Ponte.org
Adital
Agnes
Sofia Guimarães
Especial
para Ponte
En Brasil, 20.541 mujeres están en situación de
cárcel. La información es del Infopen 2015 – Relevamiento Nacional de
Informaciones Penitenciarias, un informe del Ministerio de Justicia divulgado
recientemente sobre la población carcelaria brasilera.
En el documento se señala que el 63% de las mujeres están
en situación de cárcel por delitos relacionados con el tráfico de drogas: 5.096
son acusadas de tráfico, 421 por tráfico internacional y 832 por asociación con
el tráfico. La variedad de acusaciones se verifica desde la promulgación de la
Ley 607.431, de 2006, que hizo más severos los castigos por tráfico; al
establecer nuevos criterios que no aclaran quién debe ser considerado usuario y
quién traficante, la ley abrió un margen para interpretaciones que contribuyeron
al encarcelamiento por tráfico.
"El peor castigo de la mujer es la pérdida del poder familiar sobre los
hijos”. Juliana Belloque, defensora pública en el Estado de São Paulo.
En 2005, antes de la aprobación de la Ley, el 34% de
la población carcelaria femenina respondía por delitos vinculados con el
tráfico. En menos de 10 años, esa proporción sobrepasa el doble. Esta
información se vincula con un fenómeno internacional de aumento del
encarcelamiento femenino por la criminalización de las drogas: el 60% de la
población femenina mundial responde por delitos de esa naturaleza.
En Estados Unidos, país con la mayor población
carcelaria mundial, el aumento de detenciones de mujeres por tráfico aumentó un
800% en los últimos 30 años. Los datos son de la organización internacional de
derechos humanos The Witchcraft and Human
Rights Information Network (WHRIN), que divulgó una infografía, el pasado 26
de junio, día de la Acción Global "Support, Don’t punish” (Apoyo, no castigo).
La campaña tiene como objetivo discutir las políticas de drogas bajo una
perspectiva de apoyo y preservación de los derechos humanos de los usuarios.
"Estas mujeres no representan nada para el tráfico,
cometen delitos menores y sólo comprueban la falencia del sistema carcelario,
que con una política de encarcelamiento llena las prisiones y no resuelve el
verdadero problema”, critica Juliana Belloque, defensora pública en el Estado
de São Paulo.
Para ella, uno de los mayores problemas del
encarcelamiento femenino es lo que considera la "extensión de la pena”, más
allá de la libertad perdida por las detenidas: la familia.
Maternidad amenazada
"El peor castigo de la mujer es la pérdida del poder
familiar sobre los hijos”, se lamenta. Sin embargo, su denuncia tiene el
carácter de sentencia en la mayoría de los casos en que, en los tribunales, el
lado de los acusados está ocupado por mujeres. Mientras son presas
provisoriamente y pasan meses a la espera de un juicio, su maternidad es
amenazada por la Justicia: en muchos casos, al final de la pena judicial, la
egresada encuentra que, en libertad, ha perdido la custodia de sus hijos,
enviados para adopción.
Para evitar estas situaciones, el proyecto Madres en la
Cárcel surgió a partir de demandas de grupos de la sociedad civil que hacen un
seguimiento del problema, como la Pastoral Carcelaria. Instituido en mayo de
2014, el programa es una asociación entre la Defensoría Pública y el Sistema de
Administración Penitenciaria (SAP). A partir de la prisión, el Convive, grupo
de la SAP responsable del relevamiento y el envío de las informaciones,
recibidas por núcleos de situación carcelaria de la Defensoría Pública y por
núcleos de la Infancia y Juventud, se realiza un registro de la detenida. De
esa forma, hay un trabajo para que haya una defensa del ejercicio de la
maternidad dentro del sistema carcelario del Estado de São Paulo, con el seguimiento
de historias como la de una madre que, debido a su embarazo de riesgo, cumplió
su detención provisoria con carácter domiciliario. Sin embargo, el niño falleció,
y la mujer, incluso en período de luto, respondió a la intimación judicial. En
el tribunal, se decretó su prisión.
