Envía memorando a las autoridades mexicanas
Redacción
México, DF. 23 sep 10 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) urgió al Congreso de la Unión mexicano, a priorizar las reformas que tiene pendientes en materia de derechos humanos y jurisdicción militar, para que los militares que cometen violaciones a derechos humanos contra civiles sean juzgados por tribunales civiles.
En un memorando, el organismo internacional se dirigió a las autoridades mexicanas para urgir que se adopten reformas esenciales durante la LXI Legislatura con el objetivo de que México armonice sus normas internas con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
Calificó como de trascendental el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos del Ejército en 1974.
“El hecho de que la justicia militar siga operando de forma tan amplia es en sí mismo un muestra de la falta de cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos”, asintió el organismo.
Para AI, el cumplimiento de esta sentencia, sentaría precedentes para otros casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas armadas, como las violaciones sexuales contra mujeres, allanamientos, detenciones arbitrarias y tortura.
Cabe recordar que México tiene pendiente una sentencia en la CoIDH por el caso de la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés y Valentina, cometida por militares en 2002.
También tiene pendiente, desde hace 9 años, una recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también por violación sexual cometida por militares, contra 3 hermanas tzeltales, durante un retén en 1994.
El organismo reiteró que la aplicación de la jurisdicción militar ha impedido que las investigaciones en estos casos prosperen, por ello instó a que se reforme el Código de Justicia Militar para que la investigación, juicio y sanción de las violaciones de los derechos humanos siempre sean competencia de la justicia civil.
De acuerdo con AI, las y los legisladores tienen una deuda con la sociedad mexicana, y deben trabajar para evitar que la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos se vea obstaculizada por la falta de reconocimiento explícito de su rango constitucional.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos que el Senado aprobó en marzo pasado y que debe ser ratificada por la Cámara de Diputados, pretende instaurar la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por México, por ello su importancia.
Por tal razón, AI aseveró que estos cambios legislativos representarían un paso esencial para que los derechos sean exigibles ante todas las autoridades mexicanas, así se trate de ejecutivas, legislativas o judiciales.
“Es tiempo ya de poner en práctica las obligaciones internacionales de derechos humanos en todos los ámbitos de la legislación mexicana, y que estos derechos sean accesibles a todas las personas”, afirmó el organismo.
México ha jugado un papel importante en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, “sin embargo, todavía no ha incorporado todas las obligaciones adquiridas en el derecho interno del país”, sentenció AI.
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