Crisis de los cuidados: El rol de las mujeres

Por Lorena Guerriera

El universo familiar y doméstico bajo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres pone en evidencia la ausencia de derechos en un sistema social inequitativo. Se abren nuevos desafíos para las políticas estatales y la regulación del mercado laboral

Madrid, 29 ene. 20. AmecoPress.- Ha sido y aún es la familia, el espacio donde se organizan y definen las responsabilidades del cuidado. Y al interior de ésta, son las mujeres las responsables de realizar este trabajo. ¿Por qué son las mujeres las que “deben” cuidar? ¿Es posible pensar en una sociedad en la cual no sean responsables exclusivas del cuidado de otras personas? Es la “familiaridad” la que nos impidió preguntarnos por aquello que por obvio y natural, no había sido discutido? Académicas y activistas del campo del feminismo, debaten y cuestionan el cuidado como asunto naturalmente femenino, informa caosenlared.net

La crisis de los cuidados

En la actualidad asistimos a lo que varios autores denominan “crisis de los cuidados”, entendidos como el proceso de reorganización de la forma para cubrir los cuidados de la población. Esta crisis se desencadena por la quiebra del modelo tradicional del reparto de las tareas asociadas al mundo familiar y doméstico. Es decir, este modelo se basaba en una estructura socioeconómica organizada en torno a dos ámbitos claramente diferenciados: el ámbito de lo público y de lo privado-doméstico. El rol de las mujeres quedaba asociado a los trabajos de cuidados no remunerados. Esta estructura se sustentaba tanto en una estricta división sexual del trabajo (un varón proveedor, trabajador asalariado / mujer ama de casa, cuidadora) y en el modelo de la familia nuclear tradicional heterosexual.

Por un lado, los progresivos cuestionamientos que se vienen realizando en estos últimos años acerca del orden genérico tradicional vigente y de los estereotipos de roles, desde diferentes ámbitos y actores como movimientos sociales y académicos, plantean la necesidad de prestar atención al cuidado como dimensión del bienestar de la población por parte de los Estados y no como responsabilidad exclusiva de las mujeres. Asimismo, algunos fenómenos demográficos como el aumento de la esperanza de vida, el descenso de la mortalidad y de la fecundidad, o epidemiológicos, como los cambios en las causas de morbilidad y de discapacidades en la población, requieren del Estado una respuesta pública en materia de cuidados. Por último, los cambios en las configuraciones familiares ponen en evidencia que los modos tradicionales de organizar socialmente el cuidado, deben ser puestos en cuestión.

Nuevas ópticas en el universo familiar y laboral

Un fenómeno relevante de la actualidad que se duplicó en los últimos 25 años, son los denominados hogares mono parentales con jefatura femenina. Cada vez más mujeres son las responsables exclusivas del sostén económico del hogar, así como del cuidado cotidiano de sus miembros (niños y adultos mayores).

El aumento a partir de la década del 90 de la participación laboral de las mujeres contribuyó a que este tema adquiera relevancia, no sólo en los debates acerca de la protección social, sino también en relación al diseño de políticas vinculadas al fomento del empleo y de la economía. Dado que el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo exigió modificaciones en el cuidado y la organización doméstica, demandó equidad en la distribución de las tareas y los tiempos asociados a ella. Sin embargo, las consecuencias que la división sexual del trabajo tiene en las familias, continúa afectando principalmente a las mujeres, en diferentes áreas de desempeño, como son la laboral, profesional, económica y política. Es así que los diferentes grupos sociales resuelven con diferentes estrategias y recursos las tensiones entre trabajo y familia, más particularmente las tareas vinculadas al cuidado de niños y niñas. Estos capitales simbólicos o materiales, pueden provenir tanto desde el Estado, redes familiares, comunitarias, así como desde diferentes actores y/u organizaciones.

En este contexto de mercantilización de ciertos servicios y por lo tanto de su familiarización, cada familia según su nivel socioeconómico, accede a una multiplicidad de posibilidades y por lo tanto desiguales, de satisfacer las necesidades de cuidado. Las familias que poseen mayores recursos económicos pueden cubrir sus necesidades en el mercado a través establecimientos de educación de gestión privada (jardines maternales, de infantes, escuelas primarias) y/o contratando específicamente personas dedicadas a esta tarea (empleadas de servicio doméstico, niñeras, cuidadoras de la tercera edad). En cambio, las familias de ingresos escasos e incluso aquéllas que presentan necesidades insatisfechas, recurren básicamente a la oferta de educación de gestión estatal. En así que la educación pública, surge como una de las principales estrategias decisivas para el cuidado de niños y niñas. Por consiguiente, una política estatal ausente o deficitaria en tema de cuidados, provoca la inmediata mercantilización o familiarización de esta necesidad para estos grupos sociales.

Para hacer un repaso en políticas públicas respecto de la regulación en materia de cuidados, podemos mencionar dos esferas: la laboral, a partir de la regulación de la protección de las madres en tanto trabajadoras (registradas) y la educativa, por medio del cuidado de niños y niñas en edad escolar o jardines maternales y de infantes. La legislación actual para el trabajo registrado, hace hincapié en la mujer en su doble-rol de madre trabajadora regulando las situaciones de gestación, nacimiento y lactancia. La misma no sólo abona una matriz patriarcal del mundo del trabajo, sino que además refuerza los estereotipos de género presentes en la organización de los cuidados, desconociendo las funciones y roles paterno dentro del universo familiar. Este modelo o supuesto social, es el que sustenta la normativa laboral como las licencias y aún se sostiene en el ámbito educativo por ejemplo, en el acceso a jardines maternales o de infantes.

En síntesis, la crisis de los cuidados señala una necesaria revisión de los supuestos que sustentan la organización del mercado de trabajo, las políticas estatales educativas, de protección, y las normativas basadas en una división sexual del trabajo y en el modelo de la familia nuclear tradicional heterosexual. Como decíamos, el factor positivo del ingreso de las mujeres al mercado de trabajo exigió modificaciones en el cuidado y la organización doméstica, así como demandó una distribución más igualitaria en cuanto a las tareas y tiempos destinados a su cumplimiento.

Sin embargo, la mercantilización de los cuidados y la familia, puso a las mujeres nuevamente en el centro de la escena, en cuanto a la responsabilidad de la resolución de esta necesidad. Esto es, finalmente el sistema social y las políticas públicas reproducen y consolidan nuevamente las desigualdades más básicas de género vinculadas a lo económico y lo social. Si consideramos que el cuidado de los niños y niñas en la temprana edad es en la actualidad uno de los elementos de mayor peso para el acceso y permanencia de las mujeres en el trabajo remunerado, las redes familiares y los servicios de cuidado públicos, son claves para favorecer esos derechos.

Éste parece ser el peligroso panorama de la provisión del bienestar, no sólo en Argentina sino en América Latina: el cuidado se resuelve en la oferta privada con consecuencia no sólo para las mujeres pobres, excluyéndolas del mercado laboral y del desarrollo personal, sino también para los receptores del cuidado, especialmente la niñez.

Fotos: Sub Cooperativa de Fotógrafos y Colectivo Veinticuatro/Tres.

Lydia Cacho: "El nuevo feminismo, el más joven, en especial en Latinoamérica, acepta y busca el diálogo con los hombres"

Lydia Cacho autora del libro "Ellos Hablan". Foto: Alejandro Bustamante

#EllosHablan

Gumersindo Lafuente

www.eldiario.es

"No hay introspección en el tema del machismo. Creo que tiene que ver con el miedo que los hombres tienen a los otros hombres de poder, a todos aquellos que representan el patriarcado".

• "Sé que han pagado a sicarios para matarme y por eso no puedo volver a México. No hay un solo partido allí que no esté manchado con dinero ensangrentado de la delincuencia organizada"
• "Los periodistas mexicanos estamos viviendo como periodistas de guerra. En vez de poder volver a nuestro país y estar en una situación de libertad, estamos en una situación de doble riesgo".

Mexicana, periodista, feminista, luchadora incansable, perseguidora de las injusticias, látigo de los proxenetas. Es Lydia Cacho (Ciudad de México, 1963). Ahora vive fuera de su país para sortear las amenazas de muerte, pero no ha detenido su trabajo intentando desentrañar los fundamentos culturales del machismo.

Ellos hablan (Debate), su último libro, reúne los testimonios de un grupo de hombres que en su conversación con la autora abrieron las puertas a unos recuerdos infantiles que les enfrentaron a terribles realidades olvidadas. Cacho pelea también contra la violencia endémica de su país, la narcopolítica y sueña con un feminismo que desde la radicalidad de sus reivindicaciones acepte también un encuentro de lucha compartida con los hombres.

¿Qué pasa con la violencia en México?

Creo que hay varios factores. Uno de ellos tiene que ver con la normalización de la violencia y con una cultura que, por un lado, ha celebrado la muerte de una forma muy festiva y, por otro, está absolutamente sometida a una visión patriarcal de un partido que nos gobernó más de 70 años. Y esa visión patriarcal era la de un padre maltratador. La política siempre ha estado vinculada a la vida cotidiana, en el sentido de que las personas que no se portaban bien de acuerdo a los gobernantes, recibían castigos.

