2/15/2015

Exbraceros, abandono e indolencia gubernamental


  D,

Han pasado más de 7 décadas desde que trabajaron los campos estadunidenses con el único propósito de salir de la miseria. 

Regresaron a sus tierras apenas con unos pesos. Mientras, el gobierno mexicano “retenía” el 10 por ciento de la paga obtenida en el extranjero con la promesa de entregarlo a su regreso. 

Nunca ocurrió. Los ahora adultos mayores –acompañados por sus herederos– continúan luchando porque les devuelvan su dinero, no contemplado en el presupuesto nacional desde hace 2 años. 

En total, son 40 mil exbraceros registrados oficialmente por el gobierno mexicano. Algunos de ellos califican esta situación como el gran robo del Estado a sus campesinos

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala. Hace ya 14 años de que se enteró del más grande robo al que se había enfrentado en su vida. Campesino desde siempre, con algunas rachas en la albañilería, Nicasio ha vivido con la pobreza a cuestas. Los últimos años, con un ahorro de su trabajo que no le ha sido entregado por las autoridades mexicanas.
Originario del pueblo de Sanctorum, fue uno de los migrantes que legalmente salió a trabajar a los campos estadunidenses. Pretendía superar la miseria en la que vivían él y su familia. No había otra opción. Los pagos eran atractivos: 1 dólar por hora (con un tipo de cambio de 12 pesos, en 1962); mientras, en su tierra apenas alcanzaba a ganar 1 peso por hora, cuando encontraba trabajo en el jornal.
En agosto de 1942, durante la administración de Manuel Ávila Camacho, el gobierno mexicano pactó con el estadunidense un acuerdo migratorio para llevar mano de obra campesina a la siembra y cosecha de pepino, algodón, lechuga y otros; pacto que permaneció hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1964.
Miles de “braceros” se acogieron al programa que los reclutaba para ir al vecino país del Norte, y ser elegidos por los capataces de los ranchos que los contratarían; una vez aprobado su estado de salud y su fuerza, los atravesaban la frontera por 45 días para trabajar. Eso es lo que duraba cada contrato, en la mayoría de los casos.
A cada uno de los cheques recibidos por los jornaleros, el empleador ya había reducido el 10 por ciento para la formación de un seguro campesino, que sería depositado en el banco estadunidense Wells Fargo, y éste haría la transferencia al mexicano Banco Nacional de Crédito Rural. Años han transcurrido sin que miles de braceros obtengan el beneficio de su seguro.

Ir a Estados Unidos, una necesidad

Él, Nicasio Martínez Juárez, tiene 79 años. Vive con una artritis que le ha deformado los dedos de las manos, y que mina su salud día a día. Con las fuerzas que le quedan, libra una batalla contra la burocracia y la corrupción mexicana. Forma parte de la Asamblea Nacional de Braceros, con oficinas en Tlaxcala, y en las que se reúnen cada semana para saber si hay avances en sus gestiones. Las últimas noticias les informaban que en 2015 no habría presupuesto para ellos.
Nicasio entró de bracero a los campos de Michigan en 1962, ésa fue la primera vez que salió del país. Cumplió un contrato de 45 días, en la recolección de pepino. Desde Tlaxcala le dieron documentos para viajar a Empalme, Sonora, o a Monterrey, Nuevo León. De ahí, lo llevaron a Eagle Pass, Texas, para ser trasladados a su destino final: Michigan.
 “No era donde nos animáramos, sino donde nos tocara ir; íbamos haciendo filas, hasta hacer una grande. Nos dividían conforme pedían los rancheros a la gente, y así nos iban separando. Había trabajos buenos y malos; por ejemplo, si le tocaba en el algodón era un trabajo muy malo para un bracero…
 “Toda la gente se quejaba de él, así como del desahije de lechuga y betabel. Eran trabajos muy pesados porque nos daban un azadón cortito, no lo dejaba a uno apoyarse en la pierna, se trabajaba encorvado por 8 horas continuas. Sólo le daban a uno media hora de comida y al final del día terminaba uno para revolcarse como burro.”
Antes de eso, Nicasio también se dedicaba al campo, pero “la necesidad de ir a Estados Unidos fue la necesidad que todo México tenía. Todos fuimos porque queríamos cambiar nuestra vida”, dice.

Deuda histórica

De acuerdo con documentos de la Cámara de Diputados, desde 2013 no se han presupuestado recursos para pagar a los exbraceros, que viajaron con contratos laborales a campos estadunidenses entre 1942 a 1964. No obstante, todavía existen recursos en el Fideicomiso 2106, el cual ya ha hecho entregas por 38 mil pesos para un número incierto de exbraceros.
El más reciente documento que los menciona es el Informe Semestral Octubre 2012-Febrero 2013 de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Asuntos Migratorios es presidida por Amalia García Medina.
En él se da cuenta que en ese año se llevó a cabo una propuesta relativa al pago de exbraceros, presentada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La iniciativa se llevó a cabo con base en información entregada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica el documento, y en él se propuso que el presupuesto destinado al pago de exbraceros fuera de 1 mil 700 millones de pesos, en 2013.
Para llegar a esta propuesta, la comisión de la Cámara consideró que “oficialmente existen 40 mil trabajadores exbraceros con sus documentos validados por parte del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para los Extrabajadores Migratorios Mexicanos”.
El documento fue firmado por García Medina. Del informe rendido por la Auditoría Superior de la Federación se desprendió que el Fideicomiso aún tiene recursos no ejercidos, además de montos producto de los intereses generados y devoluciones que hicieron consulados de México en Estados Unidos, entre otros.

Acuerdos rotos, vejaciones continuas

Por más de 2 décadas en las que jornaleros mexicanos viajaron a Estados Unidos, las vejaciones y humillaciones fueron parte del trato recibido por sus contratistas.
Una de las condiciones que ponían las empresas estadunidenses para la contratación de los campesinos era que debían estar en buen estado de salud; para ello, “nos encueraban, nos ponían a todos en fila. Luego, nos echaban DDT, insecticida. Decían que llevábamos piojos, chinches, animales”.
Los hombres debían estar fuertes, resistir el trabajo arduo y las largas jornadas sin tomar alimentos y apenas un poco de agua. La dieta la llevaban por la mañana y por la noche, antes de empezar la jornada laboral y a su fin.
“Nos revisaban todo, hasta si teníamos hemorroides o hernias en testículos y piernas”, dice con tono vergonzoso José de los Santos Piloche Ordóñez, originario de la comunidad de San Rafael Tlepatlaxco, quien obtuvo contratos por 10 años continuos, de 1953 hasta 1963: “Nomás venía a dejar los centavos con la familia y luego, si había chance, me volvía a recontratar”, relata.
Llegó a campos texanos cuando tenía 33 años. Empezó con la pizca de algodón. Luego, la lechuga. “Aquí y allá se dedicaba al campo: en México, a la siembra de maíz, cebada, frijol, me iba mal porque no eran mis terrenos, nada más vivía al día, con lo que se fueran dando, por eso me fui para allá”.
Sin estudios básicos, apenas sabía escribir su nombre y leer un poco. Trabajó para varias compañías y tuvo la suerte de ser contratado hasta por 3 meses, antes de regresar a México.
Sin embargo, las condiciones de vida no respetaban el acuerdo bilateral. Dormían en barracas, les daban dónde hacer de comer ellos mismos, compraban sus provisiones. Ellos mismos preparaban arroz, frijoles y tortillas de harina.

 “Llegaba el domingo y nos llevaban a comprar al pueblo, de donde estuviéramos nos llevaban a los pueblos. Nos organizábamos, aunque no fuéramos de la misma raza, unos cocinaban, otros a lavar los trastes”, comenta.
Las barracas eran unas casas grandes, como galeras, donde había camas donde dormir, con techos de lámina. Ahí, además del clima con altas temperaturas, “había que soportar el calor que se producía al cocinar, había quien tenía que vigilar toda la noche que los frijoles no se quemaran y los demás a dormir. Era triste la vida, íbamos por nuestra necesidad. Siempre hemos sido pobres. Nos acababan”, relata con voz cansada.
Lo soportaban todo por 8 o 10 dólares diarios, a veces trabajaban hasta 14 horas. “Y ya era más dinero, pero nos descontaban el 10 por ciento. Dormíamos poco, había que levantarse a echar tortilla. A las 7 de la mañana ya estaba la troca para que saliéramos a trabajar”. José estuvo con compañías que reclutaban hasta 500 almas, por eso eran grandes las barracas, con hasta tres camas encimadas. “Eso era lo que tantito nos molestaba, que nos desvelábamos para preparar el lunche para otro día. Ya al otro día llegaba la troca y a correr a su troca para cada quien”, dice el hombre que a sus 87 años no pierde la esperanza de recuperar el 10 por ciento que le fue descontado de su cheque, por 10 años de trabajo.
El reglamento que marca las condiciones bajo las cuales los trabajadores mexicanos fueron contratados indica que no coincidieron con los testimonios relatados los jornaleros: “Los trabajadores recibirán habitaciones higiénicas adecuadas a las condiciones físicas de la región, del tipo de las suministradas a los trabajadores nacionales ocupados en labores análogas; los servicios sanitarios y médicos, y las facilidades de alimentación de que disfruten los trabajadores a que se refiere este convenio”.

