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Peña antes de anunciar los cambios en su gabinete
en Los Pinos. Foto: Miguel Dimayuga
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El mundo es un lugar peligroso, no por las personas que hacen el mal,
sino por aquellas que no hacen nada por evitarlo.
Albert Einstein
(Proceso).- Uno de los mayores logros de este sexenio ha sido
la aprobación de las reformas estructurales del país. Una aspiración
largamente esperada por la sociedad y siempre frustrada en las últimas
gestiones de gobierno por múltiples intereses políticos absurdos.
Las reformas del periodo 2012-2016 aprobadas por el Congreso de la
Unión –en materia de educación, impuestos, telecomunicaciones,
competencia económica, transparencia, derecho a la información, deuda
pública, procuración de justicia, amparo, petróleo y electricidad,
electoral, de combate a la corrupción– podrán ser un gran paso por el
camino correcto, siempre y cuando mantengan, como valor supremo, el
interés general de la nación.
Las reformas estructurales aprobadas han tenido los siguientes
resultados positivos: la laboral ha facilitado la creación de empleos
formales –según los registros del Seguro Social–, que están creciendo
más rápido que la economía; la financiera logró aumentar el crédito al
sector privado; la de telecomunicaciones ha incrementado la competencia
en un ramo con enormes monopolios; la energética ha generado inversiones
privadas en materia de electricidad, petróleo y gasolina, y la
impositiva de 2014 aumentó los ingresos tributarios 62% en términos
reales entre 2012 y 2015.
Una de las más grandes reformas es la relativa al combate a la
corrupción y a la impunidad, la cual finalmente pudo verse cristalizada
el 18 de julio de 2016 con la publicación en el Diario Oficial de la
Federación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
después de una gran presión de la sociedad, de los partidos políticos y
de un buen número de organizaciones civiles.
En un reciente acto en el Senado de la República, afirmaba yo que uno
de los grandes problemas que tiene nuestro país es que no se castiga a
nadie, absolutamente a nadie. No podemos aspirar a cambiar el gran
problema que vivimos si no estamos dispuestos a sancionar a los
culpables.
Mientras no sancionemos, mientras no abatamos la corrupción con
sanciones ejemplares, no podemos aspirar a combatir la corrupción y
vamos a seguir siendo entonces la República de la Impunidad. Este mal se
combate con sanciones y más sanciones, pues es el único camino que
puede transitarse para combatir la corrupción y aspirar a cambiar el
destino de nuestra patria.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) surge con la reforma
constitucional de mayo de 2015, y contaba con un año para emitir la ley
general que estableció las bases de coordinación, así como las
adecuaciones a las leyes conexas relativas a las siete instancias que
integran el Sistema: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la
Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía contra la
Corrupción, el Consejo de la Judicatura y el Comité de Participación
Ciudadana.
El principio fue la elaboración, por parte de un destacado grupo de
organizaciones ciudadanas y académicas, de una propuesta de reforma
constitucional orientada a crear un sistema de coordinación de todas las
entidades relacionadas con los temas de transparencia, rendición de
cuentas, fiscalización y combate a la corrupción.
La ciudadanía asumió un papel clave al formular y proponer, bajo la
figura de iniciativa ciudadana, una Ley de Responsabilidades
Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, que se convirtió en el eje de
discusión de la legislación secundaria. El logro representó la
recolección de 634 mil firmas de apoyo, cinco veces el número legalmente
requerido. La mayoría de las propuestas ciudadanas fueron aprobadas.
El Sistema abarca los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del
Estado; en resumen, se ha construido un entramado legal que tiene como
fin sentar las bases para un combate efectivo a la corrupción y a la
impunidad, sustentado en siete leyes reglamentarias aprobadas por el
Congreso de la Unión, como sigue:
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece las
bases de coordinación entre las instituciones que forman el Sistema.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas delimita las
obligaciones y comportamiento de los funcionarios públicos, así como las
sanciones administrativas para aquellas personas que incurran en actos
de corrupción.
La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
establece el sustento jurídico para su operación y las sanciones a
quienes incurran en faltas administrativas graves.
La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es una de las
figuras clave del Sistema, pues será la institución encargada de
perseguir e investigar actos de corrupción.
Las Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal hacen a la Secretaría de la Función Pública responsable del
control interno de la administración pública federal.
Las Adecuaciones al Código Penal permitieron incorporar con claridad la tipificación de los delitos de corrupción. Y por último:
Las Adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación permitirán a la ASF fiscalizar recursos públicos en tiempo
real, las cuentas públicas de años anteriores, así como las
participaciones federales entregadas a las entidades federativas.
Se estima que la implementación en 2017 del SNA costará mil 506
millones de pesos, de los cuales 1 mil 152 (76%) serán para la ASF, de
acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados. La ASF fue la institución que más creció en atribuciones,
pues se le amplió el universo a auditar de 620 mil millones a 1.3
billones de pesos, y se le dotó de facultades de investigación y de
sanción, que no tenía.
Durante un foro de análisis convocado por el Senado de la República,
los expertos expresaron que el SNA no entrará en vigor de manera
integral hasta 2018, una vez que las entidades federativas del país
armonicen su legislación cuando terminen de completar las reformas a su
marco jurídico.
