Sara López González, quienes atentamente escucharon con interés y preocupación cada caso; al finalizar cada presentación realizaron preguntas.

El primer caso fue el de San Antonio Ebulá, Campeche, un caso de desalojo violento e impunidad. 76 familias fueron desalojadas violentamente mientras veían como todo su patrimonio era destruido por parapolicías al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se dice dueño de las tierras donde se asentó la comunidad, la agresión se llevó a cabo “a vista y paciencia” de las autoridades.

De este caso siguió, el de despojo de tierras en el municipio de Hopelchén, Campeche; el “mosco” Pereira, con engaños despojó a ejidatarios de más de 99 hectáreas de tierras,  el ejido ha demandado, sin embargo, las autoridades correspondientes han favorecido a los ladrones.

También escuchamos otro caso de despojo, el de la población de Chablekal, Yucatán. Personas del ejido fueron privadas de sus derechos agrarios en procedimientos poco claros. El gobierno ha sido comprador de estas tierras a bajísimos costos para después revenderlas. Las tierras de Chablekal son codiciadas por encontrarse al norte de Mérida, zona que actualmente está siendo explotada para crear fraccionamientos y zonas residenciales exclusivas.

Posteriormente se presentó el caso de las poblaciones que se encuentran al poniente de Bacalar, Quintana Roo. Las tierras ejidales son vendidas a extranjeros y consencionadas a Monsanto. Por una parte, preocupan las facilidades que se le otorgan a extranjeros para comprar las tierras que se despojan a ejidatarios y por otro, la contaminación de la apicultura a causa de la siembra de soya transgénica por parte de Monsanto. De acuerdo a lo expresado por uno de los representantes, los gobiernos ahorcan con la pobreza a los ejidatarios para obligarles a vender sus tierras.

El siguiente caso fue el de la contaminación que ocasiona la soya transgénica, producida por Monsanto,  a la apicultura en Hopelchén, Campeche.  En este municipio hay 14 mil hectáreas de soya transgénica. En 2011 se otorgaron los permisos para la siembre de soya transgénica, en 2012 se logró la suspensión provisional de los permisos y en 2013 se levantó dicha prohibición.

La contaminación de la miel es sumamente grave ya que el mercado europeo no quiere presencia de transgénicos en la miel, esto afecta la economía de apicultores mayas. Los menonitas han tenido todas las facilidades para sembrar la soya transgénica y han deforestado el municipio de Hopelchén.  Además, se está autorizando la perforación de pozos para la extracción de agua.

Otro caso que involucra al municipio de Hopelchén, es el despojo de tierras a los pobladores del ejido  X Kix, a quienes les han arrebatado 1,300 hectáreas de tierra. Los apiarios de esta zona se dañaron porque la empresa biomaster riega con químicos, desde avionetas, a sus animales.  Los ejidatarios han solicitado la regularización de tierras, sin embargo, hasta la fecha no cuentan con documentos que comprueben la existencia del ejido.

También se denunció el caso de la expropiación, con engaños, de tierras de la ampliación forestal del ejido Ich Ek, para la creación de la biósfera de Calakmul.

El último caso que se presentó fue el de la construcción del Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo. Este proyecto traería consecuencias funestas para la zona de la costa, además de que golpearía fuertemente la industria local. Los convenios se firmaron en total oscuridad. Sus opositores han sufrido amenazas e intimidaciones.

Después de la presentación de los casos se llevó a cabo un evento cultura y con esto finalizó la jornada el primer día.

Los testimonios no solo fueron de las personas agraviadas por las políticas de exterminio, sino también el equipo dictaminador compartió sus experiencias y sus luchas, ya sea desde el periodismo de abajo, así como las luchas con sus pueblos, así como desde el ámbito académico y el cristianismo de base.

Pudimos escuchar testimonios sobre la organización para defender el maíz criollo, para organizarse de manera independiente en la elaboración de proyectos que realmente respondan a las necesidades de la población. También escuchamos las palabras de Fray Tomás, acerca de la movilidad forzada del pueblo maya a causa de la pobreza. Sobre las luchas de las mujeres mayas en la defensa de sus derechos, sobre la educación colonizante, sobre las afectaciones a los pobladores mayas de Hopelchén, Campeche y por último, la historia del genocido maya.

Después de un receso para la comida, el equipo dictaminador emitió un predictamen. En palabras del equipo dictaminador, los casos presentados son formas de resistencia al despojo y destrucción del planeta.

Los casos son un despojo sistemático, síntoma del sistema capitalista. El despojo no solo es de las tierras físicas, sino también del espacio donde los pueblos desarrollan su cultura, espacio para seguir siendo pueblo. En todos los casos vimos la alianza entre gobierno y empresarios. El despojo también destruye el tejido comunitario indígena.

Desde la concepción del mundo maya, el mundo material es uno de los componentes de la madre naturaleza y es necesario que se complemente con el mundo de lo espiritual. La vida para el pueblo maya es una construcción permanente en interrelación entre todos los elementos vitales. Para la concepción maya, la naturaleza es un sujeto actuante, y no un objeto. El equipo dictaminador considera urgente la prohibición de los transgénicos y declarar a la Península de Yucatán, junto con todo México como libre de transgénicos.

Para finalizar, el equipo dictaminador hizo propia la demanda, denunciando que las políticas del Estado Mexicano están diseñadas para acabar con el pueblo maya, y exhortando al Tribunal Permanente de los Puebos que condene al Estado Mexicano por este exterminio.

Magistrados y consejeros electorales, sujetos de juicio político, declara tribunal popular

Señala que el TEPJF lapidó los principios constitucionales al no profundizar su actuación

Demandan que la PGR realice investigación penal ante las omisiones de esos funcionarios

Rafael Barajas –El Fisgón–, Carlos Pellicer, Jesús González Schmal, Bernardo Bátiz, Héctor Vasconcelos y Abel Barrera Hernández, durante la presentación del fallo del Tribunal Electoral PopularFoto Yazmín Ortega Cortés
 

Ángeles Cruz Martínez

eriódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 10

Las omisiones y la pasividad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) incidieron en el desarrollo de los comicios de 2012, y la actuación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lapidó los principios constitucionales, al negarse a ver más allá de las pruebas para valorar los indicios de irregularidades del proceso, por lo cual son sujetos de juicio político en el Congreso, así como de una investigación penal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Así lo resolvió el Tribunal Electoral Popular (TEP), constituido por ciudadanos que no estamos dispuestos a hacer como si no pasara nada y quedarnos cruzados de brazos cuando las autoridades no cumplen con su deber.