Lourdes, lucha por su herencia

A sus 70 años, va del Distrito Federal a Tlaxclala para reunirse con sus “compañeros de lucha”, por lo menos una vez al mes. Es activa en la organización de la asamblea, y una de las responsables en realizar los trámites ante la Secretaría de Gobernación y gestionar mesas de atención para resolver su situación, con legisladores.
Sin embargo, desde hace meses no es atendida por ninguna autoridad y sabe que no habrá, otra vez, mesas receptoras para los exbraceros o sus familiares.
Lourdes Guilliem Partida es hija de un exbracero que murió sin saber que el gobierno mexicano había recibido el 10 por ciento de sus ganancias como trabajador agrícola en Estados Unidos. Desde que escuchó a través de las noticias que esto había ocurrido, ha sido una de las principales en exigir un pago justo.
Amador Guilliem Salcedo, su padre, fue un veracruzano que viajó al Distrito Federal a estudiar secretariado antes de 1944. Ya en ese año encontró la “oportunidad” de trabajar en Estados Unidos, para mantener a su esposa y las dos hijas que había procreado.
Lulú, como le llaman sus compañeros, se autodefine zapatista. En su charla habla de la justicia, el trabajo y la igualdad como una doctrina propia. En la sala de su hogar extiende los documentos y fotografías de su padre como trabajador agrícola en el país vecino.
La hija de Amador Guilliem no recibe apoyo de ningún gobierno, ni del Distrito Federal ni del federal, pese a que ya podría ser beneficiaria de alguno de sus programas. Vive con una pensión de viudez que apenas le permite cubrir sus gastos básicos.

Carta a Enrique Peña Nieto

Lulú es una de las promotoras e impulsora de una carta enviada a Enrique Peña Nieto, el 13 de abril de 2013, apenas unos meses después de haber asumido la Presidencia de la República. Ésta fue turnada a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y de la que no se ha obtenido respuesta.
En ella, los integrantes de la Asamblea Nacional de Exbraceros, originarios de Tlaxcala, solicitan la “entrega de nuestro fondo de ahorro, constituido con una retención del 10 por ciento que para ese efecto nos descontaban los subempleadores […] ponemos a su apreciable consideración nuestros anhelos últimos de recuperación de nuestro fondo de ahorro […] Wells Fargo, en Estados Unidos, fue el encargado del fondo de ahorro, en tanto que en México fue operado por el Banco de Crédito Agrícola.
 “[…] No deseamos que por nuestra urgencia y necesidad, la autoridad nos quite nuestro derecho laboral al fondo de ahorro campesino a cambio de un apoyo, obligándonos a firmar un documento en el que renunciemos a ese derecho. La alevosía y ventaja con que se conduce el fideicomiso no es para nosotros, que en momentos como la Segunda Guerra Mundial, contribuimos con nuestro trabajo al bienestar nacional. Ahora, no queremos que el gobierno nos apoye, sino que nos cumpla, entregándonos nuestro fondo de ahorro, para sobrellevar lo que nos quede de vida”, exigen las palabras dirigidas al presidente Enrique Peña Nieto.
Érika Ramírez, enviada, @erika_contra

Más dinero a la burocracia de “seguridad nacional”


El presupuesto destinado a la “seguridad nacional” de México mantiene sus grandes incrementos anuales. Para este año, en términos reales y a pesar del recorte anunciado para otros rubros de la administración federal, será del 10.42 por ciento, al contabilizar un total de 92 mil 700 millones de pesos. 

Sin embargo, más del 80 por ciento de los recursos –casi 75 mil millones– irá a parar a sueldos, prestaciones y consumos administrativos; apenas poco más del 19 por ciento –menos de 18 mil millones– se invertirá en equipo, infraestructura y modernización, revela un estudio de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. 

Porcentualmente, los mayores aumentos se dan en el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Marina

El gobierno federal gastará en 2015 un total de 92 mil 762 millones 810 mil pesos en seguridad nacional: 8 mil 756 millones 92 mil pesos más que el año pasado, cuando se presupuestaron 84 mil 5 millones 890 mil pesos. Como en ningún otro sector, el dinero destinado a la “seguridad nacional” se incrementa año con año. En términos reales el presupuesto que se erogará en 2015 a través de la Presidencia de la República y tres secretarías de Estado registra un aumento del 10.42 por ciento con respecto del de 2014.
El 80.67 por ciento de los recursos se destinará al gasto corriente, es decir, servicios personales, administrativos y subsidios, y el 19.33 por ciento al gasto de capital: equipo e infraestructura, revela el documento El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2014-2015, elaborado por el maestro en economía Reyes Tépach, investigador parlamentario adscrito a la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.

El estudio concluye que “uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto en seguridad nacional” es la disparidad entre gasto corriente y gasto de capital. De acuerdo con el análisis, 74 mil 829 millones 10 mil pesos se gastarán en sueldos y prestaciones de seguridad social; papelería y equipos de cómputo, y ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones. Y apenas 17 mil 933 millones 810 mil pesos se destinarán a la adquisición de armamento, medios de comunicación móvil, tecnologías y construcción de infraestructura.

Así, menos de una quinta parte del presupuesto destinado a la “seguridad nacional” se erogará en la “modernización de las actividades que conforman esta función”, se asienta en el documento.

El análisis también concluye que, “como en la administración pasada del expresidente Felipe Calderón que se incrementó significativamente el gasto público federal para la seguridad nacional, la nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto está siguiendo la misma tendencia”.

Los 92 mil 762 millones 810 mil pesos representan el 0.51 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México. El año pasado, el gasto en seguridad nacional fue equivalente al 0.49 por ciento del PIB.
Cuatro dependencias del gobierno federal serán las encargadas de aplicar los recursos en materia de seguridad nacional: la Presidencia de la República, a través del Estado Mayor Presidencial (y dos unidades responsables de gasto más), con 1 mil 149 millones 190 mil pesos; la Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con 7 mil 616 millones 130 mil pesos; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 59 mil 616 millones 110 mil pesos, y la Secretaría de Marina (Semar), con 24 mil 381 millones 380 mil pesos.
El Estado Mayor Presidencial es un órgano al servicio directo del presidente de la República. Se integra por efectivos de las tres Fuerzas Armadas permanentes del país: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México. Sus funciones sustantivas son las de garantizar la seguridad del presidente y su familia, de los mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten la República Mexicana y de los expresidentes de la República. Además, de otras personalidades que, por la importancia de su cargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo federal. También tiene a su cargo la seguridad de las instalaciones presidenciales. Asimismo está facultado para desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia.

El Cisen es el órgano de inteligencia civil del Estado Mexicano. Es una institución desconcentrada de la Secretaría de Gobernación. El propósito del Cisen, según la información oficial de su portal electrónico es “generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de Derecho” (sic). Abunda: “El papel del Cisen consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país”.

La Sedena es la secretaría de Estado encargada de organizar y administrar a dos de las Fuerzas Armadas permanentes: el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana. Según la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, formalmente realiza cinco funciones sustantivas: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Las actividades de inteligencia y contrainteligencia están a cargo de las secciones Segunda y Séptima de su Estado Mayor.

La tercera Fuerza Armada permanente, la Armada de México, es administrada y organizada por le Semar. Su misión es “emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país”. Para ello, como la Sedena, realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia. Cuenta con la Unidad de Inteligencia Naval.

