10/10/2014

Llega nuevo avión presidencial… y lo regresan a EU


Durante 11 meses, el Boeing 787-8 será adaptado a las necesidades del Jefe del Ejecutivo federal; es más caro y sofisticado que la aeronave de Obama y Putin
Aunque oficialmente Enrique Peña Nieto estrenará el nuevo avión presidencial Boeing B-787-8 hasta septiembre de 2015, la aeronave, cuyo costo total es de 7 mil 804 millones 689 mil pesos, fue entregada ayer por la compañía área al gobierno mexicano. Sin embargo, por la tarde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclaró que dichos arreglos se llevarán a cabo en Estados Unidos, por lo que la aeronave será regresada.

El vuelo ferry salió ayer por la mañana de Charleston (Carolina del Norte, Estados Unidos) y aterrizó horas después en la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

La aeronave con número de línea LN 006 y matrícula XC-MX fue ensamblada en la localidad de Everett, Washington, y tuvo siete vuelos de prueba antes de ser entregada al Estado Mayor Presidencial.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el avión estará listo para usarse en septiembre de 2015 debido a que todavía faltan por realizarle diversas adecuaciones, así como la adaptación del actual Hangar Presidencial para recibirla.
 
De hecho, la adecuación del Hangar Presidencial ya comenzó, la obra está a cargo de la SCT, costará 945 millones de pesos y se prevé que esté completada también en septiembre de 2015.

Los costos 

Con la llegada del Boeing B-787-8, el presidente Enrique Peña Nieto tendrá a su disposición una de las aeronaves más sofisticadas del mundo, incluso, superando en precio y equipamiento a las aeronaves de sus homólogos de Estados Unidos, Barack Obama, y Rusia, Vladimir Putin.

El proyecto de inversión a cargo de la Secretaría de la Defensa, cuya copia posee 24 HORAS, detalla que el solo avión como fue entregado ayer cuesta seis mil 547 millones 379 mil 437 pesos, los cuales se empezaron a pagar en 2012 a un plazo de 15 años, por lo que se liquidará hasta 2027.

A esa cantidad se suman mil 257 millones 309 mil 661 pesos presupuestados para las modificaciones que se le realizarán a la aeronave, las cuales la transformarán de una convencional de pasajeros a una presidencial con despacho y aérea de descanso para el mandatario, así como cocina y sala de conferencias.

El documento detalla que el mantenimiento y operación de la nueva aeronave le costará anualmente al Estado Mayor Presidencial otros 45 millones de pesos y tendrá una vida útil de 25 años, es decir, se podrá utilizar durante los siguientes cuatro sexenios.

Calendario de pagos 

Según el proyecto de inversión 12071320003, desde 2016 y hasta el 2026 cada año se invertirá una cifra de 485 millones 27 mil pesos. Y para finalizar en 2027 se destinarán 465 millones 345 mil pesos.

La SCT informó hace unos meses que el Boeing B-787-8 contaría con “un área de trabajo de 14 asientos para personal del Estado Mayor Presidencial, 24 asientos para funcionarios y 42 asientos para personal de apoyo y representantes de medios de comunicación, así como un área de trabajo del Titular del Ejecutivo Federal, que consta de despacho y área de descanso”.

Inició con FCH

El proyecto de la compra de un nuevo avión presidencial se aprobó a finales del sexenio de Felipe Calderón en 2012, fecha en que el gobierno federal comenzó con un pago inicial de 4.7 millones de pesos.

Para 2013 fueron 73 millones 482 mil pesos; durante este año se presupuestaron 227 millones 245 mil pesos; en 2015 serán 441 millones de pesos. Y de 2016 a 2026 se aportarán 485 millones cada año, el último pago será en diciembre de 2027 con 465 millones.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justifica la compra del avión en el proyecto de Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para Uso Presidencial y señala que es prioridad del Estado Mexicano y de seguridad nacional elevar la capacidad y tecnología del transporte aéreo del Presidente.

Actualmente la Coordinación de Transportes Aéreos de la Presidencia de la República cuenta con dos aeronaves el Boeing TP-01 y el TP-02, los cuales, datan de 1987 y 1989, por lo cual ya cumplieron su etapa de vida útil.

Las actuales aviones tienen “capacidad limitada de transporte aéreo, para llevar a cabo actividades de coordinación y cooperación entre el Gobierno Federal, el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y organismos superiores, subordinados y adyacentes”.

Además, cuenta con “restringida capacidad para coadyuvar con los objetivos nacionales que confieren prioridad a las relaciones internacionales, en lo referente al apoyo de transporte aéreo para el Ejecutivo Federal y personal del Estado Mayor, designado para efectuar visitas de trabajo al extranjero”.

Ante ello, la Sedena considera conveniente la inversión en un nuevo avión para “estrechar lazos de amistad, y obtener información de interés sobre aspectos políticos, económicos, sociales, de seguridad nacional y militares de naciones amigas”.

Sólo vino por trámites administrativos: SCT 

El nuevo avión presidencial Boing-787-8 llegó a México en su versión comercial y para cumplir con trámites administrativos, pues regresará a Estados Unidos para realizarle las adecuaciones pendientes.

“Terminó toda la parte del casco del avión y ahora viene el equipamiento interior y se entregará en condiciones operativas en septiembre del año que entra, será la fecha en que llegue a México”, confirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, durante una entrevista con medios de comunicación.

El funcionario abundó: “el avión se está entregando por parte de la fábrica para su equipamiento, llegará a un punto para equiparse”.
Las adecuaciones del avión, cuyo costo supera los siete mil millones de pesos, tardarán aproximadamente 11 meses.

Será hasta 2015 que el Presidente Enrique Peña Nieto podrá estrenar el avión, así como un hangar remodelado.

Como equipó adicional,  para el funcionamiento de la aeronave se necesitarán unidades de apoyo terrestre para puesta en servicio.
Además, refacciones y accesorios para aeronave y motores, equipamiento de cabina y acondicionamiento de interiores.

Los pilotos de la Fuerza Aérea asignados al Estado Mayor Presidencial recibieran un entrenamiento especial para pilotear la nave que es capaz de realizar vuelos trasatlánticos. Por ejemplo, la ruta del Distrito Federal a Tokio Japón la cubrirá sin escalas para recarga de combustible.

Su versión comercial, que llegó hoy a México y de la cual sólo existen 196 modelos, está diseñada para transportar 250 pasajeros.

Sin embargo, el Boing 787-8 de la Presidencia de la República tendrá modificaciones que sólo permitirán 80 pasajeros y lo harán a único.

Se le adaptará una oficina al mandatario, un salón de conferencias, una habitación de descanso, cocina y espacio para las tareas de logística y seguridad del Estado Mayor Presidencial.

