Hasta ahora ha sido rotunda
e implacable la operación contra el osado fiscal Santiago Nieto
Castillo: el linchamiento mediático (con la filtración de una
magnificada irregularidad en el expediente a partir del cual fue
designado por senadores al frente de esa Fiscalía Especializada para la
Atención de los Delitos Electorales, la Fepade), la descalificación
política (con los emblemáticos Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa
Patrón profundamente indignados de que alguien hubiera omitido
información o
mentidopara ocupar un cargo público) y, como cereza del pastel maloliente, la negativa de una juez a ordenar la aprehensión del intocable Arturo Escobar, inequívoco partícipe en actos de delincuencia electoral organizada (DEO) en los pasados comicios de junio.
No se exagera al decir que se está frente a un mensaje mafioso: es
ejemplarmente atemorizadora la concertada pretensión de exculpar a
Escobar (uno de los más destacados operadores de un partido, el Verde,
ostentosamente infractor del orden jurídico) sólo por los sucios
servicios prestados a quienes hoy tienen el poder. La manta colgada a lo
largo de algún puente institucional lleva como recado el que nadie se
atreva a creer posible la aplicación de la letra legal contra algún
favorito o protegido de la banda política dominante.
Para que aprendan a respetar, recomendaría alguna cartulina rojiverde colocada en el despacho del presunto hereje, con toda la fuerza sexenal volcada al salvamento del aliado en riesgo de acción penal: destituir al fiscal Nieto y restituir al infractor Escobar, rescatando al soldado verde.
Es la Mafia Platino, que es una derivación de los Tarjeteros Unidos, un cártel
político que ha llegado al poder a base de billetazos (así diría aquel
panista ocurrente y contradictorio llamado Gustavo Madero), repartiendo
dinero a sus operadores a través de Monex y premiando con plásticos
Soriana a los vendedores de votos. Los habilidosos dirigentes del
partido de las cuatro mentiras (PVEM) sublimaron en junio de este año
(en los comicios llamados intermedios) las siempre mal comprendidas
artes de la defraudación electoral: elevaron a nivel de confesión
pública lo que antes se buscaba mantener en discreción, así que
atiborraron escandalosamente a los mexicanos de regalos, tarjetas
bancarias, cineminutos y propaganda cínica, apostadores prácticos a la
consecución del voto en caliente aunque luego llegaran las sanciones en
frío, ya con cargos públicos en la bolsa.
La Fepade, cuya titularidad fue repartida al estilo de las rebanadas
del pastel que se usa en los altos niveles de la política (en esta
ocasión, entregándola a alguien cercano al perredismo, tanto que Nieto
Castillo había sido asesor del sol azteca en el Senado, con el
beltronista-perredista Miguel Barbosa como negociador de las tajadas),
decidió, ante las evidencias de los ilícitos cometidos por Escobar y el
Verde, enviar el expediente del caso a un juzgado, para que se librara
la correspondiente orden de aprehensión contra el presunto culpable, el
entonces subsecretario de gobernación encargado de manera aberrante de
la
prevención del delito. Dicho paso procesal desató enojos supremos, una especie de convicción de que se habían traicionado los acuerdos básicos que permiten continuar con el negocio de los cargos distribuidos entre socios que a fin de cuentas cuidan las ganancias. De ahí vino la embestida casi siciliana, el intento de destrucción del infiel.
Ayer mismo, para dar otro testimonio involuntario de las
presiones que rodean al caso, el fiscal Nieto Castillo anunció una
conferencia de prensa a las 13 horas, misma que no se realizó. Más
tarde, la procuradora Arely Gómez informó que la PGR
estudiarála
posibilidadde apelar
o nodel resolutivo de Rosa María Cervantes Mejía, la titular del juzgado decimoprimero de distrito de procesos penales federales en el DF (por cierto, la propia Arely Gómez fue subprocuradora especializada en asuntos electorales en 2006; en 2012 llegó al Senado a nombre del PRI, a través de la comodidad de las listas nacionales, y de ahí, priísta en plenitud, pasó a la PGR).
Lo que hasta ahora se ha visto marca con claridad el rumbo que el
peñismo pretende imponer a las próximas elecciones, las estatales del
año venidero, en las que el PRI buscará quedarse con nueve de 12
gubernaturas, dejando alguna al PAN (¿Puebla o Veracruz?), otra al PRD
(¿Oaxaca?) y otra a Morena (¿Zacatecas, con David Monreal?), y las
presidenciales de 2018. Es premonitorio el echar a caminar la maquinaria
mediática, político y judicial para aplastar a un fiscal que
teóricamente
goza de autonomía técnica respecto de la Procuraduría General de la República, y hacer que un juzgado de distrito se declare sin materia para librar orden de aprehensión contra alguien que hasta hace días era un subsecretario de Gobernación protegido por Los Pinos.
Astillas
Simón Levy Dabbah, es decir, Miguel Ángel Mancera, no se
dan por vencidos, así que luego de que una consulta pública canceló en
sí el proyecto motejado como Shopultepec, ahora han dado a conocer la intención de crear otros
corredoresde estilo similar y, en ese sentido, ya se emitió la
declaratoria de necesidad para el otorgamiento de una concesiónpara usar, aprovechar y explotar hasta 116 mil metros cuadrados
en y bajo el polígonoque comprende parte de la avenida Chapultepec y la vía pública que circunda la Glorieta de los Insurgentes. Negocios son negocios… eso sí: los chilangos tendrán entretenimiento con la
reforma política, una concesión al perredismo mancerista y una maniobra más del PRI en busca de recuperar el control de la capital del país.
Y, mientras en Chiapas sube de grado el enfrentamiento entre maestros
y policías estatales y federales, ¡hasta mañana, con el ex gobernador
sonorense Guillermo Padrés (panista) bajo justificado (incluso tenue)
amago de diligencias judiciales relacionadas con corrupción (todo sea
por posicionar al priísmo beltronista como
justiciero), mientras el ex gobernador de Nuevo León (priísta) ya no es afectado ni por alguna arenga desbalagada del ex Bronco sucesor, Jaime Rodríguez Calderón!
Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
¿Ycuándo vuelve el
jefe de Gobierno Mancera de Kuwait? Está por escribirse el segundo
capítulo del Corredor Comercial (no cultural) de Chapultepec y se
requiere su presencia. Por lo pronto, la Agencia de Promoción, Inversión
y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCdMx) informó a través de la Gaceta Oficial,
la cancelación del corredor. Esa es una buena noticia. Después de los
resultados de la pasada consulta el 6 de diciembre no les quedó de otra,
pero ¿y los inversionistas? Se supone que el consorcio integrado por
Invex, Grupo Acosta Verde y Constructora Garza Ponce, entre otros,
aportarían mil millones de pesos. ¿Al suspenderse, será necesario
indemnizarlos? ¿O continuarán en el plan B? Este sería un nuevo
mecanismo para renovar la concesión. Esa noticia ya no es tan buena. Los
vecinos dijeron #AsiNo. Resucitar el proyecto rechazado –por ahí
aparecen las orejas de Fernando Romero, uno de los yernos de Carlos
Slim– significaría lo mismo. Un nuevo esquema debe tener como
ingrediente indispensable la remoción de Simón Levy, porque tuvo
demasiados roces y desencuentros con los habitantes de la zona, no le
tienen confianza. Y lo ideal es que el corredor se realice con inversión
pública, no privada. Vamos a ver con qué noticias llega su jefe
Mancera.
Un mago para Inegi
Este diciembre Eduardo Sojo deja el Inegi. Llegado de
provincia donde fue asesor del entonces gobernador Fox pronto se hizo a
los modos capitalinos. Cuando fue ascendido al puesto principal del
instituto que lleva las cuentas del país, pronto reveló potencialidades
de prestidigitación que no se le conocían, por ejemplo, en cualquier
lugar del mundo, si ocurre una devaluación, y el país es importador, los
precios se disparan y sube la inflación. En México no. Otro caso: hay
más de 50 millones de desempleados y subempleados, pero para efectos
estadísticos sólo 5 por ciento de la población no tiene trabajo.
¡Estamos mejor que muchos países de Europa, Canadá y no se diga Estados
Unidos! Finalmente, en materia de crecimiento económico, aunque las
empresas y las familias acusan que atravesamos un ciclo recesivo, los
datos oficiales muestran que la economía está creciendo. Difícil hallar
un personaje que remplace a Sojo. La selección presidencial recaerá en
Julio Alfonso Santaella Castell, actualmente el coordinador ejecutivo
del Fondo Mexicano del Petróleo. Si el Senado lo
palomea(y es capaz de sacar un conejo de una gorra de béisbol) será el nuevo hombre a cargo de las cuentas nacionales.
El bono educativo
¿Qué es una inversión negativa? Sacar dinero de las
tarjetas de crédito para comprar un departamento. Según el investigador
del CIEP Kristobal Meléndez Aguilar el bono educativo creado por el
gobierno traerá una inversión negativa por 6 mil 885 millones de pesos,
que serán descontados del Fondo de Aportaciones Múltiples en un lapso de
23 años. El pago afectaría a los estados con altos niveles de deuda.
Aunque adelantar los recursos del FAM beneficiaría a las generaciones
actuales –quienes disfrutarán en este sexenio de nueva infraestructura–
las generaciones futuras no solamente verán una depreciación de dicha
infraestructura, sino que tendrán que pagar la mayor parte de los bonos.
Pues nada, que Alberto Bailleres, el empresario
totalmente Belisario Domínguezpor cortesía del Senado de la República, sigue derramando sus tóxicas
virtudes en grado eminente(ídem) por toda la República. Una raya más al tigre que generosamente se ha enriquecido gracias al régimen político vía gruesas concesiones mineras que lo han convertido en el zar de la plata.
Resulta que apenas el martes pasado
unos 100 trabajadores de la mina Saucito terminaron de sacar aproximadamente 600 toneladas de jales contaminados con metales pesados y químicos peligrosos que derramó ese yacimiento, administrado por el consorcio Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Bailleres, informó Jesús Dávila, supervisor de la planta de residuos(La Jornada, Alfredo Valadez Rodríguez).
De acuerdo con información del Grupo Peñoles, del citado empresario,
la mina Saucito contribuye generosamente a engrosar la cartera de
Bailleres, pues representa 9 por ciento del oro, 28.3 por ciento de la
plata, 12.5 por ciento del plomo y 4 por ciento del zinc que extrae
dicho corporativo.
Parece que, en eso de los derrames tóxicos, diciembre es un mes
atractivo para el barón, pues en dicho mes, pero de 2014, otra de sus
empresas –Minera Penmont, específicamente la Unidad Noche Buena, cerca
de Caborca, Sonora– derramó 82 mil litros de solución rica en cianuro, y
como sucedió en agosto de ese mismo año en Cananea, con Grupo México
(de Germán Larrea, otro magnate Forbes) fue la población
afectada y no el consorcio quien dio cuenta del venenoso suceso a la
autoridad ambiental, la cual, de nueva cuenta, tardó en reaccionar.
De todos es conocido que Bailleres y Larrea mantienen una férrea
competencia para ocupar la segunda posición dentro de los ricos entre
los ricos mexicanos marca Forbes, pero parece que ella incluye una pelea
abierta por obtener el galardón al empresario minero más tóxico de
México.
La información de Valadez detalla que el derrame en el yacimiento de oro, plata y plomo en la mina Saucito
ocurrió la madrugada del domingo pasado, cuando el ducto de 10 pulgadas que traslada materiales de desecho a la presa de jales se fracturó y derramó una mezcla de agua, arcillas y residuos durante aproximadamente tres horas. Seiscientas toneladas, que fueron
reducidasa 450 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y, ya entrados en descuentos, a 350 por Gerónimo Medina, superintendente de relaciones con la comunidad de la compañía Fresnillo PLC (subsidiaria de Grupo Peñoles, propietario de Saucito), es decir, 100 menos que lo calculado por la Profepa y 250 por debajo de lo informado por Jesús Dávila, supervisor de la planta de jales.
En eso de minimizar los derrames tóxicos e intentar cubrir toda
evidencia que afecte a los corporativos mineros, la presunta autoridad
ambiental se pinta sola. Así, de acuerdo a la versión de ésta, 600
toneladas de desechos tóxicos
sóloafectaron un terreno industrial de 8 mil metros cuadrados y mil 600 metros cuadrados de una parcela aledaña, propiedad de un particular. Eso sí,
la dependencia adelantó que continuará dando seguimiento a este caso hasta haberse garantizado que se restauren las condiciones ambientales existentes antes del evento, de acuerdo con lo estipulado en la ley ambiental.
¿Qué explica la
desincorporación del Fondo Nacional de Pensiones del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(Pensionissste), su conversión de empresa estatal en empresa
pública-privada? El sistema, que administra en al país 39 mil cuentas
que suman 120 mil millones de pesos, pasó del ámbito estatal a manos de
una empresa donde habrá participación privada hasta de 45 por ciento.