Se utilizaba al gobierno y al sistema de justicia como una herramienta de castigo para las personas que no respondían a la ideología del PRI. Me parece que eso está subsumido en todas las familias de todo el país, en todos los estados, las 32 provincias de México. Paralelamente, desde los primeros 80, en los que ya entró formalmente el narcotráfico como una delincuencia organizada dentro de México, particularmente desde el sur, desde Quintana Roo, se empezó a construir lo que hoy llamamos la narcopolítica. Entonces todos los narcotraficantes colombianos y mexicanos empezaron a invertir de manera muy seria dentro de los partidos. No hay un solo partido en México que no esté manchado con dinero ensangrentado de la delincuencia organizada.

Dice que no se salva ningún partido… ¿Le da alguna posibilidad a López Obrador de emprender un nuevo camino?

Quisiera dársela, pero soy periodista y voy a los datos duros y a quienes le rodean. Los especialistas que tienen que resolver temas de delincuencia organizada, de justicia y de impunidad. En todo eso ha recortado los presupuestos para la persecución del delito. Las últimas estadísticas, incluso las reconocidas oficialmente, nos dicen que solamente el cuatro por ciento de todos los delitos cometidos en México son llevados ante la justicia de principio a fin. Y esto tiene que ver con una cadena que no es perseguida ni investigada, con una gran incapacidad para la investigación científica dentro del sistema de justicia.

Y López Obrador, junto con el Congreso, en el que Morena, su partido, controla la mayoría, ha recortado gran parte de los recursos para la persecución de los delitos de todo tipo, desde el feminicidio hasta las desapariciones y el secuestro, y ya no se diga de los delitos comunes. Y está implementando políticas absolutamente paternalistas, muy populistas, y eso es muy preocupante, porque además no tiene un equipo especializado en los temas de la delincuencia organizada, que está imbricada también en toda la vida socio económica de México.

Desde el petróleo hasta los grupos más pequeños de narcotraficantes, están lavando dinero constantemente, lo blanquean de una manera absolutamente abierta y no hay una política específica de López Obrador para abatir este escenario.

El periodismo en México está sufriendo, se ha convertido en uno de los países en los que se asesina a más periodistas…

Es una debilidad de la democracia, un problema enorme, porque en realidad los periodistas mexicanos estamos viviendo como periodistas de guerra. En vez de poder volver a nuestro país y estar en una situación de libertad, volvemos a casa y estamos en una situación de doble riesgo donde nos amenazan, se meten en nuestras casas, nos llegan mensajes, llegan hombres armados. Solamente este año [por 2019] he perdido dos amigos.

El año anterior asesinaron a cinco de mis mejores compañeros de diferentes diarios del país. Y el hecho de que López Obrador haya cooptado en este momento a los medios desde hace un año con las famosas conferencias mañaneras, ha complicado mucho más la situación de la prensa, porque no solamente consiguió que toda la prensa esté ahí por las mañanas, todos los medios de todas las ideologías y tendencias, sino además tiene ya a un grupo de periodistas pagados por el Gobierno para que estén haciendo las preguntas que necesita responder el presidente.

Es una teatralización de la respuesta presidencial que es absolutamente preocupante. No entendemos –lo he discutido con muchos amigos, intelectuales, periodistas– por qué dio ese giro y por qué tomó esa decisión, que es brillante en términos de estrategia política, pero gravísima para la prensa mexicana. Y eso nos ha debilitado porque no hay día que no descalifique a la prensa, a todos en general.

Usted ha recibido en varias ocasiones ataques de todo tipo. Este verano, en julio, allanaron su domicilio. Ya en 2005 sufrió una detención ilegal. ¿En qué situación se encuentra ahora? ¿Puede volver a México?

A finales de julio entraron a mi casa dos sicarios, iban a por mí, entraron directamente en mi habitación, no robaron nada de valor, excepto material periodístico y dejaron el mensaje de que me iban a matar. Los tenemos plenamente identificados, yo misma los investigué.

Tengo los nombres, sus fotografías y vídeos, porque puse cámaras en mi casa por seguridad. Sé que les han pagado para matarme y por eso no puedo volver a México. Tuve que irme inmediatamente a los Estados Unidos. He estado allí, en Europa y viajo constantemente. Vivo así desde que denuncié una red internacional de trata. Gané el caso en cortes internacionales y el Estado mexicano se vio obligado a girar órdenes de detención contra exgobernadores, exsenadores y, por supuesto, Kamel Nacif, que es uno de los grandes delincuentes de esta red de trata de niños y niñas.

Él tiene negocios desde Shanghái a toda Europa, Asia y Latinoamérica. En este momento está escondido en Líbano. Ya denuncié y dije exactamente dónde está. Pero parece que Interpol no puede encontrarlo y yo no puedo volver. Mi situación es bastante delicada porque estoy expulsada de mi país. Estoy viviendo digamos que legalmente perseguida, aunque la autoridad supuestamente debería estar persiguiendo a los delincuentes y me tengo que mover constantemente.

Cuando habla de la red de trata de niños y niñas entiendo que esa red solo puede funcionar porque tiene algún tipo de protección política.

Absolutamente. Una de las razones por las que mi caso es tan complejo y tan conocido es porque cuando yo publiqué Los demonios del Edén,el libro que reveló cómo funcionaba la red, con nombres y apellidos, y con toda la evidencia del blanqueo de capitales y la explotación sexual de niñas y niños de diferentes países en México, lo que sucedió es que fui secuestrada por la Policía, torturada… y yo he seguido el caso hasta sus últimas consecuencias, como si fuera la propia fiscal y lo llevamos a cortes internacionales. Ahí es donde gané.

A partir de eso, el Gobierno mexicano de López Obrador se vio obligado a girar órdenes de aprehensión, pero todavía sigue funcionando la superestructura que avala la impunidad en México, que tiene que ver con cómo funciona la red de mandos medios y altos dentro de todas las corporaciones policíacas que permiten que las personas sean perseguidas, secuestradas, desaparecidas, etcétera. No solo periodistas. Y esa red de protección sigue viva. El fiscal actual que eligió López Obrador trabajó para el presidente Fox y el presidente Fox protegió a esta red de trata de niños y niñas porque habían invertido en su campaña política.

Además de investigar esa red de trata, usted se ha especializado en trabajar el tema de la violencia machista. En el libro que hace unas semanas presentó en Madrid –Ellos hablan– recoge testimonios de un puñado de hombres muy diferentes entre sí con los que ha tenido conversaciones muy extensas, en las que ellos cuentan cuestiones muy íntimas de cómo han llegado a comprender de dónde viene su percepción de la violencia machista. ¿Los hombres necesitamos repasar nuestra biografía para identificar en profundidad lo que nos pasa?

Sin duda. No podemos reconocer la violencia machista sin comprender la historia de cómo se construyó la masculinidad. Igual que las mujeres no nacen mujeres, se hacen mujeres –lo dijo Simone de Beauvoir–, los hombres tampoco nacen hombres. La cultura los convierte en hombres, en cierto tipo de hombres, en un hombre maltratador o en un hombre que hace el bien a los demás, que tiene ética.

Y este libro es un ejercicio para responder un poco a todo este movimiento 'me too'. Es decir, las mujeres ya denunciamos, ya tenemos todas las evidencias. Ya hay miles de hombres activos que se suman a las marchas, a la denuncia de la violencia machista, pero no hemos bajado todavía un escalón más, que es el que nos toca, que tiene que ver con la revisión personal de la niñez, que es donde se cultiva todo esto.

Mientras no la revisemos, no lo vamos a poder ver. Y una de las cosas más interesantes para mí cuando entrevisté a todos esos hombres, desde intelectuales hasta el jardinero y el chico que está en prisión, es que todos me dijeron que no iba a ser útil la entrevista porque ellos no habían vivido violencia en la niñez. Y cuando lees el libro, te das cuenta de cómo la normalizaron y la manera en que van justificando las violencias machistas en sus propias vidas.

En realidad, la almacenaron en un lugar muy lejano de su memoria, algo de lo que no se acordaban.

Exactamente. De eso trata el buen periodismo: hacer las preguntas correctas para tener respuestas de esa profundidad. Es muy impresionante cómo los seres humanos en general, y en particular en este caso en el tema de la masculinidad, cómo los hombres van haciendo este constructo psicoemocional que por un lado, conserva un perdón hacia el padre porque tienen que sobrevivir, es quien les da de comer, les da hogar, es quien les mantiene vivos de alguna manera desde niños. Y por otro lado, se va construyendo un resentimiento y un odio del que hablan muy poco los hombres. Las mujeres socializamos la experiencia psicoemocional todo el tiempo y los hombres no.

En el libro se hace la pregunta de por qué las mujeres han cambiado tanto y los hombres tan poco. ¿Tiene la respuesta?

Creo que los propios hombres responden a esto cuando a un hombre de 45 o 50 años que se ha dedicado toda su vida a pensar y escribir le hago preguntas que nunca jamás se las había hecho él mismo. Ahí está la respuesta. No hay introspección en el tema del machismo.

Creo que tiene que ver con varias cosas y una de ellas, sin duda, es el miedo que los hombres le tienen a los otros hombres de poder, a todos aquellos que representan el patriarcado. Y a salirse de ese modelo de masculinidad, dependiendo además de la edad, porque no hay otro modelo masculino, no han construido nada y de pronto por eso se acercan tanto a las feministas, a las feministas que sí creemos que los hombres deben participar.

En España el movimiento feminista es extremadamente pujante. ¿Cree que el feminismo puede renunciar a establecer ese diálogo con los hombres? 

No. Creo que llegamos al momento en el que las mujeres ya hicimos la tarea. La vamos a seguir haciendo en el sentido de denunciar aquello que se vincula con la impunidad y la injusticia. Todas estas performances que se han hecho en todo el mundo alrededor de la famosa frase 'el violador eres tú', son importantísimas, porque visibilizan cómo el aparato de justicia sigue otra vez los mandatos del patriarcado para silenciar a las mujeres.