A Presidencia, 23 por ciento más

El documento elaborado por el investigador Reyes Tépach revela que, en términos reales, la Presidencia de la República fue la entidad que mayor aumento logró en materia de seguridad nacional con respecto del presupuesto del año anterior: el 23.01 por ciento. En 2014 erogó 934 millones y en 2015 ejercerá 1 mil 149 millones 190 mil pesos; es decir, 214 millones 99 mil pesos más.
La Semar continúa, como desde el sexenio pasado, con incrementos reales por encima de la Sedena. En el presente año ejercerá 24 mil 381 millones 380 mil pesos contra los 21 mil 568 millones 720 mil pesos del año pasado. La diferencia es de 2 mil 812 millones 660 mil pesos, por lo que el aumento fue del 13.04 por ciento.
El aumento real para la Sedena fue del 10.47 por ciento, al pasar de 53 mil 965 millones 890 mil pesos en 2014 a 59 mil 616 millones 110 mil pesos en 2015. Es decir, 5 mil 650 millones 220 mil pesos más.
En el detalle de los montos para gasto corriente y de capital por dependencia, el estudio arroja que la Presidencia de la República erogará 1 mil 103 millones 340 mil pesos en gasto corriente y 45 millones 850 mil pesos en gasto de capital. Las cifras para la Secretaría de Gobernación son de 2 mil 929 millones 110 mil pesos y 4 mil 687 millones 2 mil pesos, respectivamente. Para la Sedena, de 51 mil 747 millones 1 mil pesos y 7 mil 869 millones 100 mil pesos. Y para la Semar de 19 mil 49 millones 550 mil pesos y 5 mil 331 millones 830 mil pesos.
Los 1 mil 149 millones 190 mil pesos que ejercerá la Presidencia de la República en materia de seguridad nacional se distribuirán a través de dos programas: 24 millones 820 mil pesos para Asesoramiento, Coordinación, Difusión y Apoyo de las Acciones en Materia de Seguridad Nacional a Cargo del Consejo de Seguridad Nacional; y 1 mil 124 millones 370 mil pesos para Apoyo a las Actividades de Seguridad y Logística para Garantizar la Integridad del Ejecutivo Federal.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación erogará los 7 mil 616 millones 130 mil pesos presupuestados en materia de seguridad nacional en sólo un programa: Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional.
La Sedena aplicará los 59 mil 616 millones 110 mil pesos asignados en materia de seguridad nacional a través de 11 programas: Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional, 35 mil 427 millones 710 mil pesos; Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, 11 mil 349 millones 730 mil pesos; Actividades de Apoyo Administrativo, 7 mil 92 millones 320 mil pesos; Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Militar y Maquinaria Pesada y Administrativa Inmobiliaria, 2 mil 176 millones 480 mil pesos; Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional, 1 mil 311 millones 940 mil pesos; Investigación y Desarrollo Tecnológico, Producción y Mantenimiento de Armamento, Municiones, Explosivos, Vehículos y Equipos Militares y Sus Accesorios, 1 mil 105 millones 480 mil pesos; Investigación, Desarrollo y Producción de Vestuario y Equipo Militar y Mantenimiento de Infraestructura, 1 mil 9 millones 740 mil pesos; Salud y Producción Animal, 99 millones 560 mil pesos; Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN, 23 millones 350 mil pesos; Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos o a Militares que Hayan Adquirido una Incapacidad en 1/a. Categoría en Actos del Servicio Considerados de Alto Riesgo (sic), 18 millones, y Programas de Emergencias Radiológicos Externo (PERE) (sic), 1 millón 810 mil pesos.
Mientras, la Semar ejercerá los 24 millones 380 mil 380 pesos presupuestados para seguridad nacional por medio de 10 programas: Emplear el Poder Naval de la Federación para Salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacionales, 15 mil 226 millones 150 mil pesos; Adquisición, Reparación y Mantenimiento de Unidades Operativas y Establecimientos Navales, 2 mil 786 millones 780 mil pesos; Actividades de Apoyo Administrativo, 1 mil 306 millones 910 mil pesos; Desarrollo y Dirección de la Política y Estrategia Naval, 1 mil 251 millones 970 mil pesos; Construcción Naval para la Sustitución de Buques de la Armada de México, 963 millones 740 mil pesos; Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social, 942 millones 190 mil pesos; Desarrollar las Comunicaciones Navales e Informática, 880 millones 970 mil pesos; Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional, 842 millones 260 mil pesos; Seguridad de la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino, 178 millones 710 mil pesos; Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales, 700 mil pesos.

Tres unidades responsables serán las encargadas de ejercer los recursos de la Presidencia de la República en materia de seguridad nacional (1 mil 149 millones 190 mil pesos): el Estado Mayor Presidencial dispondrá de 624 millones 5 mil pesos; la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial, 500 millones 320 mil pesos, y la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, 24 millones 820 mil pesos.

La única entidad responsable de ejercer el gasto en materia de seguridad nacional de la Secretaría de Gobernación es el Cisen. Así, a través de esta dependencia se ejercerán los 7 mil 616 millones 130 mil pesos destinados para este rubro.

Las unidades responsables de gastar los 59 mil 616 millones 110 mil pesos que la Sedena dispone para la seguridad nacional son 22: la Comandancia de la I Región Militar, 13 mil 705 millones 140 mil pesos; la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, 11 mil 349 millones 730 mil pesos; la Dirección General de Administración, 6 mil 427 millones 5 mil pesos; la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 3 mil 575 millones 230 mil pesos; la Dirección General de Ingenieros, 3 mil 488 millones 420 mil pesos; la Comandancia de la VII Región Militar, 2 mil 464 millones 850 mil pesos; la Comandancia de la VI Región Militar, 2 mil 403 millones 470 mil pesos; la Comandancia de la XII Región Militar, 1 mil 931 millones 240 mil pesos; la Comandancia de la V Región Militar, 1 mil 903 millones 170 mil pesos; la Comandancia de la II Región Militar, 1 mil 828 millones 670 mil pesos; la Comandancia de la VIII Región Militar, 1 mil 793 millones 720 mil pesos; la Comandancia de la XI Región Militar, 1 mil 283 millones 600 mil pesos; la Comandancia de la III Región Militar, 1 mil 209 millones 330 mil pesos; la Comandancia de la IX Región Militar, 1 mil 160 millones 730 mil pesos; la Dirección General de Industria Militar, 1 mil 105 millones 40 mil pesos; la Comandancia de la IV Región Militar, 1 mil 81 millones 970 mil pesos; la Comandancia de la X Región Militar, 1 mil 50 millones 160 mil pesos; la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, 1 mil 9 millones 740 mil pesos; la Dirección General de Informática, 429 millones 330 mil pesos; la Dirección General de Comunicación Social, 245 millones 510 mil pesos; la Dirección General de Sanidad, 99 millones 560 mil pesos, y la Dirección General de Intendencia, 70 millones 10 mil pesos.

En cuanto a la Semar, son 14 unidades las responsables de ejercer los 24 mil 380 millones 380 mil pesos asignados en materia de seguridad nacional: las Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales, 14 mil 34 millones 890 mil pesos; la Dirección General de Servicios, 4 mil 362 millones 320 mil pesos; la Dirección General de Administración y Finanzas, 1 mil 725 millones 480 mil pesos; el Estado Mayor General de la Armada, 1 mil 562 millones 300 mil pesos; la Dirección General de Construcciones Navales, 1 mil 382 millones 640 mil pesos; la Oficialía Mayor, 520 millones 530 mil pesos; la Dirección General de Recursos Humanos, 371 millones 360 mil pesos; la Dirección General de Investigación y Desarrollo, 149 millones 820 mil pesos; la Secretaría,127 millones 690 mil pesos; Inspección y Contraloría General de Marina, 61 millones 470 mil pesos; la Unidad Jurídica, 31 millones 460 mil pesos; la Subsecretaría, 26 millones 720 mil pesos; la Junta de Almirantes,16 millones 460 mil pesos, y la Junta Naval, 8 millones 230 mil pesos.
Documentos:
Zósimo Camacho, @zosimo_contra

Disfunción pública


Andrade y Peña en Los Pinos. Foto: Benjamin Flores
Andrade y Peña en Los Pinos.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con cada coletazo, el dinosaurio priista va destruyendo una a una las instituciones de la supuesta “transición democrática”. Cualquier organismo público que haya tenido en algún momento un espíritu ciudadano o una independencia política ha sido domesticado o cooptado por el aparato. El intento de Enrique Peña Nieto de resucitar como tapadera coyuntural a la ya desaparecida Secretaría de la Función Pública (SFP) es un ejemplo particularmente claro de la consolidación de este perverso rasgo del autoritarismo mexicano.

La primera “reforma estructural” impulsada por Peña Nieto no fue la reforma educativa, ni la reforma energética, sino la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Aun antes de tomar posesión, el presidente electo hizo llegar al Congreso de la Unión, por los malos oficios de Manlio Fabio Beltrones, una iniciativa de ley que eliminaría la SFP y trasladaría sus funciones medulares a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de ser ocupada por su amigo y cómplice Luis Videgaray. Peña Nieto también buscaba excluir miles de puestos del ya debilitado Sistema de Servicio Profesional de Carrera con el fin de rellenarlos con nuevos funcionarios a modo.

El propósito era centralizar al máximo el poder administrativo para evitar cualquier fuga de información sobre los fraudes que ya se estaban preparando desde Los Pinos. Recordemos que precisamente en las mismas fechas en que el presidente electo envió su reforma administrativa a los diputados, en noviembre de 2012, el futuro secretario de Hacienda estaba en pleno proceso de mudanza a su nueva “Casa HIGA” en Malinalco.
Peña Nieto tenía la intención de encubrir su jugada centralizadora con la creación simultánea de un nuevo elefante blanco llamado Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) que estaría bajo el control de un consejo de “notables”, incluyendo a los 31 gobernadores, y presidido por el mismo primer mandatario. Aquella cortina de humo simuladora la analizamos en su momento en estas mismas páginas (véase: http://ow.ly/IyI0z). La propuesta que hoy impulsa el PRI en el Congreso de la Unión a partir de la masacre de Iguala es esencialmente la misma.

Por alguna extraña razón, aun con la total capitulación de las fuerzas “opositoras” en el Congreso no se pudo aprobar la creación del nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto. Al parecer, los panistas pensaron dos veces antes de entregar aún más armas a sus aliados priistas que después podrían ser utilizadas para chantajearlos exhibiendo la vasta corrupción del sexenio calderonista.

