Este 21 de febrero la Secretaría de Salud federal envió correos
electrónicos a las organizaciones que atienden a mujeres en situación de
violencia de género y a sus familias para informarles que suspendía la
convocatoria para otorgar los recursos aprobados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, recursos que se distribuyen desde 2003, pero
ahora con la medida de López Obrador se desconoce cuándo y cómo se
volverán a distribuir.
El anuncio tomó por sorpresa a las organizaciones porque apenas en
diciembre el Presupuesto avalado por la Cámara de Diputados aseguraba
que se fortalecerían las acciones de atención a 298 mil 423 mujeres de
15 años y más en situación de violencia severa por medios de servicios
especializados, apoyo psicoemocional y la referencia oportuna a refugios
de organizaciones de la sociedad civil.
SUSPENSIÓN DE CONVOCATORIA
Según el Censo de Alojamientos de Asistencia Social elaborado en 2015
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta ese
momento había 83 refugios en el país; 90 por ciento de los cuales
reciben recursos del gobierno; 51 por ciento donaciones de particulares;
11 por ciento de agrupaciones religiosas; 8 por ciento tenía como
fuente de financiamiento colectas y rifas; 6 por ciento recibía recursos
de organizaciones internacionales o de gobiernos de otros países; y 1
por ciento se financiaba por medio de productos elaborados por usuarias
residentes del refugio.
El 31 de enero de este año se emitió la convocatoria que cerraba el 6
de marzo, dirigida a organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas, quienes debían presentar proyectos para obtener
financiamiento para operar. Este año la Cámara de Diputados dispuso 346
millones 482 mil 708 pesos para este fin.
Tras el anuncio, diputadas e integrantes de la sociedad civil
lamentaron la suspensión de esta convocatoria que ayuda a sostener los
refugios, una decisión que responde al llamado del presidente de no dar
más recursos a organizaciones civiles con el fin de “terminar con la
intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y
corrupción”, según un documento denominado “circular uno”, firmado por
López Obrador y fechada el 14 de febrero.
Entre los requisitos establecidos en dicha convocatoria se estableció
que las organizaciones sociales deben tener un modelo de atención,
rendir cuentas y entregar pruebas físicas de la ejecución de recursos.
En palabras de la fundadora y asesora del Refugio “Alternativas
Pacíficas”, Alicia Leal Puerta, “existen criterios” para determinar qué
asociaciones civiles trabajan con transparencia.
Sin embargo, declaró en entrevista, hoy en día en el gobierno federal
hay inseguridad e inquietud sobre cómo se transparenta el uso de estos
recursos que se destinan a las organizaciones civiles. En este contexto
Leal Puerta aseguró que es necesario que las agrupaciones mantengan un
diálogo con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, la
Cámara de Diputados y el Senado para que expliquen cómo otorgarán los
recursos de ahora en adelante.
Alternativas Pacíficas lleva 23 años trabajando en la atención y
protección de mujeres por medio de dos refugios y tres centros de
atención externa; con esta experiencia, Leal señaló que el gobierno
federal debe tener claro que las organización que operan los refugios no
son intermediarias sino proveedoras de servicios especializados de
tercer nivel.
Los refugios operados por la sociedad civil y por los gobiernos
estatales y locales se financian por medio de la convocatoria del Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR); sin
embargo, en opinión de Leal Puerta, los refugios de los gobiernos
estatales no están en riesgo porque pueden obtener recursos por medio de
otras partidas presupuestarias. No obstante, dijo, la tarea es dialogar
con la Secretaría de Salud para explicarle cómo funcionan y qué
servicios otorgan a las mujeres y sus familias.
Hasta ahora, precisó, lo que se sabe es que la bolsa aprobada en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para los Refugios está ahí, lo
que sucede es que tienen que cambiar las reglas de operación para que
estos recursos puedan ser liberados y entregados toda vez que estos
lugares salvan vidas de mujeres y previenen el feminicidio.
También en entrevista, la diputada por Movimiento Ciudadano, Martha
Tagle Martínez, señaló que la suspensión de la convocatoria para
refugios es preocupante y adelantó que hay que exigir que estos recursos
no se diluyan porque al final de cuentas estos espacios se requieren
para seguir avanzando en la vida de las mujeres, quienes ante la
violencia encuentran un lugar seguro para refugiarse.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares de 2016 (Endireh), 66 por ciento de las
mujeres de 15 años o más han enfrentado al menos un incidente de
violencia alguna vez en su vida mientras que 44 por ciento que tienen o
tuvieron una pareja han sido agredidas en algún momento de su vida
marital, de convivencia o noviazgo.
En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública reporta que en 2018 fueron asesinadas 3 mil 580 mujeres. Es
decir, durante el año pasado fueron asesinadas en promedio cerca de 10
mujeres por día. Los refugios en este sentido son por veces, la única
alternativa para que las mujeres salven su vida y la de sus hijas e
hijos.
Actualmente, explicó la diputada Tagle, la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria permite que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público haga modificaciones una vez que la Cámara de Diputados
aprobó el recurso, por tanto alertó que existe la posibilidad de que
este monto tenga modificaciones.
