Ciudad de México. Sin amparo gubernamental y con los tribunales de justicia paralizados, trabajadoras mexicanas de los sectores laborales más precarios del país enfrentan despidos, abusos, explotación y hasta muerte por exposición al COVID-19.
Trabajadoras de limpieza, obreras de maquilas, jornaleras, personal médico y promotoras de internet, son sólo algunas de quienes enfrentan las peores condiciones de vida y de trabajo durante la pandemia por COVID-19, sin que el gobierno federal, en particular la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y los Tribunales de Justicia, protejan sus derechos.
Las trabajadoras afectadas no pueden hacer justiciables sus derechos laborales porque los Tribunales y Juntas especializadas en esta materia permanecen cerradas, señalaron en entrevistas por separado, las abogadas Edith Ramírez, que preside la Secretaría de Equidad de Género de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y Angélica González Vega, integrante de la “Campaña Trabajo Digno Derecho de las Mujeres”.
Ambas especialistas coincidieron en que durante la pandemia se ha registrado una violación sistemática a los Derechos Humanos laborales a través de despidos injustificados, suspensión temporal del trabajo sin el salario y prestaciones y bajas ante el seguro social. Sin embargo, dijeron ambas, las mujeres insertas en trabajos informales, autoempleadas, las empleadas en condiciones mínimas de seguridad social o prestaciones, o trabajadoras de las maquilas, son las más afectadas.
Ramírez y González criticaron que hasta ahora no existe una política en materia laboral y de programas sociales a favor de las mujeres durante la contingencia, lo que se traducirá en un escenario “devastador” para las mujeres, pues la ausencia del empleo y protección a estos derechos sociales podría incrementar la violencia contra ellas y la presión de las jefas de familia para llevar el sustento a su hogar.
Frente a este escenario, las declaratorias de la STyP resultan insuficientes, señalaron, pues los exhortos a los patrones para no disminuir el salario o despidos no funcionan si no se garantiza una adecuada supervisión y una sanción fuerte. Se requiere una política nacional con perspectiva de género en la que se atienda particularmente la situación laboral de las mujeres en sectores más precarios, y juntas especiales para revisar sus demandas laborales, dijeron.
La STyPS sólo ha habilitado un mecanismo digital de recolección de denuncias, lo que impide que las mujeres accedan de forma inmediata y rápida a la restitución de sus derechos laborales violados.
En entrevista, dos promotoras de internet de Totalplay, dijeron que fueron obligadas por sus jefes inmediatos a continuar trabajando bajo la amenaza de que se iban “a morir de hambre y no de coronavirus”. Ambas son jefas de familia, se les amenazó con no pagarles si no asistían a trabajar, pero no tienen medidas de protección.
Otro caso es el sector de la maquila. De acuerdo con el Inegi, emplea más del 50 por ciento en las líneas de producción a mujeres. En el norte del país, al menos 15 trabajadoras de maquilas de diferentes industrias han fallecido a causa del COVID-19, con base en reportes de prensa.
Al respecto, la abogada laborista Susana Prieto Terrazas explicó que ha recibido denuncias de trabajadoras porque maquilas en Matamoros, Reynosa, y Ciudad Juárez, Chihuahua, aglomeran a miles de personas en cada turno laboral durante la pandemia.
En el caso de embarazadas, adultas mayores y con otros factores de riesgo, los empleadores las obligaron a tomar sus vacaciones y días de descanso como parte de la cuarentena y, en otros casos, se les orilló a firmar convenios sin goce de sueldo o con salarios disminuidos.
Las trabajadoras del hogar, quienes reciben pagos al día que van de 30 hasta 200 pesos y muchas no tienen Seguridad Social, por lo que pidieron a la STyPS, el IMSS y la Secretaría de Bienestar un programa especial para atender las necesidades de alimentación y salud para ellas y sus familias durante la pandemia, pero nunca pasó.
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleros Agrícolas también alertó que durante la pandemia la población jornalera es más vulnerable pues trabajan por día o temporada; migran a otras ciudades; viven marginación y pobreza; no tienen seguridad social ni acceso a atención médica; y no están recibiendo información de sus empleadores para tomar medidas de precaución. Exigieron al gobierno federal un protocolo que los incluya en procesos migratorios; y brigadas informativas y preventivas de salud a domicilios y campos agrícolas, pero a la fecha, no existe.
En el caso de personal de salud, conformado 70 por ciento por mujeres, dos médicas denunciaron en entrevista la ausencia de equipo especializado que les proteja de contagios, la falta de capacitación adecuada al personal y la ausencia de inspecciones para revisar las condiciones de trabajo.
El IMSS reportó que hasta el 10 de abril había 329 médicos y enfermeras contagiados de Covid-19, entre quienes ya se registran muertes, a ello se suman las agresiones contra el personal de salud.
Pese a esta realidad, hasta ahora toda la información publicada por la STyPS carece de perspectiva de género. La dependencia federal dijo que del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron 346 mil 878 empleo en el país por el COVID-19. Cimacnoticias solicitó a comunicación social datos desagregados que permitan evidenciar cuántas mujeres integran esa base de datos, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
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