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De Tlatlaya a Ayotzinapa: estas son las recomendaciones que organizaciones internacionales hacen a México



El miércoles 8 de octubre se llevó a cabo en numerosos puntos de México y del extranjero una marcha para protestar por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. //Foto: Manu Ureste (@ManuVpC)

En menos de un mes, desde que el pasado 18 de septiembre se diera a conocer la masacre que presuntamente llevó a cabo el Ejército contra civiles en Tlatlaya, el gobierno de Peña Nieto ha recibido numerosas quejas y recomendaciones de organizaciones y organismos internacionales en materia de derechos humanos.



Foto: Manu Ureste (@ManuVpC)El miércoles 8 de octubre se llevó a cabo en numerosos puntos de México y del extranjero una marcha para protestar por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Luego de la marcha que tuvo lugar el miércoles 8 de octubre en múltiples puntos de México, y también del extranjero, para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, la organización Amnistía Internacional (AI) exigió al Gobierno mexicano el cumplimiento de ocho puntos para atender este caso.  Esta recomendación de Amnistía Internacional al Ejecutivo que preside Peña Nieto se suma a las realizadas recientemente por otros organizaciones internacionales como Human Rights Wach, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), o incluso la propia Organización de Naciones Unidas (ONU), las cuales han mostrado su preocupación por las violaciones a derechos humanos que tienen lugar en nuestro país. 
En Animal Político hacemos un recuento de las quejas que, en menos de un mes -desde que el pasado 18 de septiembre se diera a conocer la masacre que presuntamente elementos del Ejército Mexicano realizaron contra 22 civiles en Tlatlaya, Edomex, hasta la marcha del miércoles 8 de este mes por los desaparecidos en Ayotzinapa- ha recibido el Gobierno Federal por parte de organizaciones internacionales.
1.- Amnistía Internacional hace 8 recomendaciones por caso Ayotzinapa
Tras solicitar el miércoles 8 de octubre medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, Amnistía Internacional emitió ocho recomendaciones al gobierno de Peña Nieto para que las autoridades a su cargo aceleren la investigación y den con los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. 
Entre las recomendaciones, AI exige al gobierno mexicano que los peritos forenses argentinos “reciban todo el respaldo institucional para apoyar el proceso de exhumación e identificación de los restos encontrados”, y que Peña Nieto acelere y garantice “una investigación rápida y exhaustiva sobre estos terribles abusos”, para que las promesas de México sobre el respeto a derechos humanos “no queden en meras declaraciones”. 
Asimismo, Amnistía insta al Ejecutivo a que “asegure la vida y la seguridad de los familiares de las personas involucradas en los hechos de Ayotzinapa”, que se garantice la reparación del daño integral a las víctimas, “que incluya indemnización, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición”, y que los familiares de las víctimas tengan “acceso pleno” a las investigaciones ministeriales.
Lee aquí las 8 recomendaciones íntegras.
2.- En México hay “una crisis profunda de derechos humanos”: Human Right Wach
Ayer, 9 de octubre, Human Rights Watch envió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una carta en la que denuncia que en México hay una crisis profunda en la materia de derechos humanos.
“Los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la desaparición forzada de personas y los secuestros están plagados de demoras inexplicables y declaraciones contradictorias”, dice la organización en la misiva enviada ayer, 7 de octubre.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de ese organismo, explicó una investigación seria y resultados inmediatos al gobierno mexicano en el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de las ejecuciones de Tlatlaya.
Lee la carta íntegra aquí.
3.- ONU exige búsqueda efectiva de los jóvenes de Ayotzinapa
El 7 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el crimen de seis personas en Iguala como inhumano y absurdo, y pidió a México una investigación completa y transparente. 
Ese mismo día, la oficina local de la ONU urgió a México a una búsqueda efectiva de los jóvenes, desaparecidos desde que fueron baleados la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala y miembros del cártel local Guerreros Unidos, en un ataque conjunto.
Lee la nota aquí. 
4.- CIDH hace 4 recomendaciones a México por normalistas
El 6 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano que otorgue medidas cautelares en favor de estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Tras analizar el caso, la Comisión consideró que la información demuestra, en principio, que 43 estudiantes identificados, quienes presuntamente estarían desaparecidos y los estudiantes heridos, actualmente ingresados en un hospital, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo.
Lee aquí cuáles son las cuatro medidas que la CIDH instó al gobierno mexicano que tomara.
5- ONU, preocupada por política mexicana de derechos humanos y personas con discapacidad  
También el 6 de octubre, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU hizo público un informe, en el que, entre otros puntos, muestra su preocupación porque buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad en México son administrados en un ente privado como el Teletón (Televisa).
“Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad sean objeto de administración en un ente privado como Teletón. Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”, señala el informe de la ONU en el apartado ‘Toma de conciencia’, artículo 8.
Lee aquí la nota con el informe completo.
6.- HRW pone en duda versión oficial sobre Tlatlaya
El 2 de octubre, la organización Human Rights Watch, dijo que la explicación ofrecida por las autoridades de México sobre la masacre de 22 jóvenes en Tlatlaya genera dudas. 
Aunque en un principio fiscales estatales y el ejército se apresuraron a decir que los soldados actuaron adecuadamente al matar a los sospechosos el 30 de junio en la municipalidad de Tlatlaya, posteriormente las autoridades salieron en público a tratar de explicar qué sucedió, y cambiaron la versión inicial de que los 22 jóvenes murieron en el enfrentamiento y dijeron que soldados podrían haber cometido un asesinato, en un anuncio que generó más preguntas que certezas.
“Es muy difí­cil creer que tres soldados que actúan por su cuenta pudieron haber asesinado a 22 personas y luego convencieron a todo el gobierno mexicano que fue un tiroteo“, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Vivanco consideró que “la credibilidad de Peña Nieto en materia de derechos humanos dependen de si llama a cuentas a todos los responsables, tanto por la masacre como por el encubrimiento”.
Lee la nota completa aquí. 

Iguala, responsabilidad del Estado

Gerardo Esquivel
Algunos medios y autoridades han tratado de presentar el tema de los estudiantes de Ayotzinapa como algo atribuible al crimen organizado. Incluso se han dado nombres de la agrupación que pudo haberlos asesinado y hasta del líder que dio la orden de detenerlos y matarlos. Esta versión, sin embargo, empaña la realidad. No se trata de un delito más del crimen organizado. No. Los primeros asesinatos de estudiantes, la detención y posterior desaparición de los demás, fueron obra de policías municipales al mando de una autoridad local y, en última instancia, de una autoridad estatal (en mayo, Iguala y otros municipios firmaron un acuerdo de mando único con el gobierno estatal). 

