Este artículo forma parte de la cobertura sobre los 16 Días de
activismo contra la violencia de género, iniciados el 25 de noviembre y
con énfasis este año en la condena a la violación y otras agresiones
sexuales que acosan a las mujeres.
Ana Sáenz. Crédito: Luis Barrueto/ONU Mujeres
GUATEMALA, 26 nov 2019 (IPS) - Cuando Ana Sáenz, de 20 años y estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos de Guatemala, lideró un estudio de investigación sobre
el alcance del acoso sexual en el campus, no podía imaginarse que con
ello impulsaría un movimiento nacional para prevenir la violencia sexual
contra las mujeres y las niñas en los círculos académicos.
“Como mujer, creo que es muy injusto que, a pesar de los esfuerzos de
las valientes mujeres que nos han precedido y nos han abierto el
camino, todavía tengamos que seguir avanzando para disfrutar de todos
nuestros derechos”, explica Sáenz.
Guatemala tiene uno de los índices más elevados de violencia contra
las mujeres de América Latina. Si bien los índices de homicidio en
general han descendido en los últimos años, el feminicidio/femicidio y
la violencia contra las mujeres y las niñas creció en 98 por ciento
entre 2010 y 2017.
Un estudio independiente
elaborado como parte del programa Ciudades Seguras en la Ciudad de
Guatemala reflejó que prácticamente todas las mujeres de la capital de
este país centroamericano se enfrentan al acoso sexual de manera
habitual.
Desde 2017 hasta octubre de 2019, Sáenz lideró la Comisión de Género
de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de
León (AEU) —una de las plataformas de activismo estudiantil más
destacadas del país—, para diseñar y llevar a cabo el estudio en el
campus, con el apoyo de ONU Mujeres y el Observatorio contra el Acoso
Callejero de Guatemala.
El estudio sacó a la luz más de 700 denuncias de acoso sexual en el
campus central de la Universidad y en su centro de ciencias médicas,
ambos ubicados en la Ciudad de Guatemala.
La mayoría de los agresores eran personas conocidas: 29,9 por ciento
eran profesores, 22,4 por ciento eran estudiantes y 4,8 por ciento era
personal de la Universidad.
Asimismo, el estudio reflejó la alarmante frecuencia y reincidencia
del acoso sexual. Un 21,7 por ciento de las personas encuestadas
denunciaron haber sufrido acoso sexual un par de veces al mes; 17 por
ciento afirmó que el acoso ocurría dos o tres veces a la semana; y en el
caso de 10,5 por ciento de las personas encuestadas, el acoso ocurría
varias veces al día.
Crédito: Luis Barrueto/ONU Mujeres
“Imagina ir a la escuela o ir a trabajar y sufrir abusos y acoso
sexual a diario. El acoso sexual no es algo que únicamente limite las
opciones y la movilidad de las mujeres, también impide el progreso de
toda nuestra sociedad”, reflexiona la representante de ONU Mujeres en el
país, Adriana Quiñones.
“Cuando la sociedad acepta la violencia contra las mujeres y el acoso
sexual contra las mujeres y las niñas como algo natural, normaliza
estos hechos y se genera una cultura en la que la violencia aumenta, se
hace fuerte y socava otros logros”, añade.
El estudio también subrayó la falta de mecanismos institucionales de
la Universidad, que carece de procedimientos formales para gestionar
denuncias de acoso sexual o para garantizar la seguridad de las personas
que denuncian.
En definitiva, más de 50 por ciento de las personas encuestadas que
habían sufrido un episodio de acoso sexual afirmaron no denunciar el
incidente por miedo a las represalias. Es más, entre las que se
decidieron a denunciar, el 93 por ciento afirmó que el agresor no había
sido castigado.
Lenina García, la primera mujer elegida para dirigir la AEU, creó la
Comisión de Género como un espacio seguro para ayudar a las mujeres y al
grupo de estudiantes LGBTIQ+ que sufre discriminación.
Las y los estudiantes que habían sufrido acoso sexual en el campus se
iban acercando a la AEU, de la que dice “inició un proceso para romper
el silencio”.
Para García, el estudio constituye una señal de alerta a fin de
“volver a considerar el modelo educativo y la función que tiene el
aprendizaje”, y seguir apoyando a las mujeres estudiantes.
En agosto, la AEU presentó la investigación en un acto público en la
Ciudad de Guatemala catalogando eficazmente el acoso sexual como un tema
clave que se debe tratar en la comunidad académica. Sáenz destacó que
varias mujeres se habían visto obligadas a cambiar de universidad o
dejar los estudios.
Las conclusiones del estudio también se presentaron a las autoridades de la Universidad, junto con una versión preliminar del Protocolo para prevenir, sancionar y eliminar el acoso sexual en la Universidad de San Carlos.
Carlos Valladares, secretario general de la Universidad, ha luchado
desde entonces para crear un mecanismo institucional a fin de prevenir
el acoso sexual en el campus, y el decano de la Facultad de Derecho,
Gustavo Bonilla, ha sugerido que el estudio y el protocolo que lo
acompaña podrían contribuir a la elaboración de una propuesta de ley
para tipificar como delito el acoso sexual, teniendo en cuenta que esta
universidad pública tiene autoridad para presentarla ante el Congreso.
“Son las y los estudiantes quienes están consiguiendo este cambio tan
importante”, afirma García, destacando la forma en que este colectivo
ha pasado de ser víctima a convertirse en impulsor del cambio a medida
que se iba investigando y diseñando el protocolo y recopilando pruebas
de acoso sexual. “No nos quedamos sentados sin hacer nada, estamos
ofreciendo soluciones”.
Quiñones añade que el acoso sexual todavía no se reconoce como un
delito en Guatemala, pero que los esfuerzos como este —liderados por
estudiantes— pueden promover el apoyo del público.
Las y los estudiantes de otras universidades han tomado nota de los
esfuerzos realizados por la AEU y han presentado campañas parecidas para
poner fin al acoso sexual en sus campus y emprender un movimiento
unificado para prevenir la violencia sexual.
A medida que el movimiento estudiantil cobra fuerza, Sáenz afirma que
las autoridades tendrán que promulgar leyes para prevenir y sancionar
la violencia sexual y crear protocolos que garanticen que todo el mundo
sepa cómo responder ante un incidente.
Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres.
RV: EG