"El juez la miró y no vio el luto, sólo el hecho de
que ella no ejercía la maternidad y no tenía motivos aparentes para continuar
en casa. Sabiendo de este caso, pudimos intervenir”, cuenta Bruno Shimizu,
defensor público y coordinador auxiliar del Núcleo Especializado de Situación
Carcelaria de São Paulo. Señala que, en el Estado de São Paulo, en la mayoría
de los casos, las madres tienen sólo seis meses garantizados para el
amamantamiento de los hijos recién nacidos, tiempo que, en la Ley de Ejecución
Penal, es considerado mínimo. En 2009, la resolución Nº 3 del Consejo de
Política Criminal y Penitenciaría (CNPCP) presenta recomendaciones específicas
para la situación de hijos de madres encarceladas, e instituye el plazo mínimo
de un año y nueve meses para que queden en contacto, norma que no es respetada
en el Estado de São Paulo, según el defensor.
Conservadorismo del Poder Judicial
Shimizu responsabiliza al "compromiso ideológico con
el conservadorismo” del Sistema Judicial Brasilero, que extrapola la Ley y sus
recomendaciones. "Es una postura de exterminio de clase y de machismo. La
mujer, cuando es juzgada, es moralmente expuesta. El juez insiste en exponer
que no la considera digna del ejercicio de la maternidad, ya que cometió una
infracción y sobrepasó los límites de lo que él considera que es el lugar de la
mujer en la sociedad”, explica. También señala cómo las prisiones, en esos
casos, son más punitivas para las mujeres: mientras que los hombres reciben
visitas de esposas y compañeras, los visitantes de las prisiones femeninas son
madres y hermanas, que muchas veces incluso dependen del sustento de la encarcelada.
Las declaraciones de los defensores también son
confirmadas por números y otras informaciones recogidas durante nueve meses por
las profesoras Bruna Angotti, antropóloga y profesora de Derecho de la
Universidad Presbiteriana Mackenzie, y por Ana Gabriela Mendes Braga, doctora
en Criminología y profesora de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), en el
informe "Dar a luz en la sombra”. La investigación, publicada en noviembre de
2014, es parte del proyecto"Pensando el Derecho”, una serie de
iniciativas de la Secretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia
(SAL/MJ), para que sean accesibles para la sociedad civil datos sobre la
práctica legislativa brasilera.
En el caso del informe, el objetivo era hacer el
seguimiento de modelos penitenciarios que buscaban atender a las demandas de la
Ley relacionadas con la maternidad. Además de la consulta a especialistas, a
empleados del sistema carcelario y otras informaciones de cuño oficial, las
investigadoras entrevistaron a 80 detenidas, que denunciaron la violación de
derechos básicos, principalmente el de defensa.
Durante la investigación se constató que sólo seis
estados tienen políticas dirigidas a la maternidad en situación de cárcel:
Ceará, Bahía, Paraná, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo. En esos
estados, se implantaron sectores de maternidad y programas como Madres de
Cárcel. Sin embargo, las investigadoras constataron que no hay, en ninguna de
ellas, respeto integral a las leyes sobre la maternidad, principalmente en
relación con la resolución Nº 203. En el informe también se constata el defasaje
de la atención pública a la defensa: las mujeres están sujetas a la tasa
nacional de 16.043 detenidos por defensor.
"Específicamente en relación con el acceso a la
justicia, pudimos percibir el doble impacto de su precariedad, el primero de
orden material, identificado en la falta de acceso a la información, poca
participación en el proceso criminal y civil, y ejercicio precario de la
autodefensa y defensa técnica; el segundo subjetivo, con aumento de la ansiedad
generada por la sensación de abandono, impotencia y angustia frente al sistema
de justicia y a su propio destino”, se relata en el documento.
Para Angotti, además de las informaciones en relación
con el ejercicio de la maternidad en las prisiones, en el informe se expone aún
más el problema de las detenciones provisorias, ya que buena parte de las mujeres
encarceladas están en esa condición. El tenor de los delitos demuestra, para la
investigadora, cómo el Poder Judicial no tiene capacidad para evaluar la
complexidad de los casos, que están lejos de ser considerados como de una "alta
peligrosidad” que justifique el encarcelamiento.
"Muchas mujeres cometieron los delitos por ser madres.
Porque no tenían condiciones para sustentar a su familia y necesitaban changas,
trabajos adicionales a otros que ya tenían. El Poder Judicial no tiene
capacidad para entender que está deteniendo sólo a mulas, o víctimas del
tráfico, que cometieron el delito sólo por una cuestión de supervivencia”, se lamenta.