Órgano de acusación

El organismo –que durante una semana recibió y analizó las pruebas presentadas por ciudadanos y organizaciones civiles en torno a las anomalías reportadas antes y durante los comicios federales del pasado primero de julio– emitió ayer su fallo, el cual fue dado a conocer por el abogado Jesús González Schmal.

Indicó que los miembros del TEP promoverán entre legisladores de izquierda que adopten como propia esa resolución y promuevan ante la Cámara de Diputados las acusaciones contra consejeros y magistrados electorales, con el fin de que esa instancia legislativa se constituya como órgano de acusación para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes. Luego, la resolución se turnará al Senado, en su carácter de jurado de sentencia.

Respecto de la denuncia penal, el fallo del Tribunal Electoral Popular se llevará ante la PGR, con el fin de que se tome como denuncia de hechos y con el acervo probatorio que ya existe en el IFE y el TEPJF se abra la averiguación previa.

La procuraduría, dijo González Schmal, deberá cumplir su obligación de procurar justicia y defender la vigencia plena del derecho y el orden constitucional.

A la lectura de la sentencia del TEP –presentada en el Club de Periodistas anoche– asistieron, además de González Schmal, Bernardo Bátiz, Héctor Vasconcelos, Abel Barrera, Carlos Pellicer y Rafael Barajas, El Fisgón, en representación del organismo en el que también participan Elena Poniatowska, Enrique Semo, Jesús Martín del Campo, Virgilio Caballero, Magdalena Gómez y Jorge Eduardo Navarrete.

El documento de 19 páginas da cuenta de la actuación lenta y pasiva de los consejeros del IFE al hacer caso omiso de la solicitud hecha en enero de 2012 por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista, con el fin de que el instituto adoptara medidas que garantizaran la equidad.

El IFE contestó más de cuatro meses después, sólo para desestimar los riesgos que advertía el candidato de la izquierda de que hubiera adquisición indebida de espacios en medios de comunicación por parte de terceros, partidos, precandidatos y candidatos.

Tampoco reconoció la necesidad de adoptar medidas para evitar la compra y coacción del voto, ni para llevar un control efectivo sobre la contabilidad y registro de los bienes que como propaganda se distribuían en las campañas.

De igual forma, rechazó la realización de auditorías durante la campaña sobre los recursos de los partidos políticos, con el fin de verificar su origen y destino.

En tanto, los magistrados del TEPJF dejaron de ejercer su facultad de órgano supremo y con eso aportaron el dato para la historia negra de México, señaló González Schmal.

Aunque el TEPJF tenía la facultad constitucional para investigar las denuncias, nunca hizo un esfuerzo por abrir los ojos y ver más allá de las pruebas presentadas. No hicieron el esfuerzo de hacer lo que hace todo juez: buscar la verdad infiriéndola de lo que se conoce.

En lugar de eso, resolvió que la coalición Movimiento Progresista, que reclamó la nulidad de los comicios, no presentó las pruebas de la adquisición encubierta de publicidad en medios de comunicación en favor de la imagen de Enrique Peña Nieto, del uso indebido de las encuestas como forma de propaganda electoral y del financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex, así como del uso de recursos para la compra de voto mediante tarjetas de las tiendas Soriana, entre otras anomalías.

Consejeros y magistrados juraron guardar y hacer guardar la Constitución y no lo hicieron, por lo cual la nación los demanda, concluye la sentencia.

Falla el Tribunal de los Pueblos contra las autoridades federales

Culpables de ola delictiva y abusos contra comunidades indígenas

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de septiembre de 2012, p. 24

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) responsabilizó al gobierno federal de la ola de violencia e impunidad en el país, de los atropellos a los derechos de las comunidades indígenas y de la pobreza de más de la mitad de la población, resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En su primer dictamen sobre el caso Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos indígenas –presentado en mayo pasado por más de 300 grupos y organizaciones sociales en la audiencia que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua– destacó que la lucha contra la impunidad debe ocupar un lugar central en la reflexión y acción colectivas. Recomendó una condena social contra quienes, bajo la doctrina de la seguridad nacional, reprimen y criminalizan la discrepancia, pues ello ha generado violencia social, política y militar.
Durante el foro México y el mundo actual, organizado por Casa Lamm y La Jornada, en el que se dio a conocer el fallo del TTP, John Saxe Fernández, investigador de la UNAM y colaborador de esta casa editorial, comentó que el documento del organismo revela la depredación del territorio nacional, las atrocidades sociales y la atadura económica gubernamental al Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los cuales definió como “instrumentos de clase y de Estado que conforman un engranaje de corrupción y represión (social).

Logra el desahogo de un fenómeno complejo y confirma que los mecanismos del libre comercio no son compatibles con la dignidad humana, los derechos de los pueblos y la sostenibilidad del medio ambiente. Ejemplificó con la crisis del sector agropecuario, resultado de la eliminación de subsidios. El BM y el BID ordenaron diversos programas para el sector a partir de la década de los años 80 y hasta 2003, que suman 11 mil 727.9 millones de dólares que debemos pagar.
Magdalena Gómez, especialista en derechos indígenas y también colaboradora de La Jornada, mencionó que una de las recomendaciones del TPP es que las organizaciones sociales estudien detenidamente los diversos mecanismos –jurídicos, legislativos y sociales– para plantear la retirada de México del TLCAN. Además, continuar documentando las violaciones sociales, económicas y políticas.
Raúl Vera López, obispo de Saltillo, habló de los 40 mil desaparecidos, así como de los asesinados, migrantes y viudas de los mineros de Pasta de Conchos; por ellos, dijo, hay que continuar luchando por un mundo más justo.
Testimonios entregados al TPP y el documento de éste son el retrato de un país desdichado y de quienes desde el poder se oponen a cualquier modificación o cambio que requiere el país; por todos lados que se toque o rasque la estructura política encontramos una muralla de inmoralidades, agregó Víctor Flores Olea, articulista en La Jornada.

México: Caravana rumbo a la audiencia inicial del TPP aborda el tema feminicidios y violencia de género por su paso en Tlaxcala

por Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México

Viernes, 25 de Mayo de 2012

“El Tribunal Permanente de los Pueblos-Capìtulo Mèxico (TPP-Mèxico), señalaron las oradoras, pretende denunciar la violencia del Estado hacia las mujeres, incluyendo las estrategias de acumulación por desposesión que caracterizan el momento actual de desarrollo neoliberal...

