Los machistas no caben en la política

 rebelion.org

Es bueno que los machistas tengan miedo a comportarse como tales. Es muy positivo también que los machistas salgan de la política. Donde la gente está viendo un drama, y sin restarle importancia al impacto electoral y emotivo del desengaño y la derrota, yo veo un proceso de mejora

Dicen que suenan las campanas por el funeral de la izquierda. No termino de creérmelo, la verdad. Es cierto que el paisaje está desolado, el horizonte muy nublado, y las tropas están en retirada. Una amiga me decía el otro día que tras los últimos acontecimientos se sentía decepcionada, hundida y derrotada. Otros amigos me han recalcado la misma idea. Sin duda nadie los puede culpar: es comprensible tras lo que estamos viendo en el ecosistema de la izquierda. Pero yo, sin embargo, lo veo de otra forma.

No quiero que se me malinterprete. Yo también pienso que, si hubiera elecciones ahora, las derechas reaccionarias podrían obtener una considerable victoria. Creo también que el berenjenal de declaraciones, ruedas de prensa, acusaciones cruzadas, identificación de culpables y demás procesos en los que está embarrada la izquierda no la ayudan en absoluto. Pero me refiero a otra cosa.

Defiendo que la izquierda está madurando y creciendo, y que los acontecimientos de los últimos días apuntan, de hecho, a que la izquierda está integrando aspectos nuevos que la hacen mejor y más fuerte. Lejos de lecturas pesimistas, que tienen su punto, considero que estamos asistiendo al fortalecimiento de la izquierda gracias al movimiento feminista. 

Partamos de una constatación: la izquierda ha convivido sin problemas –y desde siempre– con esa estructura cultural que llamamos patriarcado, la cual normaliza la explotación, opresión y abuso que se ejerce sobre las mujeres por parte de los hombres. Quizás hay quien crea que el caso de Errejón –o los casos, según parece– son los primeros que han ocurrido. De hecho, he llegado a leer que la culpa de todo esto es de la nueva política, sea lo que sea eso. Pero ambas cosas están muy lejos de ser ciertas.

En el gradiente machista que va desde el desprecio al valor de la palabra de una mujer hasta el acoso sexual y violación hay muchos puntos intermedios. En algún punto de ese gradiente se encuentra, previa interpretación de un juez, la frontera con el delito. Entre medio, ciertos comportamientos de hombres sobre las mujeres se mantienen en la penumbra y, a lo sumo, son censurables moralmente pero no necesariamente penalmente. Y, desgraciadamente, las prácticas cotidianas de las organizaciones están plagadas de esos comportamientos.

El patriarcado es muy viejo. No necesito retrotraerme hasta sus orígenes, sino a tan solo hace una década. Fue entonces cuando, en un proceso interno de Izquierda Unida en el que se dirimía una acusación de acoso sexual, un viejo dirigente –de esos hipócritas que aún llenan sus artículos con continuas referencias éticas a los comportamientos ejemplares– justificó a su amigo, el denunciado, en virtud de que “otras generaciones ligan de otra manera”. El caso terminó con el denunciado dándose de baja de la formación para evitar ser investigado dentro de la formación.

La cuestión es que hace una década –y dos, y tres, y muchas más– ya existían los comportamientos machistas dentro de las organizaciones de izquierdas. La diferencia es que esas prácticas antes estaban mucho más normalizadas y, por si fuera poco, sus autores estaban mucho menos expuestos y bastante más protegidos. El problema de la idealización de las generaciones anteriores es que conlleva ignorar sus comportamientos privados, mucho más preservados que en los tiempos actuales. 

Lo que ha cambiado, y este es el núcleo de mi exposición, es que esos comportamientos ya no se toleran con facilidad. Las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar las prácticas machistas, vengan de donde vengan. Las víctimas están convirtiéndose en agentes de cambio porque quieren una sociedad en la que estén erradicados esos comportamientos. El responsable de esta enorme evolución es el movimiento feminista, que ha combatido duramente en la trinchera de las prácticas cotidianas y, con ello, ha proporcionado herramientas a las mujeres, educado a los hombres y denunciado a los machistas. El cambio, visto en perspectiva, es brutal.

El machismo está en todas partes; en las empresas, en las familias, en la administración… y también en política. Desde una reunión en la que el dirigente mira al techo mientras una mujer hace uso de la palabra, hasta el dirigente que utiliza su poder para acosar a las mujeres que trabajan para él -o que podrían hacerlo-, toda la vida política sigue atravesada por el patriarcado. Pero lo que antes era la normalidad, afortunadamente ahora se ha convertido en un problema político. Eso es revolucionar la política.

Es cierto que las mujeres siguen teniendo miedo a denunciar legalmente, pues a veces ni siquiera la categoría del abuso sufrido es suficiente para que un juez sentencie en su favor, pero sí pueden hablar entre ellas y señalar al machista. Por eso nuestros ecosistemas están llenos de “rumores” sobre hombres que utilizan su capital erótico para aprovecharse de las mujeres –normalmente bastante más jóvenes que ellos, por cierto–. Esas conversaciones no tienen estatus legal, pero son las defensas con las que mujeres se dotan para protegerse avisando a otras mujeres de dónde acecha el peligro –especialmente cuando ese peligro se disfraza de aliado feminista–. Son espacios seguros para las mujeres. Y la consecuencia es que el acosador tiene miedo a seguir acosando.

He leído que hay quien considera que estamos entrando en una nueva fase de puritanismo. Menuda tontería. El sexo, si es consentido, puede ser tan salvaje como sus protagonistas deseen. Pero si no hay consentimiento, entonces el dirigente político –como todo hombre– tiene que guardarse esa mano que posa sobre la cintura de la mujer; esa posición de invasión con la que mantiene a la mujer incómoda durante una conversación; esa mano que se desliza sobre la rodilla como diciendo “te controlo”; y un sinfín más de actitudes y comportamientos profundamente arraigados y que, aunque jurídicamente no tengan dónde arraigar son, para mí, puro acoso machista.

En definitiva, es bueno que los machistas tengan miedo a comportarse como tales. Es muy positivo también que los machistas salgan de la política. Donde la gente está viendo un drama, y sin restarle importancia al impacto electoral y emotivo del desengaño y la derrota, yo veo un proceso de mejora. Ya habrá tiempo para mejorar en las encuestas. Ahora lo importante es quitarse de en medio, por primera vez en la historia, a esos machistas que, hasta hace bien poco, vivían en la impunidad.

.  @agarzon

Fuente: https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/machistas-no-caben-politica_129_11777842.html

La historia de jóvenes detenidas por luchar contra la corrupción en Uganda

 

Las adolescentes Kemitoma Siperia Mollie, Praise Aloikin y Kobusingye Norah comparecen ante el tribunal a principios de septiembre, donde fueron acusadas de “molestias comunes”, un delito penal en Uganda. Imagen: Wambi Michael / IPS

KAMPALA – Hasta hace poco, Margaret Natabi nunca habría soñado con llevar su lucha anticorrupción a las calles de Kampala, la capital de Uganda. Con 24 años, esta estudiante universitaria, conoce de primera mano cómo afecta la corrupción a los grupos marginados, especialmente a las mujeres y las niñas.

Quedó huérfana en la infancia. Su madre murió mientras daba a luz a uno de sus hermanos. Cree que si no fuera por la corrupción, su madre no habría muerto.

Natabi es una de las detenidas en julio durante la famosa «marcha al parlamento en protesta». Fue la culminación de una campaña en las redes sociales de jóvenes ugandeses que utilizaban el hashtag #StopCorruption.

El día de su detención, Natabi contó a IPS que sostenía un cartel en el que se leía: «Los corruptos están jugando con la generación equivocada», en un país de 48 millones de habitantes, donde los menores de 18 años representan 56 %.

Cuando la policía se acercó a ella durante la protesta, Natabi no opuso resistencia. Unas agentes la levantaron y la metieron en el vehículo policial. «Estaba decidida a predicar el evangelio contra la corrupción a todo el mundo. Incluso al agente que me estaba deteniendo», dijo.

Sin embargo, los agentes no estaban dispuestos a escucharla.

«En realidad, no sé de dónde sacaron la ira los policías porque yo era pacífica. Era como si algo les cargara de ira. Yo solo ejercía mis derechos constitucionales. Pero aquí estaban cargando contra mí con una fuerza brutal», narró Natabi en su entrevista.

Mientras otros iban a golpear a los jóvenes que participaban en la protesta, ella afirmó que un policía le dio una fuerte patada en la espalda.

