Asegurar la cobertura social es un asunto no solamente del mercado sino también de ejercicio de derechos.
lasillarota.com
Cargada
estuvo la semana pasada de anuncios en el sector de las
telecomunicaciones y la radiodifusión, todos ellos de alta relevancia,
que dependiendo de la manera en cómo se lleven a cabo podrían en
algunos años reconfigurar el modelo de comunicación en nuestro país.
Después de la insolvencia del Grupo Radio Centro en la licitación de
una de las cadenas de televisión digital abierta, finalmente el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) difundió que hará
nuevamente la licitación de esos 123 canales, para hacer más apetecible
la licitación despejará la banda del 600Mhz (ocupada ahora por algunas
televisoras) para agregar más cobertura en zonas urbanas con más
población.
Lo que aún no define el regulador es si todas las frecuencias serán
sólo para cobertura nacional o bien podría fragmentarlas para que se
hagan licitaciones regionales o locales, además anunció que para el
caso de televisoras públicas y sociales las frecuencias se adjudicarán
de manera directa sin pasar por ningún proceso de licitación. Será en
este año que el IFT pondrá a consulta pública las prebases de
licitación para después llevarla a cabo en el primer semestre del 2016.
Si la licitación se hace de manera diferenciada para coberturas
nacionales, regionales o locales, será todo un reto regulatorio para el
IFT determinar distintos precios para las frecuencias según las
poblaciones a servir, además habrá que ver el diseño que haga para
evitar mayor concentración del espectro en el caso de que los
operadores actuales de la radiodifusión quieran participar en la
licitación por venir, sería deseable que en esta ocasión sí se incluyan
como criterios de calificación la propuesta programática de los
competidores para dar condiciones reales al pluralismo y la diversidad
de contenidos, pues en este caso no solamente es importante la
competencia económica sino también la de contenidos para hacer viable
lo establecido en el artículo 6º de la constitución.
En ese sentido sería un despropósito que la licitación tomara como
principal criterio la subasta ascendente, pues sólo daría oportunidad a
los que tienen más poder económico sin tomar otros criterios relevantes
como el que le acabo de mencionar, además de que la Suprema Corte de
Justicia ya ha determinado la inconstitucionalidad de ese criterio en
cuanto a la adjudicación de frecuencias para la radiodifusión, cuando
resolvió la acción de inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa.
Sin duda que el éxito de la nueva licitación dependerá de muchos
factores, entre ellos está el cumplimiento para que en diciembre de
este año culmine el apagón analógico, algo que se ve con muchas dudas,
pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se ha
desempeñado con mucha opacidad al respecto, por lo que no hay claridad
para determinar si eso será posible pues tendrían que entregar un
millón de receptores digitales por mes, cuando actualmente la SCT sólo
tiene capacidad para entregar 60 mil al día, de acuerdo a las
declaraciones públicas de Javier Lizárraga, funcionario encargado del
programa, además de que tiene un déficit de entre 10,000 y 12,000
millones de pesos para adquirir 4.4 millones de televisores y poder
cumplir con el apagón analógico y aún están en negociaciones con la
Secretaría de Hacienda para ver como cubrir ese déficit.
En radio también hay novedades, el IFT está ya en los estudios
técnicos para reducir la salvaguarda entre frecuencias de la banda FM,
eso permitirá pasar de los 800 Khz a los 400 Khz con lo cual se
duplicaría el número de frecuencias. Como le he comentado en otras
ocasiones, esta norma técnica ha funcionado más como una barrera
técnica artificial que impide que nuevos actores entren a la radio, en
casi todo el mundo esta reducción ya se ha hecho desde hace décadas,
mientras que en México se ha mantenido indebidamente para proteger los
intereses de los particulares que operan comercialmente la radio FM en
México. Si ese cambio no se ha hecho ha sido por las presiones que han
mantenido esos radiodifusores comerciales.
Sin embargo, esa resistencia ya está haciendo crisis, así lo
demuestra la carta abierta de Carlos Quiñones, dueño de la estación
1290 de AM en la Ciudad de México, que planteó que actualmente la AM es
inviable comercialmente, por lo que muchos radiodifusores están
pidiendo la apertura de la banda FM para poder competir.
Las nuevas disposiciones sobre la separación en la banda de FM
deberán estar antes de finales de septiembre, después de la consulta
pública que emitirá el IFT para tal efecto, con lo cual tendrá que
hacerse otro proceso de licitación.
Habrá que ver si el IFT también elabora criterios de adjudicación
que permitan equilibrar las asimetrías en este segmento de la
radiodifusión, pues más del 70% es comercial y hace falta reservar
espectro para medios no lucrativos del sector social, especialmente en
las grandes ciudades, pues es ahí donde más se les ha restringido su
presencia, así como criterios para dar lugar al pluralismo y la
diversidad y otras medidas positivas para que las emisoras sociales
puedan utilizar la multiprogramación en radio.
En cuanto a las telecomunicaciones el IFT informó que dividirá la
banda 2.5 Ghz en tres bloques que se licitarán en 2016, con lo cual
deberá de iniciar el despliegue de esta banda para los servicios de
banda ancha móvil, como usted recordará esta banda ha estado
subutilizada por los litigios y políticas discrecionales de gobiernos
anteriores.
Esto aunado a las licitaciones de la banda del 700 Mhz para la red
compartida y la red troncal de fibra óptica, son parte de una política
que debería de garantizar el acceso universal a la banda ancha e
internet; sin embargo, hasta el momento no ha sido clara una política
que garantice la cobertura social para las zonas rurales e indígenas,
si esta parte se descuida seguramente tendremos competencia en los
mercados de las grandes ciudades, pero se estará dejando fuera a
millones de personas, aumentado con ello la brecha digital y por lo
tanto la exclusión social.
Asegurar la cobertura social es un asunto no solamente del mercado
sino también de ejercicio de derechos, por lo que el IFT deberá actuar
en este sentido en correspondencia con una visión de competencia, pero
también de medidas afirmativas para promover la igualdad y equidad para
aquellos sectores de la población que el mercado es incapaz de atender.
Como puede verse la política en los sectores de radiodifusión y
telecomunicaciones tienen que verse de manera integral, pues cada
programa tiene una incidencia en otro como un efecto dominó que tiene
consecuencias no solamente en el área económica, sino también en la
posibilidad de generar condiciones para el ejercicio de derechos tales
como la libertad de expresión, el derecho a la información, a la
educación, al trabajo, entre otros. Mirar y asegurar esa integralidad
de la política pública será el gran reto del IFT.
Veremos.
aleida.calleja@gmail.com
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