17. abril, 2013 Elva Mendoza @elva_contra
México ocupa el segundo lugar dentro del grupo de países miembros
de la OCDE con las desigualdades económicas más grandes, después de
Chile. Sin esquemas de distribución de la riqueza se continuará
profundizando la desigualdad y engrosando las listas de Forbes
En América Latina se concentran los países con los más altos
niveles de desigualdad en el mundo. México destaca con una “situación
crítica”, detalla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Incluso en países como Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Argentina,
El Salvador y Perú la distribución de los ingresos es más equitativa
que en México.
La OCDE señala que este país ocupa el segundo lugar dentro del
grupo de países miembros con las desigualdades más grandes, después de
Chile. El 10 por ciento más pobre de la población en México percibe
alrededor de 1.3 por ciento del ingreso total disponible, mientras que
el 10 por ciento más rico recibe el 36 por ciento, lo cual representa
una brecha cuatro veces mayor a la existente a mediados de la década de
1980.
Mientras que el segmento más pobre apenas tiene un ingreso per cápita
de 362 pesos mensuales, el de los segmentos más ricos es de 11 mil 600
pesos, lo que da un ingreso familiar de 1 mil 800 pesos en el primer
caso, contra 50 mil pesos mensuales en el segundo.
Al respecto, Magdalena Núñez, diputada federal del Partido del
Trabajo, sostiene que mientras no cambie el modelo económico se seguirá
profundizando la desigualdad. “Hay 15 mexicanos en la lista de los
hombres más ricos del mundo. No hay esquemas de distribución de la
riqueza”.
Contrario a ello, señala la legisladora, se continúa con el
desmantelamiento del campo, las privatizaciones, el despojo de grandes
extensiones de tierra, el impulso y la aprobación de reformas que no
benefician a los más necesitados como las reformas laboral o fiscal,
que favorecen a unos cuantos.
La clase media del país tiene un ingreso más cercano al de los
trabajadores de la base que al de los de la cima. Las últimas cifras
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que
44 por ciento de los trabajadores percibe ingresos por debajo de los
salarios mínimos mensuales, mientras que sólo 4 millones de
trabajadores, que representan el 26 por ciento de los empleos formales
en el país, reciben más de cinco salarios mínimos.
De acuerdo con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo
y Asistencia Social, AC, casi 60 por ciento de los mexicanos que viven
en pobreza extrema se encuentra en localidades rurales.
Las condiciones de desigualdad en el país se intensifican aún más
en las comunidades indígenas. Las entidades con más presencia indígena
tienen los más altos porcentajes de pobreza extrema: más de tres
cuartas partes de los indígenas mexicanos viven en 300 de los
municipios considerados de alta y muy alta marginación.
“Si no hay reactivación económica, si no hay desarrollo económico,
si no hay un pleno estado de derecho y si no hay democracia ningún
programa va a funcionar; va unido, porque tiene que ver con las
oportunidades para la gente, con la no utilización electoral de su
necesidad y el respeto a la dignidad de la persona”, sentencia Uriel
Flores.
Tras el anuncio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el
legislador expresa su preocupación de que sea una campaña electorera en
el marco de los comicios estatales que se avecinan. “Estamos muy
escépticos. Le planteamos a Rosario Robles nuestras dudas sobre el
seguimiento, la transparencia en este programa y en todos los que están
echando a andar, por cierto con mucha lentitud, y apenas publicaron
reglas de operación; no hay nada todavía, prácticamente no hay nada.
Ahorita sólo tenemos programas de saliva. Vamos a ver, tenemos que
iniciar con el beneficio de la duda”.
—¿En qué trabaja la Comisión?
—Nos hemos reunido con la titular de la Secretaría de Desarrollo
Social, con el Coneval [Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social], con subsecretarios, con el Inegi, la Cámara
tiene incluso una comisión de estudios muy interesante, presupuesto,
leyes. Ya en la aplicación de las políticas y los programas es de
supervisión, seguimiento, fiscalización, transparencia y además está
muy pendiente de cualquier tipo de denuncia de queja de ciudadanos que
estén siendo víctimas de atropellos o manipulación por parte de los
funcionarios federales.
Infografía:
⇒ Parte II: Asistencialismo profundiza desigualdad en México
Oficialmente, se destinaron 72 mil pesos mensuales para cada pobre
En 42 años el gobierno federal ha destinado más de 2 billones de pesos en programas de combate a la pobreza. No obstante, el fracaso de la política fincada en los subsidios se ha hecho patente: hoy existe un 55 por ciento más pobres que en 1970. De entregarse la suma directamente a cada persona en situación de pobreza, le habrían correspondido más de 72 mil pesos mensuales durante 42 años, afirma el Centro de Análisis Multidisciplinario
El presupuesto público federal ha
destinado 2 billones 72 mil 892 millones 821 mil pesos a programas para
combatir la pobreza entre 1970 y 2012, indica un análisis elaborado por
el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de
Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De entregarse la suma de manera
directa a los 57 millones 123 mil pobres que contabiliza hasta el día
de hoy la administración federal, a cada uno le habrían correspondido
36 millones 366 mil 541 pesos, estima el CAM.
De acuerdo con el Centro de Análisis
Multidisciplinario, la cifra se obtuvo a partir del uso de un deflactor
implícito: un índice que se utiliza para ajustar estadísticamente el
comportamiento de la economía, por lo que se incluyó, para este
cálculo, la inflación y la devaluación del peso mexicano ocurrida en
1992.
Cabe destacar que a partir de 1993 se
eliminaron tres ceros a la unidad monetaria mexicana. Por ello, la
cifra del gasto total proporcionada por el CAM asciende a 2 billones y
no a 2 mil billones de pesos.
La cifra equivaldría a darle a cada
uno de los más de 57 millones de pobres “oficiales” 72 mil 155 pesos
mensuales durante 42 años.
“Esto muestra el fracaso total del
modelo económico de la política social y de combate a la pobreza”,
señala el CAM en su estudio publicado en su Reporte 108, presentado a inicios de abril.
En éste, el Centro documenta que en
ese periodo el número de pobres aumentó en 55 por ciento, pese a que
los recursos se incrementaron en más del 90 por ciento en comparación
con lo invertido durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez.
“Las políticas sociales de corte
asistencialista no han generado los resultados esperados por las
autoridades gubernamentales”, afirma, por separado, la Unidad de
Evaluación y Control (UEC), dependiente de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados.
En el Informe sobre resultados de los programas de combate a la pobreza en México,
la UEC?señala que la asignación de subsidios a través de programas
direccionados a las familias más pobres del país demostró ser una
política social insuficiente.
Para David Lozano, integrante del
Centro de Análisis Multidisciplinario, el dinero erogado no ha
contribuido a superar las condiciones de pobreza de la población. El
argumento es ratificado por datos de la Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que estima que los índices de pobreza se incrementarían de no existir los actuales programas sociales.
Según la Encuesta, la pobreza
alimentaria transitaría del 18.8 al 21.7 por ciento; la pobreza de
capacidades, de 26.6 a 29.1 por ciento; y la pobreza patrimonial se
elevaría de 51 a 52 por ciento.
“El gran negocio de los gobiernos ha
sido la pobreza: hablan de la pobreza, dedican miles y miles de
millones a la pobreza y la gente sigue pobre”, afirma en entrevista
Uriel Flores Aguayo, legislador federal e integrante de la Comisión de
Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
El diputado perredista sostiene que los programas asistencialistas están condenados al fracaso. “Es un baúl sin fondo. Es botar dinero para resolver el día a día”.
De cada peso asignado al combate a la pobreza, el 70 por ciento se utiliza para funciones operativas, asegura el CAM en su Reporte.
Para Flores Aguayo, cada programa de
combate a la miseria “es darle oportunidad a los operadores de que se
enriquezcan. Darle el dinero a un operador político es para que se
agarre la mitad y la otra mitad la reparta como migajas”.
Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las transferencias
sociales en efectivo sólo representan alrededor del 8 por ciento del
ingreso familiar disponible, y la mitad de esas prestaciones benefician
a quienes están situados en el segmento superior de la escala de
distribución; e insiste en que el 20 por ciento más pobre del país
apenas recibe el 10 por ciento de los fondos.
Pobreza transexenal
Durante el sexenio de Luis Echeverría
(1970-1976) se destinaron 34 mil millones 345 mil pesos en programas
para mejorar el nivel de vida de 31 millones 450 mil pobres
contabilizados en la década de 1970, según investigaciones del CAM.
Con 879 millones 232 mil pesos y 57
millones 123 mil pobres al final del sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa, el gasto gubernamental en los programas de combate a la
pobreza a nivel federal, local y municipal se incrementó en términos
absolutos en 96.1 por ciento.
“Pese al constante incremento del
gasto en materia de desarrollo social, las políticas gubernamentales no
se han traducido en una mejor calidad de vida para los mexicanos que
viven en condiciones de pobreza”, señala la Unidad de Evaluación y
Control en el Informe sobre los resultados de los programas de combate a la pobreza en México.
Araceli Damián, investigadora en El
Colegio de México, acota que fue durante la gestión de Carlos Salinas
de Gortari cuando se le dio un giro a las políticas para combatir la
pobreza y se dirigieron hacia el asistencialismo. Antes de eso,
explica, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la
Madrid encaminaron los trabajos y recursos a garantizar los productos
básicos a la población y así evitar el encarecimiento, además de la
creación de infraestructura de seguridad social para cumplir con los
derechos de los trabajadores. “Salinas inicia con la ola de ‘lucha
contra la pobreza’. Transforma la idea de política social”.
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