Recapitulemos algo de lo ocurrido el fatídico 26 de septiembre. Ese día llegaron los normalistas a Iguala, en donde se apoderaron de algunos camiones con los que pretendían viajar al DF para participar en la marcha del 2 de octubre. En algún momento, uno de los camiones fue interceptado por una patrulla y algunos estudiantes se bajaron del camión con la intención de quitarla. De repente, un estudiante recibió un disparo en la cabeza. Así cayó el primero de ellos, arteramente balaceado por policías. Los otros estudiantes pretendieron escapar y varios fueron detenidos. Uno de ellos, Julio César Mondragón (20 años, padre de una niña de 2 meses), fue detenido por policías, según testigos. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Julio César amaneció tirado en la calle, desollado, sin la piel del rostro y con las cuencas de los ojos vacías. La imagen es escalofriante. Ese es, paradójicamente, el rostro de la violencia en el país. Una violencia sin sentido, llena de saña y brutalidad. Peor aún, ese repugnante asesinato fue cometido por policías o por alguien coludido con ellos. Se trató de una ejecución extrajudicial. Las otras muertes ocurridas esa noche y la desaparición de los otros estudiantes también son atribuibles a policías. Se trata, pues, de casos de abuso de autoridad y de desaparición forzada que deben ser tratados y juzgados como tales. 

La tragedia de Iguala sólo se explica en un contexto de impunidad y de abandono del Estado de sus labores más elementales. En dicho municipio era más que evidente la violencia que se vivía en los últimos meses. En marzo de 2013 fue asesinado el síndico perredista Justino Carvajal. Un año después, Arturo Hernández Cardona, también miembro del PRD y líder de Unidad Popular (UP), declaró frente al edil Abarca que el crimen de Carvajal había sido político y que lo responsabilizaba a él en caso de que les ocurriera algo a ellos: “Los crímenes de los políticos no se dan como crímenes sueltos, los crímenes de los políticos los autoriza otro poder, igual o mayor, político también”. Y añadió, “(si ahora) no decimos nada, corremos el riesgo de que se les prive de la vida a compañeros de la UP y al rato se va a decir que fue el mismo mecanismo utilizado, que fue el crimen organizado y entonces no se va a investigar nada”. Semanas después de haber hecho estas acusaciones, el líder social y varios compañeros fueron secuestrados, torturados y asesinados. Un sobreviviente declaró frente a un notario que fue el propio alcalde el que asesinó al líder social de dos escopetazos. 
Lo sorprendente de esta situación es la omisión de las autoridades estatales y nacionales, así como la pasividad de los liderazgos del PRD, quienes no reaccionaron ni frente a los asesinatos de miembros de su partido y que fueron incapaces de solicitar una investigación profunda de lo acontecido. Es por ello que el gobernador y la corriente hegemónica del PRD son corresponsables políticos de lo acontecido en Iguala. 
A nivel federal tampoco hay excusas válidas. La situación en el país se ha tornado muy compleja. A Peña Nieto de pronto se le calderonizó la agenda. Ya no puede evitar hablar de seguridad y violencia y ya no se pueden ocultar los problemas bajo la alfombra. Las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya por parte del Ejército, así como los aborrecibles actos de Iguala deben enseñarle que no hablar de los problemas no equivale a resolverlos. El Presidente debe abandonar la política de avestruz que ha caracterizado a su gobierno en estos temas. Es complicada y triste, sí, pero ésa es la realidad que debe enfrentarse.
Economista. @esquivelgerardo

gesquive@colmex.mx

Masacrar a luchadores sociales, “un hábito” en México

Raúl Vera, obispo de Saltillo y defensor de DD.HH. denuncia que en el caso de Ayotzinapa los criminales son brazos de apoyo de los políticos

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Considera que ya no es posible distinguir dónde termina un cártel y empieza el aparato político en México

“Qué delincuencia ni qué ocho cuartos. Éste es un mensaje para los luchadores sociales; ya lo hemos visto en muchas partes”, acusa el obispo Raúl Vera –que ha realizado su labor pastoral en sitios conflictivos de México, desde Coahuila hasta Chiapas, pasando por Guerrero. La masacre de normalistas a manos de la policía de Iguala, el 26 de septiembre, tiene antecedentes en otras represiones “y uso desmedido de la fuerza”, indica.Vera compara los ataques a los estudiantes -que hasta hoy tienen un saldo de seis personas ejecutadas, 43 desaparecidos y 25 lesionados, dos de ellos graves- con la represión gubernamental a San Salvador Atenco en 2006. “Se trata de tácticas de terrorismo de Estado”, resume.
Acteal e Iguala: la crueldad
El obispo de Saltillo, Coahuila, encuentra como un punto coincidente entre la masacre de Acteal, Chiapas, en 1997, y la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de normalistas, la crueldad con la que se actúa. En Chiapas, el trato hacia los tzotziles asesinados –“eligieron a pacifistas, casi todos mujeres y niños”, aclara”- fue “kaibilesco”. El cura insiste en que fue un mensaje del Estado para intimidar a los insurrectos.
Otro símil entre las masacres, que provocaron la condena internacional al gobierno mexicano, está en la impunidad que los rodea. En Acteal, aunque se capturó a los paramilitares, estos se encuentran libres. Y en Iguala, el secuestro en junio de 2013 de ocho activistas y asesinato de tres de ellos, pertenecientes a la Unidad Popular, también quedó sin castigo. De acuerdo con un sobreviviente, el responsable directo de la ejecución fue el alcalde, José Luis Abarca, hoy prófugo. La viuda de uno de los líderes asesinados, Sofía Mendoza, sigue amenazada por los criminales, señala el dominico.
En Acteal, insiste Raúl Vera, hay testimonios de que la policía estatal y el ejército encubrieron y cuidaron las acciones paramilitares. “Este tipo de cosas las vemos en Iguala”, compara. El obispo, como parte de la organización Red Década contra la Impunidad, participó en dos caravanas de observación de derechos humanos a Guerrero, una para el caso de Iguala.
Vera abunda en el asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular, que “molestaba” a Abarca porque organizó una manifestación “fuerte” para exigir la aplicación de ayudas gubernamentales. Señala que fue capturado, junto con los otros siete militantes, y llevado a un baldío a las afueras de Iguala, donde el alcalde lo amenazó y lo asesinó, acompañado “por los criminales”, relata. La declaración del sobreviviente sucedió desde marzo de este año, “y nadie movió un solo dedo”.
“En estas desapariciones, participan ya otro tipo de cuerpos”, explica el obispo. E insiste en que los criminales son los “brazos” del alcalde. Califica de “absurdas” las versiones que indican que los normalistas habrían molestado, de alguna manera, a los criminales: “Eso es tratar de legitimar lo que pasó”.
“Ya no sabemos dónde acaban los cárteles, y empieza el crimen organizado que está en la estructura política y los aparatos de justicia. Ya estamos hartos de esta connivencia espantosa”, lamenta.