«Entonces el policía se volvió hacia mí y me dijo: ‘Mírate. Llevas las uñas pintadas; tienes dinero para trenzarte el pelo. ¿Qué te ha hecho la corrupción? Y dices que este país es difícil para ti'».

Natabi contó además que insistió en «predicar a los oficiales» los peligros de la corrupción.

«Le dije al oficial que cuando me vea aquí, no sabe cuántas cosas he perdido por culpa de la corrupción. No tengo padre. No tengo madre. ¿Sabe cómo la corrupción causó eso? Mi madre tuvo que morir porque no la atendieron en el hospital cuando estaba embarazada. Perdió a su bebé y perdió la vida», siguió contando.

Aunque acababa de salir de prisión, Natabi anticipó que no piensa rendirse en su lucha contra la corrupción, «porque cuanto más me calle, estoy cometiendo una injusticia con mi país».

«Puede que no acabemos con la corrupción. Pero el número de personas que han visto lo que estamos haciendo, los ojos que estamos abriendo… hay una persona hoy que va a recoger ese coraje de nosotros», dijo Natabi. «Si todos nos callamos, nadie se va a levantar. Pero algunas personas sólo quieren ver a una persona levantarse y obtendrán ese coraje», añadió.

Natabi no está sola; cada vez más mujeres jóvenes como Claire Namara, de 25 años, han salido a desafiar el statu quo. Fue acusada de perturbar una reunión religiosa legal.

Su problema surgió de una protesta solitaria durante la misa en una Iglesia católica de los suburbios de Kampala, la capital ugandesa.

Vestida de negro y con la bandera ugandesa en la mano, Namara intentó predicar a los fieles sobre los peligros del lujoso estilo de vida de la presidenta del Parlamento, Anita Annett Among, de quien muchos creen que despilfarra el dinero público en beneficio propio.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Namara también llevaba un cartel con la imagen de una compresa higiénica con el mensaje: «El automóvil del cumpleaños de Magogo (como se conoce a Among) daría compresas a un millón de chicas jóvenes durante un año. #StopCorruption».

La policía la interrogó sobre el mensaje del cartel de las compresas.

«Me pidieron que leyera el cartel dos veces. Lo leí con confianza porque lo escribí cuando quería. Me preguntó cuál era el significado del mensaje. Le dije que el coste del coche de Magogo (proporcionaría) toallas sanitarias para un millón de niñas en un año; eso es lo que queremos decir y es un hecho», narró Namara en su diálogo con IPS.

Among se compró un Range Rover nuevo como regalo de cumpleaños cuando millones de niñas carecían con toallas sanitarias. Muchas niñas de las zonas rurales de Uganda siguen perdiendo largas horas constructivas fuera de la escuela por falta de compresas.

En 2021, el gobierno y un grupo de organizaciones de la sociedad civil publicaron el documento «Una instantánea de la salud menstrual de Uganda», en el que se constataba que 65 % (casi 7 de cada 10) de las niñas y mujeres de Uganda no tenían acceso a productos para satisfacer plenamente sus necesidades de salud menstrual.

Añadía que 70 % de las adolescentes mencionaban la menstruación como un obstáculo importante para su rendimiento escolar óptimo.

«En cierto momento no conseguía compresas y acababa utilizando tela. Esa es una historia personal, pero además, en mi aldea, muchas niñas todavía tienen dificultades para costearse las toallas sanitarias», dijo Namara.

Durante las elecciones de 2016, el presidente Yoweri Museveni prometió proporcionar fondos para toallas sanitarias gratuitas en las escuelas. Sin embargo, en 2020, su esposa, Janet Museveni, también ministra de Educación y Deportes, dijo que no había fondos para sostener esa provisión gratuita.

Namara dijo que mientras el gobierno decía que carecía de dinero para financiar la higiene menstrual, los políticos -más aún las mujeres políticas- han sido citados en escándalos de corrupción.

A su juicio, dada la situación de la mayoría de las adolescentes en Uganda,  el Estado debe garantizarlas el acceso a servicios seguros de higiene menstrual.

Namara añadió que si bien se enfrentó a las burlas de un sector del público que la condenó por llevar «su» protesta a la iglesia, también ha recibido mensajes de elogio de muchos.

«Necesitamos un debate más amplio en Uganda sobre las mujeres y cómo se enfrentan a estas normas sociales. Me decepcionaron mucho las compañeras que me preguntaban cómo podía ir a protestar a la iglesia. Es una chica joven. ¿Quién se casará con ella?», explicó.

A principios de septiembre, Norah Kobusingye, Praise Aloikin Opoloje y Kemitoma Kyenziibo fueron detenidas cuando marchaban hacia el edificio del Parlamento con carteles de «No a la corrupción».

Se habían medio desnudado y pintado su cuerpo cuando las jóvenes, pertencientes a Uganda Freedom Activists, fueron acusadas de provocar «molestias comunes», contrarias a la Ley del Código Penal de Uganda.

Como reacción, la académica y escritora feminista Stella Nyanzi afirmó que el encarcelamiento de las jóvenes no disuadiría de las protestas pacíficas.

«Acusar a las compañeras Kemitoma Siperia Mollie, Praise Aloikin y Kobusingye Norah de molestias comunes y enviarlas a la prisión de mujeres de Luzira hasta el 12 de septiembre de 2024 no detendrá la pacífica #March2Parliament para #StopCorruption y exigir que #AnitaMustResign», observó Nyanzi, conocida por utilizar la «rudeza radical” como forma de protesta política, similar a lo que hicieron las jóvenes.

La aparición de una joven generación de agentes anticorrupción femeninos en Uganda ha desencadenado el debate. Para algunos, estas jóvenes han roto las barreras formales y culturales sobre las mujeres y la corrupción.

Miria Matembe, exministra de Ética e Integridad con Museveni, está de acuerdo con quienes creen que las jóvenes activistas anticorrupción han venido a desafiar el statu quo porque el otrora vibrante movimiento de mujeres en Uganda ha sido silenciado.

«¿Oyes a alguna oenegé salir a la calle como solíamos hacer nosotras? Están en sus oficinas haciendo su trabajo. Así que el espacio para nosotras, que solíamos salir, está completamente cerrado», dijo a IPS.

Añadió que todo el sistema de gobierno en Uganda es corrupto.

«La corrupción no tiene que ver con la primera ministra porque sea mujer. Mira a las mujeres políticas individualmente. Son codiciosas. Tenemos un parlamento transaccional. En lugar de un parlamento transformador. Cuando Museveni quiere algo, las lleva aparte y les pregunta cuánto. Por tanto, debo decir que no vamos a ninguna parte», afirmó.

Otras activistas afirman que suponen un desafío para las mujeres que ocupan «grandes» cargos bajo el mandato de Museveni.

Existe la sensación de que mujeres en puestos de liderazgo como la vicepresidenta Jessica Alupo, la presidenta del Parlamento Anita Anett Among y la primera ministra Robina Nabanja han conspirado con Museveni para apuntalar un régimen corrupto.

Las ugandesas más jóvenes, como Nantongo Bashira, creen que esas líderes las han defraudado.

Bashira, profesora de la Universidad Islámica de Uganda, dijo a IPS que las jóvenes tienen la responsabilidad de forjar el futuro que desean.

«Seguimos diciendo que el futuro es femenino. Si nos dicen que el futuro son las mujeres y que la corrupción está por las nubes, que el futuro son las mujeres y que las cosas no van como ustedes quieren, es nuestra responsabilidad forjar ese futuro que queremos», dijo Bashira.

Aili Mari Tripp, catedrática de Ciencias Políticas de la estadounidense Universidad de Wisconsin, escribió en un artículo titulado «How African Autocracies Instrumentalize Women Leaders (Cómo instrumentalizan las autocracias africanas a las mujeres líderes)», que Uganda es una de las autocracias que han instrumentalizado a las mujeres para permanecer más tiempo en el poder.

T: MF / ED: EG

Natalicio de Sor Juana

Felipe Ávila*

El 12 de noviembre se conmemora el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, quien es, quizá, la más grande escritora de la lengua española. Es también una de las más grandes pensadoras, cuya mente universal brilló en terrenos tan amplios como la filosofía, la teología, la estética, la ciencia, la música y, desde luego, la poesía. Lo más sorprendente fue que lo hizo en una época y en una sociedad donde el papel de las mujeres se limitaba a ser madres, esposas o monjas, negándoles el derecho a estudiar, sin poder dedicarse a labores intelectuales. La ciencia y las artes, salvo muy raras excepciones, eran del dominio masculino. Por eso sorprende, y admira, que aun en esas condiciones tan adversas Sor Juana haya podido llegar tan alto, aprendiendo sola, en la soledad de su cuarto o de su celda conventual, haciéndose ella misma preguntas que trataba de responder con su observación del mundo y de su mente, pero, sobre todo, interrogando a sus compañeros de toda la vida, los libros, a los que amó, cuidó y aprovechó como muy pocos.