La también secretaria de la Comisión de Gobernación y Población,
señaló que la Comisión de Igualdad de Género tiene la facultad de pedir
una explicación a la Secretaría de Salud y al CNEGySR sobre qué sucederá
con los más 346 millones de pesos que en diciembre aprobó la cámara
bajo para los subsidios de refugios y centros de atención externa.
Hoy lo cierto, reconoció, es que en la distribución de recursos para
refugios había una mala operación a la hora de hacer que ese dinero se
entregara a quienes atienden directamente a las mujeres; por tanto la
respuesta debe ser revisar la operación del gobierno pero sin afectar a
las agrupaciones que están atendiendo a las mujeres.
Ante las denuncias civiles y de organizaciones, la diputada federal y
presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, Wendy
Briceño Zuloaga, aclaró en un posicionamiento público, que la suspensión
de la convocatoria habla de “suspensión” de subsidios y no de
“eliminación”, no obstante, dijo que ha iniciado un diálogo con las
autoridades federales para que se garantice y haga efectivo el recurso a
los refugios que las legisladoras pugnaron por mantener en la discusión
del Presupuesto de Egresos 2019.
LAS INTENCIONES
Consultada por Cimacnoticias, la directora de la Red Nacional de
Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales, analizó que si la intención de
López Obrador es tener únicamente refugios a cargo del gobierno, no es
una estrategia viable, pues debe analizar si ello garantiza que estos
espacios vitales para las mujeres se mantengan con el tiempo.
Cada que cambie una administración, si las mujeres son parte
secundaria en la agenda política del gobierno en turno, estos espacios
pueden correr el riesgo de ser desmantelados, dijo Figueroa Morales. Por
ello, han sido las organizaciones feministas quienes se han encargado
del mantenimiento de los refugios, desde su creación en los años
noventa, hasta ahora, son quienes brindan a las mujeres y sus familias
el acompañamiento profesional que requieren.
De acuerdo con Wendy Figueroa, con el cierre de esta convocatoria por
el momento los refugios están operando con otros ingresos que obtienen a
través de alianzas y donatarias particulares. Una situación que ocurre
cada año, debido a que la convocatoria que saca el CNEGySR se publica a
finales de enero, los resultados en el mes de abril, pero el recurso
normalmente llega a los refugios hasta el mes de julio.
Esta es la queja que han externado por años al Centro de Equidad, no
obstante, en esta ocasión la preocupación de las organizaciones de
mujeres que operan los refugios es que no se tiene certeza de qué
ocurrirá con el recurso o hasta cuanto el CNEGySR definirá los
lineamientos para volver a postularse. “No es un juego, son las vidas de
cientos de mujeres, niñas y niños, por eso me parece una violencia
institucional”, declaró la directora de la RNR.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe
Almaguer Pardo, aseguró que esta acción es parte de una estrategia
electoral, muestra el abuso de poder de López Obrador, quien toma una
decisión autoritaria, que violenta la ley y que es ignorante porque no
sabe que los recursos de los refugios son auditados y muchas veces
insuficientes para cubrir sus gastos.
La legisladora, integrante de la Comisión de Igualdad de Género,
expuso que la decisión de cancelar una convocatoria es ejemplo del
autoritarismo en la política social y aunque la Secretaria de Salud
afirme que se trata de cambiar las reglas de operación, preocupa que el
presidente quiera otorgar dinero a cada mujer violentada para que se
refugie en un hotel donde estará en mayor riesgo, sin atención y sin
protección.
REFUGIOS EL TRABAJO DE LAS FEMINISTAS
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se concibió por
mucho tiempo como un asunto del espacio privado. En el contexto
internacional, el movimiento de mujeres empujó la expansión de casas de
refugio a partir de los años 1970. En el caso de México, las
organizaciones de mujeres responden a la violencia familiar con la
creación de los refugios en la década de los 90. En 1996 se inauguraron
los dos primeros en México, “Mujer contemporánea” y “Alternativa
pacífica”.
Tres años más tarde se sumaron dos refugios más, cuyas representantes
se reunieron en ese momento para llegar al acuerdo de crear la Red
Nacional de Refugios, con el propósito de unir esfuerzos para atender a
las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia de género en el
ámbito familiar.
El reconocimiento y compromiso del Estado sobre los refugios para
mujeres víctimas de violencia de género quedó establecido en 2007 en la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV). A partir de entonces, se creó la mayor cantidad de refugios,
la ley y su reglamento fueron “un parteaguas” en la atención a la
violencia de género, de acuerdo un diagnóstico de estos espacios hecho
por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
El valor de los refugios ha sido reconocido por el Comité de expertas
de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) quien
desde 2012 en sus recomendaciones al Estado mexicano ha llamado a
reforzar los espacios de atención integral como los refugios para que
otorguen servicios especializados a las mujeres víctimas de violencia.
Cabe destacar que en el año 2018, por ejemplo, existían lineamientos
rígidos para los gastos de los refugios. Asimismo, el Anexo de la
convocatoria destacó que el monto máximo que un refugio de once y más
habitaciones podía gastar en sueldos de enfermería, eran 29 mil 904
pesos por mes. El Centro Nacional de Equidad de Género, organismo que
ejecuta la convocatoria, puede solicitar los elementos probatorios,
físicos y documentales que considere pertinentes para ello.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, Hazel Zamora Mendieta y Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México
