Magdalena Gómez
Me disponía a dar cuenta
del significativo triunfo de la comunidad indígena me’phaa San Miguel
del Progreso, Júba Wajíin, acompañados del emblemático Centro
Tlachinollan, cuando se difundieron las palabras dolientes de Abel
Barrera:
Estamos de luto. Es un mensaje funesto y por eso queremos que se investigue la línea de que Arnulfo Cerón fue desaparecido por ser defensor de los derechos humanos en la Montaña. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan condena la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano y exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el procesamiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen. A dicha exigencia se sumó la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo el compromiso de justicia, en Tlapa, Guerrero, el pasado fin de semana.
Con mi solidaridad ante ese golpe tan cercano, decidí que también es
de justicia reivindicar un triunfo, ciertamente excepcional de una
comunidad frente a la minera Hochschild que de la mano y en alianza con
la Secretaría de Economía (SE) dieron batalla a la comunidad ejerciendo
como duopolio Estado-empresas.
En 2011, cuando el pueblo de San Miguel del Progreso se enteró que su
territorio estaba siendo concesionado a capital internacional
–principalmente por la empresa minera Hochschild, de origen peruano que
opera con capital inglés–, los xiñaa, es decir, los sabios y sabias
comunitarias, subieron al Telpizáhuatl a rezar para pedir luz y consejo a
las potencias sagradas. Esta dimensión ha estado presente en los
diversos juicios que han promovido y fue parte central de los peritajes
antropológicos que dieron cuenta de su noción de territorio y el
estrecho vínculo con la cosmovisión de la comunidad que si bien tiene
reconocimiento agrario se trata de una comunidad indígena, cuestión que
fue retomada en las resoluciones en favor logradas en estos años.
Otro factor muy importante es que la experiencia de lucha jurídica ha
trascendido a la dimensión política y hoy han logrado la creación del
Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, lo
cual es un saldo muy positivo. La comunidad de San Miguel del Progreso
en julio de 2013 tramitó un amparo y obtuvo sentencia favorable en
febrero de 2014 y llegó su caso a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para resolver el recurso de revisión y entrar a la discusión de
la constitucionalidad de la ley; sin embargo, el asunto fue sobreseído
por el desistimiento que hicieron las empresas mineras de los títulos
concesionados.
Es importante destacar que la estrategia jurídica del Centro
Tlachinollan fue no sólo impugnar las concesiones, sino solicitar la
revisión de la inconstitucionalidad de la ley minera, lo cual no logró
concretarse. La cancelación de las concesiones es un triunfo evidente de
la organización comunitaria; sin embargo, el Estado quiso dejar a salvo
su derecho a que otras empresas sean concesionarias, para ello el 24 de
noviembre de 2015 la SE, publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF)
la declaratoria de libertad al cancelarse las concesiones ya
mencionadas y estableció que a los 30 días de haber sido publicada,
quedarían libres los terrenos que amparaban las concesiones, lo que
significa que cualquier empresa interesada podría solicitar concesiones
sobre dichos lotes.
Ello motivó que la comunidad de nueva cuenta impugnara por la vía del
amparo y logró sentencia favorable, dictada por el juzgado primero de
distrito en junio de 2017. Siguiendo su autodefensa, la SE interpuso
recurso de revisión y el pasado 17 de octubre se emitió sentencia en
favor de la comunidad. Esta vez ya es cosa juzgada y prueba de ello es
que la SE publicó en el DOF, el pasado 21 de noviembre, la
insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno, en cumplimiento
de la sentencia favorable a la comunidad de San Miguel del Progreso.
Este precedente deja evidencias de la aplicación del derecho indígena.
Asimismo, muestra cómo las autoridades indígenas no sólo acompañaron
puntualmente al Centro Tlachinollan, sino que se organizaron en la
región con otras comunidades agrarias. Aún tenemos la situación de que
en esta materia se aplica el derecho de los pueblos por excepción. Sin
embargo, estas sentencias constituyen un aporte para el resto de la
judicatura, al darle dimensión plena a la noción de territorio como
sustento de la cultura y la vida misma de los pueblos. La Montaña de
Guerrero tiene en el Centro Tlachinollan un respaldo y su director y
equipo centran su fortaleza en caminar al lado de los pueblos.
Ello les permite enfrentar golpes como el de la desaparición y
asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón y exigir que se
esclarezca y castigue este crimen en toda su implicación, tanto
material como intelectual.
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