Sin justificación alguna.
lasillarota.com
Villahermosa, Tabasco.- Apenas si llego al
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y me
encuentro con cientos de expedientes apilados en las gavetas de los
archivos. Son oficinas pequeñas, como otras que conozco en varias partes
del país, donde los empleados se ven rebasados por el exceso de
trabajo.
Acompaño a un grupo de maestros que fueron despedidos por el gobierno
del estado de Tabasco por órdenes de la Secretaría de Educación Pública
acusados supuestamente de haber violado la cuestionada ley general del
servicio profesional docente.
El despido fue fulminante, no les dieron derecho a un juicio
imparcial; sus argumentos jamás fueron escuchados por la autoridad
estatal educativa que la hizo de juez y parte. Fueron separados, no
importando su antigüedad ni que contarán con un expediente limpio, sin
una falta de asistencia, sin una acusación. La misión era despedirlos
para demostrar la existencia de un supuesto principio de autoridad. Para
infundir miedo pero han creado encono y malestar social.
Maestras que laboraban en jardines de niños, con alumnos de educación
especial (con discapacidad), de telesecundaria, en educación media
superior, en el Colegio de Bachilleres, de diversos centros de trabajo,
de varios municipios, todos ellos fueron mandados a la calle,
interrumpiendo abruptamente el ciclo escolar a su cargo. Alumnos y
padres de familia protestaron por la forma arbitraria en que fueron
cesados los maestros y de nada valió su reclamo.
En el tribunal laboral todos los empleados están uniformados y portan
una camisola con las siglas del gobierno de Tabasco. El abogado de la
Secretaria de Educación porta un uniforme similar con las siglas de su
dependencia. No parece haber diferencia entre un empleado y otro. Uno
juzga y otro justifica las separaciones y ambos cobran del mismo erario.
La abogada que representa a la autoridad apenas si mira a los que
participamos en la audiencia. Mostramos las identificaciones de rigor y
después la autoridad pregunta al abogado de la Secretaria de Educación
del estado si hay alguna conciliación y éste responde de manera
lacónica: “Ninguna”. Pregunto cuál es la razón. Le digo que son maestros
sin falta alguna. Sólo encoge los hombros, como diciendo “yo no sé
nada”. ¿Quién decide la reinstalación? pregunto ¿Son las autoridades del
centro? ¿De la Secretaría de Educación Federal? Y me responde con un
monosílabo: “Sí”.
La abogada que representa a la autoridad sigue escribiendo al
enterarse que no hay arreglo y se dirige al abogado de la dependencia
para informarle que tiene diez días hábiles para responder por escrito
la demanda y cuando lo haga en oficialía de partes, se señalará una
nueva audiencia, en unos tres meses me informan. No hay prisa para
ellos.
Nos piden firmemos el acta junto con los maestros despedidos, pero no me dan copia.
-Venga en un par de días hasta que tengamos la firma de los representantes del Tribunal.
-Le tomaré una fotografía entonces. Me responde –de ninguna manera. Es prohibido hacerlo.
Salimos sin constancia alguna por más alegato que hicimos.
El Tribunal laboral en el que nos encontramos se rige por una ley
emanada por el Congreso del estado de Tabasco, así como éste hay 30 más
en el resto de las entidades.
Posteriormente me trasladé a la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje de Tabasco. Es una oficina ubicada a unas seis calles de
distancia. El sol está en su máxima intensidad. Hay decenas de
trabajadores recibiendo cheques por el cierre de varias empresas en la
zona. Tengo que notificarme de la audiencia de los despedidos del
Colegio de Bachilleres, separados porque supuestamente también violaron
la ley del servicio profesional docente. La audiencia la señalan hasta
el diez de octubre próximo, a pesar de que la demanda se presentó hace
más de dos meses.
También encuentro oficinas pequeñas y hacinamiento en las salas de
audiencia. La mayoría de los abogados son jóvenes, seguramente porque
aguantan mucho tiempo de pie y el sofocante calor del lugar. Escucho que
se felicitan por el día del abogado. No entiendo porque lo hacen,
cuando esa función la han denigrado la mayoría de esos profesionistas.
Pienso en la propuesta presidencial de convertir a las Juntas de
Conciliación y Arbitraje en juzgados, pero sin presupuesto de nada
servirá esa iniciativa. En todo el país observó el desdén de los
gobiernos de los estados y del federal por mantener recursos suficientes
en las oficinas donde se atienden los conflictos laborales. La justicia
es lenta a más no poder.
Como los maestros despedidos en Tabasco así los hay en todo el país
por caprichos gubernamentales. Son una especie de rehenes en estas horas
en que se cuestiona la reforma educativa. Pero no están solos.
Salgo de esas oficinas y observó que siguen entregando cheques a un
grupo de trabajadores. Uno de ellos tiene uno en la mano por cinco mil
pesos. Le pregunto qué antigüedad tenía: me responde: -tres años. Me
quedo asombrado por lo que veo.
Visitando estas oficinas gubernamentales es cuando entiendo la
respuesta que la población ha tenido en las últimas semanas en todo el
país contra gobiernos que no responden y son cómplices de esta mal
llamada justicia que se pregona desde las altas esferas y que no existe,
es un fraude.
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