Fuente: Cencos

El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de conciencia, un espacio para visibilizar las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a  los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional. Su antecedente lo encontramos en las figuras de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976).

El Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México que lleva por nombre “Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos”, realizará su audiencia inicial en Ciudad Juárez, antes en su recorrido por el país he llegado a Tlaxcala, para abordar el tema de feminicidios y violencia de género, por las graves inequidades de género que persisten en el estado, pues constituyen una radiografía de la situación de violencia contra las mujeres en México.

En el marco de la Caravana rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua,  Teresa Pérez Vázquez y Sylvia Marcos de la Audiencia de Feminicidio y Violencia de Género del Tribunal, Gabriela Rivera del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios y Terasa Ullóa de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, señalaron en Tlaxcala, los impactos del Tratado de Libre Comercio (TLC) en la vida de las mujeres en México y denunciaron las múltiples manifestaciones de violencia que la política económica del Estado mexicano desata e intensifica.

Asimismo, reconocieron que las violencias de género, violencias hacia las mujeres y feminicidios no se reducen exclusivamente a los efectos y consecuencias del TLC, sino que existen previamente múltiples discriminaciones y construcciones sociales y culturales de inferioridad que el modelo político-económico vigente intensifica.

Ubicaron asimismo, las políticas económicas y la administración y gobierno neoliberal como parte de las condiciones que generan mayores vulnerabilidades para las mujeres indígenas, mestizas, afro-mexicanas, obreras y campesinas pobres.

En este contexto de precariedad laboral es que la Audiencia de feminicidio y Violencia de Género denunció también al Estado mexicano por el número significativo de casos de trata y feminicidios, donde son violentadas y asesinadas las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, como una expresión de la violencia estructural hacia éstas en nuestro país.

Como portadoras de la voz de muchas mujeres que buscan a otras desaparecidas y muchas más que han sido encontradas y rescatadas de las complejas redes de tráfico de mujeres y niñas, las oradoras e integrantes de la Audiencia de Feminicidio y Violencia de Género, señalaron que los cuerpos de las mujeres se han convertido en botín de guerra, tanto para las fuerzas policiacas –estatales y nacionales como para el narco.

“El Tribunal Permanente de los Pueblos-Capìtulo Mèxico (TPP-Mèxico), señalaron las oradoras, pretende denunciar la violencia del Estado hacia las mujeres, incluyendo las estrategias de acumulación por desposesión que caracterizan el momento actual de desarrollo neoliberal, la criminalización de la protesta social y la militarización e impunidad”.

El TPP-México hizo énfasis en que, en la comisión de estas formas de violencia, se conjugan condiciones estructurales y situaciones específicas derivadas de la desigualdad de género, y que en la mayoría de los casos, esta violencia es reiterada y alimentada por la impunidad, desde los aparatos de justicia, las costumbres machistas que minimizan las formas de violencia contra las mujeres o las justifican con argumentos que desacreditan la “buena moral y conducta de las mujeres violentadas.

En lo local, Emilio Muñoz Berruecos del Centro Fray Julián Garcés, Rosario Mendieta del Colectivo Mujer y Utopía, Clara Sánchez del Grupo Vicente Guerrero, Tanya Morales Isidoro de Cafami yLourdes Pérez del Obervatorio de Violencia Social y de Género de la Ciudad de Puebla, sintetizaron las denuncias en Tlaxcala para exigir:

• Que se brinde una respuesta legal y social a los problemas que se generan por los procesos migratorios.
• Exigimos al gobierno que las mujeres tengamos iguales derechos agrarios que los hombres, en especial el derecho a la tierra.
• Que las políticas públicas destinadas a la mejora de agricultura cuenten con una visión de género, que posibilite a las mujeres un accesos más efectivo e igualitario a la política pública agraria en el país y nuestro estado.
• Que los gobierno y la sociedad reconozcan que todo México es centro de origen del maíz, por lo tanto es necesario defenderlo, protegerlo como patrimonio alimentario originario, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en el cuidado de la semilla nativa.
• Exigimos al gobierno prevenir y castigar los crimines y agresiones contra quienes defienden el derecho a la alimentación.
• Que el Congreso Local cumpla con las sentencia que le fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia, particularmente la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como la Comisión de Equidad y Género; quienes deben crear una comisión especializada para armonizar Código Penal, Civil y demás ordenamientos necesarios, en la cual se incluya a la sociedad civil quienes hemos presentado las propuestas ciudadanas y se incluyan a otras expertas de la sociedad civil en México, que han impulsado modificaciones legales en materia de género y violencia contra la mujer.
• Que el Ejecutivo destine presupuestos sensibles al género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
• Que el Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en Tlaxcala, sesione de manera regular, que aplique el Programa Estatal que marca la Ley de que Garantizar el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y genere los protocolos de atención necesarios para que las mujeres no sean ni revictimizadas, ni sufran violencia institucional.
• Que el gobierno del estado de Tlaxcala, a través del ejecutivo, implemente inmediatamente la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas aprobada en 2011, donde se establecen las acciones integrales para prevenir, proteger y sancionar la trata de personas.
• La protección integral para las víctimas y testigos de la trata de personas.
• La investigación y sentencia a las redes de trata de personas y lugares de explotación.
• Que se reconozca el derecho legítimo que las ciudadanas y ciudadanos del estado de Tlaxcala tenemos para participar en la vida pública y de exigir a las Instituciones que nos representan cumplan con la encomienda de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, en este caso concreto el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

 Finalmente, anunciaron que en Ciudad Juárez se presentará, del 27 al 29 de mayo,  un documento de análisis y denuncia de la situación de violencia extrema que viven las mujeres en el país, en la  presentación durante la Audiencia General Introductoria ante jueces con autoridad moral y representación internacional.

“Por el derecho a vivir libres de violencia y de explotación sexual”

TLAXCALA: FEMINICIDIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

EN EL MARCO DE LA RECEPCIÓN DE LA CARAVANA RUMBO A LA AUDIENCIA INICIAL DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

EL PUEBLO DE MÉXICO VA A JUZGAR AL ESTADO MEXICANO.

“AUDIENCIA CERO CIUDAD JUÁREZ”

24 de mayo de 2012

Zócalo de la Ciudad de Tlaxcala

Tribunal Permanente de los Pueblos realiza preaudiencia sobre violencia de género y femenicidio

Natasha Pitts

Periodista de Adital

Adital

En los días siete y ocho de marzo, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México – Chiapas realizó su primera preaudiencia temática de 2012, cuyo tema abordado fue "Violencia de género y femenicidios”. Durante el juicio, se presentaron ocho casos emblemáticos –regionales y nacionales– de violencia contra la mujer, que van a ser incluidos en la audiencia nacional sobre el tema.

