OSC de México, Canadá y EU
De la redacción
México DF, 8 enero 09 (CIMAC).- A 15 años de su firma, realizada el 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe ser renegociado, afirman las redes de la sociedad civil de México, Estados Unidos y Canadá, que se oponen a la continuación de dicho tratado y consideran que su aniversario no es motivo de celebración.
La Red Quebequense sobre Integración Continental (RQIC), Fronteras Comunes de Canadá, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) y la Alianza por un Comercio Responsable (ART) de Estados Unidos, además del Instituto Polaris, señalan lo anterior en una declaración conjunta titulada "El TLCAN debe ser renegociado", publicada en www.rmalc.org.mx.
Proponen las organizaciones que la renegociación del TLCAN debe centrarse en 10 ámbitos cruciales: la agricultura, la energía, la inversión extranjera, los servicios financieros, el papel del Estado y los servicios públicos, el empleo y los derechos laborales, la migración, el medioambiente, los derechos de propiedad intelectual y los mecanismos de solución de controversias.
El TLCAN y su potencial se sobrevendió al pueblo norteamericano, como lo dijo ya Barack Obama, presidente electo de Estados Unidos, dicen las organizaciones, pero también fue sobrevendido al pueblo de Canadá y al de México.
Es, dice el comunicado, un acuerdo fallido que los gobiernos impusieron bajo la presión de las grandes corporaciones transnacionales, por lo cual su renegociación debe garantizar que cualquier futuro acuerdo beneficie a las y los trabajadores de los tres países.
Las organizaciones proponen para la renegociación un nuevo modelo de comercio en el que los gobiernos de los tres países gobiernen para el pueblo, en lugar de obedecer la última palabra de las grandes empresas.
Los elementos más lesivos del TLCAN deben ser eliminados, dicen, en particular las disposiciones sobre el Estado y los inversionistas que se integran en el capítulo 11, y la cláusula de proporcionalidad del Capítulo 6 que en la actualidad fuerza a Canadá a enviar dos terceras partes de su petróleo hacia Estados Unidos.
EMPRESAS TODOPODEROSAS
Bajo el actual marco del TLCAN, sólo los directivos de las grandes empresas tienen un acceso privilegiado a los principales funcionarios del gobierno, mientras todos los demás sectores de la sociedad, incluidos los miembros selectos del Parlamento y el Congreso, están excluidos, señala el comunicado.
Esta tendencia se hizo evidente sobre todo en marzo de 2005, cuando los tres países pusieron en marcha la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, o TLC–plus).
Un año más tarde, fue creado el Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), formado exclusivamente por los directivos de las más grandes empresas de América del Norte. En ese momento, los ministros responsables de la ASPAN dijeron sumisamente a los directivos empresariales: "Díganos lo que tenemos que hacer y lo haremos", señala el comunicado.
Para cualquier tipo de renegociación del TLCAN, consideran las redes de organizaciones civiles, será decisivo garantizar que todos los sectores de la sociedad puedan contribuir al debate sobre el futuro de América del Norte y que sean escuchados por los gobiernos.
EL CAPÍTULO 11
Por primera vez, bajo el TLCAN, los inversionistas extranjeros tienen el derecho a impugnar las políticas o la legislación de los gobiernos nacionales con el argumento de que estas políticas afectan a su capacidad para obtener ganancias.
Con las disposiciones del Capítulo 11 del TLCAN Inversionista/Estado, los inversionistas extranjeros pueden reclamar que no se les dio igualdad de trato. Pueden cuestionar las medidas del Gobierno de exigir el uso de productos locales o las medidas que protejan la salud de la población o el medio ambiente, recuerda el texto.
La empresa privada puede demandar por daños y perjuicios al Gobierno ante tribunales extranjeros casi secretos, poniendo en terribles dificultades las políticas públicas y las estrategias de desarrollo nacional y regional, advierten las redes en su comunicado.
CRIMINALIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA
El TLCAN ha liberalizado los flujos de capital, bienes y servicios y criminalizado el flujo de mano de obra, continúa el texto. Y explica: “la mano de obra, la más valiosa exportación de México, es indispensable para los países del TLCAN y está ausente de dicho tratado; en cambio, es criminalizada y usada contra los niveles salariales de los trabajadores de la región”.