Tenemos un ejemplo que acaba de salir en todos los medios de Europa, el del chico británico que se drogaba y violaba a otros chicos y fue juzgado y sentenciado en menos de una semana y nunca se dudó de los hombres que dieron sus testimonios. Ni una sola duda. No se le preguntó en los tribunales a los chicos violados cómo iban vestidos. Y este caso tan reciente nos pone sobre la mesa la desigualdad dentro del ámbito jurídico.

Pero dentro del feminismo hay muchas posiciones.

Sí, dentro del feminismo hay muchos feminismos, ya lo sabemos. Y hay una parte de esos feminismos que no creen que los hombres deban participar, que ellos deben crear sus propios movimientos y están en su derecho de creerlo. Particularmente, en España lo veo como muy álgido. A mí me parece que somos una sociedad de hombres y mujeres y que tenemos que trabajar de la mano porque no hay otra para construir la paz. Puede sonar un poco cursi, pero es así.

La única manera de construir relaciones pacíficas es dialogar y es permitiendo que los hombres abran un espacio propio, que hagan su trabajo, pero también que lo hagan desde un lugar en el que aprendan del feminismo. Creo que hay muchos hombres que están aprendiendo de la experiencia feminista, incluso con sus parejas o documentando el propio movimiento.

Creo que el nuevo feminismo, el más joven y en especial en Latinoamérica, porque España en eso va un poco más tarde, sí tiene un movimiento muy pujante que acepta y que busca que los hombres estén dentro de este diálogo. Y eso es muy interesante. No necesariamente asumiéndose como feministas, pero sí para trabajar su propia masculinidad dentro de esta batalla tan grande contra una cultura que nos tiene cooptados a todos y a todas.

En España, por el contrario, lo que veo es que las abuelas o las matriarcas del feminismo, las maravillosas y geniales filósofas y antropólogas y políticas que lo han liderado, siguen sin lograr vincularse adecuadamente con las jóvenes, y mientras no se vinculen con la búsqueda de las feministas más jóvenes, no va a avanzar. En particular en este momento histórico en el que en verdad tiene lugar la primera transición política polipartidista.

Volviendo a su libro, ¿Cuándo la víctima se convierte en victimario? He estudiado mucho ese fenómeno.

Lo que las y los especialistas, tanto en psiquiatría como en neurociencias nos dicen es que si una víctima fue atendida adecuadamente en el momento, si se le creyó la violencia que vivió, va a trascender siempre la naturalización de esa violencia. Si esa víctima por el contrario no solamente sigue viviendo la violencia a lo largo de los años, sino que es desacreditada por los seres amados, es decir, los padres, los profesores, la justicia, todos quienes tienen poder sobre la víctima, generalmente se va a convertir en alguien que va a normalizar la violencia.

No necesariamente la va a reproducir, obviamente no todas las personas que han sido violadas son violadores, pero algunos expertos calculan que un veinticinco por ciento de los hombres que fueron abusados sexualmente se convierten en violadores.

En España tenemos un partido de ultraderecha, Vox, que está arrastrando a los otros partidos de la derecha a negar el tema de la la violencia machista o incluso a ridiculizar todo lo que tiene que ver con el feminismo.

Hay varios aspectos aquí que tiene que analizar la sociedad española, como lo estamos haciendo en otros países de Latinoamérica también, y es que todos los grupos negacionistas como Vox, el PAN en México, Bolsonaro en Brasil, Trump en EEUU o Putin en Rusia, también se burlan del feminismo y de todo el movimiento feminista. Ellos se alimentan de la religión. Los países que son profundamente religiosos son incapaces de reconocer que es la religión la que ha creado la ideología de género.

A mí cada vez que una persona de Vox, con los que he discutido aquí en España, me dice que tenemos que destruir la ideología de género les digo destrúyanla, está en la Biblia, la ideología de género la crearon ustedes. Lo que el feminismo hizo a través de la filosofía y de las ciencias sociales fue desentrañar cómo se construyó la ideología de género para poder intervenir en ella y comprender todos los factores socioculturales que la construyen.

Pero los creadores de la ideología de género son todos los más recalcitrantes conservadores. Quieren volver a un momento al que ya no pueden regresar las sociedades. Lo que sí están creando es mucha tensión política, sin duda. Ahora, les puede costar muy caro y eso no lo están valorando estratégicamente. Creen que mucha más gente va a responder a este llamado de la selva. Lo que están haciendo es tratar de que retrocedamos por lo menos 100 años.

Pero eso está sucediendo en algunos de los países más poderosos. Es muy inquietante.

Profundamente inquietante. Incluso para la izquierda en todo el mundo. Muy pocas líderes del feminismo han hecho el cuestionamiento hacia la izquierda, hacia los líderes de la izquierda no con respecto al discurso feminista, que sí lo tienen, sino a llevar el discurso feminista con hechos a las políticas públicas y a la acción. Hay políticos como Evo Morales, que también se burló de los movimientos feministas sin entenderlos.

A López Obrador le sucede lo mismo. No quiere hablar del aborto, cada vez que las mujeres le preguntan cómo va a abordar ciertos temas de violencia contra las mujeres, él dice que eso se va a mandar a consulta pública, como si los derechos se pudieran llevar a consulta pública. Todos estos hombres que están dirigiendo el mundo en este momento y que son los más radicales son los más expuestos por su estulticia, por su ignorancia, por su brutalidad, por su pasión por la violencia.

Están incrementando la naturalización de la violencia machista y eso facilita que la impunidad permee en todos esos países, incluidos los Estados Unidos y Canadá, países supuestamente civilizados, que tienen altísimos índices de feminicidio, pero casi nadie habla de ello. 

Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/Lydia-Cacho_0_986201515.html

Vigilias para denunciar los asesinatos de mujeres en la provincia de Quebec

Feministas comprometidas contra la austeridad (Facebook de RHFCN)

Por Pablo Gómez Barrios | 

amlat@rcinet.ca

Este jueves 30 de enero se llevarán a cabo vigilias en Quebec para denunciar los asesinatos de mujeres en la provincia y para que los gobiernos actúen rápidamente para frenar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

En reacción al asesinato de una joven en Quebec el miércoles 22 de enero, la Federación de Grupos de Mujeres de la Región de la Capital Nacional, RHFCN por sus siglas en francés (que comprende las regiones de Portneuf, Quebec y Charlevoix, aledañas a la capital de la provincia) y la Coalición Regional de Quebec de la Caminata Mundial de Mujeres (CRQMMF por sus siglas en francés) denuncian este feminicidio que le costó la vida a una mujer más.

Feministas comprometidas contra la austeridad (Facebook de RHFCN)

Según la Federación de Grupos de Mujeres, cada año en Quebec, 84% de las víctimas de infracciones sexuales y 78% de las víctimas de violencia conyugal son mujeres. En 2018, 188 mujeres adultas y jóvenes fueron asesinadas en Canadá. Las estadísticas son todavía más indignantes en las mujeres que se encuentran en la intersección de varios sistemas de opresión tales como las mujeres inmigrantes, mujeres indígenas, las minusválidas, las jóvenes, las mujeres de la comunidad LGBTQIA y las mujeres racializadas son las que más corren el riesgo de sufrir una o varias formas de violencias.

La Federación recuerda que en el transcurso de las últimas 5 semanas, 4 mujeres fueron asesinadas en Quebec. El 10 de diciembre, una mujer y sus 2 hijos fueron asesinados por el esposo y padre de ellos en una residencia del Este de Montreal. La Federación agrega que 1.128 mujeres y niños fueron asesinados por su cónyuge o ex cónyuge en Quebec desde el atentado antifeminista perpetrado hace 30 años en la Escuela Politécnica de Montreal el 6 de diciembre de 1989.

(Facebook de CRMMF)

Después de las conmemoraciones del trigésimo aniversario de esta masacre y poniendo el acento en la realidad de los feminicidios en Quebec y la organización del Flash mob (multitud relámpago) El violador eres tú (performance creada por un colectivo feminista de Valparaíso, Chile),  que reunió a más de 150 mujeres en la ciudad de Quebec en diciembre para denunciar las violencias sexuales y sistémicas contra las mujeres, la Federación de Grupos de Mujeres de la Región de la Capital Nacional hace un nuevo llamado a la acción y la movilización.

Este 30 de enero frente al Parlamento de Quebec a las 18:00 se llevará a cabo una vigilia para denunciar los feminicidios y exigir acciones inmediatas de parte de los gobiernos para frenar todas las formas de violencia contra las mujeres.

RCI/La Presse Canadienne/rgfcn.org/pressegauche.org

Llaman a desatar los nudos estructurales de la desigualdad de género, propiciar la autonomía de las mujeres en el actual contexto económico regional y transformar los privilegios en derechos

Se inauguró en Chile la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL con apoyo de ONU Mujeres, con la presencia de altas autoridades de la región y funcionarios de las Naciones Unidas.

Comunicado de prensa | 28 de Enero de 2020

Autoridades y funcionarios internacionales llamaron hoy en la inauguración de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe a priorizar las políticas de igualdad de género y autonomía de las mujeres en el actual contexto regional, caracterizado por la desaceleración económica -que fragiliza el espacio para las necesarias políticas sociales, económicas y ambientales- y por el deterioro de los índices de pobreza y desigualdad.

El encuentro, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), se realiza hasta el 31 de enero en Santiago, Chile, y tiene como tema principal justamente la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes.

Junto con agradecer al Gobierno de Chile por acoger la XIV Conferencia Regional y por el trabajo preparatorio realizado en conjunto con ONU Mujeres, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señaló que “hoy más que nunca se requiere claridad y voluntad para desatar los nudos de la desigualdad y enfrentar los nuevos desafíos impuestos por los cambios geopolíticos, económicos, tecnológicos, demográficos y climáticos”.

“Las desigualdades de género continúan siendo un rasgo estructural de la región y tienen determinantes en los ámbitos macroeconómico, productivo, institucional y sociocultural. Los motores y niveles de crecimiento de la región no han sido suficientes para crear las condiciones favorables para lograr mayor autonomía económica de las mujeres y superar las brechas de género en el mercado laboral”, acotó. Se trata de transformar los privilegios en derechos, subrayó.

Pese a los avances, la tasa de participación laboral de las mujeres en América Latina sigue estancada en torno al 50% (mientras que la de los hombres es de 74,4%), es decir, la mitad de las mujeres de la región no tiene un vínculo con el mercado laboral, dijo.

Durante la sesión de apertura, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Isabel Plá, señaló que “es un honor y un enorme desafío ser los anfitriones de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y es una gran oportunidad para Chile recibir a representantes de los países de la región para compartir nuestras experiencias y fortalecer nuestros esfuerzos para promover la autonomía y empoderamiento de la mujer en los escenarios económicos cambiantes que enfrentamos a nivel regional”.

También en representación del Gobierno de Chile, Carolina Valdivia, Subsecretaria de Relaciones Exteriores, indicó que “el tema de la XIV Conferencia Regional, la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, nos confronta con una realidad, que lejos de ser una ficción, es un gran desafío que tenemos por delante. La vulnerabilidad ante los ciclos económicos, los flujos migratorios, la revolución digital, el cambio climático, los cambios demográficos, todos factores que dificultan la superación de la discriminación y que afectan principalmente a mujeres y niñas”.

Mariella Mazzotti, Directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de Uruguay, sostuvo, por su parte, que “es importante que la agenda regional de género se retroalimente, asuma los nuevos desafíos, se enriquezca con la experiencia de cada uno de los países y con la reflexión de la investigación, de la academia, de los aportes, particularmente de la CEPAL”. “La Estrategia de Montevideo que aprobamos en 2016 -acotó- es un instrumento que reconoce la desigualdad como un problema estructural de nuestros países”.

Åsa Regnér, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU-Mujeres, alertó que “si seguimos a este ritmo, nos va a tomar 200 años eliminar la brecha de género”. Por ello, llamó a los países de América Latina y el Caribe, algunos ricos, por ejemplo, en recursos naturales, a generar sistemas tributarios u otros mecanismos para destinar fondos para políticas de igualdad de género. “No hay tiempo que perder” de cara al 2030 cuando se cumple el plazo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dijo.

Finalmente, Silvia Rucks, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en Chile, destacó que el país “ha avanzado con programas y políticas para ir cerrando la brecha salarial, y hay que seguir trabajando en ello. Pero también tenemos que mirar las desigualdades entre las mismas mujeres. Y aquí los datos son reveladores: las mujeres del primer decil, es decir con menores ingresos, ganan 13 veces menos que las mujeres del decil de ingreso más alto. Un caso similar es el de la participación laboral”.

Durante su intervención, Alicia Bárcena abordó los principales desafíos relacionados con las tres dimensiones de la autonomía de las mujeres en la región: económica, física y en la toma de decisiones.

La brecha salarial en la región, dijo, sigue siendo pronunciada y, paradojalmente, se acentúa en las mujeres con mayores años de estudio.

Y, si bien los países han avanzado en la adopción de marcos normativos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, no se cuenta con los recursos y la institucionalidad necesarios para garantizar su efectiva aplicación. A 2018, al menos 3.800 mujeres habían sido víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe.

Por otra parte, pese a que la participación política de las mujeres en los parlamentos nacionales ha presentado un alza sostenida a lo largo de las últimas décadas, las mujeres solamente ocupan en promedio el 31% de los escaños en la región.

“Desde la CEPAL consideramos que la igualdad es el valor ético que debe guiar las estrategias de desarrollo. Cuando hablamos de igualdad de género nos referimos a la igualdad en el acceso al poder, a los recursos y en el uso del tiempo. Y para alcanzar la igualdad es indispensable la autonomía de las mujeres”, concluyó Bárcena.

En la cita en Santiago participan representantes de gobierno, de organizaciones de la sociedad civil, del sector académico, de organismos intergubernamentales y del sistema de las Naciones Unidas.

Se invita a los medios de comunicación a cubrir esta Conferencia Regional, que se realiza en la sede de la CEPAL (Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago, Chile). Los periodistas deben portar la credencial de su medio o su credencial de identidad para tener acceso al recinto y acreditarse con anterioridad a través del siguiente formulario.

Más información:

• Documento. La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes.
• Documento. Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030.
• Sitio web de la Conferencia.
• Galería de fotos.

Las consultas relacionadas con la cobertura periodística de la conferencia deberán dirigirse a Guido Camú, Jefe de la Unidad de Información Pública de la CEPAL.

Correo electrónico: prensa@cepal.org; teléfono: (56 2) 2210 2040.

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Haití: cómo las mujeres sacuden el mundo político

Haití: cómo las mujeres sacuden el mundo político – Por Sabine Lamour

 Por Sabine Lamour

La originalidad del movimiento feminista haitiano radica en el hecho de que no cabe pensarlo en términos de ola (primera, segunda o tercera) 1/ ni en términos de corriente definida (liberal, negra, descolonial…). Este movimiento, a contrapelo de los demás movimientos feministas, contribuye enormemente a la identificación de las realidades nacionales problemáticas, como por ejemplo las violencias cometidas contra mujeres y niñas, la participación política, la impunidad, la soberanía nacional y la lucha contra el oscurantismo.

Me parece que la metáfora de la sacudida es más apropiada para hablar del movimiento feminista haitiano. Cada vez que se plantea un problema a escala nacional, las feministas se sitúan en la primera fila del escenario para plantear reivindicaciones y definir orientaciones, como ocurrió en 1915 (ocupación de Haití por EE UU), 1957 (ascenso de Duvalier al poder), 1986 (caída de Duvalier), 1991 (golpe de Estado militar contra el gobierno de Jean Bertrand Aristide) y en 2004 (desalojo del poder del partido Fanmi Lavalas). El movimiento se estructura en situaciones críticas en que son atacados los fundamentos de la convivencia por las fuerzas dominantes, tanto internas como externas.

Estas luchas se organizan en torno a pilares estratégicos basados en reivindicaciones populares como el derecho de autodeterminación, el reparto igualitario de los lotes entre hombres y mujeres, el derecho a los recursos. El movimiento feminista lucha contra las asimetrías entre los sexos en una perspectiva popular global. Las feministas han participado siempre en las efervescencias que agitan nuestra sociedad. Fiel a esta tradición, el movimiento se alzó, después del seísmo, contra un conjunto de derivas que ponían en peligro su existencia y que se oponían a la reconstrucción real de la sociedad.

Para hablar de sus acciones en el plano político durante estos últimos diez años, pondremos el acento en los siguientes puntos. En primer lugar, las pérdidas sufridas durante el seísmo. En segundo lugar, la exclusión de las feministas haitianas impulsada por actores internacionales presentes en Haití tras el seísmo. En tercer lugar, las acciones de establecimiento de la realidad y, finalmente, las luchas contra las medidas machistas o antifeministas emprendidas por los gobiernos haitianos desde entonces.

Las pérdidas del movimiento feminista

La década de 2010 comenzó con el terrible terremoto del 12 de enero. La catástrofe golpeó duramente a todo el país. Entre las víctimas hubo varias feministas, entre ellas tres líderes históricas del movimiento, a saber: Magalie Marcelin, dirigente de Kay Fanm; Myriam Merlet, dirigente de EnfoFanm y Anne Marie Coriolan, la instigadora de la SOFA (Solidaridad de Mujeres Haitianas). Fue un momento duro para el movimiento. Las feministas ni siquiera tuvieron tiempo de llorar por sus hermanas. La llegada al país de gentes de fuera tras la catástrofe, que por su número carecía de precedentes, en forma de fuerzas militares extranjeras, contingentes humanitarios de las ONG y misioneros, vino acompañada de toda su carga de problemas y agresiones. Estos nuevos actores se instalaron con todo un aparato imponente en la sociedad y aprovecharon la ocasión para reforzar su influencia en la maquinaria estatal con la complicidad de las autoridades nacionales (Lamour 2019) 2/. Peinaron el territorio nacional en función de las competencias que se atribuyeron a sí mismos esos actores e impusieron la urgencia como modo de gestión empresarial de los problemas sociopolíticos y económicos suscitados por el seísmo. Al establecer este dispositivo, impusieron la perspectiva coyuntural como modo de administración del territorio, ignorando el peso de la sociedad civil haitiana a la hora de abordar determinados problemas. Las ONG aprovecharon para adoptar decisiones, unas más inadecuadas que otras para la población haitiana.

Una lucha ideológica impuesta por los actores externos

En esta lógica, estos nuevos actores se interesaron por la cuestión de las violencias cometidas contra las mujeres, despreciando el saber hacer desarrollado desde hacía más de dos décadas por las organizaciones feministas tras el fin de la dictadura. A fin de imponer su legitimidad para abordar las violencias, los actores internacionales utilizaron el concepto de epidemia de violaciones para hablar de las violencias cometidas contra las mujeres en el campo. De ahí se derivó una idea de los haitianos como predadores sexuales y de las haitianas como sus presas. Estos planteamientos despolitizaron la violación y las violencias sexuales sufridas por las mujeres, cuando la construcción política de la violación constituye un enfoque estructural fundamental del movimiento feminista desde 1915.

Las organizaciones feministas creadas a partir de 1986 se rebelaron contra esta situación. Refutaron el discurso construido y rechazaron asimismo la colaboración propuesta por determinadas ONG, denunciando en los medios estas intrusiones insanas. Para neutralizar a las feministas y continuar con sus planes, estos actores propagaron a escala mundial el rumor de la “muerte del movimiento” (Magloire, 2018; Côté, 2018) 3/. El resultado fue una valoración negativa del feminismo haitiano, que quedó así descalificado como interlocutor para la resolución de la crisis nacional tras la catástrofe. La circulación de este rumor facilitó la difusión de un discurso victimizante, encaminado a negar toda forma de reconocimiento con respecto a la labor ya realizada por las feministas dede el fin de la dictadura. La palabra de las feministas supervivientes de la catástrofe también quedó deslegitimada. En esta lucha por la información, las feministas vieron restringido el acceso a las plataformas mediáticas y su visibilidad se redujo en beneficio de organizaciones de mujeres creadas tras el cataclismo.

En esta lucha, que pretendía ignorar a las personas organizadas sobre el terreno, las ONG dejaron de financiar los programas de las organizaciones o propusieron a estas últimas unas sumas exageradas, que debían gastar en un tiempo récord so pretexto de la urgencia (el Estado haitiano no financia a su sociedad civil). Las organizaciones que rechazaron estas condiciones sufrieron una caída vertiginosa de su financiación durante los primeros años posteriores al seísmo, pese a que prosiguieron con su labor política de acompañar a mujeres. El movimiento quedó postergado. Al emprender esta vía, los actores externos reafirmaron la subordinación de las mujeres en el debate sobre la reconstrucción del país.

En esta fase, el dispositivo creado por los actores internacionales facilitó la domesticación de la sociedad civil al invadir los espacios de debate y controlar los recursos disponibles: por un lado, afirman el principio discursivo de reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por otro impiden el acceso de las feministas a los foros mediáticos y a los recursos para continuar esa misma lucha. En esta tesitura, el dispositivo asegura que las organizaciones que componen el movimiento aparezcan más como objetos que no sujetos de un discurso construido en el plano interno.

Las acciones de afirmación sobre el terreno

Para luchar contra estas derivas y refutar el discurso de impotencia de las feministas, las feministas haitianas retomaron su labor de acompañamiento y apoyo a las mujeres víctimas de violencia en condiciones extremadamente difíciles desde febrero de 2010. Conmemoraron las principales jornadas del movimiento, a saber, el 8 de marzo y el 3 de abril. En efecto, en marzo de 2010 crearon una estructura móvil de atención psicológica con miras a acoger a mujeres en refugios provisionales 4/, sin dejar de llevar a cabo la labor de sensibilización contra las violaciones en el campo. Además de estas acciones, sus esfuerzos fueron múltiples, acogieron en sus casas a mujeres violentadas y apoyaron el relanzamiento de actividades generadoras de ingresos junto con otras mujeres.

La primera gran batalla después del terremoto que libraron las mujeres fue la relacionada con el PDNA (Evaluación de necesidades después de la catástrofe), el documento que definía las acciones encaminadas a la reconstrucción. El PDNA fue el resultado de un procedimiento de dos meses que aplicó el gobierno haitiano y que reunió a más de 250 personas que representaban a Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar del número de agentes implicados, el documento no integraba la dimensión de género en las estrategias propuestas por el gobierno haitiano para la recuperación de las políticas macroeconómicas, sociales, medioambientales, infraestructurales y de gobernanza.

Durante ese mismo periodo, las feministas haitianas impulsaron, con el apoyo de Gérandal Thélusma –política haitiana, diputada en la 48ª legislatura–, la lucha por la aprobación de la ley de paternidad responsable por el parlamento haitiano. Y ganaron la batalla.

Una información más realista sobre las condiciones de las mujeres

Para contrarrestar el PDNA, las feministas elaboraron, con la ayuda de aliadas internacionales, un contrainforme en el que denunciaban la ausencia en el documento de toda referencia a los problemas específicos que afrontaban las mujeres. El 3 de abril 5/ de 2010, la CONAP (Coordinadora Nacional de Defensa de los Derechos de las Mujeres) publicó una nota para denunciar las relaciones de dependencia estructural del país con respecto a las potencias imperialistas, cuestionando la legitimidad de la CIRH (Comisión Temporal de Reconstrucción de Haití) como órgano encargado de la reconstrucción. En un artículo publicado en la página web de Radio Kiskeya, el 3 de abril de 2010, la CONAP anunció lo siguiente:

Para este 3 de abril de 2010, la CONAP proclama su independencia de agentes oportunistas o de cualquier planteamiento populista implicados en gestiones encaminadas a recoger las migas de un pastel envenenado y cuya receta, como siempre, se cocinó sobre las espaldas de las mujeres y, una vez más, en detrimento del pueblo reivindicativo y, por tanto, en contra de los intereses de la nación hatiana 6/.

En otra declaración del 31 de marzo de 2010, la misma organización explicó:

La CONAP está más decidida que nunca a retomar la pluma de Mireille Neptune-Anglade, para reivindicar las aportaciones de La seconde moitié du développement a la creación de riquezas en nuestro país, y de este modo continuar el combate reivindicativo por imponer el reconocimiento de las ladrès fanm, las marginadas entre las obreras del polígono industrial, las trabajadoras domésticas, las comerciantes del sector informal y las productoras del mundo rural, expuestas más que nunca al fenómeno de la feminización de la pobreza y de la violencia de género. El impacto devastador del seísmo del 12 de enero ha comportado pérdidas económicas inconmensurables ante la situación económica de las familias, debilitando los resortes de las fanm potomitan, de las que siguen dependiendo el 80 % de los hogares de la nación y de las que un 48 % están encabezadas por mujeres. Estas familias sobreviven con menos de dos dólares al día, comprometiendo igual de drásticamente el bienestar de varias generaciones 7/.

Cuota femenina o responsabilidad de los hombres

En 2012, las organizaciones feministas se entregaron en cuerpo y alma a rechazar la promesa de que en el gobierno de Lamothe/Martelly habría un 40 % de mujeres. Para Danièle Magloire, “lo más importante no es la presencia de mujeres. Hay que ver sobre todo la orientación del gobierno en las cuestiones sociales, económicas y del Estado de derecho”. Michaëlle Desrosiers, por su parte, dijo lo siguiente: “La presencia de [estas] mujeres en un gobierno de extrema derecha –por muy popular que sea– refleja la visión y el posicionamiento ideopolítico y económico de estas últimas en lo tocante a la apertura de Haití a los inversores asociados a los neocolonos” 8/.

En mayo de 2012, la SOFA reclamó que el presidente Michel Martelly publicara un informe indicando las fuentes de financiación de su campaña electoral y denunciando a los cascos azules que estaban en el origen de la epidemia de cólera en Haití. Dede entonces, la SOFA se dedicó a llamar la atención de la sociedad sobre la corrupción que gangrenaba el espacio político y las derivas institucionales del parlamento. Asimismo, la SOFA hizo sonar la alarma mostrando los problemas asociados al programa Ti manman chéri, implementado por el gobierno de Martelly. Contrariamente a esta medida, las feministas, a través de Marie Jocelyn Lasègue, exigieron la promulgación de la Ley de paternidad, maternidad y filiación, planteando el principio de la gratuidad de las pruebas de ADN para romper con la realidad de los y las menores sin padre en Haití. Esta postura se inscribe en la lucha de las feministas para conseguir que las mujeres accedan a una autonomía no controlada en Haití. En este país, las mujeres tienen libertad para desplazarse, pero esta autonomía aparente está asociada al hecho de que se hagan cargo de su progenie.

El año 2012 fue crucial para las feministas en la lucha contra el acoso sexual de las mujeres profesionales en Haití, con la denuncia del caso Josué Pierre-Louis 9/, el entonces presidente de la Junta electoral, exministro de Justicia. Fue un año clave en la lucha contra las violencias sexuales y machistas. En la misma época asistimos a la aplicación de estrategias antifeministas internas, obra de hombres periodistas en Haití. De ello dio cuenta el artículo de Danièle Magloire sobre el movimiento feminista (ibid. 2018).

En 2013, las feministas exigieron la implantación de la cuota del 30 % en la ley electoral. Hablando de este periodo, Marie Frantz Joachim (2012) 10/ señaló lo siguiente:

La institución del principio de la cuota del 30 % en la ley electoral de 2006 constituye uno de los mayores avances del movimiento feminista de aquel periodo, en la medida en que introdujo una dimensión política formal de la lucha feminista en Haití. Decimos formal porque es bien sabido que el movimiento feminista es eminentemente político, vista la lucha de lleva a cabo por derribar el sistema patriarcal y transformar económica, política, social y culturalmente las condiciones de vida de las mujeres. Se opone a todas las formas de autoritarismo.

Asimismo quieren que la ley electoral castigue a los partidos, asociaciones y confluencias políticas culpables de prácticas machistas, entre ellas el incumplimiento de la cuota. En octubre de 2013, las feministas jalonaron el año con la celebración del parlamento simbólico de mujeres. Hablando de aquella iniciativa, Marie Frantz Joachim (2015) explica 11/:

[La iniciativa] movilizó a cerca de un centenar de personas, que representaban a cuarenta (40) asociaciones y comités de mujeres de partidos políticos de todos los departamentos, salvo el del Centro y el del Noreste. En el Parlamento Simbólico de Mujeres se implicaron 150 miembras de organizaciones de mujeres y de estructuras mixtas. Simularon con todo rigor, orgullo y serenidad la función de diputadas (99), senadoras (30), primera ministra y ministras (hombres y mujeres). El proceso de organización del Parlamento Simbólico de Mujeres fue en sí misma una importante iniciativa a favor de la política inclusiva, relacionando la SOFA, las organizaciones amigas y asociaciones con las autoridades parlamentarias.

En 2014, la batalla principal del movimiento fue la aprobación de la Ley de paternidad responsable bajo el gobierno de Martelly. Fue un momento clave en la lucha contra la impunidad en Haití. Las turbulencias provocadas por las derivas políticas condujeron al sometimiento del ministerio de la Condición Femenina, que se convirtió en una institución de propaganda progubernamental.

Replegadas en sus respectivas organizaciones, durante los cinco años que siguieron al cataclismo, las feministas desarrollaron una lucha sin cuartel para que las mujeres participaran en todos los niveles en los espacios decisorios. En este contexto, la SOFA 12/ condujo un estudio en 2015 sobre los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los espacios decisorios. Esta lucha permitió que las feministas fueran reconocidas como interlocutoras en relación con cuestiones de relevancia nacional, lo que dio pie a una serie de peticiones para que más mujeres accedieran a dichos espacios.

Se formaron varias coaliciones de mujeres, entre ellas el COTEM (Comité técnico y multisectorial). Tales iniciativas dieron fruto y las feministas ganaron la batalla de la representación en los ayuntamientos y las entidades territoriales. Todas las mancomunidades de municipios tienen por lo menos una mujer entre las tres personas que las componen obligatoriamente. Esta lucha explica por qué existe la asociación de alcaldesas de Haití, la Fenafemh (Federación Nacional de Alcaldesas de Haití). Actualmente, las organizaciones feministas cooperan con las concejalas, incluidas las alcaldesas, con vistas a conservar la cuota del 30 % reconocida por la constitución modificada de 2011.

Durante todo el mandato de Michel Martelly, las mujeres denunciaron las derivas del poder, en particular los ataques del presidente contra las mujeres en la sociedad. Testimonio de ello es la campaña de apoyo Nou Tout se Lili a favor de la periodista Liliane Pierre-Paul, atacada por el presidente Martelly. Además de las luchas por la participación política de las mujeres, se mantuvo una antigua constante en el seguimiento de la aplicación de los grandes ejes estratégicos del movimiento por parte de las políticas, entre ellas las cuestiones de salud de las mujeres y la lucha sin cuartel contra las violencias cometidas contra las mujeres.

En 2016 tuvo lugar en Puerto Príncipe un coloquio internacional sobre las cuestiones de género, los feminismos y las relaciones entre los sexos. Fruto del mismo fue publicado un libro en 2018 por Éditions féministes Remue-Ménage, titulado Déjouer le silence: Contre-discours sur les femmes haïtiennes. Además, las feministas participaron conjuntamente en varios grandes eventos feministas científicos internacionales. Esta dimensión de la lucha asume la dinámica global que anima al movimiento feminista haitiano. En efecto, debido a la posición desfavorable que ocupa el país en el escenario internacional, las feministas luchan en general en dos frentes: el nacional y el internacional. Las feministas haitianas fueron las primeras en denunciar las derivas de la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití), las violaciones de menores y jóvenes de ambos sexos y el abandono de sus hijos por parte de los Cascos Azules. Para dejar constancia de su desacuerdo, las feministas cortaron toda relación con la MINUSTAH en Haití, emprendiendo una batalla por la retirada de los soldados de la ONU del territorio haitiano y la indemnización a las mujeres víctimas de abusos y víctimas del cólera.

Paralelamente, durante este periodo se intensificó la lucha por la despenalización del aborto. Esto tiene que ver con el hecho de que las feministas se dieron cuenta de los daños causados por este acto en la vida de las mujeres, particularmente de las más pobres. Así que montaron un colectivo, llamado DSSR (Derechos Salud Sexual y Reproductiva), que básicamente se encarga de la lucha por el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

Entre 2018 y 2019, las organizaciones de mujeres creadas a partir de 1986, incluida la SOFA, desarrollaron una lucha encarnizada contra el gobierno de entonces, posicionándose a favor del cese del presidente actual, participando en manifestaciones, escribiendo comunicados de prensa y organizando actividades para denunciar la creciente adopción de medidas encaminadas a establecer una dictadura. Esta lucha se inscribe en un combate contra el oscurantismo y por la supervivencia de la sociedad haitiana.

Además de estas acciones realizadas durante el decenio, las feministas libran una batalla sin respiro contra el poder del PHTK (Partido Haitiano Tèt Kale), que moviliza una forma tóxica de masculinidad para gobernar. En efecto, este poder no duda en hacer llamamientos a violar a las mujeres que cuestionan a las autoridades. El PHTK no se distancia de los hombres del poder, de los responsables cuyos nombres aparecen asociados a agresiones físicas y sexuales de sus parientes y sus empleados. Los dignatarios del PHTK utilizan la denigración, el insulto, la violencia y la corrupción como modos de gobernar.

En las luchas contra la corrupción que se desarrollan en la sociedad haitiana, la violación de mujeres, especialmente en los barrios populares, se utiliza como medio de represión para neutralizar la movilización. A fin de contrarrestar estas derivas, la SOFA, Kay Fanm (Casa de Mujeres) y Fanm Deside (Mujeres Decididas) llevan a cabo sobre el terreno un conjunto de acciones de concienciación para explicar a la población el peligro que representa este poder, mostrando las similitudes que existen entre el poder del PHTK y el poder de los Duvalier, el poder que reinó en Haití a base de asesinatos, masacres, saqueos y violaciones durante 29 años, con la complicidad de un amplio sector de la comunidad internacional, como ocurre hoy con el poder del PHTK.

En conclusión, esta travesía del decenio muestra que el movimiento feminista abarca en su ímpetu un doble movimiento: la responsabilidad para con la sociedad haitiana y la esperanza de un mañana mejor. Las mujeres rechazan la resignación. Desde 1915, ellas hacen de la indignación un leitmotiv para construir en Haití una dinámica política portadora de transformación social. Fiel a sus pilares estratégicos basados en un siglo de lucha, el movimiento feminista haitiano ha logrado imponer la cuestión de la participación política en el debate nacional de los últimos diez años, a pesar de que los medios de que dispone son bastante escasos.

A lo largo de este decenio, las mujeres han reforzado su presencia en el plano político en los ayuntamientos y las entidades territoriales. Se han impuesto como interlocutoras políticas ineludibles a través de la CONAP, que ha desarrollado en la década transcurrida una lucha sin cuartel por la visibilización de la labor política de las feministas. También han logrado incluir en el debate la cuestión del acoso como forma de violencia contra las mujeres con el escándalo Josué Pierre-Louis e imponer el término tizonnay en el vocabulario haitiano para calificar el acoso sexual. Han transformado las reivindicaciones políticas de las mujeres en política pública a través del Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Plan Nacional de Lucha contra las Violencias Cometidas contra las Mujeres, mostrando al mismo tiempo la necesidad de que se promulgue una ley nacional para luchar contra las violencias.

En cuanto a la salud, las mujeres han demostrado la necesidad de vincular el combate por la despenalización del aborto con el del derecho a la vida y a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, han relanzado la lucha contra la impunidad impulsando, junto con toda la sociedad, la lucha contra la corrupción y el fraude administrativo y participando en distintos niveles en la batalla en torno a los fondos de Petrocaribe. Aparte de estas luchas, la conquista más importante es la transmisión de los saberes feministas a una nueva generación de militantes a fin de mantener viva la llama de la combatividad de las mujeres en la sociedad haitiana.

En definitiva, a través de esta presentación, la sacudida restituye la manera en que las feministas se ven obligadas a luchar en diversos espacios (internacional, nacional…) para mantener sus conquistas, al tiempo que militan para obtener nuevas. Este choque evoca la idea de un seísmo; réplica tras réplica, las mujeres responden a situaciones de agresión al tiempo que se agarran a los pilares estratégicos que sostienen las reivindicaciones sociales del movimiento, y que deben ayudarles a superar las crisis sociales y contribuir a construir la sociedad.

VientoSur

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Aborto en Colombia: el pecado de nacer pobre y campesina

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Laura Macías

La discusión sobre el aborto necesita urgentemente una mirada interseccional. Las mujeres con acceso a recursos financieros, en su mayoría continuaran realizando abortos seguros, por el simple hecho de poder pagar por ellos (a pesar de su legalidad o no). Mientras que aquellas más pobres, y viviendo en la ruralidad, seguirán poniendo su vida en riesgo. Esta sociedad moralista en la que nos tocó nacer poco entiende de evidencia científica, y poco le importa el bienestar de las mujeres, sobre todo de las más pobres. Eso somos, misóginos y clasistas.

Paradójicamente, en Colombia, que nos encanta compararnos y seguir las buenas prácticas de los países “más desarrollados” (en donde mayoritariamente el aborto es legal), aún hay quienes quieren devolvernos al oscurantismo, eliminando la legalidad del procedimiento en las tres casuales que lo hacen hoy posible: riesgo de la salud mental o física de la mujer gestante, malformación del feto y violación. La lucha, sin embargo, es por no condicionar el aborto, la lucha continua por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos sin condición alguna.

Bastante evidencia científica existe ya, mostrando que los índices de aborto no aumentan por legalizarlo, al contrario las muertes y afectaciones físicas y psicológicas disminuyen, nuevamente beneficiando sobre todo a aquellas con menos posibilidades económicas. Asimismo, le da mayor control e información sobre el fenómeno a las autoridades y hacedores de políticas públicas para tomar decisiones más acertadas en pro del bienestar social.

La deuda con las mujeres más pobres en la ruralidad, a esas que esta sociedad quiere castigar, es aún más grande que garantizarles el derecho al aborto. Los embarazos no deseados vienen atados a la violencia y estereotipos de género a los que están expuestas diariamente, a la falta de acceso a información -sobre todo aquella relacionada con sus derechos sexuales y reproductivos-, a la falta de oportunidades en el sistema educativo y posteriormente en el mercado laboral. Según un estudio de Profamilia, las niñas viviendo en zonas rurales dispersas tienen mayor probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia. Igualmente, hoy 53% de las mujeres pobres en la ruralidad sufren complicaciones durante el proceso de interrupción voluntaria del embarazo.

Por otro lado, el discurso sobre acceso a métodos anticonceptivos es superfluo y cómodo –sin asegurar que no sea necesario-. Lo que ocurre es que garantizar únicamente acceso sin otro tipo de intervenciones en las normas sociales, y en el sistema en general es un esfuerzo en vano.

En el libro “Repensar la Pobreza”, de Duflo y Banerjee (recientemente galardonados con el Premio Nobel de Economía), se expone un experimento realizado en una comunidad rural en Kenia. Los resultados muestran que las niñas de este lugar comprenden perfectamente que al tener relaciones sexuales sin protección existe una alta probabilidad de quedar embarazadas. También entienden que si quedan embarazadas, especialmente de un hombre mayor, este se hará cargo de ellas y de su bebé; en una sociedad que pocas oportunidades educativas y laborales le brinda a las mujeres, esta está muy lejos de ser una decisión irracional. Cuando estas niñas reciben uniformes escolares gratuitos (muchas de ellas no pueden financiar el costo de dichos uniformes y abandonan la escuela) el índice de deserción escolar disminuye, y asimismo los embarazos. Por este tipo de intervenciones y políticas es que deberían estar abogando los “provida”, por mayores oportunidades para las mujeres y niñas más pobres. Así es como se realmente se salvan vidas.

El único pecado de estas mujeres y niñas es nacer pobres y campesinas. Colombia necesita más y mejores políticas que les permitan a ellas desarrollar todo su potencial, y evitar embarazos tempranos y/o no deseados. Y Colombia necesita urgentemente legalizar el aborto sin condición. El aborto debe ser legal, seguro y gratuito.

El Espectador

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): una huelga frente a la complicidad en el acoso sexual

Por Sara Lovera

Las demandas son claras: erradicar la violencia de género, crear mecanismos reales para su atención, solución a las quejas, despido a profesores, administrativos y alumnos acosadores y mecanismos efectivos para reconocer la violencia contra las mujeres

México, 29 ene. 20. AmecoPress/SEMlac.- El último sábado se cumplieron 83 días desde que jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México tomaron y pararon actividades escolares en la Facultad de Filosofía y Letras, y las escuelas preparatorias 3, 7 y 9, en demanda de parar la violencia contra las mujeres.

Y aunque se han instalado mesas de trabajo no hay acuerdos. El viernes el Consejo Técnico de Facultad de Filosofía discute cómo resolver el futuro del semestre académico, pero no se reanudó el diálogo. Las autoridades no han resuelto más de 460 quejas de acoso sexual a pesar de que están identificados 385 agresores.

En estos dos meses se sumaron nuevos agravios, según todos los reclamos y las denuncias de las y los estudiantes que marcharon el 21 de enero: intimidación al grupo Mujeres Organizadas, algunas de ellas detenidas durante 12 horas -22 de enero-, más anuncios reiterados de demandas penales desde la UNAM para quienes han hecho destrozos en las instalaciones en paro.

Las quejas de acoso en la UNAM entre el 9 de junio de 2018 y el 7 de junio de 2019 llegaron a 463, pero se han sumado 20 más en los últimos meses, presentadas ante el Subsistema Jurídico por acoso sexual, que académicas, estudiantes y mujeres de la administración de 14 universidades del país definieron como impunes y sin solución.

Mientras tanto, el Consejo de Filosofía y Letras estudia el futuro escolar su intervención se da en un momento en el que las negociaciones entre autoridades y estudiantes en paro están detenidas, y no obstante la instalación de mesas de diálogo, el 15 de enero fue la última y no hay solución.

Las demandas son claras: erradicar la violencia de género, crear mecanismos reales para su atención, solución a las quejas, despido a profesores, administrativos y alumnos acosadores y mecanismos efectivos para reconocer la violencia contra las mujeres.

Según el grupo Pan y Rosas, una de las exigencias principales es la renuncia de abogadas y abogados de las unidades jurídicas de cada plantel que evaden las denuncias por violencia de género argumentando que no proceden en la universidad; en el caso de la prepa 9, se exige también el despido de profesores con denuncias.

Los acontecimientos en la UNAM - de acuerdo con el pliego de demandas y las expresadas en la movilización del 21 de enero- es que el Jurídico de la UNAM no ofrece soluciones, como su actuar en el caso de la muerte de Lesvy Osorio, Aidé Mendoza y la desaparición de Mariela Vanessa.

Comentarios recurrentes

"Es que de por sí no es fácil ir a denunciar, imagínate, decir que un maestro te tocó, o que un chavo te hizo algo".

También algunos chicos dijeron que solo hicieron los paros para eliminar violencia de género, y no para las denuncias de corrupción, discriminación y abuso de poder de otros profesores, que son parte de lo que reclaman con la toma de instalaciones.

"Una amiga mía denunció a un compañero y la señorita que atendía le dijo: ’¿cómo alguien de tu edad te va a querer prostituir?, eso no te lo va a creer nadie’. Y después el chavo se enteró que había ido a denunciarlo", lamentó otra.

Problema de fondo

El 27 de noviembre académicas, feministas y estudiosas del fenómeno en las instituciones de Educación Superior, desde la Universidad de Hidalgo lanzaron un pronunciamiento -que publicamos íntegro- donde conminan a las Universidades a resolver el fenómeno de la violencia que ha llegado, se multiplica y crece en las universidades del país.

Exigieron a las universidades que los modelos de atención para atender la violencia de género deben convertirse en una política institucional que tenga continuidad, permanencia y trascendencia para la vida universitaria.

Sostienen que las Instituciones de Educación Superior, así como los diferentes órganos del Estado, están obligadas a dar respuesta a las demandas para solucionar los problemas de violencia contra las mujeres.

Exigieron que los organismos nacionales que rigen la Educación Superior en México deben comprometerse con la resolución del problema de la violencia contra las mujeres y que ello significa elaborar un programa nacional real y con dinero. Es decir, que asignen recursos económicos suficientes a las unidades, centros y/o programas de atención y prevención a la violencia feminicida.

Denunciaron la grave situación de precariedad y violencia que experimentan las estudiantes, académicas y trabajadoras administrativas en las Universidades del país.

Y reconocieron que las colectivas feministas de estudiantes (activistas) exigen generar diálogos intergeneracionales, porque ser escuchadas e incluidas como interlocutoras en la discusión de los procesos y estrategias realizadas en las universidades para erradicar la violencia contra las mujeres.

A pesar de ello el tiempo pasa, y el pronunciamiento no ha tenido respuesta.

El tiempo pasa y no se levantarán las huelgas

El resumen de Mujeres Organizadas señaló a SEMlac que en estos 83 días quienes conforman la toma de Filosofía y Letras y las escuelas preparatorias han denunciado el hostigamiento por parte de las autoridades de la UNAM; y aunque sé que mantienen mesas de diálogo con las mismas, las autoridades quieren que termine la huelga, sin dar soluciones. El paro, dijeron, se mantendrá.

Las alumnas de las escuelas en paro exigen la destitución de los profesores y trabajadores de la universidad acusados de acoso y maltrato, así como medidas para su prevención.

En el caso de la Faculta de Filosofía, se pide la modificación del estatuto general de la UNAM (para reconocer la violencia de género como una falta grave) y que la máxima casa de estudios del país cuente con tres psicólogas que acompañen a las denunciantes en su proceso.

Asimismo, exigen que se ofrezca una disculpa pública a la familia de Mariela Vanessa Díaz Valverde (alumna que desapareció desde hace más de un año) y no retirar las pintas del plantel.

Exigen, igualmente, diálogo abierto. Por otro lado, existen demandas que habían sido formuladas desde el proceso del 3S, de 2017; que se revisen los protocolos para atender la violencia de género.

Por su parte, las autoridades se comprometieron a analizar el pliego de demandas, y documentos. Además, sostienen que hay avances, los cuales serán analizados por las alumnas, y con base en ello, se determinará la fecha para que se realice la próxima mesa de diálogo. La última fue el 15 de enero.

Vieja historia

Desde 2006 se han registrado 300 ataques sexuales -sin tomar en cuenta las agresiones que no se denuncian-, 36 muertes al interior de las instalaciones de la UNAM y cinco desapariciones, de las cuales sólo cuatro fueron encontrados.

El asesinato de Lesvy Berlín Osorio es uno de los casos que más ha estremecido a la comunidad universitaria, en particular porque, según las huelguistas, la Rectoría y la Fiscalía de la Ciudad de México se empeñaron en justificar su muerte diciendo que fue suicidio y reteniendo pruebas.

Según ellas, luego de las movilizaciones y mítines que se realizaron en Ciudad Universitaria por el esclarecimiento de ese asesinato, y de la preocupación que se manifestó entre la comunidad estudiantil por la creciente ola de violencia; las autoridades de la UNAM tomaron medidas "de maquillaje" (rejas, cámaras, cierre de espacios) que, lejos de frenar la violencia, fueron interpretadas como medidas de espionaje de los estudiantes y trabajadores que se organizan.

Última postura de la UNAM

El 6 de enero, a través de un comunicado publicado luego del período vacacional de fin de año, la UNAM explicó que se han realizado acciones para atender las demandas de las estudiantes e iniciar el regreso a clases; aunque también advirtió que ya se presentaron demandas contra quienes resulten responsables de los destrozos en las instalaciones tomadas.

"La UNAM manifiesta que los desencuentros en las comunidades deben ser resueltos siempre a través del diálogo, pues no se puede estar de acuerdo en que se afecte el desarrollo de las actividades académicas de miles de universitarias y universitarios".

La Universidad informa sobre las diversas acciones emprendidas a lo largo de las últimas semanas, tendentes a reanudar las actividades académico administrativas y a atender las demandas en dos planteles del bachillerato y en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) que permanecen cerrados por parte de grupos feministas.

Asimismo, insiste en la necesidad de que los planteles sean devueltos a sus respectivas autoridades, a fin de reanudar las clases a la brevedad.

Los acercamientos

Hasta el 15 de enero se han efectuado nueve reuniones donde la UNAM sostiene que se han alcanzado acuerdos en lo general en todos los puntos y queda pendiente el acuerdo sobre los momentos en los que se llevarán a cabo los procesos necesarios para cumplir las peticiones, para lo cual se requiere su completo funcionamiento.

En la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), las reuniones estuvieron encabezadas por el director Jorge Enrique Linares Salgado, y se han hecho diversas propuestas durante el período especialmente en la etapa vacacional. El viernes 3 de enero se hizo una propuesta a las Mujeres Organizadas para realizar un diálogo público; sin embargo, ello no sucedió, cuando era urgente revisar punto por punto las demandas no atendidas.

En esa Facultad también exige la destitución de profesores y funcionarios por acoso, así como la implementación de cursos para maestros con perspectiva de género y protocolos contra la violencia que viven las alumnas. Su protesta estalló después de que autoridades de la facultad borraran un mural que mostraba un beso entre Victoria Alada y Atenea, lo que fue calificado de "lesbofobia". Además, acusaron a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de ser incompetente por las pláticas que dio a los estudiantes de primer ingreso de dicha facultad.

En su pliego petitorio pidieron la renuncia de la maestra Amparo Yadira Cordonado Zavala, quien es abogada de dicha Unidad del plantel.

Por otro lado, existen documentos sobre cómo la violencia contra las mujeres es una realidad en las universidades del país, donde el año pasado se registraron un total de 364 quejas por acoso y hostigamiento sexual en 20 planteles alrededor de la República. Y aunque hoy la UNAM lidera el número de casos por hostigamiento y acoso sexual, existen universidades que no cuentan con un protocolo de actuación y no registran, por tanto, estos delitos.

En el caso de la UNAM, entre el 9 de junio de 2018 y el 7 de junio de 2019 se presentaron 463 quejas ante el Subsistema Jurídico, y se identificó a 385 presuntos agresores.

Desde el miércoles la UNAM informó sobre la instalación de las mesas, en un comunicado acompañado de fotografías en las que se veía el rostro de adolescentes que se acercaron a las mesas en las Prepas y en la Facultad de Filosofía y Letras, también en paro.

MANIFIESTO FEMINISTA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

"MÁS ALLÁ DE LA SIMULACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"

Las académicas, estudiantes, y participantes del Cuarto Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias e Intervención a la Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior, reunidas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el 27 de noviembre del 2019, y como parte de los resultados de nuestras reflexiones sobre el problema expuesto en las siete mesas de discusión, manifestamos a las diversas Instituciones de Educación Superior y a la comunidad que las conforma; a los diferentes niveles de gobierno; y al público en general, lo siguiente:

Reconocemos los esfuerzos de algunas de las Instituciones de Educación Superior en el país para atender los temas de violencia por motivos de género; sin embargo:

Ante la violencia estructural y de género que vivimos en México, denunciamos la grave situación de precariedad y violencia que experimentan las estudiantes, académicas y trabajadoras administrativas en las Universidades del país, debido a la interseccionalidad (raza/etnicidad, clase y edad) que las atraviesa como mujeres.

Las colectivas feministas de estudiantes (activistas) exigen generar diálogos intergeneracionales, que se reconozcan e incorporen sus experiencias de acción y lucha, ser escuchadas e incluidas como interlocutoras en la discusión de los procesos y estrategias implementadas en las universidades para erradicar la violencia contra las mujeres y por motivos de género.

Debe ser reforzada dentro de las universidades una cultura a la no violencia hacia las mujeres y por motivos de género mediante actividades formativas, talleres, difusión y otras formas de visibilización y sensibilización sobre el problema.

Los modelos de atención de las Instituciones de Educación Superior a la violencia por motivos de género deben convertirse en una política institucional que tenga continuidad, permanencia y trascendencia para la vida universitaria.

Los organismos nacionales que rigen la Educación Superior en México (Conacyt, ANUIES, Dirección General de Educación Superior universitaria, entre otras), deben comprometerse con la resolución del problema de la violencia contra las mujeres y de género en las IES, elaborar un programa nacional con recursos destinados a ello, así como procurar las formas de vinculación interinstitucional para atender los casos.

Las Instituciones de Educación Superior, así como los diferentes órganos del Estado, están obligados a dar respuesta a las demandas para solucionar los problemas de violencia por motivos de género (especialmente violencia sexual y feminicidios) en las Instituciones de Educación Superior y centros de investigación.

Es necesario que las autoridades universitarias asignen recursos económicos suficientes a las unidades, centros y/o programas de atención y prevención a la violencia por motivos de género.

Demandamos que en los planes y programas académicos de las diferentes Instituciones de Educación Superior se implementen de manera obligatoria asignaturas referentes a epistemologías feministas y teoría de género y que estas asignaturas sean impartidas por personal capacitado en los temas.

Las instituciones encargadas de regular la educación superior en el país deben llevar a cabo un registro nacional sobre los casos de violencia contra las mujeres y por motivos de género (Banco Nacional de Datos) y considerar las diferentes formas de reparación del daño para las víctimas.

Exigimos, como una necesidad urgente, que las Instituciones Educativas construyan protocolos y reglamentos claros para la atención y prevención de la violencia por motivos de género y que sean socializados mediante procesos de difusión efectivos dirigidos a toda la comunidad universitaria; y que estos sean acompañados de legislaciones que eviten procesos de simulación institucional.

Exigimos que los funcionarios/as, autoridades y tomadores/as de decisiones de las Instituciones de Educación Superior se capaciten y sensibilicen, como un compromiso ético para atender y prevenir la violencia contras las mujeres y por motivo de género.

Exigimos que la investigación sobre violencia por motivos de género se realice desde principios éticos, que se implementen estrategias y metodologías de investigación-acción que den cuenta no sólo de la prevalencia de la violencia por motivos de género en las universidades, sino además incentiven su denuncia y posibles caminos o modelos de intervención/acción para erradicarla.

Exigimos el reconocimiento en intervención a la violencia de género hacia orientaciones sexo-afectivas no heterosexuales en el ámbito de las Instituciones de Educación Superior en México; así como crear espacios seguros para expresar las diversidades sexuales y de género a través de metodologías participativas.

Por todo lo anterior, después de exponer el grave problema de la violencia contra las mujeres y por motivos de género, reconocemos que la universidad como una institución colonizadora, sigue reproduciendo el sistema heteropatriarcal, que ha normalizado y naturalizado diversas formas estructurales de violencia falocéntrica, por lo que exigimos se erradique la criminalización y persecución a las académicas, trabajadoras administrativas y estudiantes feministas de todas las Instituciones de Educación Superior que trabajan para transformar a la comunidad universitaria hacia el respeto a los derechos humanos. Atentamente

1.-Universidad Autónoma Metropolitana: Unidades Xochimilco, Iztapalapa, Lerma y Azcapotzalco

2.-Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

3.-Universidad Nacional Autónoma de México

4.- Universidad Autónoma de la Ciudad de México

5.-Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

6.-Universidad de Guanajuato

7.-Universidad Pedagógica Nacional

8.-Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura

9.-Universidad Autónoma de Querétaro

10.- Universidad Veracruzana

11.-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

12.-Colegio de la Frontera Sur

13.-Universidad Intercultural del Estado de México

14.-Universidad Autónoma de San Luis Potosí

15.-Universidad Humanista de Hidalgo

16.-Universidad Autónoma de Quintana Roo

17.-Universidad Autónoma de Chapingo

18.-Escuela Nacional de Antropología e Historia

19.- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Foto: SemMéxico.