Estuvieron presentes como juradas las feministas Alda Facio, Edda Gabiola, Jules Falquet, Pilar Noriega, Sara Dalila Mux Mux, Sylvia Marcos, Mariana Mora, Teresa Pérez y Morna Macleod que dieron su veredicto sobre los casos de: Femenicidio y violencia familiar en Ocosingo; Violación por militares en Altamirano; Incumplimiento de sentencia en Comalapa; Acusación dolosa, tortura y prisión injusta; Violencia doméstica, intrafamiliar, custodia y sustracción de menores; Violencia familiar, prisión injustificada por homicidio del cónyuge; Pobreza, achicamiento de recursos alimentarios y políticas públicas inmovilizantes y expropiación de tierra en Chimalapas.

Después de tomar conocimiento de los casos y escuchar a los testigos, las juradas y juezas pronunciaron el veredicto final en el que reconocen la gravedad de la violencia de género existente en México y convocan al Estado a cumplir con sus responsabilidades.

En la sentencia de la preaudiencia, se reconoció que la violencia en el país ocurre de manera articulada y "es parte de un sistema discriminador, patriarcal, racista y capitalista neoliberal”. Otra constatación fue que la violencia de género afecta, en especial, a las mujeres indígenas y campesinas de Chiapas que enfrentan la extrema pobreza, problema que afecta desproporcionadamente a mujeres de varias culturas y ocasiona la privación sistemática y grave de los derechos humanos.

La responsabilidad de la recurrencia de los casos de violencia y femenicidio contra las mujeres recae en el Estado mexicano, que según la sentencia del TPP "es omiso en sus obligaciones de garantizar el respeto, el gozo y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en especial de las mujeres de los pueblos originarios”.

Además, se identificó que no existen medidas adecuadas para cumplir la obligación del Estado de investigar y denunciar a quienes practican violencia contra la mujer, así como inexisten medios para proteger a las mujeres y prevenir la perpetuación de los casos de violencia de género en el país.

Las juradas y juezas detectaron algo que hay en común en los casos presentados, que es la persistencia de fuertes estereotipos de estigmatización de género clasista y racista y citaron además nuevas formas de violencia contra la mujer, como la violencia policial carcelaria, desplazamiento y migración forzada, situaciones en las que reina la impunidad.

Tribunal Permanente de los Pueblos

El TPP, a pesar de utilizar las características de un juicio, no tiene influencias jurídicas. Su realización es considerada una herramienta de denuncia pública que busca dar visibilidad a las violaciones masivas de derechos humanos individuales y colectivos y a los derechos de los pueblos, cuando éstos no encuentran justicia en las instituciones nacionales e internacionales.

Después de examinar las causas de la violación de los derechos fundamentales, el TPP se pronuncia informando si los derechos fueron o no violados. Si las violaciones fueron verificadas, los autores son denunciados ante la opinión pública internacional.

Realidad mexicana

México tiene un grave historial de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y presenta un alto número de femenicidios. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado el año pasado, revela que de 1985 a 2009 fueron cometidos 34.176 delitos contra mujeres en el país. En 2009 se registró la mayor cantidad de delitos, lo que evidencia que el problema está agravándose con el pasar de los años. Además, también ha crecido la brutalidad de los delitos. La mayor parte de las mujeres tienen entre 15 y 29 años y es victimada, generalmente, por ahorcamiento, estrangulamiento, sofocamiento, ahogamiento o inmersión.

En el intento por contener esta tendencia, la diputada federal Leticia Quezada solicitó, a comienzos de este mes, a la Secretaría de Gobierno, que se realice un alerta por los asesinatos de mujeres en México.

Escuche el veredicto final completo aquí: http://radiozapatista.org/?p=5294

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Expondrán casos paradigmáticos de violencia de género en Chiapas

El Tribunal Permanente de los Pueblos iniciará preaudiencias

Patricia Chandomí, corresponsal

San Cristóbal de las Casas, 29 feb 12 (CIMAC).- Este 7 y 8 de marzo, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México-Chiapas, realizará su primera preaudiencia temática “Violencia de género y feminicidio”, donde se expondrán casos paradigmáticos de violaciones a los derechos de las mujeres, con el fin de que algunos sean retomados por la Audiencia Nacional.

En la preaudiencia participarán feministas de otros países, quienes fungirán como juezas del Tribunal, entre ellas se encuentran Alda Facio, Edda Gaviola, Pilar Noriega y Jules Falquet.

El TPP es considerado una herramienta de denuncia pública de violaciones a derechos humanos individuales y de los pueblos, que no tienen cabida en las instituciones nacionales o internacionales. Es un ente no gubernamental conformado por alrededor de 130 miembros de alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos.

Su misión es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, las minorías y los individuos.

El TPP ha acompañado las luchas de los pueblos contra las violaciones a sus derechos fundamentales, como la negación de su derecho a la autodeterminación, contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las esclavitudes económicas y la destrucción del medio ambiente.

Los Garantes del capítulo México frente al Tribunal Permanente de los Pueblos son Magdalena Gómez Rivera, el Obispo Raúl Vera López, el poeta Javier Sicilia, Jorge Fernández Souza, Clodomiro Siller Acuña, Gilberto López y Rivas y Andrés Barreda Marín.

El Tribunal sesionará en 7 audiencias temáticas: guerra sucia como violencia; impunidad y falta de acceso a la justicia; Feminicidio y violencia de género; Migración, refugio y desplazamiento forzado; Violencia contra los trabajadores; Violencia contra el Maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; devastación ambiental y derechos de los Pueblos y desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.

Preparan denuncia internacional contra México por feminicidio

Activistas arman expediente de casos de trata y violencia

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 6 dic 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles denunciarán al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con sede en Roma, Italia, por no prevenir ni sancionar el feminicidio, la trata de mujeres y la violencia de género en todo el país.

En rueda de prensa, académicas y feministas anunciaron que acudirán a este tribunal de carácter ético y moral para demandar justicia ante los agravios contra mujeres, jóvenes y niñas que en México se han recrudecido durante los sexenios encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN).