Ayotzinapa, crimen de Estado



El gobierno del Estado de Guerrero desvió de su ruta de movilización a jóvenes normalistas de la combativa Ayotzinapa con toda intención de propiciar un altercado con los guerreros unidos e instigó el acto con el auxilio de sus fuerzas represivas. Por su parte el narco poder da muestras claras de entrar en una fase “precautoria” respecto de los golpes sufridos en el estado de Michoacán de no permitir la movilización popular en las zonas bajo su control. Se trata de una celada al viejo estilo de la guerra sucia, una emboscada preparada por instancias políticas, de seguridad y del narco hoy enmarañadas en el deterioro de la antigua institucionalidad burguesa del Estado mexicano y el socavamiento de su condición como Estado-nación.

Un detonante colocado por gentes del poder (narco, político y económico) que no quieren hacerse responsables de sus actos de ningún modo, empeñadas en ponerlo como un acto de la delincuencia organizada restringiendo toda forma de manifestación social que irrumpa en sus escenarios, ya sea en las zonas donde gobierna el narco o en lo que los políticos creen sus estrictas áreas al margen de los derechos políticos. Así entonces, en este acto criminal están coludidos esos entes con plena intención de generar la represión contra el pueblo pero por la naturaleza feroz de su agresión la situación se les escapó de control y del cerco mediático.

Al limitar las posibilidades de movimiento hacia Chilpancingo las instancias de seguridad, las fuerzas policiales y militares, el ejecutivo estatal y sus agentes crearon el marco “perfecto” para empujar a los estudiantes a Iguala para armar ese plan macabro entre dos fuegos. El presidente municipal de Iguala en la maraña de sus frivolidades poco importa a los más poderosos, lo usarán como tonto útil independientemente de sus propias responsabilidades.

Definitivamente es un ensayo para aplicar este tipo de acciones a gran escala donde sea el narco quien golpee al movimiento popular, es un plan combinado con los intereses propios del narco poder que una vez socavado el tejido social en importantes regiones del país cree tener las condiciones para ejercer funciones de dominación general sobre la población que sólo sembrarán mayor caos y desmembramiento del país, ideales para otro tipo de intervenciones imperialistas. Se estará de acuerdo en que eso hace tiempo se practica a un nivel muy local en algunas regiones, pero este precedente es nuevo y sumamente peligroso para la lucha revolucionaria en un momento en que se incuban nuevos potenciales de movilización de las cuales el Estado gobernado por imperialistas, oligarquía financiera y carteles de la droga toma nota como puntos rojos que van encendiéndose intentando distintas acciones para apagarlos.

Peña Nieto en lugar de subrayar la responsabilidad de su investidura, simplemente se lava las manos, nos sale con una declaración oficial de consternación como si no fuese más que un simple espectador, pero para quien quiera ver en su discurso es notoria su intención retardataria de las investigaciones en el caso de Guerrero como lo fue mientras fungía de gobernador del Estado de México. Simplemente por el hecho de que en lugar de crear alguna herramienta institucional que atienda estos graves problemas, se apoya en las instituciones que se sabe carcomidas para que estas resuelvan lo que no les interesa resolver. A esos niveles de gobierno resultan absurdas sus declaraciones, sobre todo con su gabinete de seguridad que sabe y discute dónde y cómo usar la fuerza.

Los gobernantes juegan a la confusión, se hacen los desentendidos, demoran las investigaciones, están coludidos por diversos intereses; el pueblo debe movilizarse contra esta agresión de todas las fuerzas hostiles del poder político, económico, militar y narco, exigimos castigo a los culpables, desenmascarando la múltiple condición de este crimen de Estado.

Iguala, la sociedad política y el freno de la historia

Eduardo Nava Hernández
Cambio de Michoacán

A poco de llegar a ocupar la presidencia en un proceso no exento de sospechas de derroche de recursos provenientes de quién sabe dónde y compra de sufragios, Enrique Peña Nieto pidió a una sociedad mexicana harta de la violencia y la inseguridad desatadas en el gobierno de Felipe Calderón un plazo de un año para presentar resultados en materia de seguridad y abatimiento de la delincuencia. Casi han pasado dos años de este gobierno y el país parece estar más lejos que nunca de los objetivos planteados en el discurso. La impunidad de un incalculable número de delitos del pasado reciente y los que aún se siguen cometiendo cotidianamente contra la seguridad, la propiedad y la vida de las personas se ha visto agravada con la nueva y descarnada modalidad de violencia que se traduce en una virtual guerra desde el poder mismo y los grupos delincuenciales contra los jóvenes y la protesta social.

 Tlatlaya e Iguala, como hace pocos años San Fernando, han quedado ya inscritos en la historia de la infamia junto a Tlatelolco, el Corpus de 1971, la guerra sucia, Aguas Blancas, Acteal y otros ignominiosos episodios de muerte y dolor sin medida para colectividades enteras. ¿Qué hace particulares a estos recientes episodios con respecto de la multitud de hechos sangrientos que han enlutado a decenas de miles de hogares y sembrado el terror en regiones enteras en los últimos años? No sólo el escandaloso número de bajas sino sobre todo el papel de las fuerzas del orden en una política criminal. Cada vez queda más claro el involucramiento directo de sectores del Ejército y de las policías federales, estatales y municipales con diversos grupos de la delincuencia organizada. Cada vez más evidencias de la corrupta tolerancia de autoridades de diversos niveles a la presencia y acciones de las bandas criminales.

Algo que en cada región es conocido pero que no siempre trasciende a la opinión pública nacional ni a las instancias de procuración y administración de justicia.

En Tlatlaya e Iguala, como los casos más resonantes de violaciones graves a los derechos humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta su primera gran crisis política, justo cuando levantaba triunfante el trofeo de las reformas estructurales, aprobadas por los partidos de colaboración (PAN y PRD) y el suyo propio, con una muy débil resistencia social, y cuando se dispone a entregar los principales recursos energéticos del país al capital transnacional. Las masacres irrumpen en medio del alborozo gubernamental —como la masiva resistencia de la comunidad politécnica a la reforma autoritaria de su reglamentación y sus planes de estudio— cuestionando la solidez de un régimen político cohesionado en sus cúpulas pero que pierde rápidamente legitimidad en el conjunto de la sociedad.

Ante la violencia brutal y descarnada que los más recientes episodios de asesinatos y de colusión entre autoridades y criminales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emplazado al gobierno mexicano a resolver de inmediato el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala y darles garantías de seguridad. El Departamento de Estado estadounidense expresa su preocupación por el caso y demanda una investigación “completa y transparente” que lleve a los responsables del crimen ante la justicia. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, expresa también desde Washington su consternación por un acto “que enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de América”.

Mientras tanto, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) diagnostica: México, último país en materia de seguridad entre las 34 naciones que la integran —23 homicidios por cada 100 mil habitantes, cinco veces más que el promedio de 4.2 asesinatos por cada 100 mil—y ubicado, en calidad de vida, por debajo del promedio en áreas como salud, ingreso disponible (lugar 33) y acceso a Internet (lugar 34), y denuncia más de 107 mil muertes violentas en el país a partir de 2007. La violencia, en una palabra, coloca a México muy lejos del status de las naciones más industrializadas y lo aproxima más al de los países que viven guerras civiles o delincuencia descontrolada —Estados fallidos— en medio Oriente o África subsahariana.

Ante ello, en una breve aparición el lunes 6 al medio día, el presidente Peña Nieto sólo alcanza a lamentar, en relación con los asesinatos y desapariciones de los normalistas en Iguala, a los que no se atreve a llamar por su nombre, que “sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos”; y anuncia la participación del gabinete de seguridad del gobierno federal en el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables.

Sin embargo, Iguala, como el caso de Tlatlaya y antes el de San Fernando, Tamaulipas, sólo habla, con distintas voces, de un mismo tema: hasta dónde se ha permitido llegar una sociedad política corrupta y con visos delincuenciales en su proceso irreversible de descomposición. En Iguala los gobiernos municipal y local del PRD son tan responsables como lo fue el gobierno federal panista en la matanza de San Fernando y las administraciones priistas de Peña Nieto y Eruviel Ávila en la masacre de Tlatlaya. De un sistema político totalmente alejado de las demandas de la población (a la que sólo ve como surtidor de sufragios) y profundamente penetrado por intereses particulares y corrompidos, incluidos los de las bandas delincuenciales, es de lo que se habla, y no de eventos circunstanciales o aislados.

Pero la resistencia del IPN y la solidaridad en las calles y plazas de todo el país con los estudiantes masacrados y desaparecidos de Ayotzinapa, que tiene alcances mucho más allá de nuestras fronteras, abren un nuevo ciclo de inconformidad y de movilización en la sociedad para hacer retroceder la perversa espiral de pobreza, degradación y violencia por la que ese sistema político la ha conducido. Mover a México en sentido opuesto al que sus gobernantes le deparan es hoy necesario para poner en pie a la nación, regenerar el tejido social y contener su corrupción.

Discrepando de su maestro Carlos Marx, escribió Walter Benjamin que las revoluciones no son la locomotora de la historia; son el freno de mano que los pasajeros jalan para frenar el tren cuando la locomotora los conduce a toda velocidad al despeñadero. Y una revolución es, ante todo, la opción de las grandes masas para recuperar la conducción de sus propios destinos que las aristocracias y sus representantes políticos les han arrebatado; la tabla de salvación para los oprimidos y condenados de la tierra a los que la esperanza misma se les ha negado. México, nos lo dice Iguala, a ese punto ha llegado. El freno es imperioso.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-10647

Caos: catarsis del sistema en México

Juan Danell Sánchez
Alainet

En historia, como en política, no existen las coincidencias. Los hechos registrados son producto de proyectos y planes bien definidos y que pueden estar diseñados para que sucedan a corto, mediano o largo plazos. Todo depende de los objetivos que se persigan. Son producto de estrategias de los grupos de poder, Estados y gobiernos. Un ejemplo de esto es lo que vivimos hoy los mexicanos: el caos como catarsis del sistema capitalista.

Hace 20 años y diez meses, al igual que hoy día, México experimentó la zozobra y el miedo a la guerra, la sociedad vivió el pavor ante una posible revuelta armada generalizada. En 1994 la razón de ello fue la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, con el Subcomandante Marcos al frente, que por cierto resultó ser una botarga.

En estos días del otoño de 2014, el origen está en el desgobierno que ha criminalizado al país, lo cual ha desencadenado sucesos abominables como la masacre de estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y la violencia desenfrenada de las bandas criminales en todo el territorio.

En aquel año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por México, Estados Unidos y Canadá, que, no obstante la evidente asimetría de las economías, en teoría catapultaría a nuestro país para pertenecer al grupo de las naciones desarrolladas.

Se pusieron sobre la mesa todas las ramas y actividades productivas para su libre comercio entre los tres países. Sólo se dejó fuera el petróleo mexicano. En la IV Reunión Ministerial, realizada en Chantilly, Virginia (8 al 11 de febrero de 1992), se logró un acuerdo tripartita para que las restricciones constitucionales en materia de petróleo y petroquímica de México no se llevarán a la mesa de negociación.

El resultado de eso, hoy, es que el vecino del Norte se convirtió en nuestro principal socio comercial, dependemos en más de 80% de sus importaciones, la producción nacional de exportación se concentró en aquella frontera, además de que 60% de los alimentos que consumimos provienen de allá. Es decir, estamos atados al mercado de los Estados Unidos.

Además, también, creció la pobreza, a 53% de la población total, y la quiebra de medianas y pequeñas empresas. El campo está prácticamente desmantelado, así lo demuestra la creciente importación de alimentos; y las oportunidades de elevar la condición de vida del grueso de la población, cada vez se alejan más, tanto que ahora son los empresarios quienes demandan que se aumente el salario mínimo, porque ya entendieron que con el actual ingreso promedio de las familias nunca se podrá dinamizar al mercado nacional.

En 1994 el miedo a la guerra fue la herramienta del Estado para sofocar la protesta, la inconformidad y posible oposición a la entrada en vigor del TLC.

Veinte años después, es decir, en estos días de 2014, el Gobierno está comprometido a hacer realidad lo que quedó pendiente en Virginia 20 años atrás, con las grandes empresas petroleras y energéticas trasnacionales, que es abrirles las reservas naturales de combustibles fósiles y generación de electricidad, para lo cual estructuró la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias, que ya fueron aprobadas por el poder legislativo, pero que, sin embargo, no cuentan con la aceptación de una gran parte de la sociedad, sobre todo de aquellos que serán afectados en su patrimonio de manera directa y contundente, como son las comunidades indígenas y campesinas.

Y aunque no se difunde en los medios de comunicación la protesta y resistencia de los pueblos, a los planes de explotación de sus tierras por las transnacionales, los hechos saldrán a la luz pública de una u otra forma, como sucede con el desalojo de los habitantes de los terrenos de Texcoco, donde se construirá el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y cuando esto suceda, el Estado tendrá que contener las expresiones de inconformidad y la solidaridad que pueda despertar en el resto de la sociedad esa lucha.

En este caso, los signos de la estrategia gubernamental son claros. Se muestra condescendiente, incluyente y hasta paternal, con las expresiones de inconformidad de movilizaciones como la de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y les resuelve a su favor el pliego petitorio que le presentaron.

