Lorenzo Córdova, presidente del INE. Foto: Benjamin Flores
Por José Gil Olmos
Uno de los poemas de Jaime Sabines empieza con una frase que evoca
una necesidad en tiempos de inmediatez y olvido. “Buenos días memoria
terca” escribe el poeta chiapaneco estas cuatro palabras con las cuales
nos invita a no olvidar los detalles diarios de un país tan cambiante
que en el correr de los días se van diluyendo peligrosamente.
La memoria es importante para cualquier persona y sobre todo para una
sociedad como la mexicana que constantemente es criticada porque
pareciera que no recuerda los errores constantes de quienes ostentan un
tipo de poder y deja que incurran bajo una frase que retrata muy bien la
indolencia social envuelta en la fatalidad: “ya ni modo”.
Este falso infortunio que parte de la creencia de que la realidad no
puede cambiarse es precisamente uno de los efectos de la ausencia de una
memoria colectiva, de la falta de una Memoria Pública que precede la
carencia de voluntad para construir una organización social en tiempos
de crisis como los que ahora afrontamos. Crisis estructural que se
refleja en una falta de confianza y de credibilidad en todas las
instituciones y autoridades, en los partidos y líderes políticos, en los
empresarios y representaciones religiosas.
A partir de esta entrega empezaré un nuevo ejercicio periodístico, la
realización de una columna semanal con la intención básica de ejercitar
la Memoria Pública y dar algunos elementos informativos al público
usuario o lector, bajo la premisa de que una persona o una sociedad más
informada tiene mayores opciones de decisión.
Empezaremos entonces con uno de los temas que ha tenido y que tendrá
importancia para el país en las próximas elecciones: la autoridad
electoral.
De cara hacia el 2018, el Instituto Nacional Electoral llegará
completamente rebasado para organizar las elecciones en 30 estados, más
la federal en la que se elegirá al presidente de la República y a los
nuevos integrantes del Congreso de la Unión.
La reforma constitucional del 2014, según la cual el INE sustituye a
las Organismos Públicos Locales (OPLES) para la organización de los
procesos electorales en cada uno de los estados, mostrará su fracaso
porque el instituto encabezado por Lorenzo Córdova no va a tener las
capacidades logísticas y administrativas que tuvieron en el 2016 y en
2017, de delegar o comisionar a sus funcionarios para que hagan el
trabajo en los organismos electorales estatales.
Las cifras son elocuentes. En 2015, el número de ciudadanos que tuvo
que capacitar y que operaron como propietarios en las casillas
instaladas era del orden de 740 mil, para el 2018 la proyección es que
será de 930 mil, dado que va por cada casilla única en 30 estados tiene
que haber seis ciudadanos que van a funcionar como representantes de
casilla. El INE no tiene el personal suficiente para una tarea titánica.
En palabras del propio Lorenzo Córdova, se tendrá que pensar
colectivamente en cómo el INE habrá de enfrentar las elecciones del
2018, porque el papel del instituto es el de ser garante de las
elecciones federales que están bajo su entera tutela y responsabilidad.
“¿Cómo le vamos a hacer con 30 estados? porque vamos tener que
desplegar una capacidad de supervisión, no necesariamente de operación
porque nuestra gente va a estar ocupada en la elección federal Desde
ahora más vale que seamos muy claros para que después no vengan a
decirnos por qué no te hiciste cargo de las elecciones locales”, dijo en
una entrevista a Proceso Lorenzo Córdova semanas antes del arranque del proceso electoral el pasado 8 de septiembre.
Es decir, el modelo de sustitución de los órganos electorales locales
por el INE para organizar los procesos en los estados no está pensado
para eso, eso debió haberse plasmado en la reforma a la Constitución y
lo único que provocará para la elección del 2018 será confusión, caos,
confrontaciones políticas y sociales.
En resumen, el INE no va a tener la capacidad de estructura ni de
personal para organizar el proceso electoral más grande en la historia
del México y esto nos abre un escenario en el cual estamos ante la
posible deslegitimación de la elección presidencial, un panorama de
ingobernabilidad y la participación más activa de las fuerzas militares
en la vida social y política del país.
Por cierto… la composición del INE más que ciudadana es partidista,
así lo fue desde que los partidos negociaron la integración del IFE con
José Woldenberg a la cabeza, quien fue puesto en el Consejo General para
equilibrar las fuerzas del PRI, PAN y PRD. Hoy parece que no hay
equilibrio y la balanza se inclina más hacia el PRI, que como tercera
fuerza política para ganar la presidencia en el 2018, según las diversas
encuestas, sería el principal beneficiario de una institución electoral
débil y tambaleante.
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