(14
de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Reforma Energética
impulsada por Enrique Peña Nieto se consumó el 21 de diciembre de 2013 y
cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, se definió
ideológicamente por el PRI y sus partidarios como “la transformación del
marco regulatorio que actualmente fija las reglas y administra el
mercado de la generación y distribución de la energía para beneficio de
los mexicanos”.
Para lograr una supuesta mejora en el
mercado energético, la reforma impulsó, según sus defensores, la
eficiencia económica, la protección al consumidor, la protección del
medio ambiente, la justicia social y el desarrollo sustentable, todos y
cada uno de los motivos eran de la misma importancia y debían
forzosamente incluirse en una reforma energética.
Sin embargo la naturaleza de la Reforma
Energética era en grosso modo permitir la inversión extranjera y
eliminar el monopolio de Pemex. Mientras que antes sólo existían
contratos por servicios, en los que las compañías eran pagadas por los
mismos y no podían contar con parte o ingresos derivados de los
hidrocarburos producidos, la nueva reforma permite nuevos modelos de
contratación: licencias, producción compartida y ganancias compartidas.
En el nuevo esquema presentado, Pemex se
mantiene como propiedad del estado; sin embargo, se le da más autonomía
en la parte presupuestaria y administrativa, y a su vez, se vuelve un
competidor más por los nuevos proyectos. Asimismo, se abre la inversión
privada en el sector eléctrico, por lo que las empresas estarán en
posibilidades de generar y suministrar este tipo de energía y competir
con CFE.
Crisis social por la tierra
Uno de los temas más polémicos en la
Reforma Energética además de la división de la renta petrolera con las
empresas particulares fue cuando el poder legislativo determinó que las
actividades del sector energético serían de utilidad pública y una
prioridad del Estado, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier
otra. Sin duda, esto tiene repercusiones graves en lo que se refiere a
derechos humanos, puesto que se afecta el derecho a la propiedad y la
libertad de trabajo.
En este sentido Edmundo del Pozo,
investigador del área derechos humanos de la organización Fundar Centro
de Análisis, detalló a Revolución TRESPUNTOCERO que la
crisis social ya estaba latente en México producto de la proliferación
de grandes megaproyectos y obras de inversión en minería,
hidroeléctrica, en materia de hidrocarburos que han afectado a diversas
comunidades indígenas y campesinas desde la llegada de Enrique Peña
Nieto al poder.
“Ya hay un contexto social muy complejo
donde numerosos derechos humanos han sido vulnerados. Con esta Reforma
Energética violentaron el derecho de estas comunidades a la
autodeterminación, al territorio y generaron desplazamientos,
contaminación del agua.
“Esto ya venía de un marco legal
propicio para la gran inversión privada que privilegia esos intereses
por encima de las comunidades. Hablo de la ley minera y los tratados de
libre comercio para América del Norte, la reforma al ejido, todo eso
venía sembrándose en México. Cuando llega la Reforma Energética y estas
reformas estructurales de aproximadamente 14 instrumentos derivados de
esa Reforma, lo que hace es profundizarse y agudizarse ese conflicto
social”.
Del Pozo precisó que dentro de la
reforma se tomó como bandera una especie de falso interés público, “esta
figura la uso Lázaro Cárdenas para expropiar a las petroleras
norteamericanas, esa es la figura. Pero ahora se usa para todo lo
contrario para entregar los recursos de la nación a las empresas
privadas y compartir las utilidades petroleras del Estado con la
iniciativa privada.
Por su parte Eduardo Parrilla Álvarez,
abogado integrante del Colegio de Biólogos de México y experto en
contaminación de suelos apoyó la tesis de que el Estado mexicano en su
discurso y legislación se ha comprometido a respetar un marco de
derechos humanos, que reconocen el derecho al territorio y de las
comunidades a disponer sus recursos naturales… por lo menos en papel,
porque en la realidad no es así.
“La constitución Mexicana reconoce el derecho a la autonomía y autodeterminación y eso es norma suprema. Por tanto es una cosa esquizofrénica que luego aprueben reformas que en su contenido son lesivas a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano se comprometió a respetar.
“Hay información de que los pueblos
indígenas y las comunidades quienes han logrado preservar durante siglos
los recursos naturales y son justamente los territorios que han
permanecido más vírgenes. El estado saqueó los recursos junto a las
grandes empresas de lugares donde no había población indígena. Hoy donde
quedan intactos algunos de estos recursos naturales es justo donde
ellos habitan. Ahora los grandes capitales van y los despojan de su
territorio. No son tomados en cuenta en estos proyectos de desarrollo,
son ignorados, discriminados y obligados a desplazarse de sus lugares de
origen desde hace siglos”, puntualizó Parrilla Álvarez.
Como es evidente nadie es dueño de la
verdad ni tiene una bola de cristal para conocer el porvenir, sin
embargo para estos dos abogados y activistas, “el futuro es sumamente
incierto” y “pinta desfavorable con estas grandes reformas estructurales
con las que se ve la profundización de un modelo neo extractivista en
México que consume vorazmente los recursos naturales y en aras de
obtener grandes ganancias pasan por encima de lo que sea.
“Estas reformas, sin lugar a duda, profundizan más la conflictividad social y generan más violencia en las comunidades. El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en México, resaltó que en el caso de los pueblos y comunidades, la mayor violencia se ejerce con la implementación de grandes proyectos de desarrollo y por la vulneración de derechos”, opina Edmundo del Pozo.
Por su parte Parrilla Álvarez,
augura, “aunque se eliminó la palabra ‘expropiación’, los dueños de la
tierra no podrán evitar que su terreno sea para la industria, pues se
aprobó el término ‘ocupación temporal’ cuando no se llegue a un acuerdo
de compra-venta. Por lo anterior los dueños de la tierra quedan
obligados a negociar un acuerdo con aquellos que deseen explotar los
recursos energéticos de su terreno.
“El Estado ordenará los pagos que le
corresponden a cada propietario. Se está hablando de una negociación
forzada, en la que ineludiblemente el propietario tendrá que aceptar la
ocupación temporal y aceptar una contraprestación por su tierra. La
negación no está contemplada en la ley. Sus casos irían a tribunales
agrarios en donde actualmente, el rezago de atención es del 85%”.
La conclusión de estos dos expertos es
que la prioridad del sector energético pone en riesgo el resto de las
actividades productivas, entre las cuales se encuentran la agricultura,
la ganadería, el manejo forestal comunitario, los esquemas de pago por
servicios ambientales e hidrológicos, así como la conservación de los
ecosistemas en distintas zonas del país. A su vez, se arriesgan
distintos hábitats y ecosistemas, así como los modos de vida de
comunidades y pueblos indígenas que las habitan.
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