Espacio civil | Emilio Álvarez Icaza L.
La situación de la libertad de expresión en México está en una aguda crisis. Homicidios, levantones, desapariciones, secuestros, golpizas, ataques a/o delante de familiares, granadazos, tiroteos, amenazas cumplidas y pendientes no son un catálogo de delitos y prácticas de las más oscuras etapas del autoritarismo mexicano, son sólo parte de una larga y patética lista de ataques que están viviendo los periodistas y medios de comunicación de este país.
Y ante esto, la respuesta del Estado mexicano ha tenido dos características principales:
a) Teflónica. Nos ha brindado joyas y perlas del “bateo” y del resbale, en el mejor estilo de la cultura teflónica y de endose de la problemática a los periodistas, a saber: “Es que es un asunto personal”, “es que estaba vinculado al crimen”, “en realidad no eran periodistas (sólo eran mujeres dos indígenas de una radio comunitaria)”, “es que el tema no está claro, hay cosas muy raras…”
La reciente intervención de Alejandro Poiré, a quien se le reconoce como uno de los hombres más inteligentes cercanos al Presidente, en relación al editorial de El Diario de Juárez es sólo una muestra de esto;
b) Incapacidad e ineptitud institucional. La extraordinariamente deficiente actuación en materia de prevención del delito y procuración, administración e impartición de justicia para castigar a los responsables de los delitos en contra de comunicadores y medios; el reino de la impunidad. El buque insignia del desastre institucional lo representa la patética actuación de las fiscalías responsables del tema en la PGR, sin menoscabo del desastre en algunos estados como Chihuahua.
Y es que justamente la impunidad imperante genera más violencia y más delitos. Los periodistas viven una realidad en la que las amenazas se cumplen. Se construye así una auténtica espiral de destrucción y muerte.
No se asume que mientras no haya culpables por los delitos en contra de periodistas y medios de comunicación, más se afecta nuestra democracia.Así la moraleja es: se es periodista o se ejerce el periodismo (individual o colectivamente) por cuenta y riesgo, el Estado está ausente, como exhibió El Diario de Juárez en su dramático editorial.La oferta, una vez más, de la federalización de los delitos en contra de periodistas, así como el anuncio de un programa de protección a periodistas para octubre, dan alguna luz en medio de esta oscuridad. Se precisan urgentemente acciones decididas que cambien la situación. Mientras más se tarde esta respuesta, más vidas se perderán
.PARÉNTESIS: Ni una línea…, ni una mención dedicó el vocero gubernamental en su conferencia a los familiares de los periodistas atacados de El Diario de Juárez . Tampoco una línea de condolencia al periódico… Derroche de sensibilidad.
Y ante esto, la respuesta del Estado mexicano ha tenido dos características principales:
a) Teflónica. Nos ha brindado joyas y perlas del “bateo” y del resbale, en el mejor estilo de la cultura teflónica y de endose de la problemática a los periodistas, a saber: “Es que es un asunto personal”, “es que estaba vinculado al crimen”, “en realidad no eran periodistas (sólo eran mujeres dos indígenas de una radio comunitaria)”, “es que el tema no está claro, hay cosas muy raras…”
La reciente intervención de Alejandro Poiré, a quien se le reconoce como uno de los hombres más inteligentes cercanos al Presidente, en relación al editorial de El Diario de Juárez es sólo una muestra de esto;
b) Incapacidad e ineptitud institucional. La extraordinariamente deficiente actuación en materia de prevención del delito y procuración, administración e impartición de justicia para castigar a los responsables de los delitos en contra de comunicadores y medios; el reino de la impunidad. El buque insignia del desastre institucional lo representa la patética actuación de las fiscalías responsables del tema en la PGR, sin menoscabo del desastre en algunos estados como Chihuahua.
Y es que justamente la impunidad imperante genera más violencia y más delitos. Los periodistas viven una realidad en la que las amenazas se cumplen. Se construye así una auténtica espiral de destrucción y muerte.
No se asume que mientras no haya culpables por los delitos en contra de periodistas y medios de comunicación, más se afecta nuestra democracia.Así la moraleja es: se es periodista o se ejerce el periodismo (individual o colectivamente) por cuenta y riesgo, el Estado está ausente, como exhibió El Diario de Juárez en su dramático editorial.La oferta, una vez más, de la federalización de los delitos en contra de periodistas, así como el anuncio de un programa de protección a periodistas para octubre, dan alguna luz en medio de esta oscuridad. Se precisan urgentemente acciones decididas que cambien la situación. Mientras más se tarde esta respuesta, más vidas se perderán
.PARÉNTESIS: Ni una línea…, ni una mención dedicó el vocero gubernamental en su conferencia a los familiares de los periodistas atacados de El Diario de Juárez . Tampoco una línea de condolencia al periódico… Derroche de sensibilidad.
