Del gobierno a la cárcel: los problemas de exgobernadores con la ley

Mario Villanueva, Jesús Reyna, Andrés Granier y Pablo Salazar son algunos de los hombres que estuvieron presos tras encabezar estados

CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Del palacio de gobierno a la cárcel... Esa es la ruta que han seguido varios políticos mexicanos que tuvieron el cargo de mandatarios estatales y, también, problemas con la ley.

El más reciente caso es el de Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes, quien fue detenido este jueves por autoridades federales por presunta defraudación fiscal.

Reynoso Femat, sin embargo, tiene la posibilidad de salir bajo fianza dado que es acusado de un delito no grave. De conseguirlo, sería la segunda vez que lo hace, puesto que recientemente fue acusado de peculado pero logró seguir su proceso en libertad.

A él se suman otros políticos de diferentes partidos que no pudieron impedir pasar meses o incluso años en la cárcel.

Andrés Granier Melo

La Procuraduría General de la República (PGR) acusó al exgobernador de Tabasco (2007-2012), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por una presunta evasión de 2 millones 156,000 pesos.

En 2014, se le dictó formal prisión por el delito de defraudación fiscal, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. 

En una ocasión, cuando asistió a una fiesta y ya "pasado de copas", dijo que tenía propiedades en Estados Unidos y México, y un guardarropa con hasta 400 pares de zapatos y 1,000 camisas, según un audio difundido por una estación de radio en Villahermosa. 

Jesús Reyna García

Terminó en prisión el año pasado y sigue ahí, por una acusación de involucramiento con integrantes del crimen organizado y delitos contra la salud, al desempeñarse como secretario de Gobierno en Michoacán y después convertirse en mandatario estatal interino (2013-2014), ante los problemas de salud de Fausto Vallejo. 

Figuras como la senadora panista Luisa María Calderón y el líder de autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, acusaron al exdiputado federal priista de tener nexos con el grupo criminal de Los Caballeros Templarios en territorio michoacano. 

Pablo Salazar Mendiguchía

 

Acusaciones por homicidio doloso, defraudación y operaciones con recursos de procedencia ilícita lo llevaron a la cárcel tras gobernar Chiapas (2000-2006). Estuvo preso de junio de 2011 a noviembre de 2012. 

 

Salazar Mendiguchía llegó a ser mandatario estatal con una alianza de ocho partidos, entre ellos el de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, tras renunciar al PRI.

 

Se le investigó con la acusación de que durante su gobierno desvió al menos 104 millones de pesos del erario para un supuesto bono sexenal. También se le atribuyó un mal manejo de recursos del fondo para la reconstrucción del estado, luego del paso del huracán Stan.

 

Él dijo que las acusaciones eran parte de una persecución política por parte del exgobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero.

 

Narciso Agúndez Montaño

 

Gobernó Baja California Sur (2005-2011), impulsado por el PRD, y estuvo en la cárcel de mayo a diciembre de 2012, acusado por el delito de peculado en agravio de la administración pública estatal.

 

En diciembre de 2011 fue inhabilitado por la contraloría estatal por seis años, debido a irregularidades en la venta de predios del gobierno en un exclusivo fraccionamiento en Los Cabos.

 

Cuando ocurrió su inhabilitación, la dirigencia perredista acusó que detrás de las denuncias en su contra había una "revancha política".

 

Mario Villanueva Madrid

 

En 2012, el exgobernador priista de Quintana Roo se declaró culpable de conspirar para lavar millones de dólares procedentes del cártel de Juárez a través de bancos en Estados Unidos y otros países.

 

La PGR lanzó una investigación en su contra cuando aún no terminaba su mandato como gobernador (1993-1999). Después de huir, el 24 de mayo de 2001 fue detenido en un retén en Cancún, e inició un proceso judicial.

 

Tras su arresto fue enviado al Penal de Alta Seguridad del Altiplano. Un juez federal lo exoneró de varios delitos al cumplir seis años en prisión, en 2007.

 

Sin embargo, inició un proceso de extradición, que concluyó con la entrega de Villanueva el 8 de mayo de 2010 a autoridades estadounidenses. Un juez de Nueva York lo condenó en 2013 a 11 años de cárcel.