Escrito por Jenaro Villamil
Anclado
en la contradicción permanente entre su estilo de gobernar en el Estado
de México (donde encabezó una de las administraciones más opacas y sin
rendición e cuentas) y la nueva imagen de futuro mandatario demócrata y
transparente que quiere ofrecer antes de tomar posesión el 1 de
diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto presentó el 10 de septiembre la
primera de sus tres iniciativas de reforma constitucional para impulsar
“reformas estructurales”.
La primera iniciativa de Peña Nieto
como presidente electo consiste en la ampliación de facultades del
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), incluyendo
su posibilidad de emprender acciones de anticonstitucionalidad, atraer
“asuntos de relevancia nacional”, así como incrementar de 5 a 7 el
número de consejeros integrantes del organismo colegiado de dirección
del IFAI, y la posibilidad de que indague sobre los recursos que
manejan los fideicomisos y los partidos políticos, pero no los
sindicatos.
El coordinador general de su equipo de
transición, Luis Videgaray, detalló que la iniciativa incluye reformas
a varios artículos de la Constitución, empezando por el 6º., que regula
la libertad de expresión, así como los artículos 73, 76, 78, 89, 105,
110, 111, 116 y 122 de la Carta Magna.
“Al
dotarle de autonomía constitucional se amplía su radio de acción”,
afirmó Videgaray en la conferencia de prensa para dar a conocer la
iniciativa. El IFAI podrá vigilar la transparencia de otros poderes
(Legislativo y Judicial), así como a entidades y municipios, advirtió
el coordinador general de la campaña de Peña Nieto.
La iniciativa de transparencia light
de Peña Nieto propone ampliar de 5 a 7 los integrantes de los
comisionados del IFAI, organismo que tendría autonomía constitucional,
similar a la de la CNDH y otros organismos autónomos. Sin embargo, será
el Ejecutivo federal el que tendrá la facultad de proponer ante el
Senado a los candidatos a consejeros.
En otras iniciativas en materia de
transparencia, como la propuesta por el actual senador perredista
Alejandro Encinas, la designación de los 7 consejeros del IFAI se
realizará de manera escalonada por el voto de “las dos terceras partes”
de los integrantes de la Cámara de Senadores, y no de la “mayoría” (50
por ciento más uno), como establece la reforma peñista. En la
designación de los consejeros, Encinas le quita la facultad exclusiva
de propuesta al Ejecutivo federal y plantea que los comisionados del
actual IFAI “participen en el proceso de selección, sin mayores
requisitos que los que debieron cubrir para su designación actual”.
La “Línea” del Banco Mundial
Como no queriendo la cosa, en la página
10 de la exposición de motivos de la iniciativa (una argumentación
bastante pobre, por cierto), la reforma legal de Peña Nieto deja claro
que se trata de quedar bien con organismos financieros internacionales:
“El Banco Mundial, el Fondo Monetaria
Internacional y recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo,
han implementado políticas internas de acceso a la información para
legitimar su toma de decisiones, al tiempo que promueven en sus países
miembros la adopción de marcos normativos ad-hoc como parte de los esfuerzos encaminados a incrementar la transparencia y reducir la corrupción.
“Recientemente ha surgido un movimiento
internacional por la creación de la Alianza por el Gobierno Abierto de
la cual México forma parte. Dicho movimiento da un nuevo sentido y
aliento hacia la rendición de cuentas a través de mecanismos activos,
echando mano de las nuevas tecnologías e involucrando a la sociedad
civil”.
A pesar de este último enunciado, la
iniciativa de Peña Nieto no menciona en ninguno de sus postulados la
incorporación de las redes web 2.0 o la web 3.0 para incrementar la
vigilancia ciudadana hacia el uso de los recursos públicos, el acceso a
la información sobre licitaciones o sobre contratos que aún siguen
manteniéndose bajo el principio de la máxima opacidad.
Desde hace diez años, cuando el
Congreso aprobó la actual Ley Federal de Acceso a la Información
Pública, el gobierno de Vicente Fox tuvo que aceptar la reforma
establecida por la sociedad civil, a través del Grupo Oaxaca, porque no
quería tener problemas con el Banco Mundial ni con el FMI. La
“transparencia” se convirtió en una condicionante de estos organismos
para otorgar líneas de crédito y “palomear” al primer gobierno panista.
Candados de Seguridad Nacional
Bajo los aspectos aparentemente amables
y lobales de su iniciativa, Peña Nieto encubre un objetivo más
importante: legalizar candados de opacidad, bajo el argumento de que se
trata de preservar la seguridad nacional. Y el responsable de
establecer estos criterios será la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
En la página 18 de la exposición de
motivos, la iniciativa establece que se propone un recurso “especial y
excepcional” para resolver asuntos “que pueden implicar condiciones
especialmente delicadas que afecten o puedan afectar el interés
nacional”.
Para resolver estas situaciones, la iniciativa sólo enuncia lo siguiente:
“En el caso de que este conflicto se
presentara, y con el propósito de contar con un mecanismo expedito que
permita resolver una diferencia a este respecto, la ley deberá
establecer un procedimiento que permita que éste sea resuelto de manera
definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo
tribunal deberá hacer un juicio sobre si la materia controvertida en
efecto cabe dentro del concepto de seguridad nacional, así como señalar en su resolución el alcance de la afectación y, en su caso, las modalidades de reserva de la información en cuestión”.
