Pronunciamiento del II Congreso Latinoamericano sobre trata
Elizabeth Muñoz Vasquez, enviada
Puebla, Pue. 24 sep. 10 (CIMAC).- Con una condena a las autoridades de Puebla, México y Latinoamérica, que han reprimido a aquellas personas que se atreven a denunciar y combatir el delito de trata, y a la masacre de los migrantes centroamericanos ejecutados hace unas semanas en San Fernando, Tamaulipas, concluyó aquí el II Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas: Migración, Género y Derechos Humanos.
Raquel Pastor, Secretaria Académica del Segundo Congreso y representante del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos AC de México, al dar lectura al pronunciamiento precisó que las y los integrantes al evento condenan “los hechos que violentan los derechos humanos, la migración forzada, el aumento de casos de trata en la región”.
Demandamos, dijo, las investigaciones correspondientes exhaustivas para que los crímenes de Tamaulipas, no queden en la impunidad y sean restituidos los derechos de las familias de las víctimas.
De igual manera dijo, “condenamos también los actos represivos y de persecución en contra de aquellas personas que se atreven a denunciar, como los que llevan a cabo algunos gobernantes en Puebla, México y Latinoamérica para acallar y encubrir la vulneración de los derechos de las niñas víctimas de explotación sexual.
Subrayó que las y los asistentes se pronunciaron porque los países latinoamericanos avancen en la reforma a sus sistemas de procuración y aplicación de justicia, para que en la tipificación, persecución y calificación del delito de trata de personas esté centrado en la protección de la dignidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Se fomenten investigaciones académicas con participación de actores civiles y gubernamentales para la generación de conocimientos, políticas públicas y protocolos de actuación e investigación judicial que estén centrados en las personas que padecen los delitos de trata y trafico.
Se destinen presupuestos de parte de los Estados a fondos de financiamiento y además se regulen el uso de los fondos públicos creados para la persecución de delito, la prevención adaptada a la realidad de cada país y región y la atención a las victimas de trata.
Se exige que los Estados atiendan las propuestas y experiencias desarrolladas por las organizaciones de la sociedad civil y asuman aquellas prácticas que han resultado exitosas en la atención y prevención de la trata de personas, y que específicamente Paraguay y Chile, aprueben leyes especiales e integrales contra este delito, pues son los únicos países de América Latina que aún no lo han hecho.
Se demanda que las universidades fomenten la investigación académica y científica sobre la trata y el tráfico de personas, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, para exigir a los Estados la generación de datos para las investigaciones y el diseño de metodologías adecuadas para la atención y prevención de la trata de personas.
Se brindó el apoyo a las organizaciones de Puebla y Tlaxcala que han elaborado una Agenda para la Protección de las Mujeres y los Niños y contra la Trata de Personas en ambas entidades y demandan castigo a las autoridades de cualquier nivel y representantes populares que se han visto beneficiados de este delito.
gualmente, se anunció la constitución del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas con el fin de poner en común las investigaciones realizadas en Latinoamérica, crear una página Web para difundir y compartir información que generen las organizaciones integrantes, y generar espacio de diálogo y reflexión entre diferentes actores antes y después de cada Congreso y la creación de un sistema de indicadores.
El III Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, se llevará a cabo en Lima, Perú en 2012 y los temas a analizar serán “Acceso a la Justicia y Restitución de Derechos”.
La presidencia del Comité Organizador del evento, estará bajo la responsabilidad de Oscar Castro Soto, director del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria SJ, de la Universidad Iberoaméricana de Puebla.
Como secretaria Técnica, fue nombrada Tammy Quintanilla Zapata, directora del Movimiento El Pozo en Perú y coordinadora de la ejecución de 21 proyectos de desarrollo contra la trata de mujeres y explotación sexual comercial de 2001 al 2010
Oscar Castro informó que al Congreso asistieron 600 personas, se presentaron de 250 ponencias, y se impartieron siete conferencias magistrales, relacionadas a los temas de Migración, Género y Derechos Humanos. Los trabajos fueron clausurados por el Rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos.
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