Angélica Jocelyn Soto Espinosa Cimacnoticias | Ciudad de México.- A
dos años y medio de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género
(AVG) para Morelos, el gobierno del estado no sólo no ha erradicado esta
violencia sino que sumó cinco municipios más a la lista de los más
violentos para las mujeres y el estado se mantiene con altos niveles, en
2017 cerró con 202 casos de feminicidio.
Esto sucedió como consecuencia de que el gobierno morelense no ha
cumplido ninguna recomendación a nivel estatal para implementar la AVG y
a que son sólo dos municipios los que están cumpliendo algunas de las
recomendaciones, determinó un análisis de la Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos A.C (CIDHM).
La CIDHM A.C. presentó hoy en conferencia de prensa en la Ciudad de
México, su informe de balance de la AVG en Morelos. Ésta se declaró el
10 de agosto de 2015 sólo para los municipios de Cuautla, Cuernavaca,
Emiliano Zapara, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y
Yautepec.
No obstante, en 2017 el gobierno de Morelos sumó cinco municipios más
a la lista: Axochiapan, Atlahuacan, Jojutla, Miacatlán, y Huitzilac.
Anayeli García Martínez, Sonia Gerth y Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.-Justo
cuando México atraviesa un proceso electoral y las mexicanas exigen el
derecho a vivir libres de violencia, un alto al feminicidio, al acoso
sexual y la violencia de género; las zapatistas se colocaron en primera
fila y lanzaron una provocación al movimiento feminista, llamaron a
reencontrarse, una vez más, para hablar, escucharse y organizarse.
A partir del 29 de diciembre del año pasado la invitación al “Primer
Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de
las Mujeres que Luchan” se esparció por redes digitales y personales y
hasta enero de este 2018 ya sumaban 651 personas registradas, mujeres
alistándose para emprender un viaje desde sus países, ciudades o
pueblos, hasta la zona indígena del sureste de Chiapas que en 1994 hizo
temblar al Estado mexicano.
A 24 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), en el contexto del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, y en medio de la irrupción política que causó
la primer mujer indígena que buscó la Presidencia de la República,
María de Jesús Patricio; las indígenas, mestizas y extranjeras, se darán
cita durante tres días en el Caracol de Morelia, ubicado en Chiapas,
zona indígena Tzotz Choj.
Argentina Casanova* Cimacnoticias | Ciudad de México.-La
opinión pública existe ahora como algo paralelo, y en consecuencia
nunca se toca, con la creación del fenómeno de la inmediatez
informativa, la explosión de la opinología de las redes sociales y por
supuesto la hoguera del escrutinio público en la que todos y todas son
juzgados. Cuanto más anónimo más duros serán los jueces contra el sujeto
de su furia, sin ningún elemento objetivo o racional del efecto que la
apropiación de la imagen pública tiene.
Me refiero a los casos como el del sujeto que va corriendo y patea un
perro, acto por demás injustificable e insostenible que a diario miles
han de realizar, ya sea por incomodidad con el animal, por molestia con
los perros callejeros o simple –forma no justificada- del desahogo de
quien golpea un ser vivo como si de una lata se tratara para “patear el
mundo”.
Lo que tenemos es el efecto inmediato de cuando el hecho deja de
ocurrir en lo cotidiano que todos veíamos en el mercado o en los
alrededores de algún barrio empobrecido y alguien tuvo la ¿fortuna? de
contar con un teléfono celular para sacar del anonimato al pecador.
El ojo de Dios existe y está dispuesto a compartir su furia en una
red social para llevar a una masa a juzgar a la persona y exhibirlo
públicamente –a través de la Internet- y mostrar qué tan pecador es, qué
tanto ha transgredido las reglas que hoy día constituyen el código de
una ética app.
Juana Belem Gutiérrez de Mendoza
San Juan del Río, 27 de enero de 1875 - 13 de julio de 1942) fue una profesora, periodista, anarquista, feminista, sufragista y activista mexicana del magonismo y zapatismo, además del movimiento por los derechos de las mujeres. Editó y dirigió el periódico Vésper (1901) y El Desmonte (1919), además de colaborar en el Diario del Hogar, El hijo del Ahuizote y el Excélsior. Perteneció al grupo de mujeres e intelectuales que fundaron varias
organizaciones feministas en su país, entre ellas el Consejo Nacional
para las Mujeres durante el mes de octubre de 1919 junto a Elena Torres, Evelyn T. Roy, Thoberg de Haberman, María del Refugio García y Estela Carrasco; ocupó la presidencia en esta organización. Además, participó del Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, donde destacaría como una de sus activistas más influyentes.
Aline Espinosa Gutierrez Cimacnoticias | Ciudad de México.-La
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en
Argentina, presentó el día de ayer, ante la Cámara de Diputados, el
Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE),
iniciativa que busca despenalizar el aborto sin importar las condiciones
bajo las cuales se produzca el embarazo.
En un comunicado emitido por la Campaña, las organizaciones de
mujeres presentaron por séptima ocasión el Proyecto y pidieron que el
Estado argentino legalice el derecho de decisión voluntaria al aborto en
condiciones sanitarias “adecuadas”.
El Proyecto cuenta con 13 artículos encaminados a eliminar las “trabas médicas y judiciales que niegan o demoran en numerosas ocasiones” la posibilidad de llevar cabo un aborto seguro. Propone reformar los artículos 85, índice 2, 86 y 88 del Código Penal de la Nación, que niegan a las mujeres el derecho a un aborto legal, aún cuando la vida de éstas corra peligro.
Actualmente el Código argentino penaliza de 1 a 4 años de prisión a quien realice un aborto con el consentimiento de la mujer y con un máximo de 6 años a quien lo realiza si la mujer muere durante el procedimiento. También contempla sanciones de inhabilitación y el doble de condena para el personal de salud que lo realice.
El Proyecto cuenta con 13 artículos encaminados a eliminar las “trabas médicas y judiciales que niegan o demoran en numerosas ocasiones” la posibilidad de llevar cabo un aborto seguro. Propone reformar los artículos 85, índice 2, 86 y 88 del Código Penal de la Nación, que niegan a las mujeres el derecho a un aborto legal, aún cuando la vida de éstas corra peligro.
Actualmente el Código argentino penaliza de 1 a 4 años de prisión a quien realice un aborto con el consentimiento de la mujer y con un máximo de 6 años a quien lo realiza si la mujer muere durante el procedimiento. También contempla sanciones de inhabilitación y el doble de condena para el personal de salud que lo realice.
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