Escrito por Wendy Rayón Garay
CIMAC Foto.- Ciudad de México.— Litigio Estratégico en Derechos Humanos IDHEAS, dio a conocer que el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas señaló a México como el Estado miembro con el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada.
Hay que recordar que en septiembre del 2025, se activó el artículo 34 por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), que busca solicitar al Estado mexicano toda la información pertinente sobre la situación de las desapariciones forzadas.
Amnistía Internacional respaldó la medida, en su informe México: Activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, contradiciendo la narrativa del actual gobierno que niega la existencia de esta práctica en el país.
Cabe precisar que, tras el hallazgo de desapariciones forzadas y la activación del artículo 34, el pasado 27 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en conferencia matutina que las desapariciones en México están “vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos”.
Ante ello, Amnistía Internacional externó su preocupación y recordó que, aunque muchas desapariciones se relacionan con el crimen organizado, el Estado mexicano omite que los grupos criminales operan con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades. Además, se han documentado casos en los que servidores públicos son directamente responsables de las desapariciones forzadas.
El informe
El informe de la CED se contextualiza en la discusión que actualmente se tiene sobre la posible aplicación del artículo 34° de la Convención de Personas Desaparecidas que permite al Comité iniciar una investigación internacional ante la existencia de indicios sobre desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas enviando el asunto a la Asamblea General de la ONU.
El informe del CED señala que a nivel mundial emitieron 2 mil 160 acciones urgentes contra las desapariciones forzadas y de ellas 819 fueron dirigidas a México entre 2012 y febrero de 2026, es decir, el 38% del total. A este país le sigue Irak con 669 casos siendo que dicho Estado mantiene un conflicto armado activo.
El CED también determinó que 40 acciones emergentes a nivel global fueron emitidas en solo cinco meses, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026, y el 37% de los nuevos casos a nivel mundial le pertenecen a México.
El país atraviesa una crisis de desapariciones, tan solo los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) apuntan que en México hay 132 mil 719 mujeres (28 mil 900) y hombres (103 mil 424) que no han vuelto a sus hogares.
A esto se suma la crisis forense que no permite identificar a los más de 72 mil 100 restos humanos que madres buscadoras han localizado en las más de 5 mil 696 fosas clandestinas repartidas en el territorio mexicano, según cifras del informe «Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México» de Amnistía Internacional.
Frente a este panorama, México se prepara para recibir a cientos de visitantes para el Mundial 2026, ya que es una de tres sedes oficiales junto con Estados Unidos y Canadá. En el territorio se realizarán 13 partidos en tres estadios ubicados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entidades que representan el quinto, segundo, tercer lugar donde más desapariciones ocurren de acuerdo con el RNPDNO.
Los hallazgos del informe CED
La organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos IDHEAS destacó que el informe de la CED reconoce la cooperación del Estado mexicano con la emisión de respuestas dentro del plazo establecido, pero el documento destaca deficiencias estructurales en respuestas sobre acciones para la implementación como:
«Ausencia de estrategias integrales de búsqueda con planes, cronogramas y coordinación efectiva; retrasos graves en diligencias clave (videovigilancia, telefonía); investigación insuficiente de posibles responsabilidades estatales; protección inadecuada a familiares y buscadores, incluso en casos con medidas urgentes solicitadas por la ONU; así como la documentación de amenazas y represalias, incluida la desaparición de un padre buscador durante el proceso de búsqueda».
La organización señaló que el uso del procedimiento de Acción Urgente se convirtió de un mecanismo excepcional humanitario a un instrumento recurrente en el caso de México indicando «fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación». El cumplimiento de este mecanismo es obligatorio para las autoridades según estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras un amparo litigado por la organización IDHEAS.
Para la organización, los hallazgos del informe CED reflejan «la situación grave sobre el volumen y recurrencia de casos en México (…) además de un mecanismo excepcional y de emergencia se ha vuelto estructural y recurrente, lo que indica fallas graves y persistentes en búsqueda, investigación y protección en el país».
Las acciones urgentes en datos
Sobre las 40 acciones urgentes emitidas en los últimos 5 meses se desglosó que el 30% se emitieron en Chiapas, 18% en Jalisco, 12% en Guanajuato y Sinaloa, el 10% en Oaxaca, 5% en Baja California y Tamaulipas y 3% en el Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo.
De las personas que desaparecieron el 65% fueron hombres o niños; 35% mujeres o niñas; 18% menores, de los cuales 57% niños y 43% niñas; 3% persona mayor; y 3% familiar que participó en la búsqueda de una persona desaparecida.
«La mayoría de las acciones urgentes registradas durante el período del informe se refieren a desapariciones colectivas en el contexto de la migración en Chiapas entre octubre y diciembre de 2024.» -Litigio Estratégico en Derechos Humanos IDHEAS.
En entidades como Jalisco existen casos que involucran la participación directa de agentes estatales o individuos que se hacen pasar por estas autoridades. Además, el CED destacó que pasos clave parecen haberse retrasado o no haberse realizado en cuanto a la investigación, incluyendo la identificación y entrevista de agentes estatales y el análisis de datos de video y geolocalización.
Desde Guanajuato hay casos de menores de edad siendo sacados de sus casas por personas uniformadas como militares o miembros de la Guardia Nacional, por otro lado, otros casos reflejan demoras en las acciones de búsqueda y esfuerzos limitados para analizar las líneas de investigación incluyendo la participación del Estado.
En Sinaloa se encontró que algunas desapariciones sucedieron en zonas afectadas por la violencia y la disputa territorial y en casos antiguos ubicados en zonas como Baja California, Tamaulipas, Jalisco o Guanajuato, el CED señaló falta de progreso en los procesos de búsqueda e investigación, ya que las medidas tomadas por las autoridades se limitaron a solicitudes formales de información a los centros de detención o a las instituciones sanitarias.
Además, el CED también encontró acciones urgentes relacionadas con desapariciones en contextos de trata sexual o reclutamiento forzado por grupos delictivos donde hubo «colusión entre agentes del Estado y delincuentes».
Finalmente, se destacó los obstáculos de la participación de los familiares en los expedientes de investigación, pasando por largos periodos sin información y amenazas por sus esfuerzos de búsqueda.
Desaparecer siendo mujer
Hay un fuerte enlace entre desaparecer siendo mujer, niña o adolescente y ser víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, esto ocurre con frecuencia incluso cuando en entidades como estado de México, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, las mujeres desaparecen más que los hombres.
México no cuenta con una cifra oficial sobre el número de víctimas de trata, pero algunos datos documentados permiten dimensionar la realidad de este fenómeno. Se estima que existen 49.6 millones de personas que viven bajo este sistema de las cuales el 30% están en América Latina y el Caribe y 270 mil en México.
Además, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México determina que son las mujeres y menores de 18 años la población más vulnerable (48.8%), si se segrega por género el 65% de las víctimas son mujeres y el otro 35% hombres.
Durante la décima comparecencia del Estado mexicano ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, compartió que desde 2024 se publicó una cartilla de prevención en delitos en materia de trata en español, francés e inglés, así como en lenguas originarias como parte de una estrategia de prevención.
Además, dijo que han avanzado en la especialización de refugios y albergues para víctimas de trata, con manuales operativos claros que garantizan la protección integral. Tan sólo en 2025 se registraron 260 mujeres víctimas de trata, de las cuales 95 eran extranjeras.
Ingrid Gómez Saracibar añadió que, la Guardia Nacional también ha implementado un protocolo de actuación para identificar posibles víctimas en aeropuertos, puertos y otros puntos clave.
