Coaliciones en el Edomex
José Antonio Crespo
No me parece que a estas alturas debamos esperar que el PRI se comporte con principios éticos o democráticos; no está en su naturaleza.
Mientras más nos tratan de convencer los priistas de que no le tienen miedo a las coaliciones, más quedamos ciertos de que, en efecto, le temen a una posible alianza PAN-PRD. Y no sin razón, pues esas alianzas demostraron ser eficaces en tres de los cinco estados donde se formaron, este año. Y cualquier priista sabe que una coalición opositora en el Estado de México bien podría derrotar al candidato de Enrique Peña Nieto, quien ha hecho todo lo que está en sus manos -y lo seguirá haciendo- para impedir que dicha coalición se forme. Y, en caso de formarse, pondrá todas las trabas posibles para evitar que gane en 2011. De ahí que empiece a mencionarse a Peña Nieto como el góber miedoso.
No debiera sorprender ni escandalizar la reforma aplicada en el Estado de México que anula las candidaturas comunes, por más que ha sido una figura de la que también el PRI se ha beneficiado, pero que ahora, evidentemente, no conviene sostener. En todo caso, la aprobación de esa reforma refleja cómo los gobernadores controlan sus feudos y someten a sus "contrapesos" institucionales: como entre el PRI y el PVEM no alcanzaban los votos para aprobar la reforma, echaron mano del siempre bien dispuesto Panal, e incluso de dos diputados de Convergencia, quizá comprados, pues de acuerdo a la añeja sabiduría mexicana, todo lo que en política pueda comprarse con dinero, sale barato.
La reforma electoral mexiquense evoca la que eliminó las candidaturas comunes en 1990 como reacción al frente dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, quien dio un golpe letal al sistema de partido hegemónico. A partir de entonces, los partidos debían enfrentar muchos más requisitos (es decir, más trabas) para aliarse. Las razones para justificar esta reforma son semejantes a las que se blandieron en 1990: a los electores debe ofrecérseles un programa congruente, no sólo un candidato común con una oferta sin pies ni cabeza. Suena bien, pero esa no es la verdadera razón que motivó la reforma. Hay, pues, miedo de por medio (o precaución, si se prefiere). Pero en política no se trata de tener pantalones o exhibir valentonadas (en el discurso quizá, pero no en los hechos). Se trata de mostrar astucia, pragmatismo, pericia para lograr lo que uno desea, dejando de lado cualquier principio moral (que es un árbol que da moras) o escrúpulo que se interponga en el camino. No me parece que a estas alturas debamos esperar que el PRI se comporte con principios éticos o democráticos: no está en su naturaleza (ni en la de la mayoría de los políticos de cualquier partido, a decir verdad). El PAN ya puso la muestra, y en 2006 gritó a los cuatro vientos que de lo que se trata es de ganar, sin importar cómo. El PRI no siente que él deba ser la excepción a esa regla, no escrita, pero absolutamente vigente en nuestro país.
Dicho lo cual, haré el papel nada agradable de abogado del diablo para una parte de la reforma: en efecto, la figura de candidatura común permite que los partidos que postulen al mismo candidato dispongan cada uno de su presupuesto, fijen su tope de gastos y reciban sus tiempos en los medios de comunicación, generando en esa medida cierta inequidad. El candidato de un solo partido tendría los recursos de un solo partido, mientras el candidato común de varios partidos dispondría de todos esos recursos acumulados. Bajo la figura de coalición, ésta contará con las prerrogativas de un solo partido, con lo que se equilibra el terreno.
Pero hay otros aspectos de la reforma que también contribuyen a obstruir un posible triunfo opositor: se reduce el tiempo de campañas para disminuir las probabilidades de que el candidato opositor se dé a conocer (tampoco quizá se conozca al abanderado priista, pero sí a quien fungirá como su claro promotor: el gobernador Peña). Finalmente, y más preocupante en términos democráticos, es incrementar las facultades del secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, quien, de manera totalmente anómala, no es nombrado por los consejeros electorales, sino por una mayoría del Congreso (es decir, el PRI y el PVEM). Ahí sí, con más claridad, se trata de desvirtuar la democracia electoral, y al árbitro de la contienda, cargando los dados a favor del abanderado priista contra sus opositores, coaligados o no. Puede, como quiera, formarse una coalición PAN-PRD, pero estará sujeta a posibles trampas y parcialidad del árbitro, fórmula que hoy día a veces resulta exitosa (Hidalgo, Durango), a veces no (Oaxaca, Puebla, Sinaloa).
No me parece que a estas alturas debamos esperar que el PRI se comporte con principios éticos o democráticos; no está en su naturaleza.
Mientras más nos tratan de convencer los priistas de que no le tienen miedo a las coaliciones, más quedamos ciertos de que, en efecto, le temen a una posible alianza PAN-PRD. Y no sin razón, pues esas alianzas demostraron ser eficaces en tres de los cinco estados donde se formaron, este año. Y cualquier priista sabe que una coalición opositora en el Estado de México bien podría derrotar al candidato de Enrique Peña Nieto, quien ha hecho todo lo que está en sus manos -y lo seguirá haciendo- para impedir que dicha coalición se forme. Y, en caso de formarse, pondrá todas las trabas posibles para evitar que gane en 2011. De ahí que empiece a mencionarse a Peña Nieto como el góber miedoso.
No debiera sorprender ni escandalizar la reforma aplicada en el Estado de México que anula las candidaturas comunes, por más que ha sido una figura de la que también el PRI se ha beneficiado, pero que ahora, evidentemente, no conviene sostener. En todo caso, la aprobación de esa reforma refleja cómo los gobernadores controlan sus feudos y someten a sus "contrapesos" institucionales: como entre el PRI y el PVEM no alcanzaban los votos para aprobar la reforma, echaron mano del siempre bien dispuesto Panal, e incluso de dos diputados de Convergencia, quizá comprados, pues de acuerdo a la añeja sabiduría mexicana, todo lo que en política pueda comprarse con dinero, sale barato.
La reforma electoral mexiquense evoca la que eliminó las candidaturas comunes en 1990 como reacción al frente dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, quien dio un golpe letal al sistema de partido hegemónico. A partir de entonces, los partidos debían enfrentar muchos más requisitos (es decir, más trabas) para aliarse. Las razones para justificar esta reforma son semejantes a las que se blandieron en 1990: a los electores debe ofrecérseles un programa congruente, no sólo un candidato común con una oferta sin pies ni cabeza. Suena bien, pero esa no es la verdadera razón que motivó la reforma. Hay, pues, miedo de por medio (o precaución, si se prefiere). Pero en política no se trata de tener pantalones o exhibir valentonadas (en el discurso quizá, pero no en los hechos). Se trata de mostrar astucia, pragmatismo, pericia para lograr lo que uno desea, dejando de lado cualquier principio moral (que es un árbol que da moras) o escrúpulo que se interponga en el camino. No me parece que a estas alturas debamos esperar que el PRI se comporte con principios éticos o democráticos: no está en su naturaleza (ni en la de la mayoría de los políticos de cualquier partido, a decir verdad). El PAN ya puso la muestra, y en 2006 gritó a los cuatro vientos que de lo que se trata es de ganar, sin importar cómo. El PRI no siente que él deba ser la excepción a esa regla, no escrita, pero absolutamente vigente en nuestro país.
Dicho lo cual, haré el papel nada agradable de abogado del diablo para una parte de la reforma: en efecto, la figura de candidatura común permite que los partidos que postulen al mismo candidato dispongan cada uno de su presupuesto, fijen su tope de gastos y reciban sus tiempos en los medios de comunicación, generando en esa medida cierta inequidad. El candidato de un solo partido tendría los recursos de un solo partido, mientras el candidato común de varios partidos dispondría de todos esos recursos acumulados. Bajo la figura de coalición, ésta contará con las prerrogativas de un solo partido, con lo que se equilibra el terreno.
Pero hay otros aspectos de la reforma que también contribuyen a obstruir un posible triunfo opositor: se reduce el tiempo de campañas para disminuir las probabilidades de que el candidato opositor se dé a conocer (tampoco quizá se conozca al abanderado priista, pero sí a quien fungirá como su claro promotor: el gobernador Peña). Finalmente, y más preocupante en términos democráticos, es incrementar las facultades del secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, quien, de manera totalmente anómala, no es nombrado por los consejeros electorales, sino por una mayoría del Congreso (es decir, el PRI y el PVEM). Ahí sí, con más claridad, se trata de desvirtuar la democracia electoral, y al árbitro de la contienda, cargando los dados a favor del abanderado priista contra sus opositores, coaligados o no. Puede, como quiera, formarse una coalición PAN-PRD, pero estará sujeta a posibles trampas y parcialidad del árbitro, fórmula que hoy día a veces resulta exitosa (Hidalgo, Durango), a veces no (Oaxaca, Puebla, Sinaloa).
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