En otras palabras, Peña Nieto delega en
la Suprema Corte de Justicia y no en el nuevo, autónomo y con
facultades ampliadas Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (IFAI), los criterios para
determinar cuándo una información debe ser reservadas por razones de
seguridad nacional.
La iniciativa limita a un puñado de
representantes de Poderes de la Unión la posibilidad de interponer ante
el máximo tribunal del país, algún tipo de controversias de este tipo.
“Por su naturaleza, este recurso extraordinario ante la Corte por lo que la legitimidad para interponer debe estar limitada. Por
ello, propongo que sólo lo pueda interponer el Presidente de la Cámara
de Diputados, el Presidente de la Cámara de Diputados y los Presidentes
de los organismos con autonomía constitucional. En el caso de la
Administración Pública Federal, el único legitimado para interponer
sería el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal”, advierte la
iniciativa.
Opacidad Sindical
Sobre la ampliación de facultades del
IFAI para incidir en las cuentas de los sindicatos y otros organismos
caracterizados por su opacidad nada se mencionó. En el evento peñista,
estuvieron presentes varios de los dirigentes sindicales priistas que
llegaron a la Cámara alta como Carlos Romero Deschamps, del sindicato
petrolero, o Joel Ayala, dirigente de la FTSE, cuyos liderazgos se han
caracterizado por un alto grado de corrupción.
A la usanza de los viejos tiempos de la
“línea presidencial”, Peña Nieto agradeció la “gran disposición” de la
fracción de los senadores del PRI y de su dirigente, Emilio Gamboa
Patrón para concretar las iniciativas, aunque la mayoría de los
legisladores presentes no conocían los detalles de las reformas
propuestas.
En su intervención, el presidente
electo afirmó que a través de este acto “acreditamos estar unidos” y
que se trata de “transitar de lo que ha sido una democracia electoral a
una democracia de resultados”.
“Es tiempo de dar un nuevo salto”,
afirmó Peña Nieto y consideró que este gran salto será darle mayores
facultades al IFAI y asegurar su “desvinculación orgánica” de la
administración pública federal.
El coordinador de la bancada del PRI en
el Senado, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que ése era un día “muy
especial” y que los legisladores se sentían “muy halagados” porque
recibieron una iniciativa que “permitirá ampliar el ámbito
competicional (sic) a los tres órdenes de gobierno”.
La Herencia Peñista
Hace siete años, cuando Enrique Peña
Nieto inició su gestión como gobernador del Estado de México una de sus
primeras medidas fue vetar una iniciativa de ampliación de facultades
al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México (ITAIPEM) por considerar que se “extralimitaba” en sus
factultades.
Su gobierno consideró como violatorio
del artículo 146 Constitucional la posibilidad de que el ITAIPEM diera
a conocer los “contratos” públicos entre el gobierno de Arturo Montiel,
su antecesor, y los principales grupos mediáticos, empezando por Grupo
Televisa.
El 13 de octubre de 2005, a escasos
meses de tomar posesión como gobernador constitucional, Peña Nieto
ordenó a sus principales colaboradores David López, coordinador de
Comunicación Social redactar un oficio que considera como “reservada”
hasta por 9 años la información de estos contratos.
Una semana antes de que esto ocurriera,
el entonces representante del PAN ante el Instituto Electoral del
Estado de México, Francisco Gárate Chapa, presentó una denuncia contra
los gastos de Arturo Montiel por constituir “actos anticipados de
campaña”, prohibidos por el Código Estatal Electoral.
De esta manera, el oficio firmado por la Coordinación General de Comunicación Social permitió no sólo encubrir los gastos excesivos de Montiel en materia de publicidad sino los del propio Peña Nieto durante los seis años de gobierno.
El representante del PRD ante el IEEM, Rubén Islas, presentó el 8 de noviembre de 2005 una solicitud de amparo en contra de este “candado”. En su alegato, Islas responsabilizó a Peña Niet, de “impedir que se diera exacto cumplimiento a la resolución del recurso de revisión 008/ITAIPEM/IP/RR/2005”.
Como éste, muchos otros ejemplos de opacidad y de política en contra de la rendición de cuentas se dieron durante el gobierno peñista. Ahora, quiere presentarse como adalid de un tema al que menospreció profundamente durante su gestión como gobernador.
De esta manera, el oficio firmado por la Coordinación General de Comunicación Social permitió no sólo encubrir los gastos excesivos de Montiel en materia de publicidad sino los del propio Peña Nieto durante los seis años de gobierno.
El representante del PRD ante el IEEM, Rubén Islas, presentó el 8 de noviembre de 2005 una solicitud de amparo en contra de este “candado”. En su alegato, Islas responsabilizó a Peña Niet, de “impedir que se diera exacto cumplimiento a la resolución del recurso de revisión 008/ITAIPEM/IP/RR/2005”.
Como éste, muchos otros ejemplos de opacidad y de política en contra de la rendición de cuentas se dieron durante el gobierno peñista. Ahora, quiere presentarse como adalid de un tema al que menospreció profundamente durante su gestión como gobernador.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario