11/09/2014

Impunidad gubernamental en agresión paramilitar en Ocozocoautla, Chiapas



Comité Digna Ochoa

En ataque a padres y madres de familia y maestros de Colonia El Porvenir priva la impunidad gubernamental que ampara a grupo de corte paramilitar Antorcha Campesina.

En actualización de la agresión armada del grupo de corte paramilitar Antorcha Campesina, este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha recibido nueva información de pobladores y de maestros pertenecientes a la Sección VII del SNTE- CNTE de la Colonia El Porvenir en donde denuncian la impunidad con la que continúa actuando María de Jesús Arias Venegas dirigente de Antorcha Campesina desde que ocupó las instalaciones educativas en el mes de octubre de 2013.

Manifiestan que el 5 de noviembre desde la mañana comenzaron a llegar personas extrañas a la Colonia El Porvenir quienes incitados y junto a María de Jesús Arias Venegas “empezaron a intimidad a pobladores de dicha localidad, mostrando armas de fuego, amenazando que a quien se opusiera a las acciones de Antorcha Campesina pagarían las consecuencias perdiendo la vida, así como la violación de las hijas de aquellas familias que intentaran recuperar las instalaciones educativas”.

Denuncian que los integrantes de Antorcha Campesina “ incitados por la señora Marychuy empezaron a ejercer mayor violencia en contra de las personas que han exigido la devolución de las instalaciones educativas a partir de las diez de la noche, arrojándoles piedras y palos en un primer momento, los pobladores al tratar de defenderse fueron atacados a balazos, resultando herido de bala un padre de familia de nombre FERNANDO GUZMÁN JIMÉNEZ y el maestro democrático de la Sección VII del SNTE-CNTE ARISTEO VAZQUEZ RODRÍGUEZ, entre otros padres de familia quienes sufrieron lesiones a a causa de las piedras y palos con los que fueron violentados”.

Maestros, padres y madres de familia de la Colonia El Porvenir señalan que quienes realizaron los disparos fueron María de Jesús Arias Venegas y su chofer de nombre Inocente, denunciando que elementos de la Policía Estatal y Municipal que se encontraban cerca, no intervinieron a pesar de las llamadas de auxilio de los pobladores agredidos.

Denuncian “que el clima de tensión sigue latente, toda vez que los paramilitares de Antorcha Campesina se mantienen acuartelados en las instalaciones de la escuela primaria, de la cual han quemado el mobiliario y los archivos que contienen los expedientes de los alumnos; por medio de altavoces la señora Marychuy a cada hora amenazando a quien se oponga a su “liderazgo” serán corridos del poblado, les quemarán sus casas, quitarán sus terrenos de siembra y que será linchado todo poblador y maestro que sea capturado por este grupo de choque.

Ante esta preocupante situación este Comité Digna Ochoa manifiesta que ha acompañado a padres y madres de familia y maestros de Colonia El Porvenir desde el mes de enero de este año y desde entonces hemos denunciado públicamente y documentado múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en contra de ellos y en varios momentos exigimos que el gobierno de Manuel Velasco Coello interviniera, alertando del riesgo de una agresión por parte del grupo Antorcha Campesina; el gobierno estatal lejos de intervenir ha protegido y alentado al grupo Antorcha Campesina encabezado por María de Jesús Arias Venegas, quien encabezó agresión armada del día 5 de noviembre con el deleznable saldo de 2 personas heridas por armas de fuego y varias lesionadas por piedras y palos.

Seguimos condenando este cobarde ataque contra padres y madres de familia e integrantes del magisterio democrático por parte del grupo de corte paramilitar Antorcha Campesina, demostrando que en Chiapas existe un manto de impunidad gubernamental que protege y alienta a grupos de corte paramilitar en Chiapas como Antorcha Campesina y nos sumamos al señalamiento de padres y madres de familia de la Colonia El Porvenir que señalan como responsables a los tres niveles de gobierno y directamente al gobernador Manuel Velasco Coello. Este Comité Digna Ochoa responsabiliza de la vida e integridad personal al gobernador Manuel Velasco Coello y le exige que se castigue penalmente a los responsables del ataque de armas de fuego contra pobladores de la Colonia El Porvenir del municipio de Ocozocoautla.

Por este medio pedimos a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas su urgente intervención, ya que existe el riesgo fundado de que se consume una masacre en la Colonia El Porvenir y vulnere la vida y la integridad personal de mujeres, hombres, niños y maestros de dicha localidad ubicada en el municipio de Ocozocoautla que se encuentra a solamente una media hora de la capital Tuxtla Gutiérrez.
Por la defensa de los Derechos Humanos de nuestro Pueblo

Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa

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Por una salida democrática a la crisis política



El Estado mexicano no es más que un semiEstado en descomposición acelerada. En efecto, ha sufrido mucho más que otros Estados de países dependientes las consecuencias de la política del gran capital en el desarrollo de la mundialización. Es decir, la pérdida de soberanía en el establecimiento de su política financiera, monetaria, militar, jurídica, alimentaria, rural, demográfica y del control del territorio nacional. Los acuerdos internacionales subordinan el presupuesto y la moneda nacional a Estados Unidos y a los servicios de la deuda externa. 

La compra del armamento se realiza en Estados Unidos, las fuerzas armadas están supervisadas por Estados Unidos mediante observadores in situ, los procesos electorales son controlados por Washington al igual que la justicia, el campo fue colocado al servicio de las necesidades estacionales de los importadores del Norte y la soberanía alimentaria fue liquidada mediante el Tratado de Libre Comercio Norteamericano con el resultado del despoblamiento de las regiones rurales a la opción a la población joven entre la desocupación disfrazada de empleo informal, la emigración clandestina abandonada a sí misma o la delincuencia y, finalmente, el ejército de Estados Unidos declara oficialmente que controla todo el territorio hasta Centroamérica y manda técnicos militares y policiales a México para intervenir en lo que titula “defensa del orden”.

A eso se agrega la ilegitimidad y la ilegalidad del personal gobernante. El fraude descarado le robó la victoria electoral en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas; los asesinatos masivos crearon las condiciones para imponer un nuevo gobierno del PRI-PAN que no cumplió con su firma en los Acuerdos de San Andrés y pasó el testimonio al PAN, que en el 2006 volvió a robarle la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador, militarizó y ensangrentó al país y en el 2012 devolvió el gobierno a su aliado priísta para que eliminase por completo en el plano jurídico, político, económico y social las conquistas de la Revolución mexicana que aún subsistían.

El resultado es un aparato estatal sin los atributos de un Estado independiente, coludido con la parte más sangrienta e inescrupulosa del capital- el narco tráfico y la delincuencia organizada-, carente de consenso y dependiente por completo de la represión y los asesinatos para mantener el gobierno de una oligarquía reducida de socios del gran capital financiero internacional.

El presidente nacido del fraude carece de consenso y depende de las fuerzas represivas en las que un sector todavía sano y antientreguista ve con creciente preocupación los lazos con el narcotráfico del otro sector y del gobierno y teme las consecuencias posibles de un estallido social preanunciado por la protesta por las matanzas de Atlatlaya y Ayotzinapa que abarca cada vez más regiones, sectores sociales y países del mundo.

Esa protesta democrática inicialmente exigía castigo a los culpables y gritaba sólo “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”. Ese reclamo justo y lógico deja en manos del Estado criminal la reparación de los crímenes que el mismo comete y no modifica un sistema que descansa sobre la violencia y la delincuencia y el acuerdo con los narco-lavadores de dinero, los narco-políticos, los narco-policías o militares. Ahora, en cambio, las últimas manifestaciones estudiantiles elevan el tiro repudiando el crimen de Estado y exigiendo la renuncia de Peña Nieto, conscientes de que es necesario un cambio político. Pero esa exigencia, sin proponer una alternativa, implica un salto al vacío y no puede convencer a la mayoría de la población que, aunque horrorizada por la represión, teme un cambio, sigue siendo pasiva y conservadora y no hace en las grandes empresas ni siquiera paros simbólicos solidarios.

Porque el problema es quién reemplazaría al presidente títere del gran capital en el caso de que se lo derribase, qué se podría hacer contra las fuerzas represivas y contra la violencia del narcotráfico y cuál podría ser la salía democrática y constitucional a esta situación de ilegalidad generalizada.

En esta tensa situación social desgraciadamente hay grupos que no han aprendido nada de la historia nacional y sudamericana y alientan veleidades guerrilleras llevados por el mesianismo, la impaciencia, la inconsciencia y, algunos, alentados por la provocación. Una aventura de grupos armados desligados del pueblo sólo serviría al gobierno para hacer abortar el crecimiento de la protesta y de la conciencia popular.

En cambio es necesaria la resistencia civil organizada y generalizada que lleve a un paro cívico nacional y prepare una huelga general nacional obrero-campesina-estudiantil. En Bolivia, el pueblo en la calle expulsó al presidente Sánchez de Lozada e impuso un gobierno de transición que llamó a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente. Es constitucional el derecho de resistencia a la tiranía y el derecho a una Constituyente que cambie el país y sus instituciones. Es posible imponer esta salida y la constitución de un gobierno técnico transitorio compuesto por pocas personalidades intachables que cierre el Congreso, reorganice el Estado y organice elecciones generales y una Asamblea Constituyente con delegados elegidos en asambleas populares. La generalización de las policías comunitarias y grupos populares de autodefensa apoyados en grandes movilizaciones tendría un fuerte efecto en los mejores sectores de las fuerzas armadas, como sucedió en los países árabes, y el control popular reduciría la acción de los narcos. 

La Asamblea Constituyente restituiría la propiedad nacional de los recursos naturales privatizados, castigaría la corrupción y la delincuencia, anularía las leyes y medidas antisindicales y antiobreras, daría plena vigencia a los derechos democráticos y podría resolver planes concentrados de apoyo a los campesinos y de creación de empleos para reducir la emigración y las bases del narcotráfico. Esperar en cambio que el desgaste de Peña Nieto y de los organismos estatales de mediación y contención (PRI, PAN, PRD y otros partidos paleros) pueda facilitar próximas elecciones generales limpias y un eventual triunfo de MORENA es utópico, desmoviliza la protesta y da tiempo y margen de maniobra a los criminales de Estado. Un cambio sólo es posible si se movilizan amplias masas por un programa común inmediato y una alternativa democrática posible.

Ayotzinapa: 46 “desaparecidos” a 46 años de la masacre de Tlatelolco



El pasado 26 de septiembre del 2014 tuvo lugar en el municipio de Iguala, del Estado de Guerrero, al sur de México, una marcha de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “ Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, (“cuna de la conciencia social”), donde se forman profesionales de la educación para las áreas rurales del Estado de Guerrero y de otros estados de México.

“Iguala de la Independencia”, es un municipio que debe su importancia (poco conocida) a hechos históricos vinculados con la independencia mexicana. Aquí se firmó en 1821 el “Plan de Iguala” que reconocía la Independencia de México del colonialismo español, se creó el ejército mexicano y la bandera mexicana, entre otros hechos. Fue la primera capital del Estado de Guerrero.

La marcha de los normalistas de Ayotzinapa anticipaba el viaje de éstos a la capital federal para la conmemoración de los 46 años de la masacre de Tlatelolco. Aquí, el 02 de octubre de 1968, estudiantes, obreros, intelectuales y profesionales que se habían congregado en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la capital mexicana, para exigir al gobierno mayor autonomía universitaria, libertad de los presos políticos, fin de la represión estatal y mejores condiciones laborales, fueron masacrados por el ejército y la fuerza especial “Olympia”. Gobernaba México, por entonces, Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

La masacre de 3 estudiantes a los que desollaron y la de otras tres personas que transitaban por la calle, puso el nombre de Iguala y de Ayotzinapa en todas las portadas de los medios, evidenciando la situación que se vive en el Estado de Guerrero, considerado bastión del narco tráfico, de la corrupción y del cohecho, generados por EEUU, para asegurar la funcionalidad del crimen organizado a sus intereses. Cuarentaitres estudiantes más, fueron desaparecidos y hasta el día de hoy no se sabe sobre su paradero.

A raíz de esta situación se han descubierto fosas comunes en las afueras de la ciudad de Iguala, pero, se dice, que los cadáveres encontrados no son los de los estudiantes “desaparecidos”.

El alcalde de Iguala y su consorte 

   La pareja colaboró activamente con el cártel de la droga, “Guerreros Unidos”, que ha convertido a Iguala en el feudo del crimen organizado. El Alcalde y su consorte recibían millonarios sobornos en dólares. Parte de los cuales se repartía entre los agentes de policía más allegados a los esposos Abarca.

Según información de la Procuraduría de la República, el alcalde Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos (más de 200 mil dólares) a la mafia de “Guerreros Unidos” para tener a Iguala bajo control. No menos de 600.000 pesos (unos 50 mil dólares) eran usados para el control de la policía local.

Los Abarca llevaban una vida de lujo y gozaban de todo tipo de comodidades y una fortuna, proveniente del narcotráfico y la corrupción, en bienes inmuebles y negocios entre joyerías y un centro comercial.

Inmediatamente de producidos los hechos del 26 de septiembre, la población sindicó al alcalde y a su consorte de estar directamente implicados en los asesinatos y la desaparición de los estudiantes. Razón por la que tuvieron que ocultarse aprovechando la red mafiosa con la que cuentan. Viajaron a Ia capital federal para contar con las seguridades pertinentes en caso de un posible arresto. Hace unos días fueron “hallados” y detenidos.

Las circunstancias tienen indudablemente que ver con el serio peligro que corrían sus vidas frente a la indignación de todo el pueblo mexicano que los sindicaba como los culpables mediatos de las muertes de los normalistas y de las otras tres personas, así como de la masacre que es evidente haya ocurrido con los otros 43 estudiantes. Aparte, sobre el alcalde pesa el asesinato a tiros que él mismo hiciera contra un contendor político por la alcaldía de Iguala.

La comparsa gubernamental 

Peña Nieto, fantoche de turno en el gobierno mexicano, y las autoridades del poder judicial y de la policía han explicado su detención como el resultado de una “paciente labor de inteligencia”. Tal como es usual llamar a los contubernios entre la policía y las mafias y al “soplonaje” institucionalizado.

A sabiendas de lo que se oculta tras los hechos de Iguala, el “yuppie” que Estados Unidos decidió poner en el gobierno de México para dar una imagen renacida del añoso y mafioso PRI, no tuvo empacho alguno en decir “yo espero que esta detención contribuya al esclarecimiento y la investigación”.

Por su parte y coincidiendo con su jefe, el gobernador del Estado de Guerrero que aún permanece en el cargo, dijo “confiar que con esta detención se logren ‘pistas’ que permitan averiguar lo ocurrido a los 43 normalistas desaparecidos”.

Nada más claro: los dos “confían” en que la detención servirá para “mecer” la indignación del pueblo de Ayotzinapa, hasta que se les pase. Total, esta ha sido siempre la receta del poder corrupto frente a todo conflicto, a todo horror, a todo genocidio.

El tiempo es un aliado clave para adormecer conciencias. Y la fórmula completa no sólo para aletargar, sino para seguir haciendo más de lo mismo: el tiempo más las disculpas y la “reparación”. La forma perversa de ponerle precio a la vida de los pobres y de comprar su silencio, impuesta por las agencias “humanitarias” del terror y el crimen de la ONU y del Departamento de Estado norteamericano.

El Gobernador, además, no sólo ha tenido el cinismo de calificar la tragedia como un “rompecabezas” y el arresto como un "triunfo indiscutible" para el Gobierno, sino que ha dicho, que “la detención debe dar confianza a los familiares de los muchachos desaparecidos de que se ha puesto todo el interés del Estado y sus instituciones para encontrar con vida a los 43 normalistas". Es decir, si los encuentran muertos, o no los encuentran, la culpa no es del Estado, menos de él.

Pero no sólo esto. Ya adelantó juicio respecto de su socio en la maraña de corrupción y crimen que envuelve a Guerrero. Ha dicho que el alcalde Abarca y su mujer, “aunque no sepan dónde están los desaparecidos, sí conocen quiénes son los principales dirigentes y dónde se esconden los miembros del grupo que los hizo desaparecer”. Lo que quiere decir que si no los encuentran, el alcalde y su consorte están, de antemano, limpios de polvo y paja.

Por lo pronto, todo pasó ahora a la jurisdicción de la capital mexicana y el alcalde y su consorte prestarán sus declaraciones en la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), son sede en México DF.

La continuidad de Tlatelolco 68’ 

En cualquier caso, y como es de esperar, no habrá ni inculpados, menos culpables, ni sentencia o pena alguna. La nueva edición de la matanza de Tlatelolco 68’, a cuya conmemoración (el 02 de Octubre) intentaban viajar los normalistas asesinados y desaparecidos, se cumplió siguiendo la misma pauta. 

 Como escena final, el presidente Peña Nieto dirá, como hace 46 años lo hiciera Gustavo Díaz Ordaz, “sentirse muy orgulloso de ser presidente de México y haber servido y salvado al país, les guste o no les guste”.

Ayotzinapa no es la primera vez que se tiñe con la sangre de normalistas. En diciembre del 2011 , dos  estudiantes de la misma escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, murieron por disparos de policías federales y estatales, y de agentes ministeriales, durante un violento desalojo de una autopista a la altura de Chilpancingo, actual capital de Guerrero.

Aprovechando el contexto de la violencia, el gobierno títere de México que cada día se acerca más a un Estado Confederado de los EEUU, los organismos de seguridad nacional de este país han puesto la mira en las normales rurales. Éstas han desempeñado, históricamente, un rol importante en la lucha contra la injerencia norteamericana sobre la política económica, energética, industrial del estado mexicano y contra los Tratados de Libre Comercio y el modelo neoliberal que han sumido al pueblo mexicano en una profunda crisis de sobrevivencia.

Las escuelas normales han sido la columna vertebral del sistema educativo mexicano rural, la alfabetización y la educación campesina. La acción de los sucesivos gobiernos del PRI y de sus facciones con nombres aparentemente distintos pero igualmente corruptos, han ido ahogando presupuestalmente su existencia habiendo reducido su número de 36 a sólo 17. La formación académica y profesional que adquieren los normalistas difiere de los modelos impuestos por el BM, el BID y/o USAID orientados hacia el desarraigo poblacional, la desculturización y la privatización.

La reflexión sobre lo ocurrido el pasado 26 de septiembre en Iguala no se limita, por tanto, a la coincidencia entre los 46 normalistas “desaparecidos” y los 46 años de la matanza de Tlatelolco y del oprobio que esto significa. Pues no hubo un solo detenido, ni un solo culpable, ni una sola sentencia.

La reflexión alude a la nueva puesta en escena de la barbarie que instituyera EEUU con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, a fines de 1920 y que se repite sistemáticamente contra los más pobres que buscan en la educación una alternativa para salir de la ignorancia y contribuir a la emergencia de una respuesta alternativa al modelo capitalista que se nutre del narcotráfico, generaliza la corrupción, extiende el crimen institucionalizado.

Blog del autor: www.alizorojo.com

¿Nuevo pacto y sigue la venta del país?



Antonio Gershenson

Ante las matanzas, la privatización de los energéticos, la baja del petróleo y de la producción de un Pemex al que cada vez quieren entregar más, se habla de un nuevo pacto. ¿Se puede tolerar que dos o tres líderes se pongan a discutir y lleguen a sus acuerdos como la vez pasada? La realidad aplastó a la palabrería.
La producción de crudo ha caído de 3 millones 383 mil barriles diarios en 2004 a 2 millones 452 mil en 2014 (promedio hasta septiembre), una baja sostenida de 27 por ciento. Más la disminución de precios, en los que el barril mexicano pasó de más de 100 dólares a 74.
Si comparamos con las importaciones de hidrocarburos, resulta que éstas ya son más caras que las exportaciones: nuestro balance del ramo ya es negativo. Nos quieren decir que hay que entregar todo a trasnacionales, pero hemos dado ejemplos en contra de eso:
Hemos dicho que, en Burgos, siete empresas extranjeras, con contratos de 15 y 20 años y ganando un dineral, han dejado caer la producción de 1,515 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas en 2009, a l,105 mmpcd en 2014 (hasta agosto), reduciendo la producción en 27 por ciento.
También hemos señalado que las empresas privadas contratadas en Veracruz han dejado caer la producción de gas de 956 mmpcd en 2008 a 444 mmpcd en 2014 (también hasta agosto), una caída a menos de la mitad, a 46 por ciento.
También hemos dicho que, en cambio, con la dirección de Pemex, sus ingenieros, técnicos y equipos, Literal de Tabasco ha aumentado, de 2003 a 2014, la producción de gas en 9.43 veces, casi 10 veces más, y ahora quieren que las trasnacionales ocupen el lugar de Pemex.
Hemos recordado que en Chicontepec, de la que habían presumido, y que se ha entregado a trasnacionales, la producción de crudo de 75 mil barriles diarios en enero de 2013 (que ya era la miseria de producción más cara) pasó a 47 mil barriles diarios en septiembre de 2014, baja de 37 por ciento en menos de dos años, y pagándoles un dineral.
Y aún así, insisten en su política entreguista, aunque hasta la mordida sea más barata. Y no sólo eso, las nuevas leyes y las concesiones a trasnacionales, de hecho, desde antes de las leyes, les permiten perforar y cometer fractura hidráulica ( fracking) para extraer minerales y de ahí gas y en ocasiones petróleo. Se usa, contamina y desperdicia mucha agua, aunque sea a costa del riego, y de los usos personales del líquido.
Pueden, con el pretexto del petróleo, del gas o de la minería, apoderarse y arrasar con las tierras de personas, comunidades o ejidos.
Bajan los salarios reales y los empleos, y los empleos nuevos son peor pagados que los anteriores.
Quiebran empresas, sobre todo de mexicanos.
No se detienen los procesos de entrega de Pemex y CFE –sobre todo a las trasnacionales–, ya hemos visto casos en los que hay un solo concursante, como los que hacían los funcionarios de dichas empresas mexicanas.
La violencia oficial es cada vez más la respuesta a los movimientos en defensa de intereses de sectores del pueblo. No sólo los asesinatos, incluso colectivos, sino encarcelamientos el estilo de la vieja Rusia, en una pequeña Siberia, mandando a los perseguidos lo más lejos posible para dificultar las visitas, a cárceles de alta seguridad con las luces prendidas toda la noche para dificultar el sueño y muchas otras medidas no sólo represivas, sino de daño permanente a los cautivos.
La educación tiene que hacerse, o bien conforme a dogmas de arriba, o con el peligro de que suceda lo que ha pasado en Ayotzinapa y en otros lados.
Por si fuera poco, se descarta oficialmente la participación masiva en una opinión sobre la llamada reforma energética, por parte de la Suprema Corte de Justicia.
Entonces, ¿procede una nueva edición de una discusión entre dos o tres líderes sobre el asunto, mientras todo lo mencionado sigue ocurriendo?
Lo necesario es cambiar esta situación, y a fondo, lo cual es posible, como demuestra lo ocurrido en otros países, y en otras épocas en México.

Quince días de ajuste del nuevo orden multipolar del G-3: EU/Rusia/China


Bajo la lupa
Alfredo Jalife-Rahme

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El presidente estadunidense, Barack Obama, durante un encuentro con periodistas, ayer en el salón Roosevelt de la Casa BlancaFoto Reuters

Pocas veces se escenifican cumbres y reuniones trascendentales en un corto plazo de tan sólo 15 días, como el presente lapso del 10/11 de noviembre –Cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Pekín– pasando del 15/16 –G-20 en Brisbane (Australia)– hasta la fecha límite del 24 sobre la negociación del contencioso nuclear iraní con el P5+1 –los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania.

No faltarán analistas que agreguen la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) del 27 de noviembre, la cual, a mi juicio, exhibirá las consecuencias del ajuste y/o acomodamiento del nuevo orden multipolar geoestratégico entre las tres superpotencias: Estados Unidos (EU), Rusia y China –un tímido G-3 que no se atreve a pronunciar su nombre.

Tras haberse injuriado en público con todos los epítetos habidos y por haber de la guerra sicológica entre Occidente y Rusia, ahora en la Cumbre del G-20 podrán reunirse los presidentes Putin y Obama (http://goo.gl/uM8IRy) para desmarcar sus respectivas esferas de influencia antes de aventurarse a una guerra nuclear que aseguraría su destrucción mutua y que dejaría como gran vencedor a China.

La oficiosa guerra multidimensional incluye el choque en los frentes de Ucrania y el Medio Oriente –donde EU hubo presuntamente plantado con los yihadistas la semilla desestabilizadora contra Rusia, China e India, tres miembros nucleares prominentes del BRICS (http://goo.gl/OQ0FG2)– las sanciones a Rusia, el desplome orquestado del precio del petróleo y otras materias primas, la guerra de divisas, etcétera.

Como consecuencia de la disolución del bloque soviético, se supone que los cancilleres de EU y la ex URSS, el texano James Baker III y el georgiano Eduard Shevardnadze, habían delimitado las respectivas zonas de influencia, con la gravísima salvedad de que el compromiso fue oral y sin rúbrica notarizada, lo cual permitió la expansión vertiginosa de los dos brazos irredentistas de EU hasta las fronteras del corazón ruso traumatizado: la OTAN y la Unión Europea.

Un entendimiento implícito sin firma de por medio –que aprovechó estupendamente EU al haberse valido de la ingenuidad rusa en la etapa post-Andropov y pre-Putin– ha sido la causa de la disputa por el alma de Ucrania cuando Vlady Putin intenta regresar en la medida de lo posible al statu quo ante la doble humillación de Gorbachov y Yeltsin, lo cual se desprende de su histórica filípica contra EU en el Club Valdai (http://goo.gl/GkNSbY), que consideré, no como una amenaza, sino como su última exhortación para reconfigurar el nuevo orden multipolar, que por necesidad es ya tripolar entre EU/Rusia/China y que podría asentar sus reales en los 15 trascendentales días desde Pekín pasando por Brisbane hasta Teherán, en caso de que los actores históricos no deseen declarar oficialmente el estallido de la tercera guerra mundial que sería termonuclear.

Pese a que el presidente Obama fue literalmente ultrajado, como era de esperarse, por el Partido Republicano en las elecciones intermedias, sigue siendo el presidente de EU, una superpotencia en declive que intenta imponer aún su agenda global hasta que sea detenido por los únicos dos países que lo pueden impedir: Rusia y China.

Si los conflictos en Europa y Ucrania alejaron a Rusia y a EU, la probable resolución del contencioso iraní los puede acercar, como filtra NYT (http://goo.gl/U8VPti) sobre la inminente aceptación por Teherán para transportar la mayor parte de su pletórico almacenamiento de uranio a Rusia que convertiría el uranio a cilindros de combustible especializados para la planta eléctrica nuclear de Bushehr, el único reactor comercial de Irán.

No todo es rosa y las negociaciones trianguladas de EU-Irán-Rusia son muy complejas porque los actores son también de mentalidad compleja cuando la partida geoestratégica que se juega es muy cerrada.

El veterano ex diplomático indio M. K. Bhadrakumar considera que Obama con su probable arreglo con Irán, gracias a la intermediación de Rusia, puede descolgar un magnífico lugar en la historia diplomática de EU (http://goo.gl/U3NiVG).

Desde Teherán, pasando por Pekín (Cumbre APEC) hasta Brisbane (Cumbre G-20) asistimos a una disminución de las tensiones entre Rusia y EU, ulterior al paroxismo del mundo post-Crimea, pese a las recriminaciones mutuas.

Dejando atrás el delirio del analista Keith Ablow, quien reclama una Yihad estadunidense para imponer su cosmogonía al resto del mundo (http://goo.gl/7EpwZd), la réplica al histórico ultimátum de Putin la dio el general Martin Dempsey (http://goo.gl/1a3jFl) durante un acto con los veteranos del ejército, donde comentó que Rusia empuja los límites del orden internacional.

El general Dempsey reconoce implícitamente que Rusia busca el orden mundial perdido en Ucrania, pero se le escapa que Putin no piensa ser el clon ni el clown, como lo fueron sus antecesores frente a EU.

Dempsey considera que Putin y Rusia expresan un sentimiento de victimización tras el colapso del imperio soviético que fue enarbolado por el soliloquio (sic) antioccidental que duró literalmente casi tres horas, en referencia a la histórica filípica de Putin. A su juicio, Rusia está creando una situación inestable, con una forma de encender el fuego del nacionalismo, advirtiendo que una vez que se enciende ese fuego, no es controlable, concluyendo que se encontraba preocupado sobre Europa que ha sido muy complaciente con su seguridadFuck Europe again?

El secretario del Pentágono, Chuck Hagel (http://goo.gl/3nQ1Di), diagnosticó que se vive la transición de tiempos históricos definitorios de un nuevo orden en construcción (¡supersic!) tanto después de la Segunda Guerra Mundial como a la implosión de la URSS, por lo que instó a acostumbrarse a una guerra sin fin (¡supersic!). ¿No será que el gran problema de EU es su reajuste y/o acomodamiento al nuevo orden mundial multipolar geoestratégico del G-3?

Antes de iniciar la cumbre del APEC en Pekín, en forma espectacular, China y Japón acordaron expandir su diálogo y dejar de lado los tambores de la guerra (http://goo.gl/yCnJsF), lo cual alienta al ajuste geoestratégico en curso, donde se están definiendo las respectivas áreas de influencia del G-3 en gestación.
La agenda de Obama lo conduce a las cumbres del APEC y el G-20, pero también a otras dos cumbres regionales en Birmania, donde se escenificarán la del Este de Asia y la otra de EU con el bloque de 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Según la rusa Daria Chernyshova (http://goo.gl/1jPDqL), las reuniones en la Cumbre del APEC contribuyen a definir la nueva geopolítica, donde destacan tres binomios: 1) China/Japón, 2) Rusia/Japón y 3) Rusia/China (¡Noveno encuentro de Putin y Xi en menos de dos años!). A mi juicio, le faltó otra reunión transcendental: la de Obama y Xi.

La cumbre del APEC de 21 miembros en Pekín –que se celebrará en un hotel circular de arquitectura acrobática que simboliza al sol naciente– posicionará a China como una de las tres superpotencias geoestratégicas indispensables del siglo XXI, con EU y Rusia.

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América Latina denuncia ante la CIDH abusos mineros de Canadá


Niños expuestos a la contaminación minera en Perú. Crédito: MIlagros Salazar/IPS © Reproducir este artículo

Niños expuestos a la contaminación minera en Perú. Crédito: MIlagros Salazar/IPS

WASHINGTON, 31 oct 2014 (IPS) - El gobierno de Canadá no investiga ni hace que las poderosas empresas mineras de su país respondan por las violaciones de los derechos humanos que cometen en América Latina, denunciaron activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en esta capital. 

Los activistas también denunciaron ante la CIDH que Ottawa no pone el sistema jurídico canadiense a disposición de las víctimas de estos abusos.

"Con demasiada frecuencia, las empresas extractivas se comportan como si tuvieran un doble discurso, uno para el país de origen y otro para el exterior”: Alex Blair.

“Canadá se comprometió a aplicar un marco voluntario de responsabilidad social empresarial, pero este no proporciona ningún recurso a las personas que se vieron perjudicadas por las operaciones mineras canadienses”, afirmó Jennifer Moore, coordinadora del programa de América Latina de la organización no gubernamental (ONG) MiningWatch Canada.

“Buscamos el acceso a los tribunales, pero también que el Estado canadiense tome medidas preventivas para evitar estos problemas en primer lugar. Por ejemplo, una oficina independiente que tenga la facultad de investigar las denuncias de abusos en otros países”, explicó.

Moore y otros que hablaron ante la CIDH presentaron formalmente un informe que describe las inquietudes de cerca de 30 ONG y hace varias recomendaciones, durante la audiencia del martes 28, dentro de su 153 periodo de sesiones, que se desarrolla entre el 23 de este mes y el 7 de noviembre.

Estos grupos presionan desde hace años para que Ottawa garantice una mayor responsabilidad del sector minero, con el respaldo de recomendaciones similares procedentes de una comisión parlamentaria, en 2005, y de la Organización de las Naciones Unidas, agregó Moore.

“No hubo ninguna novedad en la última década… El gobierno canadiense se niega a aplicar las recomendaciones”, subrayó la activista.

“La respuesta del Estado hasta la fecha ha sido la de reforzar firmemente este marco voluntario que no funciona, y eso es lo que le escuchamos una vez más en esta audiencia”, aseguró.

Canadá, que tiene uno de los mayores sectores mineros del mundo, posee unos 1.500 proyectos extractivos en América Latina, equivalentes a más de 40 por ciento de las empresas mineras en la región. Los mismos reciben “un alto grado” de apoyo de Ottawa, según el informe.

“Al menos 50 personas murieron y 300 fueron heridas en el marco de los conflictos mineros con empresas canadienses en los últimos años, ante los cuales hubo poca o ninguna rendición de cuentas”, destacó el martes Shin Imai, un abogado de la ONG canadiense Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa.

Entre las denuncias contra el sector minero figuran muertes, lesiones, violaciones y otros abusos atribuidos al personal de seguridad que trabaja para las empresas canadienses, así como políticas empresariales que provocan daño ambiental a largo plazo, el desplazamiento ilegal de las poblaciones locales y la subversión del proceso democrático.

La responsabilidad del Estado de residencia

La CIDH, con sede en Washington, forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), integrada por 35 países miembros y uno de los organismos multilaterales más antiguos del mundo.
En la audiencia de esta semana la CIDH trató por primera vez el polémico asunto de la responsabilidad del “Estado de residencia”, o sea, si las empresas pueden ser procesadas ​​en su país de origen por acciones realizadas en el extranjero.

“Esta audiencia fue de vanguardia. Aunque la CIDH ha sido una de las aliadas más importantes de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en América Latina, es un poco prudente cuando se enfrenta a temas o desafíos jurídicos nuevos”, opinó Katya Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso, una organización de defensa jurídica con sede en Washington.

La responsabilidad del Estado de residencia es cada vez más controvertida, gracias a la globalización de las empresas y las cadenas de suministro. Las firmas radicadas en los países ricos, que tienen regímenes jurídicos relativamente sólidos, operan cada vez más en el Sur en desarrollo, a menudo con sistemas legales más débiles.

El sector extractivo es un claro ejemplo de esta situación, y en los últimos 20 años experimentó uno de los mayores niveles de conflicto con las poblaciones locales de cualquier industria. Parte del problema yace en la vaguedad en torno a la cuestión del alcance “extraterritorial” de la legislación nacional.

“Con demasiada frecuencia, las empresas extractivas se comportan como si tuvieran un doble discurso, uno para el país de origen y otro para el exterior”, afirmó Alex Blair, de la organización humanitaria Oxfam America.

“Piensan que pueden aprovecharse de la debilidad de las leyes, la supervisión y las instituciones locales para operar como quieran en los países en desarrollo”, expresó.

Blair observa que existe una tendencia creciente de las comunidades locales e indígenas en recurrir al exterior para exigir la responsabilidad de las empresas. Pero eso es sumamente complejo y costoso, ya que la vía legal en muchos países del Norte industrializado sigue siendo limitada.

Más allá de lo legalista

En la audiencia ante la CIDH, el gobierno de Canadá sostuvo que tiene “uno de los marcos legales y regulatorios más fuertes del mundo hacia sus industrias extractivas”.

Canadá formuló en 2009 una estrategia de responsabilidad corporativa voluntaria para el sector extractivo internacional del país. También cuenta con dos mecanismos extrajudiciales que pueden escuchar las quejas derivadas de los proyectos en el extranjero, aunque ninguno puede investigar denuncias, dar fallos o imponer medidas punitivas.

No obstante,  la respuesta de Ottawa a las preocupaciones de los activistas consistió en argumentar que los problemas locales deben tratarse en un tribunal local y que, en la mayoría de los casos, Canadá no está legalmente obligado a exigir la responsabilidad de las actividades de sus empresas en el extranjero, declaró Dana Cryderman, representante canadiense ante la OEA.

“Los países anfitriones de América Latina ofrecen vías legales y reglamentarias nacionales por las cuales las reclamaciones a las que hacen referencia los solicitantes pueden y deben ser abordadas”, agregó ante la CIDH.

El argumento frustró a algunos de los comisionados de la CIDH, incluida su actual presidenta, Rose-Marie Antoine.

“A pesar de las seguridades de Canadá… nosotros en la comisión seguimos viendo una cantidad de muy graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en la región como resultado de ciertos países, y Canadá es uno de los más importantes… así que estamos indagando las deficiencias de esas políticas”, declaró Antoine después de la presentación de la delegación canadiense.

“Por un lado, Canadá, dice, ‘sí, somos responsables y deseamos promover los derechos humanos’. Pero por el otro, se trata de una estrategia de lavarse las manos… Tenemos que ir más allá de lo legalista si realmente nos preocupan los derechos humanos”, subrayó.

Antoine añadió que la comisión se encuentra trabajando en un informe sobre las consecuencias que tiene la extracción de recursos naturales para las comunidades indígenas. El documento incluirá, por primera vez, un capítulo sobre el “muy delicado tema de la extraterritorialidad”, anunció.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga

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Sobre la Consulta Popular


Estimo que la Corte debe evaluar la trascendencia nacional de la materia de la consulta cuando se trate de la modalidad especifica de consultas ciudadanas.


El mecanismo de consulta popular analizada por primera vez por la Suprema Corte de Justicia, tiene su origen en la adición del artículo 35 fracción VIII de la Constitución mediante decreto publicado en el DOF el 9 de agosto de 2012. El proceso legislativo que tuvo como consecuencia esta reforma, fue de alta complejidad, al componerse de 21 iniciativas con distintos temas relacionados con la reforma política.
En los trabajos legislativos del Constituyente, la consulta fue calificada como un “mecanismo de participación e intervención de los ciudadanos en la toma de las decisiones relacionadas con temas relevantes y constituye además, se dice, una vía para poder resolver, a través de la consulta a la base política de la sociedad, eventuales diferendos relativos a temas de suma importancia que se presenten en los órganos representativos o entre estos”. Sin embargo, en estos trabajos no se encuentran elementos claros sobre la definición de los temas que no pueden ser objeto de consulta, o el sentido en que estos deban ser interpretados, más allá de la repetición del contenido de la norma constitucional.
Si bien es cierto que el legislador ordinario reproduce estos temas en la Ley Federal de Consulta Popular, en el texto de ésta no agrega ni definición ni desarrollo alguno de los temas. Es sólo en los documentos del proceso legislativo, en particular en el dictamen de la Cámara revisora, la de Senadores, donde se  encuentran algunos elementos con los que el propio legislador ordinario pretende dar contenido a los conceptos establecidos constitucionalmente. Sin duda, estos elementos pueden servir como referente, pero como el propio órgano legislativo lo acepta, de ninguna manera vinculan a la Suprema Corte como intérprete último de la Constitución.
De los artículos constitucionales y legales correspondientes, se desprende que la función de la Suprema Corte de Justicia dentro del procedimiento de consulta popular consiste en analizar que la materia de consulta no verse sobre algún tema que no pueda ser objeto de consulta, de conformidad con los artículos 35, fracción VIII, numeral 3º constitucional, y 11 de la Ley Federal de Consulta Popular, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos generaría la inconstitucionalidad de la consulta por razón de su objeto.  
Este análisis de constitucionalidad debe hacerse en todo tipo de consulta, tanto en las ciudadanas, como en las del presidente de la República o las de las Cámaras del Congreso, tal como se encuentra establecido en los artículos 26 27 y 28 de la Ley Federal de Consulta Popular. Es preciso destacar, para efectos de desentrañar la naturaleza constitucional de esta novedosa figura y el rol que la Suprema Corte juega respecto de ella, que el proceso de consulta popular no es  un proceso de control de constitucionalidad de leyes o actos, sino que la Suprema Corte es parte de un proceso que hace efectivo un derecho humano de participación política.
Así entonces, los Poderes Ejecutivo y Legislativo y los ciudadanos no son parte de un proceso contencioso ante la Suprema Corte sino que todos, incluida ésta última, son partes de un proceso para el ejercicio de un derecho humano que se cristaliza posteriormente. El Congreso de la Unión, el INE, el Tribunal Electoral y la Corte cumplen funciones detalladas y específicas dentro del procedimiento de consulta popular. Al Congreso de la Unión le compete la convocatoria, al INE le compete verificar el porcentaje requerido y la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta; al Tribunal Electoral le corresponde la resolución de los medios de impugnación, y a la Corte, el análisis de los temas a los que refiere la consulta y la revisión de la pregunta bajo los criterios establecidos en la Constitución y la Ley.
Cualquier otra calificación de parte de la Corte excede esta función y violenta la posición que la propia Carta Magna le asigna.
Como cuestión previa, debe subrayarse que el artículo 35 solamente limita las consultas por temas, no en un sentido normativo u orgánico. Los órganos que pueden resultar vinculados por la consulta de resultar ésta procedente, cumplen funciones específicas dentro del ordenamiento constitucional y son estas funciones las que pueden resultar afectadas por la consulta. Un razonamiento que pretenda acotar la procedencia de la consulta derivado de estos efectos, me parece incorrecto y no podría yo compartirlo. La función de esta Corte frente al instrumento de participación ciudadana directa establecido como un derecho humano en la Constitución, debe entenderse acotada únicamente a la calificación de constitucionalidad de la consulta como se encuentra establecida constitucionalmente, pero no a la calificación de su procedencia derivada de los órganos que puedan resultar vinculados en sus efectos.
Asimismo, estimo que la Corte debe evaluar la trascendencia nacional de la materia de la consulta cuando se trate de la modalidad especifica de consultas ciudadanas, tal como se encuentra establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley, ello a fin de revisar que este tipo de consultas: a) Repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y b) Impacten en una parte significativa de la población. 
En lo que se refiere al análisis que la Suprema Corte debió hacer de las materias que no pueden ser objeto de la consulta popular, debemos partir del entendimiento de que la misma es un mecanismo de participación directa establecida en el artículo 35 de la Constitución como derecho humano de carácter ciudadano. Por ello, la interpretación que de tales materias se haga debe ser limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el acceso a la consulta, pues de otra manera se estaría desconociendo el contenido del artículo 1º constitucional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos civiles y políticos.  
Cabe señalar que en caso de que la consulta resulte constitucional, no es función de la Suprema Corte el análisis de las posibles consecuencias o efectos económicos, sociales o políticos que puedan llegar a generarse con su realización o eventual aprobación. Tales alcances y consecuencias son, precisamente, las que el Constituyente quiso delegar en el ámbito de la ciudadanía nacional a través de  este mecanismo de participación democrática ejercitable más allá de las formas tradicionales de representación política partidista.
Así entonces, cuando la Corte analiza la constitucionalidad de una consulta, es menester que ésta no tenga alguna de las siguientes características e implicaciones:
a)No se refiera ninguno de los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, es decir, no se afectan los principios republicanos, democrático, representativo, federal o laico de nuestro Estado nacional.
b)No sea de materia electoral.
c)No se refiera a la seguridad nacional ni a la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.
d)En ningún momento debe restringir o limitar de manera injustificada un derecho humano reconocido por nuestra Constitución y los tratados internacionales de la materia que hayan sido ratificados por el Estado mexicano.
e)No se refiera a los ingresos y gastos del Estado.
Es necesario, por tanto, analizar la relación que la materia objeto de la consulta guarda con aquellas materias excluidas de la misma para el efecto de la calificación de su constitucionalidad. Al respecto y teniendo presente que el alcance de las materias excluidas debe ser entendido restrictivamente, sólo cuando la materia objeto de la consulta tiene una relación directa con una materia prohibida es que la misma debe declararse inconstitucional. De otro modo, cuando  la relación sólo sea indirecta, se debe declarar su constitucionalidad. Esto bajo el parámetro ya apuntado de la no restricción del derecho humano político de participación ciudadana del citado artículo 35 constitucional.
Como ejemplo y en lo que se refiere a la interpretación de los términos ingresos y gastos del Estado, nos enfrentamos a la falta de definición por parte del Constituyente del contenido de estos términos. Sin embargo, resulta claro que la figura de la consulta popular se encuentra como derecho humano ciudadano en el artículo 35 de la Constitución y la interpretación de los derechos humanos debe  ser la que sea más benéfica para la persona, ya que de otro modo iríamos en contra del sentido del artículo 1º constitucional.
Es por ello que la interpretación de las restricciones al ejercicio de un derecho, en este caso los temas que no pueden ser objeto de la consulta, debe hacerse de manera limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el acceso a la consulta. Interpretar estos conceptos de manera amplia, generaría que toda acción del Estado tuviera alguna relación con sus ingresos o gastos, de tomar en cuenta la totalidad de los rubros de ingreso y gasto que se encuentran en la Ley de Ingresos o en el Presupuesto de Egresos implicaría la relación indirecta con prácticamente la totalidad de las actuaciones estatales, lo cual haría muy difícil, si no es que imposible, el acceso al mecanismo de democracia semidirecta que es la consulta popular. 
Una vez determinado que la consulta no se refiere a alguno de los temas prohibidos, el artículo 28, fracción IV, inciso a), de la Ley Federal de Consulta Popular, exige que la Corte revise la pregunta formulada para que cumpla con los criterios ahí establecidos. Es decir, que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee  lenguaje neutro, sencillo y comprensible; y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.
En lo que se refiere a que la pregunta no contenga juicios de valor, considero que como el legislador no puede haber establecido un requisito que socavase la finalidad constitucional de la propia consulta, el mismo debe ser interpretado de manera que se evite una pregunta que pretenda que su receptor se pronuncie sobre su orientación ideológica frente a un valor.
Ahora bien, en lo tocante a los dos últimos criterios de revisión, es decir, el empleo de lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y a que la pregunta produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo, es necesario puntualizar que en algunos casos el lenguaje que se utiliza al presentar una consulta no será siempre de lenguaje común, pues se requiere de conocimiento especializado para desentrañar su sentido y significado.  
En mi opinión, habrá supuestos en donde los conceptos usados en una pregunta necesitan de un estudio constitucional y legal para poder trazar los límites que  estos tengan, ya sea en lo general o en un determinado contexto. Por ejemplo, cuando se busque delimitar de manera certera cuáles son las finalidades y facultades de un órgano de relevancia constitucional, se necesita de un análisis normativo comprensivo e integrador para poder definir el alcance de éstas y así poder entender la verdadera naturaleza de la interrogante relevante.
En este mismo sentido, es necesario acotar que la pregunta no debe estar limitada para que solamente se modifique alguna Ley de manera específica o que acote la materia objeto de la consulta de modo que no puedan tomarse todas las acciones modificadas para que puedan obtenerse la totalidad de los efectos pretendidos por la consulta. Es por ello que considero que, en su caso, no solamente deberían resultar vinculados los Poderes Legislativo y Ejecutivo federales, sino cualquier otra autoridad competente en la materia y que tenga relación con el objeto de la consulta, sin que esta mención resulte limitativa y no permita ampliarla en el momento en el que se instrumente el resultado de la consulta.  
Es por todo lo anterior que considero que la Suprema Corte tiene que desarrollar el mecanismo de democracia semidirecta, porque éste es el ejercicio de un derecho político con rango y características de derecho humano, debiendo buscarse siempre el “cómo sí” se logra hacer efectivo el acceso a la consulta, y no realizar interpretaciones que la imposibiliten.

Mar de Historias La danza de las hojas



Cristina Pacheco
Cuando levantaron el edificio de enfrente nos sentíamos todo el tiempo amenazados por los 27 pisos con ventanas que dan a nuestras casas. Pensábamos que los nuevos inquilinos nos veían con actitud de superioridad, de arriba para abajo. Eran sensaciones incómodas que nunca habíamos imaginado posibles y menos en una colonia como esta: casas pintadas en color pastel, de una sola planta, cochera y un jardincito al frente adornado –según el gusto de cada quien– con un par de cisnes o un gnomo de fibra de vidrio con calzas verdes y bonete rojo.
Cuando hablo de mi colonia mejor sería decir la nuestra. ¿De quiénes?, se preguntará usted. De todos los que nacimos, crecimos y esperaremos el fin aquí. Mis vecinos podrían decirle los nombres y apellidos de las familias originarias, lástima que a estas horas todos se encuentren fuera. Desde temprano algunos se van a su trabajo y la mayoría a buscarlo. Estos salen con el cabello teñido y la cara embadurnada para ocultar su edad ante los posibles futuros patrones o jefes (me cuentan que casi siempre se trata de muchachos que podrían ser sus hijos o sus nietos pero desdeñan su experiencia de años, los tutean y al fin les dicen que cuando haya una vacante los llamarán, cosa que nunca ocurre). Antes esos hombres de cabello teñido y rostro maquillado me antipatizaban, ahora me conmueven, entre otras cosas porque sospecho la inutilidad de su esfuerzo.
Desde mi ventana los veo salir con el gesto de quien pretende abrirse camino a cualquier precio –en este sentido me he enterado de cosas de las que prefiero no hablar– y pasando por encima de quien se les ponga enfrente.
Esas personas van con el estómago vacío, los trajes lustrosos, dos boletos del Metro en el bolsillo, veinte pesos de tiempo aire en sus celulares y la última ración de esperanza. En su forma de caminar se refleja su esperanza de que hoy sí van a conseguir un cargo, un puesto, una oportunidad de sentirse tomados en cuenta, útiles, productivos, con el dinero suficiente en el bolsillo para permitirse un lujo: no tener que pedirle dinero a nadie.
II
La ayuda que me han brindado en los momentos de pequeños contratiempos domésticos, bastaría para que yo viviera agradecida con mis vecinos; pero desde que estoy en mis condiciones actuales –no necesito describírselas– les debo algo más: por momentos me contagian su optimismo.
Al menos durante la mañana me hacen creer, sin ellos saberlo, que lo mío también tiene solución, llegará la hora en que logre desterrar el miedo que me tiene paralizada, pueda levantarme del sillón, salir de esta casa, atravesar la avenida que me separa del parque –otro orgullo para los que vivimos en esta colonia–, perderme entre sus senderos y entregarme al deleite de caminar sobre las alfombras de hojas cobrizas que el otoño desprende de los árboles.
¿Las ha visto caer? Entonces ha notado cómo giran en el aire y se dejan arrastrar por el viento. Es todo un espectáculo, un ballet al ritmo del silencio. Me fascina. Paso horas mirándolo y haciéndome las ilusiones de que no corremos peligro, de que nada malo nos está sucediendo, de que no hay crímenes sin castigo, de que frente a mi casa no hay un edificio de 27 pisos con un anuncio enorme en la azotea que me impide ver el pedacito de cielo que podía mirar desde mi ventana.

III
El anuncio ofrece todas las ventajas de un nuevo complejo habitacional próximo a levantarse al sur de la ciudad, cerca del bosque. Se llamará Verde Esperanza. Colores muy vivos iluminan los jardines llenos de árboles que rodean los seis módulos de cuatro pisos en que está dividido el terreno. Los andadores se encuentran bordeados de flores que atraen a las mariposas, las abejas y hasta a las catarinas. Hace años que no veo uno de esos animalitos rojos con pintas negras. De niña, mis hermanos y yo los atrapábamos. Sentir entre los dedos sus cuerpecitos gordos, redondos, lustrosos nos producía la sensación de ser los personajes de un cuento infantil.
También lo parecen los niños que ilustran el anuncio frente a mi ventana. Cuando veo sus ojos brillantes sin sombra de temor, aunque no quiera, pienso en Remy. Es el muchachito que me trae del mercado lo que necesitaré en la semana. En cierta forma, a pesar de la diferencia de edades, nos hemos hecho amigos. Le hablo de mis cosas y él a mí de las suyas. La escuela no le gusta. La maestra lo reprende porque a cada momento bosteza o se queda dormido sobre el cuaderno.
Le sugerí a Remy que, para evitarse los regaños de su profesora, vea menos tele y se acueste temprano. Me respondió que no importa a la hora en que se vaya a la cama porque de todos modos no puede dormir: lo mantiene despierto el temor de que alguien lo secuestre para robarle los ojos, el hígado, los riñones.
Procuré consolarlo diciéndole que eso era imposible en la realidad, sucedía en las películas donde el personaje principal es la violencia. Me contestó que estaba equivocada. Uno de sus compañeros de escuela le había mostrado un recorte de periódico referente al caso de un niño víctima de esos horrores. No me atreví a decirle que también había leído la noticia ni tampoco a confesarle que el miedo frente a lo que está sucediendo es mi verdadera enfermedad.
Ahora que me acuerdo, en el anuncio se ve un abuelo conversando con su nieto. No parecen hablar de cosas macabras o tristes: sonríen, disfrutan de un ambiente limpio, seguro, primaveral, tan raro entre nosotros como las catarinas.
Hemos perdido muchas cosas pero no el deseo de seguir viviendo, de que se haga justicia, de abandonar el encierro, de responder sin temor al saludo que alguien nos dispensa en la calle, de recuperar los pequeños placeres. Uno de mis predilectos, ya se lo dije, es ver cómo caen las hojas que el otoño desprende de los árboles y pensar que bajo su alfombra cobriza late una nueva vida.

La Muestra : Conducta



Carlos Bonfil
Conducta impropia. El tema de la educación en la Cuba socialista ha sido siempre delicado. Por un lado, se trata de uno de los logros más irrebatibles del sistema; por el otro, a partir de 1971, precisamente con el primer congreso de educación y cultura, se combatieron corrientes de pensamiento supuestamente contrarrevolucionarias. Algunas conductas, consideradas antisociales o impropias, desde la homosexualidad hasta la vagancia, fueron largamente estigmatizadas y reprimidas. Al hablar de Conducta, su película más reciente, el realizador cubano Ernesto Daranas (Los dioses rotos, 2008), alude a aquella realidad y a los cambios que décadas después finalmente tienen lugar en la isla. Su cinta aborda algunos de los rezagos persistentes.

La Habana que presenta aquí el realizador está alejada por completo del cliché turístico promovido oficial y afanosamente. Es una ciudad derruida y hostil, con zonas de violencia, precariedad, prostitución, drogadicción y negocios de apuestas (en particular el entrenamiento de perros de pelea). Una ciudad parecida a cualquier otra urbe latinoamericana, incapaz de disimular de manera convincente, sus asperezas sociales. En ella conviven el casi adolescente Chala (Armando Valdés Freire, estupendo) y Sonia (Yuliet Cruz), su madre alcohólica y drogadicta. El comportamiento rijoso e indisciplinado del joven protagonista lo vuelve un personaje difícil, a punto siempre de ser remitido a un tipo de plantel disciplinario, la escuela de conducta. Una vieja maestra, cercana a la jubilación, la aguerrida Carmela (Alina Rodríguez), toma su defensa y de paso endereza algunas críticas (agudas a nivel local, tímidas fuera de la isla) a las deficiencias del sistema social dominante y a su catálogo de restricciones a la libertad individual.

Con un lenguaje cercano al melodrama televisivo y un diseño de personajes muy convencional, Conducta no rebasa en sus señalamientos sociales el tipo de crítica tolerada en Cuba desde la cinta parteaguas de Tomás Gutiérrez Alea, Fresa y Chocolate (1993). No añade mayores audacias cuestionadoras y sí incrementa, en cambio, las dosis de sacarina sentimental en esa relación de la madura guía moral y el bondadoso discípulo rebelde, que el cine latinoamericano plasmó con éxito singular en Estación central (1998), del brasileño Walter Salles. Tal vez el personaje escéptico de María (Miriel Cejas), esa joven maestra que habrá de reemplazar a la veterana Carmela, apunte hacia una nueva visión de la realidad cubana. Por lo pronto, la cinta Conducta continúa anclada, en el fondo y en la forma, en el mismo pasado que azarosamente busca cuestionar.

Se exhibe en la sala 1 de la Cineteca Nacional. 12:30 y 15:30 horas.
Twitter: @CarlosBonfil1

La Muestra: Relatos salvajes



Carlos Bonfil

Hombres al borde de un ataque de nervios. En coproducción con El Deseo, compañía de los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar, la cinta argentina Relatos salvajes, de Damián Szifrón, lleva también la huella y estilo trepidante de una serie de televisión estadunidense.

Pasternak, el primero de sus seis relatos, suerte de prólogo impactante, comparte la ambientación y tono de Los amantes pasajeros, de Almodóvar, con la diferencia de que en su anécdota inverosímil sobre el rencor y la venganza, el humor negro remplaza ventajosamente a la infatigable frivolidad de la cinta del director manchego. Esa oscura vena humorística se prolonga en el guiñol sanguinolento del relato Las ratas, donde una mesera encuentra providencialmente la forma de vengar los pasados agravios de un prestamista prepotente. Aunque el director no lo propone de manera explícita, cabe imaginar ahí una metáfora política sobre la azarosa suerte de los viejos tiranos sin castigo. 

En Bombita, un hombre apacible (Ricardo Darín) padece un abuso burocrático, y en su condición de ciudadano orillado a la desesperación, recurre a una revancha violenta, mientras en El más fuerte, un hombre de negocios, igualmente tranquilo, se enfrenta en una carretera a un conductor energúmeno y la situación se vuelve un juego de masacre particularmente macabro. Dos últimos relatos, La propuesta y Hasta que la muerte nos separe, ilustran dos casos extremos de degradación moral en la burguesía argentina; el primero, en la esfera familiar a partir de un accidente automovilístico, y el segundo, en un asunto de infidelidad amorosa que un festejo matrimonial conduce a una revancha tan violenta como, a la postre, inofensiva.

Los relatos salvajes de Damián Szifrón son crónicas de agravios sociales padecidos por ciudadanos ordinarios para quienes el caos urbano o la tiranía combinada de corrupción, impunidad y doble moral se vuelven súbitamente fardos insoportables. Afrentas violentas a la que sólo cabe responder con acrecentadas dosis de violencia. El ciudadano agraviado se transforma así en un vigilante civil siempre alerta, al borde de la deshumanización y de la histeria. Con eficacia narrativa y una acción intensa que sólo decae o encuentra contrapuntos en sus dos últimos relatos, la cinta de episodios de Szifron incursiona en un terreno turbio: el creciente malestar ciudadano hace que una posible marcha de listones blancos contra la violencia se transforme en un laboratorio de peligrosas respuestas extremistas.

Se exhibe en la sala 1 de la Cineteca Nacional, a las 12 y 18 horas.

Twitter: @CarlosBonfil1




Interestelar: la necesidad de trascender


El Salón Rojo
Por Alejandro Alemán I Noviembre 7, 2014 I 1:22 am

Interstellar (Dir. Christopher Nolan)

En algún momento de Interstellar -noveno largometraje del londinense Christopher Nolan- uno de los protagonistas lanza esta sentencia: “Hemos olvidado quienes somos… somos exploradores, pioneros, no simples intendentes”. La frase muestra cómo es que Nolan entiende al cine.

El hombre que dio nuevo aliento a las películas basadas en cómics pareciera reprochar con esta frase a una industria que no explora nuevas posibilidades, que se queda tranquila a esperar, año con año, la cosecha de nuevos remakes o secuelas.

Nolan suma así un elemento más a su muy personal definición sobre lo que es y debe ser el cine: el cine es estructura (Memento, 2000), el cine es un truco (The Prestige, 2006), el cine es espectáculo (La Trilogía Batman, 2005, 2008, 20012), el cine es ensoñación (Inception, 2012), el cine exige explorar, tomar riesgos.

La actitud puede parecer petulante, pero habría que aceptar que el hombre tiene como sustentar sus reclamos. Jugando de nueva cuenta en la cancha de Hollywood, arma un blockbuster espacial de $160 millones de dólares con el único objetivo de hablar sobre el amor como única forma de trascendencia en el tiempo y el espacio: el amor como factor de decisión tan válido como podría serlo una ecuación matemática.

Con esas grandes ambiciones, los hermanos Nolan construyen una grandilocuente historia donde el planeta tierra está muriendo lentamente, la comida escasea, y la única salida es comenzar a explorar nuevos mundos para colonizar. Director y escritor no pierden su tiempo en explicaciones sobre cómo es que la humanidad llegó a tal crisis, en qué año estamos o qué sucede más allá de aquel pueblito donde Cooper (Matthew McConaughey), un ex astronauta convertido en granjero, tendrá que decidir entre unirse a una misión en búsqueda de un planeta habitable o quedarse a esperar el final junto con sus hijos.

Nolan explora las galaxias con zapatos robados: filma la danza rítmica del universo, el silencio del espacio, el baile de las estaciones que se acoplan usando ideas robadas al 2001 de Kubrick, incluyendo a su propia versión edulcorada de HAL.

Los vicios del cine Nolanesco siguen presentes con insistencia enfermiza: casi tres horas donde abunda la palabrería sin sentido, la sobre-exposición de conceptos pseudocientíficos ininteligibles, actuaciones desperdiciadas (Nolan sigue sin saber qué hacer con los personajes femeninos); todo ello inmerso en un guión reiterativo, que se torna predecible desde la primera hora y que además no deja de tener fuertes dosis de cursilería.

Y aún con todo ello, los aciertos de Interstellar son mayores, o al menos más trascendentes. Bajo el disfraz de una película de aventuras en el espacio, Nolan encuentra la forma de hablar sobre los temas que le son importantes: el amor, la familia, la necesidad de trascender a través de nuestros hijos, de protegerlos, de verlos crecer, de morir antes que ellos. La resolución de la historia y la consecución de las acciones le importa poco a los Nolan, lo que les importa es poner en jaque a sus personajes, verlos afectados, porque así nos afecta también a nosotros. Más cercana a Spielberg que a Kubrick, Interstellar construye momentos de abrumadora belleza donde es imposible no quebrarse. Conmueve a base de sucesos, edición, ideas y sensaciones, no de discursos ni de CGI.

Si el cine no es más que un cúmulo de momentos, habría que reconocer que Nolan lo ha vuelto a hacer: consigue armar grandes momentos aunque para llegar a ellos sea necesario navegar entre la maleza de su palabrería inútil.

El peor enemigo de Nolan es Nolan mismo; pero ese ímpetu y esas ganas por seguir explorando, seguir arriesgando y no quedarse sentado a simplemente esperar la cosecha de los millones, es algo que debe de celebrarse.

Interestellar (Dir. Christopher Nolan)
3.5 de 5 estrellas