Lo que explica este movimiento aparentemente extraño –el
Pensionissste tenía mayores rendimientos en comparación con el promedio
de las administradoras de fondos para el retiro (Afore)– son dos móviles
enlazados: 1) el Estado se sacude la responsabilidad de la seguridad
social de los trabajadores a su servicio, y 2) aprovecha la oportunidad
para que la iniciativa privada haga negocio con los fondos de sus
trabajadores.
¿A quién beneficia este esquema de manejo de los fondos de seguridad
social de los trabajadores? No a éstos porque sus fondos han quedado sin
protección. Beneficiará a quienes aprovecharán los rendimientos de las
inversiones y a la élite gobernante, que no tendrá que responder por el
derecho de los trabajadores a una pensión. Veremos en poco tiempo cómo
se transforma la llamada tasa de remplazo, el porcentaje del último
salario con que se retiran los trabajadores. El promedio de las Afore es
de 28 por ciento, lo que significa que los asalariados se retiran con
una mensualidad menor a un tercio de su último pago. En el caso del
Issste, la tasa de remplazo actual es de 60 por ciento. Con el nuevo
esquema, se acercará a 28.
Durante el primer día en que
se publicó en las redes sociales una carta en la que se explican los
pormenores de la clausura de la pulquería Los Insurgentes, ocurrida la
madrugada del pasado sábado 28 de noviembre, la habían firmado más de
400 personas, entre ellas reconocidos artistas y escritores, quienes se
manifiestan en contra del cierre de este espacio donde se han celebrado
más de 2 mil actividades culturales desde su fundación, en marzo de
2010.
Algunos de los firmantes que se pronuncian en contra de la manera
arbitraria y dudosa con la que se realizó la mencionada suspensión de
actividades son José Agustín, Daniel Lezama, Guillermo Fadanelli, Demián
Flores, Sergio González Rodríguez, Daniel Guzmán, Carlos Blas Galindo,
J. M. Servín, Tania Candiani, Eusebio Ruvalcaba, René Avilés Fabila,
Leonardo da Jandra y Abraham Cruz Villegas, además de una larga lista de
asiduos a la vida nocturna de ese recinto.
El desconcierto que provocó el abrupto cierre de Los Insurgentes se
advierte con varias preguntas que se hacen a la opinión pública, por
ejemplo:
“¿Por qué se ha realizado un despliegue desmesurado de fuerza
–intimidatorio y agresivo contra el lugar– que involucró a efectivos
policiacos sumados a inspectores de diferentes corporaciones y cuya
actitud fue de amedrentamiento e intolerancia, en lugar de recurrir al
diálogo informado entre interesados?
El martes pasado, en los
alrededores de la capital chiapaneca, el maestro Gemayel Ruiz murió en
el curso de un enfrentamiento entre policías federales con profesores y
estudiantes normalistas que intentaban bloquear el acceso a las
instalaciones en las que se realizó en forma anticipada el examen de
evaluación, prescrito por la reforma que fue aprobada a finales de 2012 y
principios de 2013. La violencia dejó además un saldo de seis detenidos
–tres mentores, dos estudiantes y un padre de familia– y varios
manifestantes y policías lesionados. Ayer, miércoles, se produjo una
nueva confrontación entre integrantes del magisterio disidente y fuerzas
del orden, en el curso de la cual cinco uniformados fueron retenidos
por los inconformes.
Agradece honradez de la oficial Gladys Segura Cuevas y de anónimo
Quiero externar mi más
profunda gratitud a la honradez cívica de un ciudadano anónimo y a la
oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Gladys Elizabeth Segura Cuevas, con número de placa 523059, porque ambos
hicieron posible que recuperara mi equipo fotográfico que por un
descuido dejé olvidado en una de las bancas del emblemático parque de la
Alameda Central.
En 1990 Violeta Barrios
de Chamorro, al frente de la Unión Nacional Opositora (UNO), ganó las
elecciones contra Daniel Ortega. Con apoyo de Estados Unidos (¡qué
raro!) juntó a los opositores al Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), entonces en el gobierno. Lamentablemente, el pueblo
nicaragüense no sólo tuvo que enfrentar los embates de la Contra, patrocinada
por el gobierno de Washington, sino la incompetencia de algunos de los
líderes y funcionarios del gobierno. Tuve la oportunidad de constatar en
ese país las debilidades del gobierno y la corrupción y prepotencia de
varios de sus altos funcionarios, incluido Tomás Borge. Entrevisté a
muchos de ellos y me dejaron mal sabor de boca, pero mis opiniones sobre
el tema no fueron bien recibidas en México, donde buena parte de mis
amigos de izquierda defendían a los sandinistas sin sombra de dudas.
