Gloria Leticia Díaz
MÉXICO,
D.F. (apro).- Después de casi cuatro meses de rompimiento de
conversaciones entre funcionarios de la Procuraduría General de la
República (PGR) y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos, este jueves se concretó una reunión con la titular de la
dependencia, Arely Gómez González, gestionada por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la reunión, a la que asistieron también familiares de las
personas fallecidas y heridas el 26 y 27 de septiembre del año pasado
en Iguala, Guerrero, participaron –a petición de la dependencia y los
afectados—los integrantes del GIEI: Alejandro Valencia, Ángela Buitrago
y Claudia Paz y Paz.
En un brevísimo comunicado para referirse a la reunión de esta
tarde, el GIEI consideró el encuentro como “un paso importante para
avanzar en la investigación y mejorar la relación con los familiares”.
Tras indicar que los padres de las víctimas “hicieron diversos
planteamientos” a la procuradora y a su equipo, el GIEI evaluó que “el
resultado fue fructífero” al cerrarse algunos acuerdos.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan,
Vidulfo Rosales, consideró como “significativo que la procuradora se
comprometió a abrir nuevas líneas de investigación”.
Rosales Sierra sostuvo que Gómez González fue “ambigua” cuando los
padres de los jóvenes desaparecidos le preguntaron en diversos momentos
sobre su posición sobre la “verdad histórica” de su antecesor, Jesús
Murillo Karam.
Luego señalar que su primera impresión es que la funcionaria “tiene
poco conocimiento del caso”, abundó que “pese a que los padres le
insistieron en que fijara una posición sobre las conclusiones de
Murillo, lo único que se limitó a decir es que el caso sigue abierto,
que hay diligencias que se están realizando y que se van a abrir líneas
adicionales de investigación”.
Narró que en la reunión Arely Gómez no específico “contra quién
abriría líneas de investigación, sólo que la dependencia actuará contra
quien tenga responsabilidad, dependiendo de los datos que se abran en
la investigación”.
Rosales Sierra reconoció que ni los padres ni sus representantes
guardan “gran esperanza que lo vaya a hacer la PGR, pero está el
compromiso en minutas de que se van a abrir las líneas de investigación
que el caso lo amerite”.
Vidulfo Rosales explicó que entre los puntos de preocupación
relevantes llevados a la mesa por los padres de familia destacan “la
posición oficial como titular de la PGR respecto del caso, si para ella
sigue abierto o cerrado, cuál el estado que guarda el expediente y qué
es lo que tiene proyectado y tiene pendiente la PGR”.
El abogado señaló que además de su aseveración de que el caso sigue
abierto, de que “hay diligencias que se están realizando”, y de que las
nuevas líneas de investigación serán sometidas al análisis del GIEI,
“se acordó un mecanismo periódico mensual de dotación de información a
los padres de familia”.
El mecanismo de intercambio de evaluación, dijo, estará integrado
por los titulares de las subprocuradurías Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada y de Derechos Humanos, Felipe
Muñoz y Omar Betazos, respectivamente, una persona de la oficina de la
procuradora, y por parte de los agraviados una comisión de los padres
de familia y abogados de Tlachinollan y del Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro Juárez, quienes ejercen la representación legal.
“No se estableció ningún tiempo para que se aborden nuevas
hipótesis, sino que se estableció este mecanismo de información
periódico mensual, y el próximo mes nos estaremos sentando y estaremos
evaluando”, apuntó Rosales Sierra.
Al insistir en que la procuradora “no está muy empapada” en el caso
de la desaparición forzada de los estudiantes, Rosales Sierra resaltó
que lo rescatable es que “el caso sigue en movimiento, que no está
cerrado y hay un compás de expectativa que permite la apertura de
nuevas líneas de investigación”.
En la reunión también estuvieron presentes el director de la Agencia
de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y los titulares
de la SEIDO y de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
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