Ahora bien, en cuanto a la inversión física en el país, destaca principalmente el Programa Nacional de Infraestructura
–que forma parte de los 266 compromisos asumidos por el presidente de la
República durante su campaña electoral–, el cual muestra un avance
importante en comunicaciones y transportes, por el crecimiento que ha
tenido en materia de autopistas y carreteras federales, caminos rurales y
alimentadores, distribuidores y libramientos, ampliación de accesos a
la Ciudad de México, cruces fronterizos, ferrocarriles, puertos y
aeropuertos; en este último rubro destaca el proyecto y construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Indicadores negativos
El Programa Nacional de Infraestructura debe estar sujeto a una
profunda evaluación de la ASF en cuanto a sus logros, fortalezas,
debilidades, transparencia y rendición de cuentas, con base en factores
de eficiencia, eficacia, productividad y economía.
Recordemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar.
Conozcamos entonces algunos indicadores clave sobre el desempeño de
México en los últimos años:
• Según Transparencia Internacional, entre 1998 y 2015, en el Índice
de Percepción de la Corrupción México cayó 40 lugares en 18 años, al
pasar del sitio 55 al 95 entre 168 países evaluados, con una
calificación de 35 sobre 100 en el último reporte.
• De acuerdo con Consulta Mitofsky, en la encuesta levantada sobre la
confianza en las instituciones resultó que los partidos políticos (con
4.9 puntos), los diputados (con 5.2 puntos), la policía y los senadores
(con 5.3 puntos), los sindicatos (con 5.4 puntos) y la Presidencia (con
5.7 puntos) son los que menos confianza merecen de los mexicanos, en
tanto que las universidades (con 7.3 puntos), la Iglesia (con 7.1
puntos) y el Ejército (con 7.0 puntos), son los que más confianza
merecen.
• María Amparo Casar, investigadora de El Colegio de México, en su
libro México: anatomía de la corrupción (2016), afirma que, en relación
con el delito, la impunidad es de 97%; es decir una impunidad casi
total.
• En 2013 la economía de México creció 1.4%; en 2014, 2.1%, y en
2015, 2.5%. El crecimiento económico promedio de los tres primeros años
del sexenio fue de 2.0%, debajo del crecimiento promedio de los
gobiernos anteriores, que fue de 2.4% como promedio anual del periodo
1983-2012.
• La Bolsa Mexicana de Valores informó que en el primer semestre de
2015 Pemex reportó pérdidas por 185 mil 176 millones de pesos (109% más
que en el mismo periodo de 2014) y la Comisión Federal de Electricidad
perdió 35 mil 592 millones de pesos (156% más que en el primer semestre
de 2014).
• Según el FMI, México es la economía mundial número 14. En el año
2000 era la novena; según la OCDE somos el país más desigual de dicha
institución; según Transparencia Internacional somos uno de los países
más corruptos; según la Universidad de las Américas Puebla, el segundo
lugar en impunidad; según Reporteros sin Fronteras, el más peligroso del
continente; según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y
el Crimen, el séptimo más violento del planeta; según la OMS, el primero
en obesidad, y según la prueba PISA, el último en desempeño escolar en
la OCDE.
• De conformidad con el Índice de Estado de Derecho 2016 realizado
por el World Justice Project, México se ubica en el lugar 88 de 113
países evaluados, nueve lugares menos que en el año anterior. El
resultado se basa en más de 100 mil encuestas levantadas en hogares y
entre más de 2 mil 700 expertos que miden la manera en la que el estado
de derecho se aplica en los países evaluados.
• El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, el Coneval, informó que la población en condición de pobreza en
el país aumentó 2 millones de personas entre 2012 y 2014.
Por otra parte, y en relación con el desempeño de México, la presente
administración muestra, después de las grandes reformas legislativas de
carácter estructural, algunas debilidades que causan daño al
reconocimiento y confianza del país, tanto a nivel nacional como
internacional, lo que afecta seriamente las calificaciones crediticias y
el nivel de riesgo del país. El director del Banco de México, Agustín
Carstens, simplemente señaló: “Hemos alcanzado el límite de lo
razonable”.
La deuda externa del país pasó de 21.7% del PIB en 2007 –según el
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas– a 37.7% como la recibió el
actual gobierno, y de ahí a 47.3% del PIB estimado para 2016, 10% más de
deuda en relación con el PIB. El presupuesto base cero fue un fracaso
convertido en un espejismo que no se supo cómo instrumentar.
De acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas al cierre
de septiembre de 2016, la mayoría de las dependencias federales habían
gastado más de lo autorizado por la Cámara de Diputados: la Presidencia
de la República mil 11.4 millones de pesos (63.4% más), la Secretaría de
Turismo 2 mil 3.3 millones (50.7%), la Secretaría de la Función Pública
475.7 millones (50.5%) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 11
mil 49.5 millones (49.3%).
Es urgente contar con una mejor administración del gasto público que
vigile las finanzas nacionales para evitar el desbordamiento del
presupuesto y un colapso de la economía que nos lleve a otro traumático
cambio de gobierno.
El desempeño del gobierno se ve reflejado en la última encuesta
levantada por un periódico de circulación nacional entre ciudadanos y
líderes, con los resultados siguientes:
Sólo 24% de los ciudadanos y 16% de los líderes entrevistados
aprobaron la forma como está haciendo su trabajo el presidente de la
República; su labor fue calificada con 4.1 por los ciudadanos y con 3.0
por los líderes. El 57% de los ciudadanos y 71% de los líderes
entrevistados perciben que la corrupción en el gobierno federal ha
aumentado en el último año; y, por último, 64% de los ciudadanos percibe
que la seguridad y la economía han empeorado. Este es el escenario
dramático que percibe la población después de cuatro años de gobierno.
“El país es de todos y no es patrimonio particular de nadie.” (AGA)
*Auditor superior de la Federación 2002-2009.
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