El PRD habría tenido el mismo propósito con respecto a las fechorías de Marcelo Ebrard y otros mandatarios locales. Por ejemplo, si hoy existiera la CNA no sería una Comisión Especial de la Cámara de Diputados la que estaría utilizando el escándalo de la Línea 12 del Metro para desacreditar a Ebrard, sino un poderoso organismo “autónomo” directamente al servicio del PRI-gobierno.

Sin embargo, aunque lograron parar la CNA, la “dignidad” de los legisladores de “oposición” no alcanzó para frenar las reformas a la LOAPF. Lo único que se logró fue la inclusión de un artículo transitorio en la reforma a la ley orgánica que indicaba que la SFP se mantendría temporalmente en funcionamiento hasta que se creara el nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto.

En consecuencia, desde hace más de dos años la SFP se encuentra en un limbo jurídico que la ha debilitado en extremo. Muerta en vida, la secretaría es hoy un auténtico “zombi” burocrático que deambula perdido por los pasillos del poder. Virgilio Andrade, quien siempre ha defendido férreamente los intereses de su partido, el PRI, tanto dentro como fuera de la administración pública, es entonces la persona perfecta para encabezar este Frankenstein en fase terminal. Su única función será tapar, cubrir y limpiar los evidentes conflictos de interés y corruptelas de su jefe y sus amigos en el gabinete presidencial.

Este desenlace de la SFP debe ser un trago muy amargo para quienes tenían esperanza de que la alternancia de 2000 pudiera generar procesos de profesionalización de la administración pública federal. Vicente Fox creó la SFP en 2003 para dirigir la modernización administrativa que supuestamente tendría lugar con la nueva Ley de Servicio Profesional de Carrera (LSPC). En realidad, ni Fox ni Felipe Calderón tomaron en serio este necesario proceso de transformación del Poder Ejecutivo. Vaciaron de contenido a la LSPC por medio de reglamentos amañados y colocaron a una serie de políticos ambiciosos y burócratas grises como titulares de esta importante secretaría. Calderón inclusive propuso la desaparición de la SFP en 2009. Sin embargo, nunca habíamos llegado a un extremo tan vergonzoso o un cinismo tan transparente como aquellos en que incurre Peña Nieto.

La muerte definitiva de la SFP como un organismo reformador e independiente constituye la cereza en el pastel de la disfuncionalidad pública bajo el régimen actual. Primero se canceló la división de poderes por medio de la suplantación del Congreso de la Unión por el “Pacto por México”. Después terminaron con la oposición partidista con la cooptación del PRD, y reprimieron a la oposición social con constantes abusos policiacos y detenciones arbitrarias. Posteriormente sometieron al INE (antes IFE) y al IFAI al rellenar a ambos institutos con funcionarios fieles al régimen. Hoy terminan el trabajo con la perversión absoluta del proyecto original de la SFP.

El Partido Revolucionario Institucional ya no es digno de su nombre. Se ha convertido definitivamente en el Partido de la Reversión Institucional. Solamente un masoquista se atrevería a desear su permanencia en el poder más allá del presente sexenio. Ha llegado la hora de ir preparando el relevo.
Twitter: @JohnMAckerman

La doble cara de Bancomer



Una sucursal de Bancomer en la ciudad de México. Foto: Fernando GutiérrezA partir del litigio de un particular contra su exempleador, Bancomer, se descubrió que esa institución, el banco más grande de México, cuya matriz está en el extranjero, lleva una doble contabilidad: por un lado tiene estados financieros auditados donde se ven claramente sus utilidades y por otro, ante Hacienda, alega pérdidas. De este modo la institución bancaria se inventa un pretexto para no pagarles utilidades a miles de sus trabajadores.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En su informe anual consolidado correspondiente a los años 2005 y 2006, BBVA Bancomer hizo público que en ese periodo obtuvo utilidades netas por 12 mil 134 millones de pesos el primero de esos años, y 21 mil 622 millones de pesos el segundo.

Además en los estados financieros auditados por la firma Galaz, Yamazaki y Urquiza, se reportó que en esos dos años hizo pagos de 955 millones y 5 mil 612 millones de pesos, respectivamente, por concepto de Impuesto Sobre la Renta y pago de utilidades.

Sin embargo, durante un largo litigio para demandar el pago de sus utilidades interpuesto hace siete años por Martín Agustín Ocampo –extrabajador del área fiduciaria de BBVA Bancomer–, se descubrió que la principal institución bancaria de México les adeuda pagos de utilidades de 2004, 2005 y 2006 por más de 3 mil 300 millones de pesos a sus trabajadores; además declaró en forma complementaria una pérdida en su contabilidad ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por casi 2 mil millones de pesos en 2006, de acuerdo con los datos de un juicio concurrente.
Los documentos del litigio –cuya copia obtuvo Proceso– “pueden sentar un precedente histórico”, advierte Ocampo, quien ya avanzó en su litigio por el reparto de utilidades por 316 millones de pesos correspondientes a 2004, aunque aún están pendientes de determinarse la validez de los pagos de utilidades de 2005 y 2006, que suman 3 mil millones de pesos.

“Me he ido enterando de varias cosas truculentas que el banco realizó para no pagarle utilidades al personal, como fue la sustitución patronal, el 22 de noviembre de 2006, del personal de BBVA Bancomer, el patrón original, por BBVA Bancomer Operadora S. A., un outsourcing”, afirma Ocampo, quien considera que su caso puede ser similar al relatado en la película Erin Brockovich, pues ayudará al pago para todos los otros trabajadores a quienes no les repartieron utilidades.
En marzo de 2009, en los documentos del juicio de nulidad que interpuso el banco, BBVA Bancomer reportó ante la Junta Especial Número 14 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, contrario a lo declarado en su propio informe anual correspondiente a 2005 y 2006, en este último año no pagó impuestos ni utilidades porque tuvo una “pérdida fiscal del ejercicio” de más de 2 mil millones de pesos.
“Es necesario que las autoridades intervengan porque aquí hay una doble contabilidad”, sentencia Ocampo en entrevista. “La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda deben investigar. No es posible que Bancomer diga que no tenía utilidades, hasta que yo presento mi demanda” e “inició un proceso de nulidad en 2008 para no pagar las utilidades de 2004 y defender su posición de que no hubo utilidades en 2005 y 2006”.

Proceso buscó las versiones del área de la Dirección Jurídica de BBVA Bancomer y de su Dirección de Comunicación Social. El banco “se reserva sus comentarios dado que estamos en un proceso legal y daremos una versión hasta que esto culmine”, se informó a este semanario.
Ocampo explora la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia atraiga este caso “porque es violatorio del artículo 123, fracción 9 de la Constitución, en donde se establece que los trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades”.
“Es relevante que la Corte lo atraiga pues afecta a muchos trabajadores y extrabajadores y a sus familias; el pago de esa prestación pudo ser la diferencia de alguna situación apremiante de éstos y sus familias, ahora sin empleo”, abunda Ocampo.
Hasta ahora la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, después de siete años, emitió un laudo en el que condena a Bancomer a pagar a Ocampo la cantidad correspondiente al reparto de utilidades de 2004, pero lo exime de pagar 2005 y 2006, años en los cuales las cantidades son más altas.

“Si yo le gano los amparos a Bancomer, estará obligado a pagar a todos los demás trabajadores a quienes no les dieron reparto de utilidades en esos años. Fueron más de 20 mil trabajadores”, calcula Ocampo y agrega que se deberá ampliar la demanda y hacerla colectiva para poder presionar el cobro.
La “ordeña”
“El objetivo de BBVA Bancomer y de la mayoría de los bancos extranjeros es pagar dividendos altos a sus accionistas de las casas matrices. Bancomer se salió de la Bolsa Mexicana de Valores para poder pagar dividendos directos a los accionistas –afirma– y evitar la supervisión de los números que manifiestan”.
El extrabajador de Bancomer citó la polémica generada en marzo de 2012 por el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, quien afirmó en un artículo publicado en Financial Times que los bancos de propiedad extranjera en México pagaron a sus casas matrices 20 mil millones de dólares, cantidad comparable a la que sus actuales dueños pagaron por ellos entre finales de la década de los noventa y la primera del siglo XXI.

Ortiz Martínez, en ese momento presidente del Consejo de Administración de Banorte, afirmó que la banca extranjera en México fue “un negocio increíblemente rentable” que ha trasladado fuertes cantidades de dividendos a sus matrices en detrimento del crédito y del crecimiento de la economía.
El entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, calificó de “falaces” los argumentos de Ortiz Martínez y le recordó en declaraciones a la prensa que él mismo fue protagonista del proceso de privatización de la banca como subsecretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1990.
A las críticas de Ortiz Martínez se sumaron las de Alejandro Valenzuela, entonces director general del Grupo Financiero Banorte, quien consideró que “no es un tema menor” la cantidad de dividendos que envían los bancos extranjeros que operan en México a sus matrices.
Ninguno de ellos mencionó el tema de la falta de pago del reparto de utilidades o de la doble contabilidad para evitar el pago de impuestos ante el SAT.
“Si esto sigue así, va a pasar como sucedió recientemente en Grecia: van a matar a la gallina de los huevos de oro. Sí es necesaria la apertura hacia el extranjero, pero que paguen impuestos y cumplan con las obligaciones laborales.

