08 de enero de 2013, 10:53Por Alberto Salazar Gutierrez
 Nueva
Delhi, 8 ene (PL) A la espera del reinicio del juicio contra seis
acusados de violar y asesinar a una joven de 23 años a mediados de
diciembre, la sociedad india debate los ángulos legales y morales del
hecho.
Uno de los temas que se ha instalado en la palestra pública
es el de la pena capital, pues mientras cientos de miles han salido a
las calles para pedir la ejecución de los sujetos -en la India es por
ahorcamiento-, otros tantos son contrarios a la aplicación de esa
condena, sin excepción.
Hoy, al hablar en una consulta convocada por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos sobre leyes y violencia de género, el presidente de
esa entidad, K. G. Balakrishnan, dijo que "en cualquier caso la pena de
muerte va contra la Declaración Universal de Derechos Humanos".
Balakrishnan rehusó comentar si esa era su posición respecto al
episodio que por estos días conmueve a la sociedad india, pero su
declaración echó más leña al fuego y en la propia reunión no faltaron
quienes abogaron por aplicar la pena capital "en casos excepcionales".
Aunque la condena máxima figura en su Constitución desde 1950, la India solo la hace cumplir en raras ocasiones.
De hecho, no la aplicó desde el 2004 hasta hace dos meses, cuando colgó
al pakistaní Mohammed Kasab, único sobreviviente del comando que en
noviembre de 2008 perpetró un múltiple ataque terrorista en la ciudad
de Mumbai con saldo de 166 muertos y varios centenares de heridos.
Otra declaración que inflamó los ánimos fue la del gurú Asaram Bapu,
quien proclamó que la joven ultrajada y asesinada por los seis rufianes
"era tan culpable como los violadores".
En opinión del santón, "ella debió rogarles misericordia (a los agresores) y pedirles que se detuvieran".
Bapu incluso criticó la campaña que según él se ha desatado contra los hombres en Delhi luego del infausto suceso.
Sus comentarios provocaron un alud de indignadas reacciones entre
representantes de organizaciones femeninas, estudiantiles y de defensa
de los derechos humanos.
Para las mujeres indias el simple
hecho de salir a la calle es un riesgo debido al acoso de que son
objeto, que incluye desde silbidos y frases obscenas hasta manoseos en
el transporte público, cuando no el asalto sexual.
Y como en
otras naciones de la región, no pocos las culpan a ellas de tales
insultos y hasta de las violaciones porque usan prendas de vestir
provocativas, salen de noche o simplemente sonríen al pasar.
Otro tema harto debatido por estos días es si debiera revelarse o no el
verdadero nombre de la chica violada y asesinada, a quien la ciudadanía
ha llamado simbólicamente Amanat (en hindi, tesoro).
La
legislación india prohíbe revelar la identidad de las víctimas de
violaciones u ofrecer indicios conducentes a su identificación a fin de
evitar el estigma social asociado a ese tipo de ultraje.
El
padre de Amanat han dicho que no tiene objeción alguna en develar su
nombre y que, por el contrario, si la ley fuera denominada como la
chica, "sería un honor para ella", pero las autoridades insisten en que
la ley debe cumplirse.
De cualquier modo -y según las fuentes
con autorización o no del padre- hace un par de días el diario
británico Sunday People reveló que el verdadero nombre de la chica era
Jyoti Singh Pandey.
Hasta la defensa de los seis acusados ha
generado furibundas discusiones, pues el Colegio de Abogados de Saket,
un distrito del sur de Delhi donde se lleva a cabo el juicio por
producirse allí los hechos, declaró hace unos días que ninguno de sus
miembros los representaría.
Ayer, empero, algunos letrados se
mostraron dispuestos a asumir la tarea, lo que llevó a serios
altercados entre los miembros de la asociación. Así las cosas, con
mucha probabilidad el Estado tendrá que designar a abogados de oficio
para defender a los reos.
El juicio contra los cinco adultos
implicados en el hecho se reiniciará el jueves a puertas cerradas luego
que ayer la jueza encargada de instruir la causa, Namrita Aggarwal,
hiciera evacuar la sala, desbordada por un bullicioso corrillo de
decenas de abogados, periodistas y público en general.
El sexto acusado -un presunto menor de edad- será procesado por una corte juvenil caso de probarse que tiene menos de 18 años.
Hasta el momento no se ha presentado documento certificatorio a ese
respecto, por lo que posiblemente su edad deberá determinarse mediante
exámenes médicos.
La relativa exactitud de ese tipo de pruebas
y el veredicto correspondiente -cualquiera que sea- desatarán sin dudas
nuevas polémicas. |
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