De pactos y heroísmo
José Antonio Crespo
El editorial de El Diario señala que no se trata de una rendición o claudicación, sino de una tregua o pacto de s
upervivencia.Muy molesto se mostró el gobierno federal ante el editorial de El Diario de Juárez, que reconoció como "autoridad de facto" a los capos en la región, al preguntar las condiciones en las cuales ya no sería molestado ese periódico. El editorial señala que no se trata de una rendición o claudicación, sino de una tregua o pacto de supervivencia. Pero también es una severa denuncia pública por la ineficacia de las autoridades que "han demostrado su objetiva incompetencia" y por "el vacío que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en que no hay garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad" (17/IX/10).
El gobierno, a través del vocero de Seguridad, Alejandro Poiré, regañó al rotativo juarense: "No cabe de modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales que son justamente los que provocan la angustia de la población" (20/IX/10). Se puede estar de acuerdo en que el gobierno no debiera pactar con los criminales ni terroristas, pero me parece que ese principio no es aplicable en automático a individuos o empresas. Poiré aclara que no se espera ni martirio ni heroísmo de los ciudadanos. ¿Pero acaso hay un punto intermedio entre la sobrevivencia y el martirio heroico? Si se tiene enfrente a un poderoso cártel, con la disposición y capacidad para desaparecer a quien quiera, y por el otro lado el Estado no garantiza ni de lejos la seguridad, ¿se puede pedir entereza, es decir, heroísmo, es decir, sacrificio y riesgo de la propia vida por un principio en abstracto? ¿O se puede decir que no a los narcos a sus extorsiones e intimidaciones, sin arriesgar "heroicamente" la vida? ¿Hay lugar para el punto intermedio entre la resignación y el heroísmo? ¿Cuál es?
El Diario apeló a una racionalidad elemental en su decisión de aceptar las condiciones del narco para evitar nuevas amenazas y ejecuciones: "En este momento no le hallamos sentido a seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros para que sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de mensajes entre las diversas organizaciones, o de éstas hacia las autoridades oficiales".
Es decir, ante la indefensión en que muchos se hayan, se impone proteger la vida propia, de la familia y los empleados, por encima de un principio abstracto como lo es el de "no se debe pactar" (ni rendirse ni proponer treguas ni nada que se le parezca). Se podrá decir que, para "ganar" la guerra, ese tipo de racionalidad particularista se constituye en un obstáculo, porque lo importante es la seguridad de la nación en su conjunto y el triunfo sobre los capos (algo así como "la patria es primero").
Pero aun suponiendo que esa exigencia fuera válida (no lo es para mí), entonces, y como ya ha sido señalado, ¿por qué el gobierno aceptó no investigar el secuestro de Diego Fernández de Cevallos? ¿No fue una forma de pactar con los secuestradores como medio racional para proteger la vida de Diego antes que cumplir con la premisa fundamental de que el Estado debe aplicar la ley? ¿Por qué el gobierno pide a los ciudadanos una actitud y compromiso que él mismo no muestra? ¿No los pactos de antaño (y seguramente vigentes en muchos países consumidores de drogas) muestran también esa racionalidad, la de proteger a los ciudadanos, las instituciones, la seguridad pública, frente a un inasible y poderoso adversario (más que una "ridícula minoría), invencible por la vía armada?
El diputado local del PRI y presidente del Congreso de Chihuahua, Fernando Rodríguez Moreno, reconoció: "El Diario tiene razón, ni cómo negársela; es la representación de una sociedad que todos los días sufre los efectos de la violencia y que ve cómo los tres órdenes de gobierno les hemos fallado" (20/IX/10). De nuevo, el problema rebasa la estrategia actual del gobierno, pues como recién escribieron Mauricio Cárdenas y Kevin Casas (ex ministro en Colombia y ex vicepresidente de Costa Rica, respectivamente): "No importa cuántos soldados ponga en pie de guerra contra los cárteles; si el Estado mexicano no reconstruye desde la base sus instituciones policiales y judiciales, no existe ninguna posibilidad de que pueda revertir la proliferación del crimen organizado o de la violencia que va aparejada con él" (Reforma, 21/IX/10). En efecto, mientras la gran debilidad y gran corrupción de nuestras instituciones no sean resueltas (y no es posible en poco tiempo) no se podrá avanzar, con o sin Ejército en las calles, con centralización o descentralización policiaca
El editorial de El Diario señala que no se trata de una rendición o claudicación, sino de una tregua o pacto de s
upervivencia.Muy molesto se mostró el gobierno federal ante el editorial de El Diario de Juárez, que reconoció como "autoridad de facto" a los capos en la región, al preguntar las condiciones en las cuales ya no sería molestado ese periódico. El editorial señala que no se trata de una rendición o claudicación, sino de una tregua o pacto de supervivencia. Pero también es una severa denuncia pública por la ineficacia de las autoridades que "han demostrado su objetiva incompetencia" y por "el vacío que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en que no hay garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad" (17/IX/10).El gobierno, a través del vocero de Seguridad, Alejandro Poiré, regañó al rotativo juarense: "No cabe de modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales que son justamente los que provocan la angustia de la población" (20/IX/10). Se puede estar de acuerdo en que el gobierno no debiera pactar con los criminales ni terroristas, pero me parece que ese principio no es aplicable en automático a individuos o empresas. Poiré aclara que no se espera ni martirio ni heroísmo de los ciudadanos. ¿Pero acaso hay un punto intermedio entre la sobrevivencia y el martirio heroico? Si se tiene enfrente a un poderoso cártel, con la disposición y capacidad para desaparecer a quien quiera, y por el otro lado el Estado no garantiza ni de lejos la seguridad, ¿se puede pedir entereza, es decir, heroísmo, es decir, sacrificio y riesgo de la propia vida por un principio en abstracto? ¿O se puede decir que no a los narcos a sus extorsiones e intimidaciones, sin arriesgar "heroicamente" la vida? ¿Hay lugar para el punto intermedio entre la resignación y el heroísmo? ¿Cuál es?
El Diario apeló a una racionalidad elemental en su decisión de aceptar las condiciones del narco para evitar nuevas amenazas y ejecuciones: "En este momento no le hallamos sentido a seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros para que sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de mensajes entre las diversas organizaciones, o de éstas hacia las autoridades oficiales".
Es decir, ante la indefensión en que muchos se hayan, se impone proteger la vida propia, de la familia y los empleados, por encima de un principio abstracto como lo es el de "no se debe pactar" (ni rendirse ni proponer treguas ni nada que se le parezca). Se podrá decir que, para "ganar" la guerra, ese tipo de racionalidad particularista se constituye en un obstáculo, porque lo importante es la seguridad de la nación en su conjunto y el triunfo sobre los capos (algo así como "la patria es primero").
Pero aun suponiendo que esa exigencia fuera válida (no lo es para mí), entonces, y como ya ha sido señalado, ¿por qué el gobierno aceptó no investigar el secuestro de Diego Fernández de Cevallos? ¿No fue una forma de pactar con los secuestradores como medio racional para proteger la vida de Diego antes que cumplir con la premisa fundamental de que el Estado debe aplicar la ley? ¿Por qué el gobierno pide a los ciudadanos una actitud y compromiso que él mismo no muestra? ¿No los pactos de antaño (y seguramente vigentes en muchos países consumidores de drogas) muestran también esa racionalidad, la de proteger a los ciudadanos, las instituciones, la seguridad pública, frente a un inasible y poderoso adversario (más que una "ridícula minoría), invencible por la vía armada?
El diputado local del PRI y presidente del Congreso de Chihuahua, Fernando Rodríguez Moreno, reconoció: "El Diario tiene razón, ni cómo negársela; es la representación de una sociedad que todos los días sufre los efectos de la violencia y que ve cómo los tres órdenes de gobierno les hemos fallado" (20/IX/10). De nuevo, el problema rebasa la estrategia actual del gobierno, pues como recién escribieron Mauricio Cárdenas y Kevin Casas (ex ministro en Colombia y ex vicepresidente de Costa Rica, respectivamente): "No importa cuántos soldados ponga en pie de guerra contra los cárteles; si el Estado mexicano no reconstruye desde la base sus instituciones policiales y judiciales, no existe ninguna posibilidad de que pueda revertir la proliferación del crimen organizado o de la violencia que va aparejada con él" (Reforma, 21/IX/10). En efecto, mientras la gran debilidad y gran corrupción de nuestras instituciones no sean resueltas (y no es posible en poco tiempo) no se podrá avanzar, con o sin Ejército en las calles, con centralización o descentralización policiaca
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