En el caso del asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, manifiesta su indignación por los hechos y sentencia que el crimen no quedará impune. Remite la responsabilidad de los hechos a la autoridad local y estatal de Guerrero. Destaca la complicidad, en la masacre, de esos poderes con las bandas criminales que dominan la entidad, y gran parte del país.

Se hace del asesinato un teatro del terror, para que todo mundo lo vea. Exhiben los cadáveres descarnados y la desolación de los deudos. Se juega con los sentimientos de la sociedad e inspira a la protesta, al reclamo, pero sobre todo se deja patente el horror de que la violencia llegue a generalizarse. Anidan, así, el miedo en la conciencia de la sociedad, que por otro lado le proyectan la benevolencia del Estado justiciero.

Y la voz del gobierno mexicano se escucha en los foros internacionales, de los que recibe apoyo, aprobación y promesa de colaboración para el esclarecimiento del crimen, como lo expresaron los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Así, los hechos justifican la presencia e incursión del Ejército y cuerpos policiacos federales en todas partes para dar con los culpables, y éstos podrían estar en cualquier lado, puesto que las bandas criminales han permeado todos los sectores sociales y gran parte del territorio nacional.

En esa búsqueda, que en caso de que se dificulte podría recibir el apoyo policiaco y militar del extranjero, también, de paso, se pueden apagar las protestas y resistencias de los pueblos que se oponen a que las empresas trasnacionales los despojen de sus tierras, haciéndolos pasar como cómplices de los criminales. De esa forma se limpiaría el camino para que se cumpla con los compromisos adquiridos en la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias, como sucedió con el TLC hace dos décadas. El sistema sigue firme.

Juan Danell Sánchez es reportero mexicano, especializado en temas del campo, indígenas y derechos humanos.
jdanell1@hotmail.com

Fuente: http://www.alainet.org/active/77874

Asumir las responsabilidades en Guerrero

Utopía


Eduardo Ibarra Aguirre

Hasta hoy pareciera que buena parte de la apoltronada clase política mexicana no acaba de hacer las lecturas necesarias del hecho de que todos los diarios capitalinos, con la excepción de El Financiero y El Economista, dedicaron ayer su titular principal a las movilizaciones en ciudades de 25 estados, además del Distrito Federal, y en urbes de 15 países de Europa y América, aunque los dos mencionados las destacaron en portada, con motivo de la desaparición de 43 adherentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialista de México, en la Escuela Normal Rural de Atyozinapa, desde el 26 de septiembre cuando fueron secuestrados por agentes policiacos del alcalde José Luis Abarca, y entregados a sicarios del grupo criminalGuerreros Unidos. Aparte están las seis personas asesinadas y los 20 heridos por la agresión policiaca.

Los jóvenes se apoderaron de autobuses para regresar a su escuela y participar en la marcha por el 43 aniversario de la matanza de Tlatelolco, efectuada el 2 de octubre en el DF, pero voces oficialistas divulgan en Televisa que iban a una “práctica guerrillera”.

Cuando voceros de la Organización de las Naciones Unidas y del Departamento de Estado de Washington exigen una investigación eficaz y en su lenguaje hicieron propio el clamor: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” (Hasta El Noticiero y Joaquín López-Dóriga lo asumieron), el titular del Ejecutivo federal retomó su tesis de la “debilidad de las instituciones” en “algunas partes del territorio nacional”, y puso a Nuevo León como ejemplo de lo que debe hacerse, durante un acto con tufo preelectoral, y feliz de la vida se tomó fotos con todo el que se lo pidió, como es habitual.

Refugiado en aquella tesis, pero aplicada sólo a Guerrero, es que Enrique Peña Nieto dejó pasar valiosísimos días para involucrar a su gobierno en la investigación de los delitos federales.

Conducta omisa que llevó al extremo el procurador Jesús Murillo al ignorar la información que en forma detallada le proporcionó René Bejarano sobre el asesinato, en mayo de 2013, de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, a manos de agentes policiacos del ahora alcalde prófugo de la justicia; al decir de Bejarano a Carmen Aristegui en MVS Noticias. Ni hablar de la abulia de la Procuraduría de Ángel Aguirre.

Información que ventilaron los medios y que produjo dos puntos de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso y que olímpicamente ignoró Murillo Karam, el mismo que ahora aparece en Iguala como diligente y eficaz jefe del Ministerio Público federal. Y la Cámara de Diputados formó la enésima comisión especial investigadora.

En tanto que Carlos Navarrete, presidente del Partido de la Revolución Democrática, pidió un demagógico “perdón” porque su corriente Nueva Izquierda (Los Chuchos) llevó a la alcaldía de Iguala, como candidato externo, a Abarca Velázquez, hasta ahora oficialmente exhibido como presunto aliado del grupo criminal Guerreros Unidos. Y acaban de hacer consejera nacional del PRD a la esposa, y la proyectaban como alcaldesa. Igual que tuvieron de dirigente en Tamaulipas a Pedro Alonso, presunto integrante de una banda de succionadores de los ductos de Petróleos Mexicanos.

De ninguna manera. Las responsabilidades jurídicas, políticas y éticas tienen que asumirlas todos los actores. Las movilizaciones callejeras y sus promotores principales permiten observar la posibilidad de que la compleja madeja de vínculos entre poderes institucionales y facticos del crimen organizado y de otros, sean cuando menos muy parcialmente exhibidos ante la sociedad.

Acuse de recibo
“Te agradezco mucho que hayas publicado la carta que te dirigí con copia a los miembros del directorio del semanario Corre la Voz y que previamente nos hayas enterado de tu intención de hacerlo. Como siempre, va mi reconocimiento a tu labor informativa en Forum”, dice Carolina Verduzco, directora del periódico durante 14 años, sobre Derecho de réplica, Corre la Voz y Álvarez Garín (1-X-14)… En tanto que Abigail Bello Gallardo, colaboradora del Diario de Xalapa, agrega a Rectificación presidencial sobre Iguala, Guerrero, (8-X-14): “Desde todos los órdenes de gobierno se aprecia que andan más bien ‘retrasaditos’ en sus posturas y obligaciones con respecto al horroroso crimen de estado que se describe en el fusilamiento castrense de los 21 adolescentes y jóvenes en Tlatlaya, el pasado 30 de junio. (…) el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Raúl Plasencia es el que peor se ha visto. Más vale que le den una clara y justa resolución a este crimen indignante para la sociedad y dejen de darle gusto a los grupos de la delincuencia organizada y de las policías infiltradas, porque de no ser así, empezarán a resurgir grupos de autodefensa en todo el país, al darnos cuenta los ciudadanos que el gobierno no puede darnos seguridad y no sería raro ver en más de una barda la leyenda: ¡Doctor Mireles para Presidente!”