Por eso, renegociar el mercado laboral y defender los derechos laborales y humanos de las y los migrantes es una necesidad regional, proponen las redes.
EL CAPÍTULO 6
Otro aspecto del TLCAN que debe revisarse, sobre todo en este período de inestabilidad de los precios del petróleo, es la "cláusula de proporcionalidad" ubicada en el Capítulo 6, propone el comunicado.
Esta cláusula impide que el pueblo canadiense --colonia energética de los Estados Unidos-- ejerza su soberanía sobre sus propios recursos energéticos mediante la garantía a los Estados Unidos de exportar una mayor proporción de la producción de petróleo de Canadá que la que este país tiene para sí mismo.
La crisis económica requiere que se pongan en práctica un nuevo modelo de desarrollo, señala el texto. La desregulación, un objetivo venerado por los promotores del TLCAN, ha demostrado ser un vil fracaso. De hecho, consideran las redes de los tres países, es una de las principales causas de la actual crisis económica, como ha sido admitido por el ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan.
Por eso proponen en su comunicado restaurar la función del Estado como protector del bien común, un papel socavado en gran medida en las últimas dos décadas por la aplicación ortodoxa del libre mercado.
Sin embargo, el proyecto en curso del Gobierno mexicano de profundizar unilateralmente, una vez más, la desregulación de un alto porcentaje de las importaciones, no sólo vuelve a atentar contra las capacidades productivas mexicanas, sino debilita su capacidad de renegociación comercial, así como pone en evidencia la incoherencia entre su retórica contra cíclica y su insistencia en las viejas recetas fracasadas, detallan.
Un nuevo modelo de comercio entre los tres países de América del Norte, explica el texto de las redes de ONG, debe fomentar las relaciones económicas basadas en los derechos humanos, la justicia social y soberanía nacional, y estar centrado en el desarrollo sostenible.
Y concluyen: “exigimos que los poderes ejecutivos de los tres países escuchen a su pueblo y a sus representantes debidamente elegidos. Estamos convencidos que otro mundo es posible: un mundo en el que los derechos de los pueblos tengan prioridad sobre las ganancias corporativas.
09/GG
De la redacción
México DF, 8 enero 09 (CIMAC).- A 15 años de su firma, realizada el 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe ser renegociado, afirman las redes de la sociedad civil de México, Estados Unidos y Canadá, que se oponen a la continuación de dicho tratado y consideran que su aniversario no es motivo de celebración.
La Red Quebequense sobre Integración Continental (RQIC), Fronteras Comunes de Canadá, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) y la Alianza por un Comercio Responsable (ART) de Estados Unidos, además del Instituto Polaris, señalan lo anterior en una declaración conjunta titulada "El TLCAN debe ser renegociado", publicada en www.rmalc.org.mx.
Proponen las organizaciones que la renegociación del TLCAN debe centrarse en 10 ámbitos cruciales: la agricultura, la energía, la inversión extranjera, los servicios financieros, el papel del Estado y los servicios públicos, el empleo y los derechos laborales, la migración, el medioambiente, los derechos de propiedad intelectual y los mecanismos de solución de controversias.
El TLCAN y su potencial se sobrevendió al pueblo norteamericano, como lo dijo ya Barack Obama, presidente electo de Estados Unidos, dicen las organizaciones, pero también fue sobrevendido al pueblo de Canadá y al de México.
Es, dice el comunicado, un acuerdo fallido que los gobiernos impusieron bajo la presión de las grandes corporaciones transnacionales, por lo cual su renegociación debe garantizar que cualquier futuro acuerdo beneficie a las y los trabajadores de los tres países.
Las organizaciones proponen para la renegociación un nuevo modelo de comercio en el que los gobiernos de los tres países gobiernen para el pueblo, en lugar de obedecer la última palabra de las grandes empresas.
Los elementos más lesivos del TLCAN deben ser eliminados, dicen, en particular las disposiciones sobre el Estado y los inversionistas que se integran en el capítulo 11, y la cláusula de proporcionalidad del Capítulo 6 que en la actualidad fuerza a Canadá a enviar dos terceras partes de su petróleo hacia Estados Unidos.
EMPRESAS TODOPODEROSAS
Bajo el actual marco del TLCAN, sólo los directivos de las grandes empresas tienen un acceso privilegiado a los principales funcionarios del gobierno, mientras todos los demás sectores de la sociedad, incluidos los miembros selectos del Parlamento y el Congreso, están excluidos, señala el comunicado.
Esta tendencia se hizo evidente sobre todo en marzo de 2005, cuando los tres países pusieron en marcha la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, o TLC–plus).
Un año más tarde, fue creado el Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), formado exclusivamente por los directivos de las más grandes empresas de América del Norte. En ese momento, los ministros responsables de la ASPAN dijeron sumisamente a los directivos empresariales: "Díganos lo que tenemos que hacer y lo haremos", señala el comunicado.
Para cualquier tipo de renegociación del TLCAN, consideran las redes de organizaciones civiles, será decisivo garantizar que todos los sectores de la sociedad puedan contribuir al debate sobre el futuro de América del Norte y que sean escuchados por los gobiernos.
EL CAPÍTULO 11
Por primera vez, bajo el TLCAN, los inversionistas extranjeros tienen el derecho a impugnar las políticas o la legislación de los gobiernos nacionales con el argumento de que estas políticas afectan a su capacidad para obtener ganancias.
Con las disposiciones del Capítulo 11 del TLCAN Inversionista/Estado, los inversionistas extranjeros pueden reclamar que no se les dio igualdad de trato. Pueden cuestionar las medidas del Gobierno de exigir el uso de productos locales o las medidas que protejan la salud de la población o el medio ambiente, recuerda el texto.
La empresa privada puede demandar por daños y perjuicios al Gobierno ante tribunales extranjeros casi secretos, poniendo en terribles dificultades las políticas públicas y las estrategias de desarrollo nacional y regional, advierten las redes en su comunicado.
CRIMINALIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA
El TLCAN ha liberalizado los flujos de capital, bienes y servicios y criminalizado el flujo de mano de obra, continúa el texto. Y explica: “la mano de obra, la más valiosa exportación de México, es indispensable para los países del TLCAN y está ausente de dicho tratado; en cambio, es criminalizada y usada contra los niveles salariales de los trabajadores de la región”.
Por eso, renegociar el mercado laboral y defender los derechos laborales y humanos de las y los migrantes es una necesidad regional, proponen las redes.
EL CAPÍTULO 6
Otro aspecto del TLCAN que debe revisarse, sobre todo en este período de inestabilidad de los precios del petróleo, es la "cláusula de proporcionalidad" ubicada en el Capítulo 6, propone el comunicado.
Esta cláusula impide que el pueblo canadiense --colonia energética de los Estados Unidos-- ejerza su soberanía sobre sus propios recursos energéticos mediante la garantía a los Estados Unidos de exportar una mayor proporción de la producción de petróleo de Canadá que la que este país tiene para sí mismo.
La crisis económica requiere que se pongan en práctica un nuevo modelo de desarrollo, señala el texto. La desregulación, un objetivo venerado por los promotores del TLCAN, ha demostrado ser un vil fracaso. De hecho, consideran las redes de los tres países, es una de las principales causas de la actual crisis económica, como ha sido admitido por el ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan.
Por eso proponen en su comunicado restaurar la función del Estado como protector del bien común, un papel socavado en gran medida en las últimas dos décadas por la aplicación ortodoxa del libre mercado.
Sin embargo, el proyecto en curso del Gobierno mexicano de profundizar unilateralmente, una vez más, la desregulación de un alto porcentaje de las importaciones, no sólo vuelve a atentar contra las capacidades productivas mexicanas, sino debilita su capacidad de renegociación comercial, así como pone en evidencia la incoherencia entre su retórica contra cíclica y su insistencia en las viejas recetas fracasadas, detallan.
Un nuevo modelo de comercio entre los tres países de América del Norte, explica el texto de las redes de ONG, debe fomentar las relaciones económicas basadas en los derechos humanos, la justicia social y soberanía nacional, y estar centrado en el desarrollo sostenible.
Y concluyen: “exigimos que los poderes ejecutivos de los tres países escuchen a su pueblo y a sus representantes debidamente elegidos. Estamos convencidos que otro mundo es posible: un mundo en el que los derechos de los pueblos tengan prioridad sobre las ganancias corporativas.
09/GG
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