Juana de Asbaje Ramírez de Santillana nació en una familia criolla en San Miguel Nepantla, en las faldas del Popocatépetl, el 12 de noviembre de 1648 o de 1651, según distintas fuentes. Fue hija de Isabel Ramírez y Pedro Manuel de Asbaje. Sus padres no estaban casados, por lo que fue registrada como hija natural, pues su padre no la reconoció ni se hizo cargo de ella. La ausencia de la figura paterna y tener una madre que no le brindó mucha atención, la marcó de por vida. Creció en la casa de su abuelo materno en las haciendas de Nepantla y Panoaya. Juana fue una niña solitaria, que jugaba y se entretenía sola, que tenía curiosidad por conocer todo, por saber cómo funcionaba el mundo y qué ocurría dentro de su mente. Así, aprendió muy pronto a conocerse y valerse por sí misma, a tomar sus decisiones y realizar sus deseos.

Sabemos muy poco de sus primeros años. No obstante, nos dejó pasajes donde contó su infancia. En la famosa Respuesta a Sor Filotea, que escribió en 1691 y que es la mejor autodefensa que hizo, ya madura, de su vida y de su vocación por el saber y el escribir, Sor Juana rememoró: No había cumplido los tres años de mi edad cuando enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman Amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura; y viendo que la daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, la dije que mi madre ordenaba me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble; pero, por complacer al donaire, me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia; y supe leer en tan breve tiempo, que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto; y yo lo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden.

Más adelante nos cuenta que no comía queso, pues había oído que volvía tontos a quienes lo ingerían. Dice también que cuando tenía seis o siete años se ilusionó con ir a la Universidad de México, recinto al que sólo podían asistir los varones. Ingenuamente le pidió a su madre que le permitiera ir disfrazándose de niño. Ante la negativa materna, la precoz niña no tuvo más remedio que aprender ella misma, sirviéndose de la biblioteca de su abuelo, que se convirtió en su refugio y en la puerta con la que empezó a conocer el mundo y a conocerse ella misma. Su inteligencia le permitió aprender latín muy rápido. Se impuso una estricta disciplina. Se ponía metas de aprendizaje y cuando no las cumplía, como castigo, se cortaba cinco o seis dedos de pelo, pues no le parecía justo que su cabeza estuviese adornada de cabellos cuando estaba ausente de saber.

En 1656 murió su abuelo materno, quien había sustituido a la figura del padre ausente; poco después murió su abuela. La niña quedó huérfana emocionalmente. La vida familiar se complicó. Su madre tuvo un nuevo compañero, Diego Ruiz, quien se instaló en la casa materna y con quien procreó otros tres hijos. La niña se quedó más sola, con un padrastro y una madre que no la atendían, lo que acentuó su soledad, de la que escapaba leyendo y pensando, enriqueciendo su mundo interior.

Su familia la instaló con su tía materna en la Ciudad de México. Ahí estuvo varios años de los que casi nada sabemos. Esos parientes tampoco quisieron hacerse cargo de ella. Tenían buenas relaciones políticas y decidieron llevarla a la Corte como ayudante de la joven virreina, Leonor Carreto. La joven de 15 años maravilló a la Corte con su belleza, simpatía e inteligencia. Fue la preferida de la virreina, con quien estableció una profunda amistad. La virreina amaba las letras, por lo que se dio entre ellas una relación en la que se juntaron la afinidad de gustos e intereses, así como la admiración y el cariño recíprocos. Se volvieron amigas inseparables.

* Director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

Griselda Triana: lucha y resignificación por familias de periodistas asesinadas y desaparecidas

 Escrito por ONU México 

.-Ciudad de México.- Griselda Triana se ha convertido en un referente de la lucha por la justicia y la libertad de prensa, no obstante, su labor como defensora de derechos humanos y Coordinadora Ejecutiva de la Red Nacional Tejidos Solidarios de familias de personas periodistas asesinadas y desaparecidas en México, nunca estuvo en sus planes. 

Sinaloa no fue su lugar de nacimiento, se convirtió en su hogar. Griselda Triana nació en 1969 en Guadalajara, Jalisco, y fue la primera nieta de la familia por parte de su padre. Muy consentida y querida, desde entonces y hasta la fecha. Durante su infancia, su familia decidió mudarse a Culiacán, Sinaloa, un estado conocido por su clima cálido, su gastronomía y su música de banda. 

Ahí fue donde conoció la playa. Aquellos viajes junto a sus padres, hermana y hermanos en los que caminaban frente al mar y veían los atardeceres, quedaron grabados como unos de sus recuerdos más preciados de su infancia, y que luego tuvo la dicha de replicar con su propia familia. 

“Tengo recuerdos muy bonitos. La primera vez que mi papá nos llevó a conocer el mar, yo conocí el mar en Sinaloa (…) cuando nos llevaban a sacar almejas en Altata, entre juego y trabajo, escarbábamos la arena y sacábamos las almejas. Regresábamos a la casa y mi mamá las lavaba perfectamente y nos preparaba un ceviche de almejas. Son esos recuerdos que yo atesoro mucho”, compartió Griselda en entrevista con ONU México.

Griselda Triana junto a sus hijos en la playa, en Sinaloa | Cortesía de Griselda Triana

Su primer acercamiento con el periodismo fue cuando estudiaba psicología; comenzó a trabajar a la par en el periódico Noroeste, en Culiacán, donde ayudaba a algunos columnistas a transcribir sus entrevistas, entre otras actividades. Luego, en el Diario de Sinaloa, fue la encargada de diagramar las notas nacionales e internacionales.  

 

“Le pedí al director en ese momento que me diera oportunidad de empezar a reportear (…) me llamaba mucho la atención cómo las reporteras y reporteros salían (a reportear). Entonces, ahí empezó el gusanito por ser reportera”, recordó la defensora de derechos humanos. 

 

De los medios impresos, Griselda pasó a la radio comercial y luego a la radio en espacios universitarios.  La búsqueda de la nota de “ocho columnas” era lo que la llenaba de orgullo.

 

Griselda Triana trabajando como periodista | Cortesía de Griselda Triana

“La verdad lo disfrutaba; eran otros tiempos, era cuando una salía a reportear y querías llevarte la nota de ocho columnas. A mí me tocó esa época. Ahora ya no trabajas por la nota de ocho columnas, ya no reporteas, las condiciones ya no están para eso, pero fue una época que yo disfruté mucho como reportera. Obviamente, me tocaron muchos hechos violentos, situaciones complicadas”, comentó.

 

Salir a reportear era una de las actividades que compartía con Javier Valdez, a quien conoció en la universidad y con quien, tras años de noviazgo, se casaron y tuvieron dos hijos. 

Griselda Triana y Javier Valdez | Cortesía de Griselda Triana

Javier era integrante de un grupo musical de folklore latinoamericano, era “hippioso”, tenía el cabello largo y llevaba un morral de cuero. Sin embargo, su convicción, sus temas de conversación e inteligencia fueron los principales atributos que atrajeron a Griselda.  

 

“Mientras no nos embarazamos, muchas cosas las reporteábamos juntos (..) fue una etapa en la que tuve la oportunidad y el privilegio de no nada más la convivencia con Javier como mi compañero, como mi esposo, sino como periodista”, compartió Griselda. 

 

“Y eso me permitió, al paso de los años, entender que el otro matrimonio de Javier era con el periodismo. Lo que hacía, lo hacía plenamente convencido (de) que no podía dejarlo, que tenía que estar ahí para visibilizar muchas cosas que a veces la dinámica diaria del reporteo no te permite. Javier dio ese paso de la nota diaria a hacer periodismo de investigación cuando fundaron Ríodoce y tuvieron que darle otro enfoque al periodismo que se hacía en ese momento en Sinaloa”, añadió.  

El Mecanismo de Protección “no debería existir”, pero salva vidas  

 

El periodismo de Javier fue reconocido a nivel nacional e internacional; lograba reflejar los efectos del narcotráfico en la sociedad y era la referencia para comprender las estructuras de los cárteles. Si bien trataba de mantener a su familia al margen, las amenazas y el riesgo eran palpables. 

 

El 15 de mayo de 2017, Javier fue asesinado al salir de una reunión editorial de Ríodoce. Su proyecto de vida fue arrebatado. Entre la rabia, el miedo, la tristeza y la conmoción, la vida de su familia tuvo un cambio radical. Griselda fue incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y, junto con sus hijos, fue desplazada de Culiacán, Sinaloa, a la Ciudad de México.

 

“En primer lugar, creo que no deberían existir, estos mecanismos no deberían estar, pero bueno lo que sucede con las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no da para decir los vamos a borrar. Ojalá ejercer el periodismo y defender derechos humanos estuviera realmente garantizado en este país. No quiero decir que los Mecanismos son un mal necesario, pero bueno creo que, también si no existieran, en qué condiciones estaríamos. Sería peor”, mencionó Griselda.  

 

Griselda Triana, en entrevista para ONU México | Tania García/CINU México

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que se creó en 2012 con la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. 

 

El Mecanismo mexicano se ha convertido en una referencia tanto regional como internacional. Su innovador modelo de gobernanza en red, establecido en la Ley que lo crea, permite una participación inclusiva y diversificada, reforzada por el seguimiento cercano y especializado de las organizaciones de la sociedad civil.

En 2023, el Mecanismo de Protección tenía incorporadas a 2 mil 149 personas, de las cuales 611 se dedican al periodismo (162 mujeres y 449 hombres); además, mil 157 personas defensoras de derechos humanos, (636 mujeres y 520 hombres); y 381 personas beneficiarias indirectas, es decir parejas de las personas beneficiarias, sus hijos, o sus compañeros y compañeras de profesión.

El Mecanismo de Protección surge de la exigencia de las organizaciones frente a este contexto de violencia (…) y lo que ha significado especialmente para muchas personas defensoras y periodistas es salvar la vida. No es dramático, pero sí lo es a la vez.

Especialmente para las personas de las lejanías de las ciudades, que están enfrentando la criminalidad sin ninguna autoridad que les proteja, muchas veces contra la propia autoridad, porque la autoridad está coludida o es parte de la criminalidad”, comentó Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). 

Lucía Lagunes, Directora de CIMAC | Vincent/ONU-DH 

Lucía Lagunes, también integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, explicó que la protección de una institución federal desincentiva a los perpetradores de atacar contra las personas defensoras y periodistas.

“Cuando ellas se saben protegidas y cuando las autoridades saben que una institución federal está protegiendo a esa persona defensora, a esa periodista, al menos es un freno, de pensar dos veces la agresión posible contra estas personas. Y eso es salvarle la vida a las personas defensoras y periodistas”, apuntó. 

 En 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección a petición de SEGOB, el cual fue presentado ante distintas autoridades que se comprometieron públicamente a implementar las 104 recomendaciones formuladas. 

 

En septiembre de 2022, se estableció el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo de Protección (Grupo de Trabajo) con el objetivo de impulsar y monitorear el cumplimiento de las recomendaciones del Diagnóstico. El Grupo de Trabajo estuvo conformado inicialmente por las instituciones que integran la Junta de Gobierno y un consorcio de 14 ONGs especializadas en protección a personas defensoras y periodistas (Espacio OSC), además de la ONU-DH. Posteriormente, se sumaron PDP y otras dos ONGs. 

 

En septiembre de 2024, se hizo entrega del Informe a dos años de labores del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo de Protección. Al respecto, la ONU-DH saludó los avances tangibles reportados y alentó a mantener espacios de diálogo constructivos para un fortalecimiento estructurado.

 

El informe destaca varios avances significativos: un incremento en la asignación de recursos humanos, materiales y económicos para la operación del Mecanismo; mejoras en la coordinación interna, incluyendo la creación de la Dirección General del Mecanismo y el desarrollo de los lineamientos de la Junta de Gobierno; la creación de espacios para fortalecer la coordinación interinstitucional con las entidades federativas; el establecimiento de un grupo focal sobre enfoque diferencial y perspectiva de género; y una mayor disponibilidad de información desagregada sobre el funcionamiento del Mecanismo.

Durante los dos últimos años se alcanzaron a implementar plenamente 29 de las 89 recomendaciones priorizadas por el Grupo de Trabajo.

 

“Desde su creación en 2012, se han impulsado diversas iniciativas para fortalecer el Mecanismo. En esta ocasión se logró tener un proceso de fortalecimiento institucional continuado y enfocado en los resultados. Este proceso ha sido un ejemplo de diálogo constructivo entre instancias de gobierno, instituciones del estado y la sociedad civil, enriquecido por la pluralidad de personas y la experticia técnica de sus integrantes”, sostuvo Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH.  

“La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su plena disponibilidad para seguir brindando la asesoría y cooperaciones técnicas que se requieran para fortalecer las políticas públicas de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, añadió Jesús Peña. 

 Para Griselda, aún queda la pregunta de si algo hubiera sido distinto si Javier hubiera contado con medidas de protección. “Quisiera pensar que sí”, se dice a sí misma. En el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, llamó a las autoridades a reforzar el diálogo con las personas defensoras y periodistas ya incorporadas en el Mecanismo de Protección, así como con aquellas que potencialmente podrían acogerse, para seguir fortaleciendo las políticas públicas y seguir mejorando las condiciones estructurales para ejercer su labor. 

 “En mi caso, en nuestro caso, tengo que ser honesta: a mí me han cuidado y me han cuidado bien. De repente hay situaciones que uno tiene que platicar, pero que se resuelven. Pero, bueno, lo mismo tienen que hacer con todos, con todas las personas que estamos debajo del esquema de protección del Mecanismo, aquí tiene que ser parejo”, afirmó Griselda. 

Resignificar es una decisión

 Griselda tuvo que dejar de hacer el periodismo que hacía en la Universidad y, a pesar de los esfuerzos por retomarlo en la Ciudad de México, su camino ha tomado un rumbo diferente. Ahora acompaña a familias de periodistas que han sido desaparecidos o asesinados y documenta todos los casos desde la Red Nacional Tejidos Solidarios. 

 

“Ahora soy activista y persona defensora de derechos humanos. A mí me costó mucho trabajo asumirme como persona defensora de derechos humanos, porque no estaba en mi proyecto de vida convertirme en una defensora. Pero es lo que hay y es lo que quiero seguir haciendo. Por fortuna, tengo planes para la vida; yo quiero y necesito seguir documentando los casos de familias. Estamos hablando que estamos cerca de los 200 (casos de periodistas asesinados o desaparecidos), y esperemos no lleguemos a ese número”, mencionó. 

Griselda Triana realizando actividades por la defensa de derechos humanos | Cortesía Griselda Triana

A 7 años del asesinato de Javier, Griselda puede hablar de su proceso de reconstrucción y sus planes a futuro. 

 

“Más o menos hace un año, yo elegí que no quiero vivir atada al pasado. Yo sé que sí, ahí va a estar la cicatriz, pero yo no quiero rascarle a la herida, yo quiero seguir adelante; yo quiero que lo que me resta de vida, quiero vivirlo plena, quiero vivir feliz, quiero estar satisfecha y orgullosa de lo que estoy haciendo. El resignificar es una decisión”, afirmó.

 

Para Griselda, su mayor sueño es volver al estado que se convirtió en su hogar y hacer que aquellos recuerdos más preciados vuelvan a ser una realidad. 

 

“Yo quiero regresar, yo no me quiero quedar en esta ciudad, que me ha dado mucha seguridad, me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, que me ha permitido reconstruirme. Estoy rodeada de personas extraordinarias, maravillosas, pero yo quiero regresar. Yo quiero volver a Sinaloa; no sé si a Culiacán, (porque) no hay condiciones en este momento, pero yo quiero regresar. Yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero volver con mi gente, yo quiero estar cerquita de Javier y de mi hija y mi hijo. Quiero irme a caminar por el malecón, ver los atardeceres, quiero caminar sobre la playa. Yo quiero volver”, concluyó.  

Griselda Triana junto a su hija e hijo | Cortesía de Griselda Triana

Texto: Tania García | Fotografías: Tania García/CINU México, ONU-DH y cortesía de Griselda Triana | Video: Luis Arroyo | Centro de Información de las Naciones Unidas en México, Cuba y República Dominicana

Violencia de género es más alta en municipios

 La Jornada

La violencia política en razón de género no sólo se presenta en época electoral, es una constante que en 78 por ciento de los casos se registra a escala municipal, aunque lo más grave es que la mayor parte de las sanciones contra quienes la ejercen son clasificadas de leves.

Por lo anterior, los agresores sólo reciben una amonestación pública y, en casos muy contados, son acreedores a una multa económica y sólo dos personas fueron removidas de sus cargos, revela el informe Evolución de la violencia política en razón de género en la región Sur-Sureste mexicano.

El estudio a cargo de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) forma parte de las investigaciones hechas con el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral del Instituto Nacional (INE), en el cual se detectó que la violencia contra las mujeres durante los comicios es cada vez más letal, pues dos de cada 10 víctimas de violencia criminal son mujeres.

La inseguridad y su traslado a la violencia en las elecciones comienza a configurar un cambio en la posición de los electores, advirtió Omar Jiménez Ojeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unach.

Durante la presentación del informe, el académico señaló que la violencia electoral encuentra su expresión en lo local, porque 88 por ciento de los municipios son más proclives a que se cometan esos actos.

De la revisión que hizo durante el proceso electoral, Jiménez indicó que en siete estados del sur del país, Oaxaca ocupa el primer lugar de ese delito, con 142 casos; le sigue Veracruz, con 47; Tabasco, 33; Chiapas, 21; Quintana Roo, 15; Campeche, 7 y Yucatán con 3.

El total de estas incidencias en la región sur sumó 268 casos entre septiembre de 2023, cuando empezó el proceso electoral, hasta el 2 de junio.

El tejido social se sigue debilitando y encuentra en el proceso electoral un caldo de cultivo, detectando violencia política de género hacia aspirantes a cargos públicos, así como contra quienes ya tienen un puesto como regidora, síndica o diputada local.

Ochenta por ciento de agresores son hombres y el resto mujeres, pero 35 por ciento de las sanciones son leves, de modo que la mayoría no recibe ninguna penalización.

Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2024, p. 6

Mujeres reclusas en México: víctimas y cómplices, afectaciones del sistema patriarcal

elsoberano.mx

Pluma Patriótica

Eva Albavera

En el mundo, el número global de las mujeres privadas de su libertad ha aumentado en un 53% desde el año 2000, mientras el número de hombres privados de libertad ha aumentado en un 20% durante el mismo periodo y en América Latina el incremento en la población carcelaria de mujeres ha sido el triple del aumento para los hombres, en cuanto a México, ha aumentado, aunque no en las mismas proporciones, se estima que del 2005 al 2023 la población penitenciaria de mujeres en el país aumentó un 20%.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), entre 2017 a 2022 se registró un crecimiento en el número de mujeres privadas de la libertad por delitos asociados al crimen organizado. Las cifras de mujeres sentenciadas y en prisión preventiva por estos delitos pasaron de 9.754 en 2017 a 11.295 en 2022, lo que equivale a un incremento en la tasa de 15 a 17 por cada 100.000 habitantes. La pregunta ahora es: ¿qué está pasando? Si bien entendemos que la crisis económica global forma parte fundamental de este incremento, tiene que ver sobre todo con las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, y el menor acceso de estas últimas a el ejercicio pleno de sus Derechos Humanos.

En cuanto al aumento de la participación de las mujeres en delitos asociados al crimen organizado, el informe publicado en 2023  del International Crisis Group, encontró que las mujeres consideran cada vez más viable la participación en estructuras del crimen organizado para adquirir poder y protección en contextos de creciente violencia basada en género, y que  la mayoría de las mujeres que participan en redes de narcotráfico están en la base de la estructura, en lugar de posiciones de liderazgo, lo que aumenta sus probabilidades de ser detenidas, de hecho quedan desprotegidas de sus organizaciones, y de inicio son a las que se les paga menos por similares actividades, permanentemente están en una situación de vulnerabilidad económica y social, en la que suelen carecer de recursos y el apoyo necesario para defenderse legalmente o financiar su salida de prisión, lo cual hace que un porcentaje mayor de ellas permanezcan en prisión preventiva en comparación con los hombres. 

Son víctimas del sistema patriarcal y cómplices quizá de sus circunstancias, sabemos que la presidenta Claudia Sheinbaum en 2022 en el la CDMX liberó a casi 80 mujeres que eran mayores de edad, tenían enfermedades crónico-degenerativas o terminales, discapacidad física, originarias de pueblos y comunidades indígenas, seguro en el próximo año veremos acciones similares en el país, las mujeres reclusas en México son víctimas en gran medida del sistema patriarcal.

Eva Albavera

Antropóloga social, Feminista, Activista por el ejercicio de los derechos humanos, locutora, Presidenta de "Equidad y Autonomía en movimiento A.C."

Como anillo al cuello, un recorrido por la literatura femenina que denuncia la opresión de la institución matrimonial

Por Juanjo Villalba

Fuentes: El diario

Purificació Mascarell habla en su nuevo libro de una serie de obras literarias de autoras que, desde el silencio al que fueron relegadas durante décadas, denunciaron las dinámicas opresivas del matrimonio y reclamaron la dignidad y la libertad de las mujeres

Purificació Mascarell

Durante siglos, el destino correcto de toda jovencita de bien fue el matrimonio. A través de él se suponía que las mujeres encontrarían el auténtico sentido de su vida mediante el cuidado de su marido y de sus hijos.

El día de la boda era, en las sociedades más tradicionales, el más importante de la vida de una mujer, ya que su futuro parecía estar estrechamente vinculado a encontrar el esposo adecuado. Ese momento también marcaba la transición de la juventud a la adultez: de la sumisión al padre a la sumisión al marido.

La literatura, escrita fundamentalmente por hombres, ha jugado un papel clave en la perpetuación y legitimación de este modelo. En infinidad de novelas, poemas y obras de teatro es habitual la representación de la mujer casada como un ser virtuoso, sumiso y abnegado. Servidora de su hombre y cuyo bienestar siempre está subordinado al del resto de la familia.

En estas obras literarias, el ámbito doméstico y emocional era el de las mujeres, mientras que a los hombres se les reservaba el espacio público y racional. Las mujeres que se atrevían a salirse de la norma solían ser castigadas o marginadas en aquellas historias, tal y como sucedía en muchos casos en el mundo real.

Sin embargo, también hubo otra literatura que, con gran dificultad y escaso apoyo editorial, se dedicaba a denunciar la situación de desigualdad, injusticia y dolor en la que vivían muchas mujeres, especialmente dentro de la institución del matrimonio. Esta tradición literaria, que fue sepultada por las voces masculinas del canon pese a la calidad artística de sus obras, continúa intentando salir a la luz.

En este sentido, es muy importante la reciente publicación de Como anillo al cuello. La opresión matrimonial en la literatura femenina, escrito por la profesora de la Universitat de València Purificació Mascarell, donde se dedica a analizar, y seguramente descubrir para algunos lectores, obras como ¿De quién es la culpa? de Sofía Tolstaia, esposa de Tolstoi, Una mujer, de Sibilla Aleramo, Oculto sendero, de Elena Fortún, o Una mujer en el frente de Alaine Polcz, además de otros muchos de autoras como Mary Wollstonecraft, George Sand (Amantine Aurore Dupin), Mercedes Pinto, Caterina Albert o Aurora Bertrana, por citar algunos ejemplos.

“Mi objetivo al escribir este libro era trazar una constelación de voces femeninas que, en principio, pueden parecer desconectadas entre sí por pertenecer a tradiciones literarias, épocas o países diferentes”, explica la autora. “No obstante, si se escuchan con detenimiento, estas voces están conectadas por su conciencia feminista y por su defensa de la dignidad humana. Quería recuperarlas y ponerlas en relación, que ofrecieran a los lectores un trampolín hacia textos desconocidos o hacia textos que merece la pena revisitar bajo otra mirada”.

muestra cómo el discurso literario se adelantó al legal, al político y al mediático a la hora de denunciar la opresión femenina y de solicitar leyes que protegieran a la mujer. “La escritura literaria fue un mecanismo de crítica al patriarcado cuando ni la justicia ni la sociedad asumían el dolor de las mujeres víctimas. Sirvió para dejar constancia del sufrimiento, pero también de las salidas a la opresión”, afirma Mascarell.

Una investigación abierta y en proceso

La propia autora también está muy presente, a través de vivencias propias, en un libro cuyo objetivo no es tanto establecer un canon literario de las autoras que han hablado sobre la relación entre mujer y matrimonio, sino que busca trazar “un recorrido personal y crítico a través de autoras que considero significativas por su compromiso con la causa de la libertad femenina, pero también, por supuesto, por su compromiso con la creación de obras de primera calidad estética”.

Por lo tanto, Como anillo al cuello es un libro sobre arte femenino comprometido y que, según la autora, podría seguir ampliándose con otras voces y otras experiencias femeninas: una investigación abierta y en proceso.

Nuestra época también favorece, por suerte, que cada vez sea más fácil leer a estas autoras cuyas obras llevaban décadas relegadas a las estanterías más recónditas de las librerías de viejo. Según Mascarell, ahora es mucho más fácil encontrar los libros de estas autoras que hace diez o veinte años. “Aparte del trabajo hecho desde la academia por las investigadoras, sobre todo por las más jóvenes, contamos ahora con editoriales que han rescatado y publicado textos que eran complicados de encontrar”, afirma. “Pienso en todas las voces femeninas de la Edad de Plata que ha recuperado para el público lector la editorial Renacimiento, con la que yo misma colaboro. O en el trabajo de rescate que están llevando a cabo editoriales que solo publican a mujeres, como Bamba, Espinas, Torremozas o Ménades. La entrada de editoras independientes en el panorama literario ha favorecido este rescate”.

En el mismo sentido, el libro también es una especie de exorcismo: hablar abiertamente de lo que ha pasado para que nunca más vuelva a ocurrir. “Narrar las diferentes violencias que han sufrido y sufren las mujeres en el seno matrimonial es el primer paso para identificarlas y luchar contra ellas”, sostiene Mascarell. “El patriarcado siempre nos ha destinado al silencio, como bien explica la teórica Hélène Cixous. El simple hecho de romper ese silencio y de atrevernos a hablar o a escribir ya es un gesto radical de subversión”.

Todo un catálogo de opresiones

Al recorrer una variedad tan grande de épocas y de casos, el abanico de calamidades relatadas por las autoras es muy amplio. Desde el mansplaining, ese tratamiento paternalista y condescendiente que sitúa a la mujer en una posición de menor de edad ad eternum, hasta la violencia sexual, es decir, las violaciones dentro del matrimonio. Una práctica normalizada durante siglos y silenciada por las mismas mujeres que la han padecido y la padecen.

“Abusos de poder, control, desprecio de las capacidades intelectuales femeninas, cosificación… Y, por supuesto, violencia física de todo tipo”, detalla Mascarell. “Y el encorsetamiento en la figura de ángel del hogar o madresposa. Bajo esa idea de que no existe mayor felicidad para una mujer que dedicarse en cuerpo y alma al marido, los hijos y el hogar. Una patraña que ya desmontó Betty Friedan con su estudio La mística de la feminidad”.

Un libro optimista a pesar de todo

Para terminar, la autora no duda en calificar el mensaje de su libro como puramente optimista. De hecho, expone muy brevemente la experiencia matrimonial de sus antepasadas para contraponerla con su propia vida y la libertad que ha tenido. “Sería una absoluta mentira decir que no hemos mejorado respecto a nuestras madres o abuelas: por supuesto que hemos progresado muchísimo en un siglo”, reconoce. “Lo que no quiere decir que estemos en un estadio ideal ni mucho menos”.

Para la profesora, el futuro de las relaciones humanas pasa por la tolerancia y el respeto al máximo nivel. También por el apoyo mutuo. “Los hombres que no entienden esto, que no están dispuestos a repartir sus privilegios ancestrales, están destinados a quedarse solos —las mujeres cada vez los soportan menos— y, por ello, a estar cada vez más rabiosos”, reflexiona. “Y no me gusta vivir en un mundo con gente rabiosa, la verdad. Preferiría que se hiciera más pedagogía de lo que es realmente el feminismo (una vida digna para cada ser humano del mundo, sin importar su sexo) y que los hombres entendieran que oprimiendo o sometiendo al 50% de la población, como ocurre en Afganistán, aparte de hacerle daño a las mujeres, se lo hacen a sí mismos: crean un infierno de injusticia y de dolor en vez de una sociedad en plenitud donde cada persona pueda desarrollar su libre proyecto de vida”, concluye.

Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/anillo-cuello-recorrido-literatura-femenina-denuncia-opresion-institucion-matrimonial_1_11703998.html 

La clave para desarrollo económico es el cuidado y el autocuidado de mujeres: CEPAL

 Escrito por Arantza Díaz 

.-Ciudad de México.- Con el fin de año en puerta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha preparado su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe; un recuento anual de las deficiencias de la región y también, los aciertos del crecimiento económico, llevándose las palmas, el país sureño de Chile; entre los apartados que más han preocupado a la CEPAL está la crisis de cuidados; una dificultad que amenaza el desarrollo regional y aumenta la desigualdad estructural.

América Latina y el Caribe afronta una serie de crisis sistémicas que, desde siempre, han incrementado las desigualdades históricas, sin embargo, en los últimos años, en lugar de que exista un combate a estas deficiencias estructurales, ha acontecido el efecto contrario; se han recrudecido a través de la crisis ambiental, la violencia, el bajo crecimiento económico y por supuesto, los cuidados que, anualmente, incrementa su demanda.

La persistente crisis de los cuidados se debe a que la demanda supera ampliamente al número de personas cuidadoras y también, a la infraestructura de los países que no han podido ofertar sistemas nacionales para ofrecer cuidados a quien lo necesite. Esto incluye a personas adultas mayores, personas mayores e infancias con discapacidad, personas con discapacidad adquirida, infancias, bebés, adolescencias y menores en situación de vulnerabilidad.

Según refiere la CEPAL, el hecho de que la región no esté invirtiendo en una sociedad del cuidado está afectando de manera desproporcional a las mujeres, especialmente, a aquellas que enfrentan múltiples formas de exclusión y discriminación, como por ejemplo, las mujeres rurales, afrodescendientes, de comunidades indígenas o en situación de precarización que, sin importar su contexto, siempre son el sostén -muchas veces único- del cuidado en el hogar.

Fuente: Cimac foto

Resulta urgente atender las necesidades del cuidado, pues esta crisis se ha disparado a causa de factores como cambios demográficos, movilidad y el aumento de mujeres en el mercado laboral. El hecho de que las personas no puedan acceder a ser cuidadas tiene una repercusión recrudecida, advierte la CEPAL, en las infancias y en las personas de +65 años que, en un par de décadas, se enfrentarán a las deficiencias de sus Estados al no poder acceder a un sistema de cuidados eficiente, oportuno y que atienda sus necesidades de manera particular.

Políticas de cuidado: Claves para combatir la pobreza

Si esta crisis ya ha estallado en la región, ¿cuál será el primer paso para intentar frenarla? Según la CEPAL, el primer paso en esta conversación es valorar y reconocer la contribución de las actividades que sostienen la vida, pues no sólo sostienen a quienes les rodea, sino también, a su comunidad y por supuesto, a la economía del país.

Para consagrar una verdadera sociedad del cuidado resulta prioritario realizar una reorganización social donde el Estado construya sistemas de protección social y con ello, combatir la división sexual del trabajo y avanzar hacia la igualdad de género.

«Los Estados deben reconocer de manera integral el derecho de todas las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado, independientemente de su situación de dependencia. Sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género, el cumplimiento de estos derechos es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la vida humana» (CEPAL)

Las consecuencias de no consolidar un sistema de cuidados

En caso de no implementarse políticas efectivas para reorganizar el cuidado, la brecha entre la oferta y demanda podría incrementar los niveles de pobreza y recrudecer las desigualdades entre las personas. De esto deviene que, hablar de una política de cuidados articulada con otras reformas como la reducción de la jornada laboral, licencias de paternidad, tiempos de descanso, autocuidado y mejores oportunidades laborales para las mujeres, se convierte en el combo idóneo para combatir la pobreza, cerrar la brecha salarial y disparar la economía en términos positivos.

Mientras el cuidado no sea considerado como eje rector en las políticas de América Latina y el Caribe, la sustentabilidad social y económica no será una realidad. Las consecuencias, sostenidas en el tiempo, agravará la desigualdad económica, privará a las mujeres de tener acceso a protección social y las privará de acceder a oportunidades laborales formales; la región se enfrenta a un tradicionalismo que impone la responsabilidad del cuidado y coopta las aspiraciones laborales, educativas y de emprendimiento de millones de mujeres que, además, durante la vejez se enfrentarán a la vulnerabilidad económica, discapacidad adquirida o viudez.

Esta realidad está presente, advierte la CEPAL, pues las mujeres adultas mayores de nuestra región que dedicaron toda su vida a ser personas cuidadoras no remuneradas, quedaron fuera de toda protección social contributiva y ahora, durante su vejez, necesitan apoyos y cuidados que nadie les ofrece; no cuentan con ahorros, jubilación, una fuente de ingresos y menos, un hogar propio. Esta situación alcanzará su punto más álgido para 2077, cuando la mayoría de la población en América Latina y el Caribe será adulta mayor y requerirá de cuidados a causa de una discapacidad adquirida, dificultad de movilidad o algún padecimiento incapacitante como accidentes cerebrovasculares o cardiopatías.

«El objetivo es responder a las crecientes necesidades de cuidado de las personas, sin perjudicar la autonomía de las mujeres en su diversidad, y acelerar el logro de la igualdad de género, así como la reducción de las desigualdades sociales en sus diversas expresiones. La construcción de una sociedad del cuidado exige situar las políticas de cuidados y los sistemas de protección social en el centro de las estrategias de desarrollo, de manera que contribuyan a la reducción de las desigualdades de género, socioeconómicas, étnicas y territoriales.» (CEPAL)

Combatiendo la división sexual por una región más igualitaria

La división sexual del trabajo y la actual organización social del cuidado es uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género. Este nudo tiene efectos en el acceso a la protección

social y genera brechas que se expresan durante el todo el ciclo de vida y las distintas trayectorias de las mujeres en el mercado laboral. Como ya se advertía, esto supone una menor participación de las mujeres en los sistemas de protección social basada en las contribuciones del trabajo remunerado, lo que más adelante impacta en la percepción de ingresos propios durante la vejez.

Según recupera la CEPAL, en 2023, el 51.8% de las mujeres en la región participa económicamente, mientras que el 74.2% también lo hace, es decir, existe una brecha de casi 20 puntos porcentuales; esta brecha se mantiene en todos los países de la región y sorprendentemente, son las mujeres quienes, trabajan más. A nivel regional se observa que los hombres pueden dedicar la mitad de su tiempo al mercado laboral, mientras que las mujeres apenas logran dedicar un tercio de su tiempo; el resto de su tiempo está dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en sumatoria, esto quiere decir que las mujeres trabajan tres veces más que sus congéneres.

En añadidura la región no ha logrado combatir la división sexual del trabajo, pues existe exclusión bilateral en algunas actividades laborales; actividades feminizadas y territorios trabajados sólo por hombres. Las mujeres tienden a laborar con mayor incidencia en la informalidad y lo hacen en la industria del comercio.

Otros ejemplos de trabajos feminizados es la educación, la salud y el trabajo doméstico que representa el 27% de la población ocupada en la región. Para rematar esta segregación, estos son empleos mal remunerados y muchas veces tienden a ser cultivo para la violencia por parte de los empleadores, particularmente, aquellos empleos en el espacio doméstico donde se gesta la explotación, e incluso, la esclavitud.

Por ejemplo, en la capital mexicana, las personas que realizan trabajo doméstico remunerado representan el 7.74% de la población, es decir, 166 mil 552, de este universo, 135 mil son mujeres y 31 mil hombres, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos.

El 99.2% de este grupo labora sin contrato, el 98.3% sin acceso a instituciones de salud y el 71.3% sin prestaciones, sostiene el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH).

El derecho a ser cuidada y en marcha el primer sistema de cuidados en México

En su informe, la CEPAL advierte que el derecho al cuidado es un derecho humano reconocido en todos los pactos internacionales con principios en igualdad y universalidad, incluidos, incluso, desde 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Algo que debemos recordar es la interdependencia de las personas a lo largo de nuestra vida, en palabras simples: Todas y todos nos hemos beneficiado -y beneficiaremos- del cuidado en algún momento de la vida, desde el nacimiento, hasta la vejez, las personas han sido cuidadas, usualmente, por las mujeres quienes no han recibido nada a cambio.

«El reconocimiento del cuidado como un derecho humano, permite delimitar claramente el papel del Estado, y los distintos actores e identificar quiénes son titulares del derecho al cuidado, quiénes son titulares de los deberes u obligaciones, cuáles son los mecanismos de exigibilidad del derecho al cuidado y cuáles son las medidas destinadas a reducir las desigualdades y brechas en el acceso y disfrute de este derecho» (CEPAL)

Para la CEPAL, resulta imprescindible que todos los países de la región comiencen a incluir el discurso del cuidado al centro de su agenda antes de que la necesidad del cuidado se cruce con la vejez, el incremento de la morbilidad y los cambios climáticos que están acelerando la movilidad forzada y acrecentando la vulnerabilidad de miles de infancias, madres autónomas y personas adultas mayores. En aras de esto, México se prepara para construir su primer sistema nacional de cuidados; política continental que será punta de lanza.

Fuente: Cimac foto

Con el arribo de la primera presidenta a la titularidad del poder ejecutivo, el país ha atravesado por un par de giros vertiginosos que, aunque sencillos, pautan una diferencia, como por ejemplo, que la presidenta nombre los cuidados, reconozca el trabajo no remunerado e impulse políticas públicas de previsión social segregadas para mujeres en la vejez.

Se debe recordar que el Instituto de las Mujeres (INMUJERES) ha sido elevado a secretaría, convirtiéndose así, en la Secretaría de las Mujeres, un órgano federal que trabajará a la altura de los tres poderes de la unión y que tendrá el poder suficiente de intervenir en la construcción y diseño de políticas públicas a nivel nacional.

Entre las obligaciones de la Secretaría de las Mujeres se encontrará el diseño del primer sistema nacional de cuidados y se ha pautado que este nuevo órgano entrará en funciones para el primero de enero bajo la titularidad de Citlalli Hernández.

La realidad de un sistema nacional de cuidados podría aparecer de manera próxima durante el primer trienio de la gobernatura de Sheinbaum, un desafío ambicioso considerando que, en nuestro país, 58.3 millones de personas requieren de cuidados según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 del INEGI, considerando que esto es más que la población de países como Perú o Argentina. Con todo ello, se evidencia que el cuidado no es sólo una conversación nacida desde los movimientos feministas, sino una política de carácter económico internacional que, de bien lograrse, resultaría en una transformación por el bien común.

865 mujeres fueron víctimas de tortura por autoridades; sólo 3 fueron judicializadas en 2023

 Escrito por Arantza Díaz 14 noviembre, 2024

Fuente: Cimac Foto.-Ciudad de México.- Durante 2023, se iniciaron 4 mil 592 investigaciones por el delito de tortura y tratos inhumanos o degradantes en México, sin embargo, menos del 1% fueron judicializadas, es decir, no avanzaron lo suficiente para llegar ante una persona juzgadora.

Este número resulta alarmante, pues, en un panorama general se encuentra que, a comparación de otros delitos como el secuestro la cifra es 9 veces mayor, entre este y otros hallazgos arrojados por el Observatorio Contra la Tortura en su informe 2023, se esboza lo incontenible de la crisis de derechos humanos que atraviesa a nuestro país.

En conferencia de prensa, miembros del Observatorio Contra la Tortura se dieron cita para realizar algunos apuntes importantes en la presentación del informe, pero también, el espacio fue punto de inflexión para cuestionar asuntos de interés nacional como el desacato a las recomendaciones internacionales para erradicar la tortura, la inexistencia de un mecanismo federal para atender esta materia y por supuesto, externar la preocupación sobre la segregación – desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

«Esto no se hubiese logrado sin órganos autónomos, esta iniciativa se dio en una situación desafiante en donde se habla del poder de usar la información de instituciones quienes deben de rendirnos cuentas (…) la desaparición del INAI compromete gravemente los datos, las conclusiones y recomendaciones que escucharán hoy y que verán en el informe han sido posibles gracias a cientos de documentos públicos, expedidos con claridad. Nuestra voluntad no es la crítica infundada, al contrario, gracias al estudio de los datos queremos entender fenómenos delictivos y que esto sea de utilidad para la sociedad, especialmente, para las autoridades», refirió Ángel Ferrer de Documenta.

El informe condensa en sus 7 capítulos apartados como quiénes son los responsables de estos tratos inhumanos, cuál es el actuar de las autoridades, quiénes sancionan los hechos y cuáles son las estrategias nacionales para prevenir, combatir y erradicar la tortura.

Uno de los asuntos fundamentales para dimensionar esta crisis es colocar la lupa en quiénes cometen estas violatorias. Según apunta Ferrer, a diferencia de otros delitos con una altísima incidencia como la extorsión o el secuestro, es que no son delitos entre particulares, sino delitos entre personas civiles y servidores públicos.

Fuente: Observatorio contra la Tortura

Al hablar de tortura, siempre existe la participación de las autoridades lo que reproduce cifras negras, pues las víctimas deciden no denunciar, pues de cada 100 casos por tortura, sólo 10 fueron denunciados por las mismas personas.

Según se expuso en conferencia de prensa, existen varias razones por los cuales las personas no se acercan a denunciar, sin embargo, destacan las siguientes:

• Miedo a las represalias, pues el 44% de estas denuncias son en contra de las mismas autoridades que serán encargadas de investigar el delito, es decir, las fiscalías se investigarán a sí mismas.
• Desconfianza es el segundo tema medular que se aúna al desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la inaccesibilidad económica y geográfica para iniciar un proceso.

Por su parte, Natalia Cordero de la organización Fundar atajó que no se podía dejar fuera de la conversación a los órganos castrenses quienes cometen un número altísimo de tortura en contra de autoridades civiles y advirtió la preocupación de no poder acceder con transparencia a las cifras e información sobre el actuar de órganos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fuente: Cimac foto

Asimismo, recordó que las fuerzas armadas no están capacitadas para atender asuntos de carácter público y que, si bien existen serias deficiencias estructurales, era responsabilidad del estado robustecer a sus autoridades civiles sin necesidad de meter a la fuerza castrense. En añadidura, Cordero nombró la tortura que se da, no sólo en calles, sino también al interior de los centros de reinserción social y recordó el caso del Cefereso 16 que, a propósito, ya ha llegado a juicio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

La CEPAD, organización jalisciense también participó en la rueda de prensa junto a su representante Denisse Montiel, quien abonó al diálogo con una de las represiones del estado que no pueden dejarse de lado: La tortura en el marco de la manifestación pública.

«En el último periodo del gobierno federal, la tortura no sólo se ha mantenido, sino que se ha agudizado, a su vez, donde nos encontramos en una época de cambios y transición es importante recordar que la tortura en la protesta social no sólo se usa para castigar a quienes toman las calles para denunciar, también trasciende más allá de los cuerpos y busca inhibir que otras personas ejerzan este derecho, algo que en muchas entidades federativas ya han logrado», advierte Montiel.

Paralelamente, recordó que la tortura en el marco de la protesta social se vive de manera diferenciada entre hombres y mujeres, pues cuando esta represión se ejerce tiene un doble mensaje: «Las mujeres no pertenecen a la esfera pública«.

Según refirió la representante de la CEPAD, esto manda un mensaje de castigo por haber transgredido los roles de género que establecen que las mujeres pertenecen al espacio privado para el cuidado, la subordinación y la reproducción; aquellas que salen a las calles, reciben el castigo que merecen, particularmente, cuando se trata de exigir sus derechos, nombrar las injusticias o acusar a las autoridades. Montiel nombró algunos casos de brutalidad policiaca, secuestro exprés y desaparición que se han cometido en los últimos 4 años, haciendo especial hincapié en el pasado 8 de marzo cuando autoridades zacatecanas cometieron represión, tortura sexual, violencia verbal y secuestro de, al menos, una docena de mujeres, algunas de ellas, menores de edad.

Asimismo, se recuperó el testimonio de la madre de Keren Ordóñez, sobreviviente a tortura, forzada a firmar un documento que reconocía su culpabilidad y sentenciada a 50 años de prisión por la fabricación del delito de secuestro.

No tengo palabras cómo decirlo, ayer salió la sentencia donde juzgaron a mi hija poniéndole, de nuevo, 50 años, como madre, pienso, ¿dónde estará la justicia? Por eso siempre lo digo con todas las letras: Mi hija es inocente.

En un principio yo puse todas las pruebas, desde un principio mover todo, demostrar que estaba embarazada, todo eso lo hice yo (…) Ayer reaccioné pensando «Dios ayúdame» porque aún con estas pruebas que he presentado ante las autoridades superiores, (ellos) violaron nuestra dignidad y nuestros derechos. No tenemos nada que nos avergüence, esta mañana me sentía bajoneada, ¿por qué ajustician así a mi hija? No nada más a ella, somos una familia.

Que las autoridades actúan sin prejuicio, nos dicen: Tú como no tienes dinero, vas para adentro con 50 años.

Su papá tiene 80 años y su hija 9, ¿eso lo ven? Quieren condena y que pase toda su vida.

La presidenta dice: «No los vamos a defraudar pueblo de México», ¿y entonces?, ¿dónde estamos?

Principales hallazgos: 865 mujeres víctimas de tortura en un año

De acuerdo con los datos segregados, las mujeres representan el 14% de los casos, aunque en realidad, como ya se advertía, el número puede ser mucho mayor, sin embargo, una buena parte de la población decide no denunciar; hablar de tortura, implica reconocer una poderosa cifra negra pues además de no saber la cifra exacta, en más de 300 casos se desconoce el sexo de la víctima.

Las entidades que acumulan las mayores violatorias en contra de las mujeres es Michoacán de Ocampo con 193 casos registrados, seguido por el Estado de México con 167, la Ciudad de México con 123 y finalmente, Puebla con 49.

Asimismo, de estas 865 víctimas sólo 3 casos lograron judicializarse: Una en Estado de México, otra en Jalisco y la última en Oaxaca.

La judicialización es un paso imprescindible para que se pueda determinar responsabilidades

y, en su caso, sancionar a las autoridades responsables. Si las fiscalías no presentan el caso ante un juez, éste no podrá condenar o absolver a las autoridades señaladas ni dictar medidas de reparación para las víctimas

Del universo total de 4 mil 592, sólo 18 casos fueron judicializados y en 10 casos se logró dar con 3 responsables: 7 policías municipales, 2 sistemas penitenciarios y 1 caso en la secretaría de seguridad pública estatal.

Entre los hallazgos arrojados se encuentra que, en 2022, se judicializaron 82 casos y en 2023 sólo 18; lo que podría parecer una victoria de que existieron menos denunciar, es, en realidad, lo contrario; una advertencia de que al interior de las fiscalías algo está sucediendo que han obstaculizado que los casos lleguen a manos de juezas y jueces.

«Esto no quiere decir que bajó la tortura, sólo bajaron las investigaciones; los casos no avanzan y se quedan en las fiscalias quienes dejan la investigación, incluso, por décadas, lo archivan o deciden no llevarlo ante un juez», dice Angel Ferrer en conferencia de prensa.

Este asunto de archivo y no ejercicio de acción son las herramientas estructurales más utilizados por las autoridades mexicanas; la sumatoria de estos 2 hechos ocupan el 93.9% de los casos y sólo el 0.1% logrará llegar ante un juez. La entidad que tiende a dejar en «la congeladora» sus investigaciones con mayor incidencia es la misma Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca e Hidalgo.

Únicamente 3 entidades federativas emitieron al menos una sentencia condenatoria por tortura. De la información facilitada por los poderes judiciales, se contabilizaron 4 personas condenadas, dos de las cuales pertenecían a la policía municipal.

Este 2022, sólo se dictó una sentencia absolutoria por el delito de tortura y tratos inhumanos. Las principales quejas por este delito las ostenta la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Seguridad Pública Municipal.

Incongruencias en los peritajes:

Fiscalías vs organizaciones autónomas

Se debe recordar que México está alineado al margen internacional del Protocolo Internacional, un manual que contiene los más altos estándares sobre cómo reconocer y documentar los síntomas de tortura. Este documento es reconocido por el Comité Europeo para la prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes; se aborda cómo realizar entrevistas, encontrar indicios, hacer exámenes psicológicos, físicos y consideraciones generales para no violar los derechos humanos de las víctimas.

Aún con ella, el Observatorio encontró datos alarmantes sobre contradicciones, pues el 82.5% de las víctimas de tortura en nuestro país no recibe un peritaje médico basado en el Protocolo de Estambul. Los pocos exámenes que sí se realizan, los hace la Fiscalía (95.6%) y al momento de lanzar sus resultados, el 91.8% descartan la tortura por ser «no coincidente».

Fuente: Captura de pantalla Observatorio contra la Tortura

En contracara, cuando la Organismos Públicos de Derechos Humanos realizan los exámenes, encuentra el 68.7% coincidente, es decir, la fiscalía tiende a rechazar los síntomas de tortura entre las víctimas.

«Debe existir una política pública para atender y reparar a las víctimas, la FGR debe coordinar este programa, pero deben participar los demás poderes, organizaciones y academia. El primer programa debió aprobarse a finales de 2017 y hasta la fecha sigue sin aprobarse.

A inicios de la anterior administración trabajamos en más de 20 reuniones para elaborar una buena propuesta, pero no hubo la voluntad de hacerlo, fue un trabajo en vano (…) Esto es un llamado a la nueva administración para construir la herramienta más poderosa para combatir la tortura», concluyeron los representantes del Observatorio contra la Tortura.