Con anuencia del DIF, albergue aplica esterilizaciones forzadas

   Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales opera en el DF




El abuso y violencia sexual son “la lacra” que enfrentan la mayoría de las mujeres que viven con alguna discapacidad, muestra de ello son las esterilizaciones forzadas que intentan esconder violaciones sexuales y con las que se les niega su derecho a la maternidad.
Las organizaciones Disability Rights International y el Colectivo Chuhcan –grupo integrado y dirigido por personas con discapacidad– presentó este año un informe al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recientemente evaluó a México, y en el que da cuenta de estas violaciones a Derechos Humanos (DH).
En entrevista, Priscila Rodríguez, directora de la Iniciativa para los Derechos de las Mujeres en las Américas de Disability Rights International, explicó que la información se obtuvo mediante el monitoreo que realiza la organización a instituciones que atienden a personas con discapacidad.
El informe integrado tras la visita a 30 instituciones públicas y privadas que atienden o rehabilitan a personas con discapacidad en todo el país evidencia –explicó Rodríguez– que existe una política de pensar que las mujeres con discapacidad son personas asexuadas, sin derechos sexuales y reproductivos, lo que provoca que se les nieguen los servicios ginecológicos y de maternidad.
La integrante de Disability Rights International destacó que directivos de la Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo en esta ciudad y que mantiene colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), han reconocido la existencia de esterilización de mujeres y niñas.
Priscila Rodríguez criticó que esa Casa Hogar tuviera el argumento “descarado y alarmante” de decir que esta práctica se realiza para evitar embarazos, ya que “puede entrar el (encargado del servicio) de la luz o el del agua y abusar de ellas y embarazarlas”.
Las respuestas –insistió la activista– además de ser “absurdas”, indican que en las instituciones se están cometiendo violaciones sexuales que pretenden ser encubiertas mediante este argumento, que además de constituir un trato inhumano para las mujeres, viola su derecho a la reproducción del que deben de gozar todas las mujeres sin importar su condición.
Según consta en el informe entregado a la ONU, la Casa Hogar también consideró que muchas de las esterilizaciones fueron autorizadas por las propias familias de estas mujeres o por el DIF de algunas de entidades –institución que canaliza a algunas de las mujeres al albergue–.
Rodríguez consideró que hay dos razones porque las familias las esterilizan, una es porque “alguien o incluso el propio sistema (el DIF) los asustan diciéndoles que sus hijas pueden quedar embarazadas y no podrán cuidar a sus hijas o hijos”, y en casos más graves porque ocurren situaciones de incesto o violencia sexual.
“Por desgracia”, afirmó la experta, en las mujeres con discapacidad también se ha detectado que no pueden acceder a servicios de atención ginecológica segura y libre, pues por un lado, en servicios de salud pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de manera inmediata –según los testimonios recolectados por la organización– se les niega la posibilidad de ser atendidas por un ginecólogo.
Actualmente la organización internacional realiza una investigación en materia de derechos sexuales y reproductivos de esta población en el Distrito Federal, y hasta el momento ha detectado que el 40 por ciento de las mujeres encuestadas que asistieron a un ginecólogo sufrieron algún tipo de violencia sexual, incluida la violación.
Se encontró que incluso algunas de las encuestadas también han sido presionadas para abortar, incluso si el embarazo fue producto de una relación consentida.
ABUSO SEXUAL, UNA “LACRA”
Ana Peláez Narváez, comisionada de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, comentó para esta agencia que el abuso sexual “es una lacra que sufre esta población (personas con discapacidad) de manera además muy específica en todos los países”.
La comisionada se dijo preocupada de que hasta hace poco existían (y existen) naciones donde las propias legislaciones mandataban esterilizar a las personas con discapacidad sin su consentimiento, y agregó que en sus investigaciones ha descubierto que estas esterilizaciones estaban íntimamente relacionadas a abortos forzados, pues eran precisamente posteriores a un aborto producto de una violación sexual o incesto.
Peláez Narváez agregó que esas esterilizaciones o abortos no consentidos dejan a las mujeres sin la posibilidad de acceder a la justicia por estos delitos, pues se pierde prácticamente todo el material probatorio.
“Esta situación se da en todos los países, sobre todo cuando no tenemos mecanismos para garantizar la protección de estas poblaciones que viven en máximas condiciones de vulnerabilidad”, añadió.
Adelantó que debido a la consternación que generaron estos hechos ante en el Comité de la ONU, esperan que para 2015 el Comité se  pronuncie mediante una observación general sobre las mujeres y niñas con discapacidad, y que aborde la discriminación que enfrentan, la violencia, explotación y abuso en la que viven muchas de ellas, así como el limitado acceso a sus derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la maternidad.
Ambas especialistas coincidieron en que es urgente que el Estado mexicano tome con seriedad las recomendaciones recientemente realizadas por el Comité en relación a la falta de aplicación del Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que sería un primer paso para avanzar en la erradicación de este tipo de abusos.
Especial
Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Estados rebasados ante magnitud de feminicidio en el mundo

   Expertas participarán en seminario contra violencia

Para identificar retos, estrategias y propuestas contra el feminicidio y la violencia de género, mujeres de América Latina (AL) y Europa se reunirán en un seminario internacional el próximo 14 de octubre en Madrid, España.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia de género es la principal causa de muerte entre mujeres de 15 y 44 años de edad en todo el mundo, por arriba de los decesos provocados por cáncer, malaria, accidentes de tráfico y las guerras.
La agencia española AmecoPress informó que defensoras de Derechos Humanos se reunirán en un seminario que tendrá lugar en la Secretaría General Iberoamericana, y cuyo objetivo es analizar estrategias para continuar el trabajo contra el feminicidio.
Las organizadoras consideraron que a pesar de los instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –como el fallo que responsabiliza al Estado mexicano por tres asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez–, aún falta mucho por hacer.
De acuerdo con la información difundida, hay sentencias de organismos que sientan jurisprudencia a nivel internacional y resoluciones de urgencia aprobadas por el Parlamento Europeo, pero las políticas de los Estados para hacer frente a la violencia de género son insuficientes ante la magnitud y complejidad del problema.
Entre las participantes del seminario estarán la peruana Liz Meléndez, quien es directora ejecutiva de la organización Flora Tristán y coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem).
También estará la feminista peruana Jennie Dador, que además es abogada especializada en temas de violencia de género y feminicidio y derechos sexuales y reproductivos. Ella fue directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer Peruano.
De Guatemala participará la líder indígena María Morales, una de las impulsoras de la Defensoría de la Mujer Indígena y de la organización Majawil Q’ij (El Nuevo Amanecer). Del país centroamericano también estará Edna Calí, directora de la Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo (Amuted).
Otra guatemalteca que estará en el debate es Angélica Valenzuela, quien trabaja en el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (Cicam), organización que trabaja por la aplicación efectiva de la legislación a favor de las mujeres.
Por: la Redacción

Cimacnoticias/AmecoPress | México, DF.

Intensifican partidos y medios violencia contra mujeres políticas

   Ahora más que nunca son vistas como “intrusas”: experta

Los partidos políticos y los medios de comunicación han intensificado la discriminación y violencia contra las mujeres en puestos de representación popular, dijo la doctora Daniela Cerva Cerna, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La experta explicó que el nuevo marco de participación política femenina (que obliga por ley desde mayo pasado a la paridad de género en cargos de elección a nivel federal) es visto como una intromisión y las mujeres son colocadas en la categoría de la recién llegada que incomoda.
Por ello, observó Cerva Cerna, al interior de los partidos se han desarrollado prácticas para coartar la participación femenina, como postular a las candidatas a diputaciones federales en distritos que su partido habitualmente ha perdido; otorgar menos recursos económicos para las campañas de mujeres, y no contratar elementos de seguridad que cuiden a las candidatas durante las campañas, entre otras acciones.
En caso de ser electas también gozan de menos dinero para el ejercicio de sus funciones y proyectos; se les considera ajenas, inexpertas o incapaces de realizar tareas políticas; se intenta inducirlas a tomar decisiones en contra de su voluntad o sus principios, e incluso se les amenaza, apuntó la especialista.
Además, agregó la académica de la UAM-Cuajimalpa, las mujeres tienen menos redes de colaboración por su casi nulo acceso a los códigos informales de las cúpulas partidistas: “La mayoría de ellas no va a las cantinas a tomar decisiones”, terreno por tradición exclusivo de los hombres.
La investigadora en estudios de género y políticas públicas señaló que los medios de comunicación se han erigido como vigilantes del desempeño de las mujeres con cargos públicos, pero no las examinan desde el punto de vista profesional, sino desde estereotipos de género: apariencia física, historia familiar, estilo de vida, o sus relaciones sentimentales. “Difícilmente encontramos que se hable de su trayectoria política”, subrayó.
“En México, los medios hacen uso de los estereotipos para afectar las candidaturas, campañas y decisiones de las mujeres en política”, denunció Daniela Cerva.
Por: la Redacción

Cimacnoticias/NotieSe | México, DF.- 

Atención tardía de CaMa por falta de servicios y burocracia

   60 por ciento de mexicanas son diagnosticadas en etapas avanzadas


El Doctor Fernando Mainero Ratchelous, ex presidente de la Asociación de Mastología y Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer en conferencia de prensa | 

Las pacientes con cáncer de mama (CaMa) demoran entre seis y siete meses en acceder a un  tratamiento una vez que se les detecta la enfermedad, en mayor medida debido a la saturación de los servicios, lo que deriva en que desarrollen etapas más avanzadas de la enfermedad y aumente el riesgo de metástasis (expansión del cáncer a otros órganos).
En el marco del “Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama” (octubre) –instaurado por la Organización Mundial de la Salud y que se conmemora cada año–, el doctor Fernando Mainero Ratchelous, ex presidente de la Asociación de Mastología, expuso en conferencia de prensa que aunque se han logrado avances en la investigación de la enfermedad, aún existe un largo camino por recorrer, pues en los próximos años los casos de CaMa aumentarán y actualmente el 60 por ciento de las mexicanas son diagnosticas en etapas avanzadas de la enfermedad.   
De acuerdo con el cirujano oncólogo, el trabajo que realizan personal médico, investigadores y grupos civiles “se queda a medias” ante la lucha constante que representa la falta de información, conciencia y educación en salud de las personas, la falta de especialistas capacitados y la carencia de datos numéricos y registros que realmente representen lo que sucede en el país en torno al CaMa.  
Según cifras presentadas por el médico –quien aclaró que no hay precisión en los datos del padecimiento–, en 2013 se registraron 15 mil casos nuevos de la enfermedad y 5 mil 600 muertes. 
Si bien este tipo de cáncer afecta a todos los grupos de edad, las mujeres de entre 40 y 70 años concentran la mayoría de los casos (entre 65 y 70 por ciento), mientras que en las mujeres de menos de 40 años hay de un 10 a 12 por ciento de casos. Entre 15 y 20 por ciento de los casos corresponden a mexicanas de edad avanzada.
El también director de Oncología del Hospital de Ginecología y Obstetricia Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que el CaMa “es un grupo de enfermedades que tiene como factor común un tumor que se origina en la glándula mamaria, se puede diseminar a otros órganos y puede matar a una persona”.
Mainero Ratchelous abundó que los pronósticos de vida dependen del tipo de enfermedad que se desarrolle a partir del tumor, las características de las personas, y sobre todo la calidad y acceso a los servicios de salud.
Para atender el CaMa se requieren muchos conocimientos especializados, lo que es una de las áreas más problemáticas del sistema de salud, es decir, tener personal calificado y que se capacite constantemente.
Otro de los graves problemas que se enfrentan en relación al CaMa en México, en especial para la reducción de la mortalidad, es la falta de detección y atención oportuna.
En promedio, las mujeres tardan siete meses en acceder a tratamiento a partir del momento en que se identifica el primer dato del padecimiento, según una investigación de la académica de la UNAM Karla Unger y cuyos avances presentó el especialista.
A decir de Fernando Mainero, el ideal es que las mujeres, tras ser diagnosticadas, demoren sólo 30 días para acceder a la atención o en su defecto máximo 40 días.
Una de las creencias sobre la demora en la atención –dijo– es que la culpa la podía tener la paciente “por no acercarse a los servicios”, pero el estudio de Unger –que se publicará en una revista científica norteamericana– descubrió que el sistema de salud “tiene algunos atorones” que son los que demoran la atención.  
Las causas de la demora, según lo encontrado en hospitales e institutos del país, son “básicamente cuestiones administrativas”, como el hecho de que las consultas están muy diferidas y la demanda de atención de los mastógrafos se va demorando por cuestiones de organización administrativa”, dijo Mainero.
Al respecto, Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), señaló que existe una sobre saturación de la atención, ya que en los estados vecinos al Distrito Federal no hay servicios oncológicos, y estas mujeres –en su mayoría con etapas avanzadas de CaMa– son derivadas a los hospitales en la Ciudad de México.
Mainero Ratchelous urgió a la creación de una base de datos nacional para conocer los datos exactos de la epidemiología del padecimiento, y saber cuáles son las medidas específicas a seguir para frenar la mortalidad por CaMa.
Para lo que es necesario –insistió– contratar a personal que busque, analice y estandarice la información, pues generalmente el registro se encarga a personas que están ocupados en otras labores y no son especialistas en datos.
CIMACFoto: Anaiz Zamora Márquez
Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-