Los reactivitos y "El Diario" de Juárez

Detrás de la Noticia | Ricardo Rocha

Son por lo general pequeñitos —sobre todo de estatura moral— que nunca han sido activos, pero sí reactivos. Todos, como sus jefes —oficiales y extraoficiales— tienen la piel muy delicadita. Por ello se les para la crestita al menor roce de un pétalo de crítica al gobierno al que sirven. Incluso suelen ser más hipócritamente sensibles que sus mismos patrones.

El prototipo del reactivito encarna ahora a la perfección en el ínclito vocero del Gabinete de Seguridad. Ilustre desconocido hasta hace poco, quien ahora goza sus 15 minutos de fama. Me dicen, por cierto, que en su cubículo del ITAM, este politólogo graduado en Harvard era francamente brillante. No lo dudo. Como tampoco dudo que en su nuevo cargo ha sido desastroso.

Porque, a ver: de parte de quién los periodistas habríamos de aceptar —con tonito de yuppie perdonavidas— un regaño de alguien que ni remotamente ha estado jamás en una situación de riesgo y que no conoce el país más allá de la pantalla de su compu, ¿ves?

Además, ofensivo, porque con sensibilidad hipopotámica dice que el asesinato de Luis Carlos Santiago es por motivos personales. Si está tan seguro, ¿por qué no nos presenta a los criminales en uno de esos shows que al gobierno le salen tan bien?

Por añadidura, la respuesta calderonista a través del señor Poiré es absolutamente tramposa al rasgarse las vestiduras diciendo que "no cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales". Primero porque El Diario de Juárez establece claramente que no se trata de una rendición o siquiera una claudicación; así que lo que molesta e irrita al gobierno es el hecho mismo de que el editorial se dirija a "las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez… frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses".

Pero lo que verdaderamente ha provocado las iras en el Olimpo sexenal ha sido —no nos hagamos señor Poiré— un párrafo del mismísimo editorial al que con todo propósito ni se refieren. Y es el que establece: "…el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió —sin una estrategia adecuada— a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo, ni las consecuencias que esta confrontación podría traer al país. Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos —y de manera particular los juarenses— han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados hasta ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías". Este fue en la realidad el revulsivo para los reactivitos.

Y ahora que me acuerdo, ¿no es un acto de hipocresía gigantesco indignarse por un pacto con criminales, cuando eso y no otra cosa han hecho en el caso Diego? Ahí, además de imponer un bozal a muchos medios, atropellaron la ley al retirar a la PGR de una investigación obligada con el pretexto de no entorpecer la negociación de la familia con los secuestradores. ¿No es eso pactar con criminales?

El Diario de Juárez y la impunidad

Adolfo Sánchez Rebolledo

La respuesta del gobierno federal a El Diario de Juárez es inaudita: en lugar de recoger el guante para apoyar a los periodistas acosados por la delincuencia, el vocero oficial prefirió el regaño fácil, la apresurada descalificación de una voz autorizada que reclama con desesperación menos discursos y más efectividad. En pocas palabras: la autoridad no se hizo cargo de la gravedad del asunto y lo trasladó, una vez más, al esquema que le permite asegurar que el Estado está ganando la guerra a la delincuencia organizada. Al gobierno no le preocupa tanto que El Diario pacte una supuesta tregua informativa con los asesinos de los dos reporteros que han caído en los dos últimos años, sino la caracterización de la situación que se vive en ese estado fronterizo. Le resulta intolerable que se diga que “ustedes (la delincuencia) son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”. Y menos admisible le resulta al gobierno esta descarnada opinión: “la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada– a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país… En ese contexto, los periodistas también fueron arrastrados a esta lucha sin control (… pues) nunca recibieron de su gobierno los ‘mecanismos de protección especial’ que subrayó como indispensables”. Como era previsible, el debate se ha centrado en el tema de la libertad de expresión, asunto vital si los hay. Pero no se trata sólo de un episodio entre otros importantes de la secular lucha por garantizar ese derecho. En rigor, para comprender mejor las razones de la valiente denuncia de El Diario, convendría recordar que estamos ante una situación límite originada en una terrible historia que, podría decirse, condiciona, determina desde hace años, la vida toda en esa región.

En la ciudad ya no hay zonas seguras (para hallarlas hay que cruzar la frontera), aunque la violencia radica y se multiplica en los barrios marginales donde años de marginación han forjado una sociedad gelatinosa, fragmentada, sin horizontes. Allí se reclutan y adiestran los halcones, los pandilleros-soldados de las bandas, implacable poder reinante en buena parte de la frontera: es la base sociológica sobre la cual se alza el imperio de la violencia que se extiende copando los cuerpos de seguridad, la justicia. Los ciudadanos de esta urbe (y otras regiones del norte) llevan años sufriendo las consecuencias de ese crecimiento exponencial del delito asociado al control de su territorio como puerta de paso hacia el gran mercado de las drogas: en Juárez se despliega el fenómeno ominoso de los feminicidios que escandalizan al mundo pero no iluminan a las autoridades, siempre lentas, descuidadas, insensibles y, al final, solapadoras. Y no fue por falta de avisos oportunos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró en un amplio informe de 2002 que desde 1993 las mujeres que viven en Ciudad Juárez tienen miedo, subrayando el aumento del delito impulsado por el crimen organizado y el narcotráfico. Si algo se hizo para impedir la pérdida de cohesión social es obvio que no tuvo éxito, como se demuestra con la reiteración de las finalidades contenidas en el Plan Todos somos Juárez, que busca disminuir la violencia atendiendo a los jóvenes como punto de partida de la recomposición social. Pero la criminalidad no baja. En una nota reciente, El Diario de Juárez informa que tan sólo en esta frontera, de 2 mil 236 asesinatos que se han cometido en lo que va de 2010, sólo ha judicializado 67, apenas 3 por ciento de los casos, y no todos han sido resueltos ni sentenciados.

Este fracaso se explica por el distanciamiento del Estado respecto de la población y sus problemas. Se trata de una crisis real, pues la impunidad se sustenta en una larga historia de complicidades políticas amparadas por la corrupción y, si hemos de creer al general Carrillo Olea, colaborador de este diario, por el desmantelamiento en los años 90 de los aparatos de inteligencia, concomitante, añado, con la caída brutal de la economía y la expansión de las migraciones hacia el norte. Ese es el tema de fondo que acompaña y limita el curso de la guerra cotidiana contra los cárteles, la razón por la cual se pervierten otras formas de actuación de la justicia en general y se tambalean los supuestos estratégicos que animan a las autoridades.

El gobierno federal y las autoridades estatales y municipales siguen sumergidos en la falta de transparencia y la desinformación. La respuesta oficial a El Diario de Juárez se resiste a reconocer los hechos, menos aún a comprender el estado de ánimo de las víctimas. Pero ya son demasiados los casos de interpretación errónea como para considerarlos simples accidentes en un terreno escarpado: es la ceguera derivada del subjetivismo, la confusión entre interpretación y propaganda. De nuevo, la soledad del poder frente a la sociedad civil.

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