Teresa Pérez Vázquez, una de las promotoras de la demanda, señaló que la idea de acudir a un organismo no gubernamental y sin carácter vinculante, es para visibilizar las denuncias de las organizaciones civiles, generar redes de apoyo y fortalecer a las sobrevivientes de violencia de género.

El TPP tiene su origen en la convocatoria que hizo el filósofo inglés Bertrand Russell, quien propuso crear un “tribunal de opinión” para enjuiciar las violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas en la Guerra de Vietnam durante las décadas de 1960 y 1970.

Este tribunal, cuyo eje principal son los derechos de los pueblos, se constituyó formalmente en 1979 y desde entonces sus integrantes se han reunido en 20 ocasiones, la última de ellas en 2008 en Colombia. El pasado 21 de octubre se inauguró el capítulo México del TPP.

Pérez indicó que en México se promueve un grupo de trabajo, o audiencia, sobre feminicidio y violencia de género, a través de la cual se desmitificará la “falsa imagen de promotor y defensor de los Derechos Humanos que el gobierno mexicano ha promovido al exterior”.

Las feministas Patricia Castañeda y Patricia Ravelo indicaron que ejemplo de la impunidad del Estado mexicano es que de 1993 a mayo de 2005 fueron asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, 379 mujeres y niñas, un fenómeno que se ha extendido en todo el territorio nacional.

Señalaron que datos de 2009 de la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres colocan a México como quinto lugar mundial de trata de personas, pues se calcula que cada año cerca de 20 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual.

Sobre este tema, la periodista Lydia Cacho –una de las invitadas a ser juez en el TPP– sostuvo que la violencia de Estado invisibiliza la violencia de género por lo que afirmó que el movimiento feminista debe volver a colocar el asunto en la agenda pública.

Criticó que justo en el momento en que las mujeres estaban avanzando en sus demandas a favor de una vida libre de violencia, en el camino se atravesó Felipe Calderón, y desde entonces se ha documentado que la descomposición del país va en ascenso.

También advirtió que la sociedad mexicana ha perdido el tiempo contando muertos y rememorando tragedias, por ello hizo un llamado a cuestionar cómo construir un mundo más igualitario.

Finalmente celebró que las organizaciones se estén abriendo más espacio en foros de carácter internacional, como el TPP donde próximamente se harán escuchar sus demandas y exigencia de justicia para las mujeres victimas de la omisión y negligencia del Estado mexicano.

Se prevé que los trabajos de las mesas sobre feminicidio y violencia de género documenten casos durante el próximo año para que a finales de 2012 y principios de 2013 convoquen al TPP para que sus integrantes visiten México, y enjuicien a las autoridades que no han garantizado políticas a favor de las mujeres.

En la audiencia podrían participar las periodistas Lydia Cacho y Carmen Aristegui, y la secretaria ejecutiva del TPP, Simona Fraudatorio, así como el director ejecutivo de esta iniciativa, Gianni Tognoni, quienes promueven la autonomía de los pueblos.

Tribunal de los Pueblos: exigir derechos colectivos

Aurelio Morales Posselt*

Si bien se ha incluido literalmente la protección y el respeto a los derechos humanos –y los tratados internacionales que los fundamentan– en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todavía falta mucho para que se pueda asegurar que las prácticas jurídicas y legislativas estén sustentadas por una cultura que tenga como prioridad la protección de estos derechos.

A pesar de que México ha ratificado numerosos tratados internacionales vinculantes, y que por lo tanto son de cumplimiento obligatorio para el Estado, las libertades de interpretación que gozan los operadores del derecho han dado pie a que, en un número considerable de sentencias, jueces y abogados utilicen argumentos a contrario sensu de los compromisos en derechos humanos asumidos.

A ello se debe la presión de la sociedad organizada para que –como se logró con la última reforma– se integre la protección y el respeto a los derechos humanos dentro del texto constitucional, con la esperanza de que disminuya el margen de arbitrariedad con que algunos jueces hasta ahora dictan sus sentencias. Sin embargo, esta reforma por sí misma no va a cambiar la realidad de las prácticas jurídicas; hay todavía muchos escollos legislativos que permiten al juez dar prioridad a otros criterios y no al de las garantías universales (y más aún de los colectivos o de tercera generación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales).

El menosprecio hacia los derechos humanos, individuales y sociales, surge desde la misma academia: es común que en los programas de varias universidades se establece su estudio como si fuera una materia de secundaria que se puede dar por consumada en tan sólo un semestre. Peor aún: dentro de la misma enseñanza y transmisión práctica de estos derechos se establecen criterios y jerarquías viciadas que presuponen la prioridad de unos sobre otros y que, entre otras consecuencias, establecen la supremacía de los derechos “individuales” sobre los sociales, así como la negación de reconocimiento del sujeto colectivo.

El reconocimiento de sujetos colectivos es uno de los grandes pendientes en el sistema legislativo (que se resiste, por ejemplo, a asumir, al mismo nivel que los internacionales, tratados de importancia sobre derecho indígena, como son los Acuerdos de San Andrés).

El concepto de sujeto colectivo es considerado de menor trascendencia al interior de los debates canónicos sobre los derechos universales, que entienden al sujeto ostentador de derechos colectivos como un grupo de individuos que tienen los mismos intereses y necesidades particulares y no como un conjunto de individualidades entendidas entre sí como una unidad indivisible, donde cada una de sus partes actúa en comunidad con las otras para funcionar de manera colectiva, compartiendo las necesidad de cada parte. Es decir, un sujeto plural del que no se puede pensar una parte sin la otra, y por lo cual, el derecho de una de sus partes es extensivo a todos los que lo conforman.

Esta concepción rompe con la idea tradicional de sujeto en del derecho occidental, pero se encuentra ricamente presente en las prácticas jurídicas de los pueblos originarios. Éstos son los sujetos colectivos por excelencia, pero también lo pueden ser los barrios organizados, comunidades campesinas, algunas organizaciones sociales y aun la misma sociedad mexicana como totalidad.

Tristemente la riqueza multicultural de la nación, que podría ser utilizada para pluralizar y enriquecer el sistema normativo, es negada por quienes sustentan y ejercen el poder. La carencia de este concepto de sujeto colectivo en las normas oficiales impide la demanda de derechos o la denuncia de agravios que, como colectivo, nos incluyen a todos.

Habitantes del municipio de Xochitepec, Morelos, ganaron una demanda de acceso al agua; el juez, al dictar a favor del agraviado, reconoció el derecho universal que todos tenemos a este líquido vital –establecido en tratados internacionales–, pero este fallo favorable solamente valió para quienes presentaron la demanda y no es extensivo para otras familias que no cuenten con el recurso. Así pues, la práctica oficial del derecho no permite a los pueblos y organizaciones denunciar, como colectivos, los agravios cometidos contra éstos.

No obstante, tanto a nivel nacional como internacional se han abierto caminos alternativos para ello, que si bien no tienen consecuencias punitivas directas sobre la autoridad que comete el abuso, sí cuentan con un alto crédito moral y reconocimiento en el ámbito internacional para conducir a algunas consecuencias a favor del agraviado.

Conformado por personalidades de distintas naciones y de inequívoco valor ético, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es una de estas alternativas de alto prestigio. El pasado 21 de octubre, el TPP recibió de manera oficial la petitoria para el capítulo México. En ésta, pueblos originarios y organizaciones sociales solicitan al Tribunal investigue y dicte sentencia respecto de múltiples denuncias que hacen ante abusos cometidos por el Estado en contra de sus derechos como sujetos colectivos. Estos derechos se encuentran enunciados en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, firmada por el Grupo de Países No Alineados en Argel, el 4 de julio de 1976, reconocida por el mencionado tribunal.

La instalación del Tribunal ejerce una presión social, ya imprescindible, para que los jueces y juristas mexicanos lleguen a un consenso definitivo sobre el significado de los derechos humanos en la Constitución, y la importancia de hacer del colectivo un sujeto constitucional de estos derechos.

Ya han dado inicio asambleas abiertas en las que el Tribunal atiende denuncias, lo que abre la oportunidad para que los pueblos y las organizaciones que aún no encuentran eco a sus problemas presenten su caso y contribuyan a hacer ver al mundo la realidad que, por debajo de la bastedad de tratados internacionales firmados, aqueja a México.

*Integrante del área de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC

¿Existe en México la desviación de poder?

Magdalena Gómez

Hacia finales de 2013 o principios de 2014, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sección México habrá de resolver acerca de la acusación de numerosas organizaciones sociales, en el sentido de que la actuación del Estado mexicano ha configurado un patrón sistemático de desviación de poder.

En su petitoria señalaron que El Estado mexicano está desfondando el proyecto jurídico que emanó de la Revolución mexicana. En nuestro país ocurre una regresión democrática, una condición estructural de desviación de poder, de uso faccioso del derecho, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió en el caso del general Gallardo: La Comisión considera que ha existido una actitud anómala por parte del Estado mexicano que configura una desviación de poder. La desviación de poder es un abuso de mandato, un abuso de derecho. Un acto administrativo puede estar afectado de ilegalidad si su autor ha usado de sus poderes para un fin distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos (Informe número 43/96, caso 11.430). Consideramos que es una práctica constante lo señalado por la CIDH como la utilización de los poderes del Estado para perseguir y afectar las garantías de los pueblos. Sostenemos que la desviación de poder define la trayectoria de denegación de justicia sistemática que se vive en el país.

Respecto a la llamada guerra contra la delincuencia organizada se expresaron los saldos de la misma y la pretensión de ocultar con ella las otras guerras contra el pueblo que están en curso, con la depredación de los territorios indígenas, las miles de concesiones otorgadas a empresas trasnacionales, especialmente en el ámbito de la minería, las prácticas de criminalización y ruptura del tejido social.

El pasado 21 de octubre se formalizó el inicio de este proceso y es significativo el énfasis de los representantes del TPP, con sede en Roma, en el sustento normativo del mismo, como son la Declaración de Argel sobre Derechos de los Pueblos y el sistema internacional de derechos humanos. Se anotó: “En su historia, el TPP ha reafirmado la existencia de una jerarquía de normas, parte del principio de que los derechos humanos se encuentran en la cúspide y los intereses privados están subordinados; los derechos humanos están por encima del derecho de propiedad, garantizar los derechos humanos es deber del Estado. El modelo económico debe estar sometido a derechos humanos, los intereses privados deben estar subordinados. El TPP quiere dar voz a las víctimas; las sistemáticas violaciones inciden en la forma de vida de las comunidades. El TPP evidencia el derecho a la justicia como un derecho fundamental, un derecho a los derechos… Con mis colegas estamos aquí para asumir el compromiso del TPP para visibilizar la dolorosa situación de México; hoy se abre un proceso de audiencias que concluirán con una sentencia. El TPP reconfirma que lo que cuenta es la participación en la construcción del derecho y la democracia por parte de las y los ciudadanos y de los pueblos” (Franco Ippolito, vicepresidente del TPP).

Por su parte, Philippe Texier señaló: Tradicionalmente los jueces son mudos, se expresan a través de sentencias. Pero partiendo de lo que se ha dicho, se habló de descomposición, de deterioro de la justicia y de un alto grado de impunidad; por ello hay necesidad de visibilizar la situación en México. El peor crimen es el silencio, hay que luchar contra el silencio. México tiene una doble imagen, su imagen internacional es relativamente buena; el papel del TPP es mostrar si es o no real esa imagen. México ha ratificado todos los convenios (los enlistó) y no ha cambiado gran cosa en su política, pese a que ha comparecido a todos los espacios. El artículo 5º de Argel es fundamental, la autodeterminación también está en el artículo 1º de los dos pactos internacionales, el de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos y Sociales. ¿Realmente el Estado los respeta? Se han mostrado esta mañana elementos serios de violación; hoy empieza un ciclo, primero de investigación y luego de audiencias de cada uno. Tenemos el deber frente a esta impunidad de mostrar cuál es la realidad; lo haremos con toda independencia, con todos los testigos, todos los expertos. Sabemos que hay deterioro al medio ambiente que atenta contra el derecho a la salud, al agua, a la vida. Queremos ayudar al pueblo mexicano a que la verdad aparezca.

Así que viene un riguroso trabajo de selección de casos desde el punto de vista de la acusación fundamental, para demostrar la inversión de la jerarquía de los derechos humanos, mediante el nexo entre libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Es previsible que la verdadera imagen del México profundo se proyecte en el exterior y que logremos contribuir a la transición democrática, civil y pacífica con una real preferencia de los derechos humanos frente al interés del mercado.

Tribunal Permanente de los Pueblos sesiona en México

Por Daniela Pastrana

MÉXICO, 21 oct (IPS) - "Tenemos el deber de mostrar cuál es la realidad, y lo haremos con toda independencia", dijo el jurista francés Philippe Texier, magistrado internacional del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que este viernes 21 instaló formalmente la sección México.

"Tradicionalmente los jueces son mudos, pero debemos aclarar por qué estamos aquí y por qué aceptamos la petición de las organizaciones mexicanas" para iniciar el proceso de investigación y calificación de posibles crímenes del Estado contra la humanidad, agregó.

"México tiene una imagen internacional relativamente buena en derechos humanos, porque ha suscrito todos los tratados y convenciones, y el papel del TPP será demostrar si esta imagen es real o no", dijo Texier, magistrado de la Corte de Casación de Francia y ex presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El TPP es un tribunal de conciencia, fundado en 1979 en Bolonia, Italia –por inspiración del entonces ya fallecido abogado y político Lelio Basso–, con el objetivo de convertir en permanente la función desempeñada por los tribunales Russell sobre la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina (1974, 1975 y 1976).

El organismo busca calificar situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad y ha sesionado en unos 40 países.

La Fondazione Lelio e Lisli Basso, que tiene a su cargo la continuidad del TPP, aceptó abrir un expediente sobre México a partir de una solicitud presentada hace dos años por organizaciones civiles y de derechos humanos.

Durante los próximos dos años, el TPP realizará una serie de audiencias sobre siete temas que resumen el escenario humanitario mexicano actual, marcado por la violencia entre bandas de narcotraficantes y la militarización del combate a las drogas.

Ellos son guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; migraciones, refugio y desplazamiento forzado; feminicidio y violencia de género; violencia contra los trabajadores; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; devastación ambiental y derechos de los pueblos; y desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.

Los organizadores prevén que el proceso, que se instaló en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la presencia del secretario general del TPP, Gianni Tognoni, y de dos magistrados internacionales que formarán parte del jurado –Texier y el italiano Ippolito Franco– concluya en los primeros meses de 2014.

"Es un paso importante en la unión de todas las luchas y en la sistematización de todos los agravios", dijo a IPS la indigenista mexicana Magdalena Gómez, integrante del Comité Garante del Capítulo México del TPP.

"Como se dijo aquí, será fundamental para la visibilización internacional de las violaciones de derechos humanos y para terminar con esta simulación extendida tantos años", agregó.

Franco, quien fue presidente de la Asociación Italiana de Juristas Democráticos, explicó a IPS que la principal aportación del TPP, además de visibilizar la "dolorosa situación de México", será echar a andar una dinámica de participación ciudadana, a partir del desarrollo de las audiencias.

Esta participación, explicó, "es más importante que el propio juicio de los tribunales".

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, destacado defensor de derechos humanos en México, agradeció a los magistrados y miembros del TPP, que aceptaran instalar la sección México.

"Sabemos que vienen a ayudarnos, porque es de nosotros la responsabilidad de instaurar la justicia en nuestro país. Muchísimas gracias porque nos da una esperanza de saber que el TPP va a estar trabajando aquí", dijo el sacerdote, después de enunciar una lista de violaciones.

Ante un auditorio lleno, Vera nombró la criminalización de los jóvenes que "son contratados por una economía criminal porque las instituciones no les dan trabajo", la aparición de grupos paramilitares, "que son una muestra del desorden que estamos viviendo", y la militarización.

"El ejército tiene la autoridad de la pena de muerte, mata y nadie lo castiga", acusó. "Son acciones impuestas por un Estado cuyos dirigentes están llenos de ambición, y en el que no son las propuestas políticas lo que cuenta, sino el negocio y la rapiña, que les abre la puerta al puesto que aspiran".

Más tarde, en una breve entrevista con IPS, Vera señaló que la presencia del tribunal "permitirá que se conozca lo que realmente ocurre aquí".

De acuerdo con el esquema de trabajo del TPP, en 2012 y 2013 se realizarán preaudiencias y audiencias temáticas, en la medida de las posibilidades económicas y organizativas de cada una de las comisiones. Y a principios de 2014, el jurado emitirá su fallo.

Andrés Barreda, profesor de economía de la UNAM, uno de los principales impulsores de la instalación del TPP en México, dijo a IPS que se buscó explícitamente desvincular el proceso de las elecciones presidenciales de 2012.

"Si hay militantes de partidos políticos involucrados, será a título personal, pero ningún partido estará incorporado a las audiencias", dijo.

Franco explicó que el TPP parte del fundamento jurídico de que todo pueblo tiene derecho a su identidad, a sus tradiciones y a sus propias vías de desarrollo. Y de que los derechos humanos están por encima de la propiedad de los poderosos y de la libertad económica.

"Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad y a una total reparación", concluyó. (FIN/2011)

Un tribunal para los pueblos del maíz

Silvia Ribeiro*

El 21 de octubre se inauguró el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con la presencia de miembros de esta prestigiosa institución internacional, heredera del Tribunal Russell, instancia creada para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra de Vietnam y posteriormente, en las dictaduras latinoamericanas. En la inauguración participaron representantes de las decenas de organizaciones populares, comunidades y movimientos sociales de México, que han ido construyendo colectivamente las bases del expediente que se desarrollará en los próximos dos años bajo el título general Tratados de libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos.

Muchas personalidades, activistas y observadores internacionales, entre ellos John Berger, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Susan George, Inmanuel Wallerstein, Paul Nicholson, João Pedro Stédile, Pat Mooney, Vandana Shiva y otras personas y organizaciones, saludaron en una carta pública la constitución de un capítulo México del TPP, en un compromiso de acompañar el proceso. Manifiestan estar “profundamente preocupados por el alarmante proceso de descomposición y crisis generalizada que sufre México (…) donde como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ocurre una violación masiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la población en general: decenas de miles de muertos, desapariciones, feminicidios, migrantes asesinados y extorsionados, desplazados, trabajadores despedidos (…) impunidad para quebrantar la ley. (…) Saludamos la instauración de un capítulo México del TPP con el fin de visibilizar la situación imperante e intentar desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder” (ver completa en www.tppmexico.org)

El TPP capítulo México no es un evento sino muchos, es un proceso abierto que culminará en una sesión final frente a un jurado internacional. Allí se presentarán los casos que se han agrupado en siete audiencias temáticas, que van desde los feminicidios a la violencia sistemática contra migrantes, trabajadores, comunicadores, campesinos, indígenas. También la violencia que constituyen la devastación ambiental y los ataques al maíz y a la soberanía alimentaria.

Cada audiencia ilumina una faceta del rompecabezas que es México actualmente, que están además entretejidas. La audiencia sobre maíz y soberanía alimentaria, promovida entre otros por la Red en Defensa del Maíz y la Vía Campesina, se propone desarrollar cinco tesis centrales, que podrían extenderse en el proceso, al sumarse más participantes.

Una primera tesis es que el TLCAN promovió el desmantelamiento de cualquier ley que protegiera los derechos colectivos y los ámbitos comunes, en particular los territorios (tierra, agua, plantas, biodiversidad) de los pueblos indígenas y campesinos, al tiempo que desmantelaba instituciones y políticas públicas de apoyo a la producción agrícola de pequeña escala, favorecía las importaciones, a favor de la agricultura industrial y los agronegocios controlados por corporaciones trasnacionales, en contra de la soberanía alimentaria.

La segunda es que este proceso de ataque de la vida campesina, tiene como fin último la erradicación de la producción independiente de alimentos, para lo cual se avanzan también mecanismos para criminalizar el libre intercambio de semillas, la imposición de semillas híbridas de empresas, la certificación, las leyes de propiedad intelectual, patentes, derechos de obtentor, etcétera.

La tercera es que la invasión de semillas transgénicas, favorecida por todo lo anterior, extenderá inevitablemente la contaminación transgénica a las 62 razas nativas y miles de variedades que existen en México, con daños irreparables a la biodiversidad del maíz en su centro de origen. Un gobierno que apenas está 6 años –y que se ha negado a oír los argumentos contra la siembra de maíz transgénico de la vasta mayoría de la población, incluyendo movimientos rurales y urbanos, asociaciones de científicos, consumidores y muchos otros– amenaza gravemente el patrimonio histórico de 10 mil años de creación campesina-indígena y el reservorio genético global del maíz.

Una cuarta tesis es que estos ataques a las semillas nativas y a la producción campesina y agroecológica erosionan seriamente la biodiversidad, devastan la vida en el campo y debilitan las comunidades, agudizando la emigración y la urbanización salvaje, favoreciendo la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales.

Una quinta tesis es que todo este proceso que propicia la destrucción de la biodiversidad, de la vida campesina y de la producción independiente de alimentos, es también causa importante de la crisis alimentaria, así como el sistema alimentario agroindustrial que se favorece, es causa principal de la crisis climática.

Pero ante todo, señalaron los promotores de esta audiencia, el maíz no es una cosa, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro cultivos cruciales para la humanidad en su conjunto, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad. Para defender y recordar ese futuro, comienza el TPP en México.

*Investigadora del Grupo ETC

TPP: un esfuerzo necesario

Se instaló ayer formalmente la sección México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), fundado en 1979 en Bolonia, Italia, y heredero directo de los Tribunales Russell que sacaron a la luz pública, en la década de los 60 y 70, los crímenes de guerra cometidos en Vietnam bajo la ocupación de Estados Unidos y atrocidades perpetradas por las dictaduras militares latinoamericanas. Se trata de un tribunal de conciencia ajeno a gobiernos nacionales y partidos políticos, cuya función principal ha sido dar visibilidad y calificar en términos jurídicos las denuncias sobre delitos de lesa humanidad.

En su presente versión, el TPP se propone, en un lapso que presumiblemente concluirá en 2014, analizar las múltiples violaciones a las garantías individuales en el país, expuestas en reuniones previas por diversos grupos y actores de la sociedad, y entre cuyas víctimas figuran los afectados por la violencia relacionada con el combate al narcotráfico, los migrantes, la población femenina, los trabajadores y sindicatos, los pueblos indígenas, los ambientalistas y los comunicadores.

La multiplicidad de frentes en los que actualmente se desarrollan vejaciones cometidas por la autoridad, por poderes fácticos o por la acción conjunta de unas y otros, es indicativo de un deterioro generalizado en la vigencia de los derechos humanos en el país. Como ocurre en otros terrenos de la vida pública, México experimenta, en la hora presente, una ruptura dolorosa entre el ámbito de lo formal –en el que el Estado mexicano detenta una larga tradición como signatario de las convenciones más relevantes en materia humanitaria, de asilo político y justicia internacional– y el de la realidad, en la que el convergen, en forma sistemática, episodios de tortura, asesinatos y desapariciones forzadas; vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas; explotación irracional de los recursos naturales; incumplimiento generalizado de preceptos constitucionales en materia alimentaria, de salud, trabajo y vivienda, y criminalización de la protesta y la lucha social, entre otros flagelos.

En el reciente lustro, por añadidura, el declive en el cumplimiento de los derechos humanos se ha agravado por efecto de la violencia relacionada con la guerra contra el narcotráfico del calderonismo, en el contexto de la cual se ha elevado el número de quejas por abusos de elementos de las fuerzas públicas –Ejército, Marina, policías federal, estatales y municipales–, supuestamente encargados de salvaguardar el estado de derecho. Pero, a pesar de la evidencia documental de estos atropellos, de su exhibición pública hecha por organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso del reconocimiento de algunos de ellos por las dependencias responsables, la respuesta recurrente de la autoridad ha consistido en afirmar que la principal amenaza a los derechos fundamentales proviene de la delincuencia organizada.

Con tal telón de fondo, el inicio de labores del TPP constituye un esfuerzo de suma importancia por hacer visible la contraposición entre la realidad mexicana y lo estipulado en las leyes e instrumentos internacionales en la materia –lo cual constituye un paso imprescindible para corregir esa desviación–; por apelar a la moralización y sensibilización de la sociedad hacia estos temas, así como por abonar a la promoción y la defensa jurídica de los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables y discriminados. Del mismo modo, la instalación de la sección México del TPP cobra relevancia particular en un momento en que resulta urgente humanizar las reglas implacables y depredadoras que rigen la economía –producto del modelo neoliberal todavía vigente–, que han propiciado en las pasadas tres décadas un proceso de devaluación de la vida humana y un debilitamiento, en general, del marco de derechos humanos, ciudadanos, laborales y ambientales en beneficio del imperio del lucro.

En suma, cabe saludar el desarrollo del TPP, y esperar que los señalamientos ahí vertidos durante estos años contribuyan a solidificar y robustecer la conciencia ética de la sociedad nacional, en el entendido de que ésta es imprescindible para cubrir el vacío provocado por acciones y omisiones del Estado en materia de derechos humanos –acciones y omisiones que cuestionan seriamente la vigencia del pacto social–; para ejercer un contrapeso efectivo a los abusos cometidos desde el poder y para conseguir, en esa medida, un avance real y duradero a la legalidad, la democracia y la civilidad.