Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, admitió que existen códigos civiles y leyes
federales que discriminan a las mujeres al privilegiar a los abuelos
paternos para ejercer la patria potestad de las y los niños que quedan
en condición de orfandad por feminicidio.
Luego de que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador,
fuera cuestionado en múltiples ocasiones durante su conferencia de
prensa diaria por acciones puntuales para erradicar la violencia contra
las mujeres en México, este 29 de julio la titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, explicó algunas las acciones
que integran la Estrategia Nacional de Protección Integral para las
mujeres, las niñas y las adolescentes que viven violencias.
Esta estrategia fue presentada en marzo de 2019, durante una
conferencia de prensa del presidente, sin embargo, sus objetivos, metas y
acciones no constan en ningún documento oficial.
No obstante, como parte de las acciones de esta Estrategia, dijo la
Secretaria, se presentó el Protocolo Nacional de Protección y Atención
Integral a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por
feminicidios. Ésta, dijo, “es la primera vez en la historia de nuestro
país que se está atendiendo, a través de este protocolo y quiero ser muy
enfática a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por
los feminicidios, con la finalidad de garantizar el acceso a la
justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social y
asistencia que requieran”.
La funcionaria agregó al respecto que los códigos civiles de varios
estados de la República son “verdaderamente discriminatorios” porque
prefieren que sean la abuela y el abuelo paterno quienes ejerzan la
guardia y protección de los menores de edad que quedaron en condición de
orfandad por feminicidio; esto implica que muchas veces se privilegie a
la familia de quien asesinó a la madre de esas niñas y niños.
“Hay resabios, todavía, y en la Ley de Acceso (de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia) también tenemos detectado lo que acabas de
señalar. Esto es inaceptable porque es uno de los temas más grandes que
tenemos de discriminación en contra de las madres de las mujeres.
Siempre han sido primero los padres del padre, o sea los abuelos
paternos, y después los abuelos maternos, como si fuese primero tener un
privilegio adicional. Muchos de estos códigos han sido reformados pero
otros no; entonces nosotros queremos hacer una revisión y lo estamos
haciendo de aquellos resabios de las normativas, sobre todo en códigos
civiles, en donde todavía tenemos estas discriminaciones verdaderamente
inaceptables e inadmisibles.
Muchas veces el victimario, quien cometió el delito de feminicidio,
sus padres son los primeros que tienen derecho a ejercer la patria y
potestad de la custodia y no los padres de una víctima de feminicidio,
que son los abuelos maternos”, señaló la secretaria.
Y llamó a los congresos locales en las entidades federativas a
revisar los “resabios” discriminatorios en sus leyes. Este Protocolo, se
explicó en la conferencia, describe el proceso de atención de las
instancias involucradas. Su objetivo es construir un piso común a través
de la Procuraduría federal y establece un marco de referencia para las
procuradurías estatales para homologar sus protocolos de actuación.
Sobre los recursos
Cuestionada por el recorte del 75 por ciento al presupuesto para el
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), su titular, Nadine
Gasman, dijo que la institución “ha puesto en el centro el interés
superior de la salud”, lo que explica el recorte al rubro de
operaciones, pero no hubo recortes en materia de personal, salario y
áreas “sustantivas”. “Estamos haciendo los ahorros que nos está pidiendo
la austeridad”
La funcionaria aclaró que es “con capital humano” que siguen
garantizando la transversalización de la perspectiva de género en cada
una de las dependencias de gobierno, y que el presupuesto de las mujeres
se está ejerciendo a través de programas de seguridad ciudadana y de
créditos para mujeres afectadas económica o laboralmente por la
pandemia.
Para el caso del presupuesto para las Alertas de Violencia de Género
(AVG) y las Casas de la Mujer Indígena (cuyo presupuesto fue restituido
sólo a la mitad), López Obrador dijo que nunca antes se había
“entregado” tanto dinero para las mujeres; sin embargo, no explicó en
específico por qué redujo los presupuestos para estos dos ámbitos.
Otras acciones de la Estrategia
Como parte de las acciones que se informaron de esta Estrategia,
Sánchez Cordero recordó la conformación en 2019 de un Grupo Impulsor de
la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, el cual
se amplió “considerablemente” durante un año hasta convertirse en un
Grupo Intersecretarial.
Fue por petición de este Grupo, dijo la Secretaría, que el Consejo de
Salubridad General incluyó en el decreto del 21 de marzo de 2020 como
actividades esenciales durante la contingencia sanitaria aquellas que
brindan servicios de protección integral para las mujeres que viven
violencia.
Dijo “para quienes dicen que no hemos ejercido presupuesto
suficiente”, que el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol),
de la Secretaría de Bienestar, ha ejercido 554 millones de pesos del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en los Centros de Refugio
para las Mujeres y los Centros PAIMEF, y que se “logró” asignar 16.5
millones de pesos para las 35 Casas de las Mujeres Indígenas.
En los 48 Centros de Justicia de las Mujeres en el país se reportó la
atención a más de 97 mil personas; con un ejercicio por parte de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (Conavim) de un aproximado total de 240 millones de pesos.
En este semestre han sido atendidas 600 mil llamadas de mujeres. “Con
ello comprobamos que cuando se brinda orientación correcta, oportuna y
activa, las mujeres, las niñas y las adolescentes buscan ayuda y sí
saben dónde encontrarla”, explicó la funcionaria.
Además, dijo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a
través del Programa Misión Género “mujeres, paz y seguridad” ha
capacitado a 482 policías estatales y municipales, que a su vez son
capacitadores en el Protocolo Nacional de actuación policial.
El Inmujeres, con con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana,
diseñó e implementó el programa Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz),
cuyo objetivo es conformar grupos de trabajo, planeación y participación
de las mujeres, para que éstas sean reconocidas como multiplicadoras
del proceso de paz a nivel territorial. El Mucpaz tiene 257 redes en 107
municipios con una inversión de 122 millones de pesos.
Además, explicó, las Becas para el Bienestar Benito Juárez “empieza a
saldar la deuda histórica con 2 mil 730 niñas, niños y jóvenes víctimas
de delitos de alto impacto y violaciones graves de Derechos Humanos”.
A pesar de que las cifras más recientes demuestran que la violencia
contra las mujeres va en aumento con casi 11 asesinatos de mujeres cada
día, la secretaria felicitó a los municipios por implementar “programas
innovadores y exitosos. (…) Han sido innovadores y han sido exitosos
para proteger y atender estas poblaciones que han sido vulnerados por
estas violencias”
Olga Sánchez Cordero señaló que el aumento de la violencia contra las
mujeres es producto de la acción de administraciones anteriores a la de
López Obrador: “porque entendemos a la Cuarta Transformación como
reparadora de los daños causados por 30 años de políticas neoliberales,
reflejados, por ejemplo, en la advertencia que hace el Inegi, al afirmar
que las violencias contra las mujeres de todas las edades, ponen en
riesgo las expectativas de desarrollo y bienestar del país”.
No obstante, dijo, la diferencia de su administración con otras es
que “nosotras sí las vemos, sí las escuchamos, sí estamos juntas en la
lucha por defender nuestros derechos a seguir buscando seguridad,
justicia y bienestar. Porque la Patria es solo aquella que realmente
equilibran y garantizan los derechos de todas y todos”.
La Segob dijo que las acciones y programas federales prioritarios
están enfocados a la “búsqueda de la felicidad” y reconoció que el COVID
19 ha presentado “desafíos y hallazgos importantes” para mantener la
exigencia de mejora continua de los servicios, acciones y programas para
las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las adultas mayores que
enfrentan violencias por el hecho de ser mujeres.
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