La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México derogó el concepto de
Alienación Parental del Código Civil capitalino por ser una figura
jurídica que usan los juzgadores para calificar a las mujeres como
manipuladoras y a las niños y niños que denuncian violencia o abuso
sexual como mentirosos.
Por unanimidad las y los diputados locales aprobaron derogar el Artículo 323 séptimus de la ley por no ser razonable, estar redactado con términos y teoría psicológicas de difícil acuerdo o consenso entre los especialistas y porque el Síndrome de Alienación Parental (SAP) es considerado misógino y prejuicioso.
La modificación a la ley fue consecuencia de la historia de Mireya Agraz Cortés, mujer que por siete años denunció que dos de sus tres hijos eran abusados sexualmente por su expareja. El 7 de junio Mireya se quitó la vida junto con los tres menores de edad después de que una jueza consideró que mentían y eran víctimas de Alienación Parental.
A pesar de que la Asamblea Legislativa consideró que la derogación de esta norma es un avance en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aún queda pendiente el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podría guiar a los Congresos locales que están legislando al respecto.
En junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en presentó ante el máximo tribunal mexicano una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) al Artículo 323 séptimus, que no ha sido resuelta y que se preveía podría debatirse este mes.
VIEJO DEBATE
La discusión sobre el Síndrome de Alienación Parental (SAP), término creado en 1985, no es nueva. En 2004 los legisladores incluyeron la Alineación Parental en el Código Civil capitalino lo que provocó críticas de la sociedad civil y la organización de mesas de análisis y la derogación de la norma en 2007.
El caso de Mireya hizo resurgir el debate sobre la pertinencia de tener en la ley un concepto que no es reconocido por la comunidad científica y que está rodeado de estereotipos de género; por ejemplo, de la idea de que, en general, las mujeres manipulan a sus hijos y de que los menores de edad mienten cuando dicen que fueron víctimas de abuso.
Organizaciones de derechos de las mujeres y expertas en infancia identificaron la necesidad de derogar la figura de Alienación Parental, vigente desde el 9 de mayo de 2014 cuando el Gobierno capitalino promulgó la reforma al Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino, aprobada el 15 de diciembre de 2013 por la Asamblea Legislativa.
La historia de Mireya hizo que el pasado 29 de junio, el diputado perredista Mauricio Toledo Gutiérrez, presentara ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar el Código Civil y reforzar el Síndrome de Alienación Parental en la ley.
En contraparte, el día 7 de julio, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, mandó a la Comisión de Gobierno la iniciativa para derogar el Artículo 323 séptimus del Código Civil, para responder a las críticas de la sociedad civil y la opinión pública.
Ambas propuestas fueron turnadas la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde las y los asambleístas acordaron derogar esta figura jurídica que en su momento fue apoyada y promovida por el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar.
De acuerdo con el dictamen aprobado, en apariencia el Artículo derogado planteaba la protección de niñas, niños y adolescentes, pero al analizar sus implicaciones se encontró que con el SAP los menores de edad quedaban en indefensión y en su mayoría las madres que buscan protegerlas y protegerlos, resultaban criminalizadas.
“Si bien es necesario prevenir desde la normatividad las conductas de los padres que puedan tener como resultado manipulación de los niños y las niñas en contra de uno de sus progenitores, la figura de alienación parental planteada, no resulta adecuada para estos fines”, expresó la diputada priista, Jany Robles Ortiz, al presentar el acuerdo de reforma.
DERECHOS DE LA INFANCIA
En la sesión de este martes 1 de agosto, el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez se pronunció a favor de derogar esta figura jurídica e incluso dijo que presentará un punto de acuerdo para que el Senado no pida que se legisle a favor de la Alienación y para que el Jefe de Gobierno, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, aborde el tema en pleno de los gobernadores.
En presencia de defensoras de Derechos Humanos que acudieron a la sesión, el también diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Flores García, dijo que con esta modificación normativa se revierten los efectos nocivos de un “falso síndrome” que está presente en las disputas familiares, sobre todo cuando hay violencia hacia las y los menores de edad.
La diputada de Movimiento Reservación Nacional (Morena), Ana María Rodríguez, reconoció el trabajo de incidencia de organizaciones como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), el Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niñas y Niños y Adolescentes, el Colectivo de Investigación y Desarrollo entre Mujeres y Justicia Pro Persona.
La legisladora aseguró que SAP impedía detectar los casos de violencia y abuso sexual porque estigmatiza a los progenitores que denuncian estos delitos, que en su mayoría son las madres, y desestiman la denuncia que hacen niñas y niños y adolescentes, aludiendo que sufren este síndrome.
El diputado Toledo Gutiérrez añadió que solicitará a las y los ministros de la Suprema Corte que resuelvan con celeridad y apego a derecho la Acción de Inconstitucionalidad que interpuso la Comisión de Derechos Humanos capitalina, que lleva dos años en espera de resolverse.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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