“Es increíble que algunos funcionarios de Bancomer, con tal de no pagar las utilidades, pongan en peligro la concesión de un banco. Este caso pone en riesgo la concesión de Bancomer ante una revisión real de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo le van a decir a los empleados que ‘se les olvidó’ pagar utilidades 10 años después?”, reflexiona Ocampo.
El litigio
Después de siete años, el 4 de julio de 2014, la Junta Federal Número 14 emitió un laudo donde le da parcialmente la razón a Ocampo en uno de los tres periodos (2004), debido a la existencia de suficientes pruebas y la falta de manejo de la defensa del banco, a cargo del despacho de Tomás Natividad Sánchez, abogado también de la Coparmex.
En la inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se demostró que BBVA Bancomer obtuvo una utilidad de 316 millones de pesos durante 2004, de la cual existe un procedimiento fiscal que el banco no inició sino hasta 2008, y después de perderlo en las salas fiscales, se encuentra en amparo con el número 643/2014 en el 16 Tribunal Colegiado en Materia de Administración.

Los abogados de la institución financiera alegaron la prescripción, pero se determinó que ésta no se daba porque el cómputo del año comienza a partir de que la empresa hace de conocimiento de sus empleados la existencia de las mismas. Por esta razón, el tribunal le dio la razón a Ocampo.
Éste y su abogado tuvieron acceso a informes de la Procuraduría Fiscal, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de Hacienda, cuyo voluminoso expediente pudo revisar Proceso. Entre esos documentos están los presentados por BBVA Bancomer que confirman que se está realizando doble contabilidad.
Por un lado existen estados financieros auditados donde se ven claramente las utilidades y por el otro, la presunción de que no las hubo. Sólo la Secretaría de Hacienda se negó a dar informes a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, según consta en los documentos del expediente.

En el caso del outsourcing, el Tercer Tribunal Colegiado, integrado por los magistrados Alicia Rodríguez Cruz, Tarcisio Aguilera Troncoso y Héctor Arturo Mercado López, resolvió en septiembre de 2013 que el convenio de sustitución patronal en Bancomer era ilegal, en virtud de que para justificar la existencia de un patrón sustituto es indispensable que se transmita de una empresa a otra el patrimonio como unidad o parte del mismo, y en este caso no existió tal transmisión.
En el amparo directo 638/2013, los magistrados se apoyaron en resoluciones previas de la Suprema Corte de Justicia y determinaron que “los elementos de prueba ofertados en el juicio ponen de manifiesto la simulación que adujo el actor (…) se estima que BBVA Bancomer S.A., institución de banca múltiple, pretende eludir el cumplimiento de las obligaciones que se han generado con motivo del vínculo laboral”.

La producción de Pemex, hacia abajo



Antonio Gershenson

No es sólo la baja de precios, sino la baja de la producción. Y, para los amantes de la entrega a las trasnacionales, la mayor baja es en la zonas que ya fueron entregadas a las mismas. Y, afortunadamente, Pemex todavía no ha sido liquidado, y puede sacar adelante un proyecto que desde hace más de 10 años ha estado aumentando su producción de crudo y de gas natural, los campos Tsimin-Xux, en Litoral de Tabasco.
Empezamos por la parte positiva. La producción de crudo en Litoral de Tabasco fue, en todo 2014, de 320 mil barriles diarios, frente a 38.5 mil barriles diarios en 2003, en crecimiento sostenido, 8.3 veces frente al mencionado año anterior.

En cuanto al gas natural, en el mismo periodo su producción aumentó de 87 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) a 843 mmpcd. Aumentó en 9.7 veces. En esto ha contado la producción de los campos Tsimin-Xux, que ha pasado de 9 miles de barriles diarios (mbd) en 2012, a 29 mbd en 2013 y a 85 mbd en 2014.
Hay en proceso, además, un proyecto de desarrollo de operaciones más completo de estos campos. Este sistema contempla una plataforma de perforación, una de producción, otra más de enlace, una habitacional para atender a los trabajadores y dos más para el proceso de baja y alta compresión de hidrocarburos.

Actualmente el proyecto está prácticamente a la mitad de su desarrollo, pues aún hace falta instalar, al menos, tres de las seis plataformas, las cuales ya están siendo construidas y estarán listas en los siguientes meses, por lo que la operación del complejo comenzará a finales de 2015.

La infraestructura es muy importante y fue instalada en noviembre del año pasado. De hecho, ya se instaló la plataforma de Compresión Litoral-A, diseñada para procesar el gas que va a provenir de los campos Tsimin-Xux, es decir, se llevarán a cabo procesos de presión al gas producido para comprimirlo y enviarlo a los centros procesadores de gas en Ciudad Pemex y otros complejos de Pemex.

Pasamos a la parte negativa, que desgraciadamente es la absoluta mayoría de Pemex.

La producción total de crudo ha venido bajando, ya lo hemos visto, desde 3 mil 382.9 miles de barriles diarios en 2004 a 2 mil 522 en 3013 y todavía más a 2 mil 429 en 2014. Se previó oficialmente para 2015 2 mil 400 miles de barriles diarios. Pero esa baja resultó muy optimista, porque la producción en enero fue de 2 mil 235 miles de barriles diarios, con una reducción de 34 por ciento en la producción frente a 2004.
Se busca en la entrega a las trasnacionales la solución. Pero la experiencia ha mostrado lo contrario, que las trasnacionales contribuyen a que baje la producción.

En Burgos, entregada por 20 y por 15 años a empresas extranjeras, la producción de gas natural, que es el propósito en la región, bajó de mil 515 mmpcd en 2009 a mil 154 mmpcd en todo 2014. Baó la producción en 24 por ciento.

En Veracruz, entregada a empresas privadas, principalmente trasnacionales, la producción bajó de 956 mmpcd en 2008 a 444 en 2004. La baja en la producción fue de 46 por ciento.

En Chicontepec, con la producción en manos de transnacionales hasta en la dirección de los proyectos, esa producción bajó de 75 mbd de crudo en enero de 2013 hasta 44 mbd en enero de 2015. La producción bajó 59 por ciento en dos años. Y es un proyecto carísimo.

Hay otro plano de análisis del asunto del gas natural, que ya hemos considerado también. Los yacimientos de gas no asociado incluyen sobre todo a los entregados a trasnacionales, como los citados de Burgos y Veracruz. En el último año tuvo la baja de 1 mil 763 a 1 mil 712 mmpcd. Pero su baja desde 2007 hasta 2014 fue de 34 por ciento.

En cambio los yacimientos de gas asociado, los que tienen gas natural pero también tienen crudo, que están básicamente controladas por Pemex, tuvieron un modesto aumento, aumento al fin, en el último año, pero de 2005 a 2014 tuvo el aumento de 37 por ciento.

En los diferentes aspectos vemos que son posibles la eficiencia de Pemex y la ineficiencia de las trasnacionales. Claro, Pemex no les da a sus funcionarios mordidas sino que les paga de una manera más fija, y en cambio las trasnacionales ganadoras de concursos sí saben cómo mostrarles su agradecimiento a los funcionarios, de ahí la preferencia de éstos.

De los datos mencionados vemos que las trasnacionales causan la baja de los yacimientos que manejan, que son más que el promedio de los operados por Pemex.

Última hora. El intento oficial de mantener sus concursos y demás en secreto es un intento por ocultar el creciente tamaño de su entrega del petróleo.

Bailleres y su clan ITAM van por el féretro de Pemex


Bajo la lupa

Foto
Alfredo Jalife-Rahme

Imagen de archivo de la plataforma de exploración Bicentenario, de Industrial Perforadora Campeche, Grupo RFoto José Carlo González

Al Financial Times ( FT, http://goo.gl/YkQAZl) impactó la extraña incursión en la industria del petróleo del ganadero y empresario Alberto Bailleres González con una nueva compañía, PetroBal, lo cual considera una jugada audaz en momentos del desplome del crudo (http://goo.gl/vwbtB6).

Al FT impresiona que el punto saliente de Bailleres sea el reclutamiento de Carlos Morales Gil, petrolero número uno (¡supersic!) de México, quien resultó uno de los múltiples caballos de Troya que operaron como durmientes topos antimexicanos durante décadas (http://goo.gl/k9nG5f).

FT pasa por alto el papel determinante del clan ITAM de Bailleres, de 83 años, en la inevitable privatización de Pemex desde la entrega fraudulenta de la banca mexicana hace 20 años, en la que colaboró: ¡de la plata al petróleo!

Morales Gil tuvo a su cargo la dirección de Exploración y Producción durante ocho años (http://goo.gl/kQDfdg) y se lleva los secretos que presuntamente sustrajo en forma ilegal de Pemex para beneficiar a la segunda fortuna más importante de México, lo cual no es nada edificante cuando las trasnacionales foráneas y las empresas privadas locales despojan la red de contactos y los documentos confidenciales acumulados en 77 años sin pagar derechos de autor.

Pemex se había convertido en su propio cría cuervos y su emasculación deliberada se intensifica antes de la licitación teatral de la ronda uno con un doble recorte brutal: tanto de la Secretaría de Hacienda, a cargo del polémico itamita Videgaray, como de la autoinmolación presupuestal del consejo de la paraestatal bajo las presiones de otro itamita, el argentino-israelí-mexicano (sic) Alejandro Werner Wainfeld, anterior ejecutivo de BBV Bancomer y hoy director del hemisferio occidental del FMI.

Los hermanos Werner Wainfeld –Martín, también itamita, y Alejandro– jugaron un papel ejecutivo en la carnicería financiera de México con el Fobaproa/IPAB que desembocó en la expoliación foránea de la banca local (http://goo.gl/KBICSa).

Paso por alto el papel facilitador del entonces y único secretario de Hacienda salinista, el itamita Pedro Aspe, en la fusión de cuatro instituciones financieras del Grupo Bailleres –Crédito Hipotecario, Crédito Hipotecario del Sur, Banco Minero y Mercantil, y Crédito Minero y Mercantil– en la pestilente Banca Cremi, luego refusionada con los gansteriles Banco Unión y BCH, del hampón Carlos Cabal Peniche, y finalmente absorbidos por BBV Bancomer(http://goo.gl/EAN5OZ).

Bailleres sigue siendo socio de BBV Bancomer y es miembro prominente del consejo directivo de Televisa, que jugó un papel preponderante en la desinformación para expoliar a Pemex.

Forbes coloca a Bailleres en el sitio 119 de la lista de multimillonarios globales, con una fortuna de 10 mil 300 millones de dólares (http://goo.gl/MtLICH).

El Grupo Bailleres concentra magnos negocios: GNP seguros, casa de bolsa Valores Mexicanos, Industrias Peñoles, Palacio de Hierro, Femsa (Oxxo y embotelladora Coca-Cola) y el ITAM (¡otro negociazo!) que procura los recursos humanos del fallido neoliberalismo público y privado.

El ITAM, de sólo 4 mil 500 alumnos, fue fundado en 1946 por el guanajuatense Raúl Bailleres Chávez y su segundo hijo, Alberto Bailleres, egresado de allí, preside desde 1967 en forma antidemocrática e ininterrumpida su junta de gobierno con la que se otorgó el doctorado honoris causa en 1999.

El ganadero Alberto Bailleres González acaba de publicar un polémico cuan lujoso libro Arte y toreo, cuyo prólogo supino en favor de la salvaje tauromaquia (http://goo.gl/74ocNw) corre a cargo del mismo apologista de la impresentable Mamá Rosa (http://goo.gl/NWVfZB), exhibida por pedofilia y tráfico de órganos (http://goo.gl/DkOt6v). ¡No los detiene ninguna civilizatoria categoría axiológica!

Destaca la conectividad itamita de Bailleres, su ex consuegro Pedro Aspe, y Videgaray con Protego, hoy Evercore Partners de Roger Altman, del Olimpo de Estados Unidos (EU): bisagra financierista de Lehman Brothers (quebrado) /Albright Stonebridge (al que pertenece Zedillo) /BlackRock (http://goo.gl/QmZL79) que resultó premonitorio (http://goo.gl/TSlBAm).

El regalo de Pemex contó con el disfraz académico del ITAM y Wilson Center (http://goo.gl/PxGfpq), donde funge como gozne el pirata británico Duncan Wood (http://goo.gl/2ibhqK).

Los itamitas Lozoya Austin y el calderonista Rafael Fernández de Castro perdieron todo rubor al recibir instrucciones de Condy Rice, ex asesora de seguridad nacional de Baby Bush y directiva de Chevron (http://goo.gl/FVtMD0).

El control del clan ITAM de Bailleres a nivel público y privado en el desmantelamiento de Pemex es apabullante.

Del total de los siete magníficos del Fondo Mexicano (sic) del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuatro (la mayoría) son del clan ITAM.

Por el Estado mexicano (sic) dos de tres son itamitas, Videgaray y Carstens, y los otros cuatro consejeros (sic) independientes (sic) dos también lo son: Arturo Manuel Fernández Pérez, rector (¡supersic!) del ITAM, y Téllez Kuenzler –mancillado de nuevo en sus cuentas secretas de HSBC/Suiza.

El éxodo de Pemex y la Secretaría de Energía es masivo cuan dramático con ex directores enriquecidos (http://goo.gl/AFP4ND) que venden su alma al Mefistófeles trasnacional: el itamita Suárez Coppel, asesor de Jacobs Nedderland BV; Ramírez Corzo, consejero de Oro Negro con Gonzalo Gil White, hijo del itamita y controvertido secretario de Hacienda foxiano Gil Díaz (http://goo.gl/cEvr0u); la itamita Georgina Kessel –profesora del también itamita Felipe Calderón, quien anhelaba ser director de Repsol– consejera de la polémica Iberdrola; el zedillista y Chicago Boy Carlos Ruiz Sacristán, presidente de la filial mexicana de la corrupta Sempra Energy/IENova y quien comparte con el itamita Jesús Reyes Heroles González Garza (JRHGG) la membresía del Consejo Directivo de la polémica OHL.

Este último es socio estratégico de Morgan Stanley. Dejo de lado la tóxica conectividad de Schlumberger con otro ex director de Pemex.

Los entreguistas privatizadores de Pemex entonan su nuevo himno de Norteamérica y la integración energética de México (sin mexicanos y con un muro de la ignominia) a los designios geopolíticos de EU como exigen el CFR (http://goo.gl/8SutkJ) y Goldman Sachs (http://goo.gl/vhtIDp), donde Martín Werner es socio operativo.

El salinista Claudio X. González, presidente eterno del Consejo Mexicano de Negocios, expectora que Norteamérica (¡supersic!) tiene un gran potencial energético para transformar al mundo (¡supersic!) y rumia lo mismo que el mendaz IMCO del evasor fiscal Valentín Díez, cuyo locuaz y progolpista empleado Pardiñas regurgita en forma ridícula que México será el puntal de la “revolución energética del siglo XXI (http://goo.gl/ZZe1Cn)”.

A los apátridas empresarios y sus subsidiados psitácidos no les conviene actualizarse cuando Patrick Pouyanne, mandamás de la petrolera francesa Total, sentencia que “no es cierto que EU será independiente en petróleo, debido al desplome del crudo que afectará a sus productores de petróleo/gas shale (esquisto/lutita; http://goo.gl/bkqa7a)”.

El petróleo expoliado de México por el clan ITAM de Bailleres es el que salvará a EU; no al revés.

Facebook: AlfredoJalife

Genera críticas el respaldo desesperado de la IP al Ejército en el caso Ayotzinapa


Las cúpulas empresariales se creen dueñas de los militares, expresa académico de la Uia

Los dichos de la Concanaco poco ayudan al gobierno, señala líder de pequeños comerciantes

Susana González y Juan Carlos Miranda
 Periódico La Jornada
Domingo 15 de febrero de 2015, p. 11

La advertencia del dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco -Servytur), Enrique Solana Sentíes, de que por ningún motivo permitiremos que (los padres de familia) se metan en los cuarteles es una medida desafortunada y desesperada para ayudar al gobierno federal, pero también como una evidencia de la insensibilidad de las cúpulas empresariales y su creencia de que son dueños del Ejército, aseveraron Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPC), y Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio del Salario Justo de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Si el dirigente de la Concanaco quiso respaldar al gobierno federal con sus declaraciones de que la cúpula empresarial no permitirá por ningún motivo que los padres de los normalistas desaparecidos se metan a los cuarteles del Ejército –aunque la Secretaría de Gobernación accedió a que inspeccionen sólo el de Iguala–, poco lo ayuda a salir del problema, expresó Cuauhtémoc Rivera.

Una manera democrática de alcanzar una solución tiene que involucrar a los padres para verificar todas las versiones, quienes se han sentido engañados y han traído de allá para acá y echándoles baldes de agua fría, precisó.

Las declaraciones de Solana Sentíes, sostuvo, son desafortunadas, porque avivan el fuego de un problema que está lejos de resolverse. Para empezar, cuestionó: ¿Quién es él para impedir o permitir el acceso a los cuarteles?, sobre todo porque más que opinión parece una amenaza de que los dirigentes empresariales estarán en la puerta de los cuarteles para impedir el paso de los padres de familia; “porque no dicen: ‘nos solidarizamos con que no se haga’, sino ‘no lo vamos a permitir’, como si él mismo fuera a estar en la puerta con una metralleta.

Con eso sólo se radicaliza más el problema, que prevalecerá hasta que se verifiquen todas las versiones que ha habido sobre la desaparición de los ­estudiantes.

Imposición y promesas

A su vez, el investigador Miguel Santiago Reyes indicó que el cierre de filas de la cúpula empresarial en torno al Ejército Mexicano por el caso de Ayotzinapa no es más que una medida desesperada de los grandes empresarios para sostener a un gobierno que ellos mismos impusieron y cuyas promesas, expresadas en las reformas estructurales aprobadas en los últimos años, todavía están en proceso de ser cumplidas.

Las declaraciones de Enrique Solana es una muestra de insensibilidad y refleja que los empresarios se comportan como si fueran dueños del Ejército.

Las reformas aprobadas en los primeros dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto fueron para favorecer a una buena parte del sector privado nacional y extranjero por lo que dichos grupos ahora tratan de darle la vuelta a la página en el caso de Ayotzinapa que, dijo, es solo una muestra del hartazgo social ante la impunidad.

“El sector privado lo que hace –en una medida desesperada– es tratar de salvar a a este gobierno y buscar fortalecer a una institución que la mayor parte de los mexicanos sabemos que ha sido utilizada como una institución represiva como en el 68 y más recientemente en Tlatlaya”, comentó.

Mestizaje cultural y tradiciones de poder



Miguel Concha

El libro de Francisco Piñón Gaytán, Mestizaje cultural y tradiciones de poder (2013), hace un necesario ajuste de cuentas con la herencia que trajo consigo el conquistador español, acompañado no sólo de las armas y la destrucción, sino también de la conciencia de la evangelización del indio, la pregunta por el derecho de conquista, y el interés del misionero por construir una sociedad justa con los pueblos indígenas. La Conquista no sólo fue la gesta de la supremacía española sobre los nativos americanos, y la imposición de una religión desconocida. También implicó la discusión sobre los derechos del indio, el épico rescate del mundo indígena, y la revaloración del concepto de bien común. En otras palabras, la Conquista afectó por igual a América y a Europa y por esa razón no todo es negativo cuando analizamos histórica y culturalmente ese proceso, porque detrás de la justificación del derecho de dominio ( bulas papales), se encontraban los discursos de liberación y resistencia al imperio europeo, que luego cobraron forma en los movimientos independientes de México.

El autor sugiere que a pesar de la muerte de los dioses indígenas, de la explotación y el sometimiento brutal del nativo americano, esa cultura logró sobreponerse, alentando en los misioneros la lucha en contra de la injusticia del encomendero. Montesinos, Córdoba, Bartolomé de las Casas son hijos de una consistente enseñanza sobre el derecho y la justicia. Como afirma Piñón, dos humanismos diferentes se enfrentaron en la Conquista: el de armas y letras, que argumentó la legitimidad de la Conquista, apoyó la explotación del indio por no ser humano, y validó al imperio español; y el humanismo otro, el que había cuestionado la legitimidad de la Conquista, que deploraba el maltrato indígena por considerar a los indios seres humanos, y se oponía a la destrucción total de su cultura. Los dos humanismos que se confrontaron estaban representados por hombres religiosos e intelectuales: Ginés de Sepúlveda, por un lado, y Bartolomé de las Casas, por el otro. Es verdad, como asevera Piñón, que nuestro mundo indígena ya tenía la visión comunitaria y la idea de amistad que se unía al buen acogimiento del otro, del extraño. Pero también había en ese mundo una sociedad autoritaria y estratificada. Es decir, los españoles no trajeron al nuevo mundo la organización social, sólo suplantaron un orden. De igual forma, los indígenas tenían una cosmovisión cultural profunda, llena de dioses y teologías.

La religión estructuraba todos los ámbitos, pues no había vida social que no estuviera imbuida en las fuerzas divinas. Y, más aún, esos dioses sostenían su realidad. Por eso los Cantos Tristes que ilustran el derrumbamiento de un imperio, están vinculados al ocaso de sus dioses. La evangelización española se escribió en el naufragio moral de un pueblo abatido por la guerra, y así se trasplantó al Dios cristiano, fusionándose a las creencias y dioses locales, dándole un rostro propio al cristianismo americano. Por lo tanto, los dos regímenes embonaron en esos aspectos (religioso y social), y en algún momento se fundieron. La unión de esas dos culturas, con sus luces y sus sombras, son las que han configurado lo que somos hoy como país. Piñón insiste en que no olvidemos tampoco que hay, dentro de nuestra identidad sincrética la cultura africana. La Conquista española y portuguesa trajo a nuestro mundo a los esclavos negros, quienes por su condición se identificaron de inmediato con los indígenas americanos, de tal manera que no tuvieron conflictos por arraigarse a nuestra idiosincrasia y contemporizar con sus dioses. Para cerrar el libro, el autor plantea dos preguntas que debemos agregar al problema de nuestra identidad: ¿qué hemos recibido de la cultura anglosajona del norte? ¿Qué clase de modernidad es la que se ha establecido en México? Piñón toca de nuevo el tema de la religión: sin duda la identidad mexicana, católica y sincrética, ha experimentado la poderosa fuerza de su vecino del norte, y ha sufrido su influjo en 200 años de historia. 

Ello no obstante, la religiosidad estadunidense tiene más de la modernidad individualista y calvinista, emparentada con el mercado y la ganancia, que con las libertades políticas del humanismo de Bartolomé de las Casas. En ese sentido, el autor identifica que los liberales mexicanos de mediados del siglo XIX se apoyaron en la cultura estadunidense del Estado laico. Lo creyeron necesario para consolidar el proyecto de Estado que debía uniformar al país. Y así negaron la existencia de los indígenas, y trataron de homogeneizar una República que brillaba por sus diferencias. Piñón comenta que los liberales se equivocaron, porque lo que más nos identificaba como nación era la creencia religiosa.

El resultado de la política de la libertad de creencias, del empuje estadunidense para que México fuese una República federal, que se integrara a la industrialización, es que nuestra modernidad tiene más de apariencia que de efectividad, pues ha servido por un lado para negar parte de nuestra identidad nacional, y para aplicar por otro una modernización al estilo del norte, de marketing y management, más de venta y apertura global, que de proyecto de cultura nacional.

La conclusión es que hoy tenemos la premura de constituir un frente común civil y de repensar nuestra historia nacional, tomando en cuenta todos los elementos culturales que la han formado. El fracaso moral de los gobiernos neoliberales nos obliga a la organización política civil, y la aportación más importante del libro es tratar con profundidad lo que puede motivar a la resistencia: conocer bien nuestra historia intelectual, para poder convencer a la gente de la urgencia de una refundación ética y espiritual de nuestro país, entendiendo de dónde venimos y a dónde vamos.

Plantea el gobierno no difundir datos de la reforma energética


Busca incluir la propuesta en ley de transparencia

Se debe saber qué ocurrirá con los hidrocarburos: Dolores Padierna

Negociará el PRD nueva redacción del artículo 83 de la normatividad

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 10

Una de las propuestas de modificación a la Ley General de Transparencia que formuló el gobierno federal va en el sentido de evitar que se haga pública la información relacionada con la reforma energética.

De acuerdo con el escrito que PRI y PVEM presentaron ante las comisiones dictaminadoras –y que incluye 82 cambios elaborados por el consejero jurídico de la Presidencia de la República– se propone eliminar la obligación de dar a conocer contratos, permisos, alianzas y sociedades que el Estado suscriba con empresas nacionales y extranjeras en materia de explotación de petróleo.

Los senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del PRD, advirtieron que es imprescindible que esa información sea pública, ya que los mexicanos tienen derecho a saber lo que ocurrirá con los hidrocarburos, luego de la reforma que permite el regreso de petroleras extranjeras al país y el riesgo de que las ganancias se las lleven las trasnacionales.

Padierna recalcó que el sector energético debe ser un ente obligado a abrir y proporcionar la información sobre su operación y actividad, ya que nada justifica que las operaciones y decisiones que se tomen durante el proceso de apertura y privatización sean omitidas de la ley de transparencia.

La información que existe en materia de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo deber ser pública; también la relativa a los contratos que se firmen en este sector. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber los ingresos, costos, contribuciones, prestaciones, contraprestaciones que deriven del sector energético.

Recalcó que el PRD llevará a la mesa de negociación una propuesta de redacción al artículo 83 de esa ley, que no deja lugar a dudas en el tema: ya que adicionalmente a la información señalada en el artículo 70, la ley federal y demás normatividad aplicable, se establecerán obligaciones de transparencia de datos relacionados con los contratos, las asignaciones, licencias, permisos, alianzas y sociedades para la explotación de los hidrocarburos.

Se precisa que las bases, reglas, ingresos, costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos y de los procedimientos que se instauren al efecto, serán debidamente difundidas.

Encinas comentó que la ley debió aprobarse el pasado día 7 pero los acuerdos se frenaron debido a las modificaciones propuestas al final por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Guardan mexicanos en EU monto similar a la deuda pública externa


De cada 100 dólares provenientes de América Latina, 30 son de conacionales: Fed
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Personas y empresas tienen depositados 73 mil 927 millones de dólares en bancos de ese país

Edificio del Banco de la Reserva Federal estadunidense en Washington

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Roberto González Amador 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 23

Ciudadanos mexicanos mantienen en cuentas bancarias en Estados Unidos recursos por 73 mil 927 millones de dólares. La cantidad de depósitos enviados a aquel país creció de manera significativa en los últimos dos años, hasta alcanzar el monto actual, que es comparable al de la deuda externa del gobierno, revelaron datos del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

México está a la cabeza, entre las naciones de América Latina, en cuanto a los depósitos de sus ciudadanos en cuentas bancarias en Estados Unidos, de acuerdo con la información de la Fed, el banco central estadunidense. Treinta de cada 100 dólares que han viajado de América Latina al sistema bancario de Estados Unidos son de mexicanos.