Años más tarde salieron a relucir varias de las incongruencias de los
sandinistas y ese país pasó a formar parte de los más pobres de América
Latina y el Caribe, y más cuando los gobiernos de Chamorro, Alemán y
Bolaños revirtieron los pocos avances que habían logrado los sandinistas
pese a sus improvisaciones. La situación de ese país centroamericano se
modificó para bien con los siguientes mandatos de Daniel Ortega a
partir de 2007 (relegido en 2011), pero a la fecha sigue siendo un país
con muchas carencias y pocas posibilidades de mejorar sustancialmente
(por cuanto a su producto interno bruto per cápita ocupa el lugar 170 de
230 considerados).
La relación del
presidente con la ciudadanía se funda en un modelo sustentado en la
explotación mediática de los logros gubernamentales, aun cuando éstos
todavía sean promesas por cumplir o buenos deseos. Todo suma, aunque
sature a las audiencias. Un ejemplo de ese estilo personal de Peña Nieto
aparece en el mensaje difundido por el mandatario al cumplir tres años
de gobierno: “Hace tres años me comprometí a trabajar por un México en
paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con
responsabilidad global… Con reformas estructurales, políticas públicas
innovadoras e infraestructura, avanzamos en esa dirección. México ya
está en movimiento”. Todo positivo; ninguna alusión a los gravísimos
problemas vividos en ese lapso. Ningún intento de afrontar la crispación
difusa que recorre al país o de responder a las críticas que todos los
días se le hacen al gobierno. Ese “silencio de Los Pinos, como lo llama
la revista Nexos, define el momento y merece ser abordado como
expresión de la crisis que recorre una forma de gobernar en decadencia.
El Presidente y sus consejeros lo ven todo bajo la óptica de la
comunicación como una habilidad técnica, sin reconocer que lo
democrático no está en el alcance de la cobertura, en el rating, sino en la capacidad de que los
mensajessusciten una respuesta en quien los escucha, es decir, la interacción que sólo se da en un verdadero diálogo.
Tras los ataques
terroristas en París el mes pasado, el presidente francés, François
Hollande, emprendió una vigorosa campaña en contra del llamado Estado
Islámico (EI). Le declaró la guerra, convenció al Parlamento de
instaurar un estado de emergencia durante tres meses, ordenó el cierre
de fronteras, redobló las medidas de seguridad interna y se entrevistó
con numerosos jefes de Estado y de gobierno para intensificar la campaña
militar contra el EI.
Fue frustrante y decepcionante la
estancia de más de 2 mil personas de distintas partes del país a partir
del 28 de noviembre de 2015 para realizar funciones de evaluadores.
Para empezar, la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente
les mintió al decirles un día antes que se trasladaran a la ciudad de
México para continuar con el proceso de certificación y tener un curso
de capacitación, pero era ya para evaluar
productosque subieron los maestros como evidencias de su trabajo docente.
Estados Unidos es una oligarquía con capacidad ilimitada para el soborno político, que se expresa
en nominaciones para presidente o para elegir al presidente. Esa observación del ex presidente Carter, en respuesta a la deplorable decisión de la Suprema Corte (abril, 2014) de eliminar límites a los donativos para las campañas electorales, está en la base de una riesgosa descomposición vinculada a la financiarización y militarización de Estados Unidos, potencia en crisis hegemónica una de cuyas expresiones se detecta en la COP21 y en la tolerancia estatal ante la criminalidad del encubrimiento climático de las grandes petroleras, mientras en París está en vilo la civilización y más que eso, se juega con la extinción acelerada de las especies, incluida la nuestra, por los efectos bio-ecológicos del calentamiento global en curso, cuya ventana de oportunidad para evitar una catástrofe climática irreversible se cierra rápido, según advirtió el secretario general de la ONU.
El resultado de las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en la República Bolivariana
de Venezuela constituye el más duro revés infligido al chavismo por la
contrarrevolución y el imperialismo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario