9/01/2015

Ominoso dispendio



Habiendo tantas carencias para millones de personas para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia este despilfarro es intolerable. 


lasillarota.com


En tan sólo dos años de gobierno Enrique Peña Nieto erogó 14 mil 663 millones de pesos en publicidad oficial, de acuerdo a los registros de las organizaciones Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, es el mayor gasto que tengan registrado en este rubro por sobre administraciones anteriores.

En su informe “Libertad de expresión en venta”, las organizaciones detallan como los distintos gobiernos estatales y el federal dispendian los recursos públicos sin ningún tipo de control bajo el pretexto de informar sobre las labores de gobierno o para difundir la oferta institucional, en todos los casos presentados existen sobrejercicios del presupuesto, sin que medie ningún tipo de racionalidad.

Teniendo en cuenta que 56 millones de personas se encuentran en la pobreza, más de la mitad de la población en el país, no hay justificación alguna para destinar tanto dinero público a la publicidad oficial en términos de responsabilidad, así de acuerdo al informe, en el municipio de Ciudad Juárez en el periodo enero-junio de 2014, el 47.7% de las compras del ayuntamiento se realizaron para publicidad oficial, mientras para obras públicas se destinó sólo el 12.63%; en seguridad pública 18.65%; en educación y cultura (1.67%) y en desarrollo social (0.04%)[1].

Si sumamos los recursos de los estados y del gobierno federal resulta que entre el 2013 y 2014 se destinaron más de 17 mil millones de pesos, que es dinero nuestro, de los contribuyentes, pero resulta que su distribución a particulares (los dueños de los medios) es especialmente desigual.

A nivel fedral el 30% del total de esos recursos fueron para la televisión abierta: De los 2 mil 114 millones de pesos gastados en publicidad a través de televisión, Televisa y TV Azteca concentran el 83 por ciento. El 17% restante se distribuye entre 89 proveedores, que individualmente no alcanzan más de 3% del total erogado en este tipo de medio, pero esta cifra es mucho mayor,  pues hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los canales en los estados son propiedad de estas dos empresas, y hay gobernadores que destinan hasta el 60% del presupuesto de publicidad oficial a la televisión como es el caso de Puebla.

Habiendo tantas carencias para millones de personas para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia este despilfarro es intolerable, mucho más cuando los gobernantes alegan falta de recursos para justificar los escasos avances o incluso los retrocesos para implementar políticas públicas tendientes a cumplir con los derechos sociales y económicos de la población más vulnerable.

Mire usted, si esos 14 mil millones se destinaran al programa Prospera, que en términos generales otorga a una familia con becarios en primaria y secundaria un máximo de mil 825 pesos mensuales[2], se beneficiarían cerca de 8 millones de familias pobres más, por eso el aumento año con año de la publicidad oficial no solamente es inmoral sino también falta a la responsabilidad de la administración pública dispuesta en el artículo 134 de la constitución que señala que el gasto debe hacerse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

El despilfarro de nuestro dinero de manera opaca y discrecional por parte de Peña Nieto y demás gobernadores y presidentes municipales, viola la obligación que tiene el Estado mexicano para destinar esos recursos al cumplimiento de derechos sociales como a la salud, vivienda, educación, entre otros, en lugar de utilizarlos para estos fines, esos miles de millones de pesos van a parar mayormente a las arcas del duopolio televisivo que también acapara el mercado de la publicidad comercial.

Se viene la discusión en el Congreso del presupuesto de ingresos y egresos de la federación, se afilan recortes a la educación y a otros sectores públicos por la crisis económica que actualmente vivimos, lo racional sería recortar gastos ingentes como el de la publicidad oficial y usar el dinero a sectores vitales para beneficiar a la gente.
La publicidad oficial al no tener controles puede ser una vía indirecta para violar la libertad de expresión premiando o castigando a los medios en función de su línea editorial, pero también da lugar a la corrupción y a la distribución desigual de los recursos económicos de la nación.

Año con año el Congreso y el Poder Ejecutivo evaden la regulación en este rubro, la clase política sigue sin entender que su desprestigio no se diluirá a base de spots y mareketing político, sino con acciones concretas dirigidas hacia el bien común.
@callejag
aleida.calleja@gmail.com

[1] Para más información sobre el informe presentado en 2014 por CIMAP ver el link http://www.cimapjuarez.org/index.php/blog-cimap/50-las-compras-publicas-en-ciudad-juarez-47-49-a-comunicacion-social
[2] https://hidalgo.quadratin.com.mx/sucesos/Aregional-detalla-montos-y-requisitos-de-Prospera/

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