El monto de los depósitos de mexicanos en bancos estadunidenses aumentó significativamente desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012.
Actualmente, ciudadanos y empresas mexicanas tienen en bancos estadunidenses 73 mil 927 millones de dólares. Esa cantidad es mayor en 35.5 por ciento a la registrada en diciembre de 2012, que fue de 54 mil 550 millones de dólares, según los datos de la Fed.

Crecimiento significativo en los pasados dos años

Así, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014 –la información más reciente disponible– las cuentas a nombre de mexicanos en bancos del otro lado de la frontera se abultaron en 19 mil 377 millones de dólares.
En ese periodo, prácticamente por cada dólar en que aumentaron los depósitos en las cuentas de mexicanos en Estados Unidos llegaron a México 43 centavos de dólar por medio de las remesas que envían a sus familias los trabajadores mexicanos en aquel país.

Los 19 mil 377 millones de dólares en que aumentaron las cuentas de mexicanos en Estados Unidos equivalen a 43 por ciento del ingreso de divisas por remesas, que en 2013 y 2014 sumaron 44 mil 498 millones de dólares, de acuerdo con dados del Banco de México.
Visto en términos comparativos, los depósitos de mexicanos que se han acumulado en los bancos estadunidenses son equiparables a 95 por ciento del saldo de la deuda externa del gobierno federal, que en diciembre pasado fue de 77 mil 352 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Campeones de América Latina

El incremento en el saldo de los depósitos de mexicanos en bancos estadunidenses, de 35.5 por ciento en los últimos dos años, ha ocurrido en un periodo en el que las tasas de interés en aquel país han caído a niveles mínimos, como resultado de la política de estímulo monetario seguida por la Fed después de la crisis de 2008-2009 para estimular la actividad económica. También ha sido un lapso en que se ha incrementado el flujo de comercio exterior y la operación de firmas mexicanas en aquella nación.

Los depósitos de mexicanos en Estados Unidos son los de mayor cuantía en América Latina, de acuerdo con los datos de la Fed.

Después de los 73 mil 927 millones de dólares depositados por mexicanos en el sistema bancario estadunidense, se ubican los de Brasil, con 51 mil 72 millones de dólares; Chile, con 21 mil 897 millones de dólares; Venezuela, 20 mil 850 millones; Perú, 15 mil 109 millones; Argentina, con 13 mil 698 millones de dólares; y Panamá, con 13 mil 342 millones, según la información de la Fed.

En conjunto, los ciudadanos de países de América Latina mantienen depósitos en bancos estadunidenses por 250 mil 977 millones de dólares, indican los datos del Fed.
Así, de cada 100 dólares depositados por ciudadanos latinoamericanos en el sistema bancario estadundiense, 30 dólares corresponden a mexicanos, de acuerdo con la información del banco central estadunidense.

Ayotzinapa: indignación y justicia




Tanalís Padilla*
Acuatro meses y medio de los asesinatos de tres normalistas y la desaparición de sus 43 compañeros, los estudiantes de Ayotzinapa, los padres de familia y un importante sector de la comunidad nacional e internacional siguen el camino de lucha. Mientras el gobierno intenta dar por terminada la investigación y sus apologistas han querido culpar a los mismos alumnos por la violencia de la que fueron víctimas, las movilizaciones en torno a los desaparecidos expresan su indignación y buscan justicia.
Con el saldo de 100 mil muertos y 20 mil desaparecidos desde que el ex presidente Felipe Calderón declaró su guerra contra el narcotráfico, pareciera que nos hubiésemos acostumbrado (o peor aún, aceptado) al irrisorio nivel de violencia que esta iniciativa –continuada por el presidente Enrique Peña Nieto– ha engendrado. Por eso al gobierno se le hizo inicialmente fácil descalificar los ataques del 26 y 27 de septiembre como medio centenar de víctimas más. Ha intentado presentarlo como asunto meramente local, como riñas entre grupos delictivos, como un caso excepcional que nada tiene que ver con la injusticia estructural, como todo menos lo que es: un crimen de Estado.
Muchos se han preguntado por qué este caso y no los miles de anteriores fue capaz de despertar tal nivel de indignación. Aquí hay un factor imprescindible: la larga tradición de resistencia que posee la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La reacción inmediata de los jóvenes agredidos fue denunciar. No obstante las amenazas y los ataques que los normalistas sufrieron la misma madrugada del 27 al reclamar las primeras agresiones, los Ayotzis siguieron levantando su voz de protesta.
Esta voluntad de resistir tiene larga trayectoria en las normales rurales en general y en la de Ayotzinapa en particular. La tradición de lucha es inmediatamente palpable para cualquiera que haya visitado la escuela. El ejemplo más visible son los murales: unos celebran a filósofos y revolucionarios como Marx, Lenin, Engels, el Che Guevara, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y el subcomandante Marcos; otros documentan luchas sociales y la represión con las que el Estado las ha recibido. Hay también murales que denuncian la devastación social que ha significado el modelo neoliberal, así como imágenes que captan la importancia de la escuela normal dentro del proyecto cardenista.
Los murales muestran que las nociones de justicia que posee la cultura estudiantil de la normal de Ayotzinapa tienen varios referentes: el materialismo histórico, la Revolución mexicana, el cardenismo, la lucha guerrillera de los 70 y la rebelión indígena de los 90 y principios del siglo XXI. Los referentes cambian, se entremezclan y son renovados. Su heterogeneidad no representa una falta de consistencia ideológica, sino una constante búsqueda de alternativas a un modelo económico que quiere imponer la aceptación de la injusticia como algo natural, inevitable o, más aún, la culpa de los que más la padecen.
Hay diferencias fundamentales de la escuela que educa para la esclavitud y la servidumbre y la escuela que educa para la democracia, escribió José Santos Valdés, pedagogo, director de varias normales rurales e inspector de enseñanza normal. El profesor Santos Valdés abogó siempre por una escuela y un código de disciplina basado en la activa participación de los alumnos, a la que también se sometieran maestros y directores. Dentro de la misma SEP, se le dijo al profesor que eso era comunismo. “Claro está –respondió– es una forma de comunismo que los alumnos, que son la inferioridad, pidan estar al tanto de las cuentas y los gastos que con dinero que es para ellos realiza la dirección, o sea, la superioridad” (José Santos Valdés, Obras completas, tomo I, Federación Editorial Mexicana, 1982, pp. 101 y 112).
Basadas en la idea de que las normales rurales educaban para la democracia, desde la década de los 30 se dieron en ellas importantes tendencias hacia el autogobierno y fue adoptado el código disciplinario diseñado por Santos Valdés. De allí el papel tan importante que tienen sus alumnos, uno que incomoda a quienes ven a los normalistas rurales como la inferioridad. Por eso hay tantas calumnias en su contra. Cada vez que exigen un derecho o denuncian un asedio, no falta el torrente de voces que busca resaltar los pecados de los normalistas: ¿para qué andan secuestrando camiones?, ¿cómo se atreven a bloquear carreteras?, ¿para qué hacen pintas?, ¿por qué esa insistencia de perturbar el orden?, ¿para qué esas organizaciones anacrónicas, como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM)?
Tales planteamientos tienen detrás no sólo la implicación de que los pobres deben quedarse calladitos y contentos con las migajas que les toquen, sino que demuestran ignorancia de cómo, históricamente, se han alcanzado los más elementales derechos. Las reformas sociales no han sido producto de una ilustrada clase política, sino de la lucha popular que la obliga a implementarlas. Si hay educación pública, si hay libertad de expresión, si hay derechos laborales, si hay rasgos democráticos, los hay gracias a una insistente movilización de los inconformes.
Dentro de las normales rurales esta inconformidad ha sido coordinada y canalizada por la FECSM. Creada en 1935, desde sus inicios esta organización ha insistido que el sector estudiantil de origen más pobre merece más que migajas. A diferencia de otras organizaciones surgidas en la década de los 30, la FECSM no pudo ser cooptada por el Estado. En vez de buscar el apoyo de la SEP, se concentró en concientizar a cada generación de normalistas. Para ello formó en las normales rurales un Club de Orientación Política e Ideológica (COPI). Fueron en discusiones dirigidas por el COPI donde muchos jóvenes tomaron conciencia de su derecho a la educación, de que la pobreza no era obra de Dios, sino de la explotación de sus padres y de que si las conquistas sociales no se defendían, se perderían.
Características como éstas son las que han hecho posible la sobrevivencia del normalismo rural a pesar del abandono y las agresiones que ha sufrido. En sus escuelas se han cultivado almas que se rehúsan a la sumisión, que señalan el camino de lucha cuando la abnegación sería más fácil, que manifiestan su indignación y claman justicia. Con esta insistencia ahora han prendido una mecha que desde Guerrero ha llegado al resto del mundo.
* Profesora de historia en Dartmouth College. Autora del libro Rural Resistance in the Land of Zapata: The Jaramillista Movement and the Myth of the Pax-priista, 1940-1962 (Duke University Press, 2008).