(10 de julio,
2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La reforma en materia energética
impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto es, a decir de diversos
sectores de la sociedad, una medida contraria a los intereses del
pueblo, que sólo abre la puerta al saqueo de los recursos por parte de
empresas extranjeras.
En tal sentido, la organización
Mexicanos Unidos enfatizó que los cambios constitucionales en materia
energética-los cuales permiten la apertura del sector de los
hidrocarburos a la iniciativa privada-“por ser contrarios a los
principios contenidos en la Carta Magna, son nulos de pleno derecho”,
por lo que advirtió a las empresas transnacionales interesadas en
invertir en nuestro país que “no podrán obtener ganancias ya que el
único y legítimo dueño (de los hidrocarburos) es el pueblo mexicano, a
quien deberán reintegrar las utilidades que obtengan”.
En conferencia de prensa, esta
organización informó que a través de diversas misivas entregadas a las
embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y la República
Popular China, así como a la delegación de la Unión Europea, se
previene a los privados sobre el escenario de invertir en el sector
energético mexicano, pues al no ser válida la reforma, sus inversiones
no podrían ser retribuidas toda vez que las ganancias tendrían “que ser
devueltas a los mexicanos como legítimos dueños de los hidrocarburos”.
En la carta enviada a las
representaciones de los países, se asevera que el gobierno de Enrique
Peña Nieto no tiene la facultad para comprometer los hidrocarburos a
favor de capitales privados extranjeros, por lo que los únicos
responsables de la suerte que corran las inversiones serán las propias
empresas que apuesten su dinero.
“Les pedimos hagan del conocimiento del
gobierno que representan que el actual gobierno mexicano carece de
facultades para comprometer los bienes energéticos de esta nación en
beneficio de los empresarios del país que usted representa. Advertimos
que queda bajo la más estricta responsabilidad de esos empresarios la
suerte que corran el capital y los bienes que inviertan en la industria
de hidrocarburos de nuestra nación, y que las ganancias o utilidades
que obtengan con esa actividad inconstitucional deberán reintegrarse al
pueblo mexicano, único y legítimo dueño de los hidrocarburos de esta
nación”, se explica en el texto.
Asimismo, en la misiva se detalla
algunos de los aspectos por lo que la reforma es considerada como no
Constitucional. Se hace mención que los cambios emprendidos buscaron
privar a la nación del dominio directo y la exclusividad de explotar de
los hidrocarburos, “poniendo en manos de empresas nacionales y
extranjeras un bien estratégico propiedad de la nación, no del Estado y
menos de los gobernantes”.
De igual forma Mexicanos Unidos expuso
que “el artículo 135 dispone que la ley suprema solamente puede ser
adicionada o reformada, es decir solamente se le puede agregar algo que
falte o cambiar su forma, pero no su sentido ontológico”, cuestión
contraria a la llamada reforma energética que modificó de fondo la
legislación para permitir la explotación de hidrocarburos a privados.
“El artículo 136 de la misma ley
fundamental prohíbe a los gobernantes contravenir a los principios
establecidos en ella, facultando al pueblo para recobrar su libertad y
restablecer la observancia de la Carta Magna. Los referidos cambios
llevados a cabo por el Ejecutivo y los legisladores, y convalidados por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también contravienen lo
establecido en los numerales 1,2,4,5 y 7 de la resolución 1803 (XVII)
“Soberanía permanente sobre los recursos naturales”, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derecho
internacional”, mencionan.
…
Porfirio Martínez, abogado de Mexicanos
Unidos, mencionó que si la organización a la que pertenece asegura que
los cambios Constitucionales realizados por el gobierno de EPN son
nulos de derecho “es porque esos cambios no son reforma, la reforma es
darle forma nueva a una disposición, pero cuando se cambia el sentido
esencial de esa disposición Constitucional no es reforma, es mutilación
y eso está prohibido por la propia Constitución”.
En tal sentido mencionó que en este
proceso para defender los hidrocarburos será fundamental la
participación de toda la sociedad mexicana. Además afirmó que el
artículo 136 establece de manera clara que toda acción de gobierno que
vaya en contra de los principios de la Constitución tendrán que echarse
para abajo.
“Esto no es una tarea sólo nuestra,
nosotros estamos advirtiendo las cosas que van a suceder. El pueblo de
México tiene que liberarse de estas cadenas que hoy lo oprimen, lo
empobrecen, lo envilecen, lo hacen que vote por migajas, lo hacen que
elijan a sus verdugos, que hacen que le crean a la TV. Entonces todo
esto no estamos fantaseando, es el pueblo de México organizado el que
tiene que hacer esto (…) El articulo 136 con toda nitidez establece que
el gobierno que violente los principios de la Constitución y que los
contraríe con su conducta tendrá que echarse a bajo y el pueblo está
autorizado por la Constitución para liberarse de este gobierno y hacer
vale los principios”, dijo.
Con respecto a las cartas entregadas a
las representaciones de las diversas naciones informó que la embajada
de España fue la única que no aceptó la recepción de la misiva. Los
motivos podrían estar relacionados con la intención de capitales
españoles de participar en la explotación de hidrocarburos.
Por otro lado Martínez aseveró que
Mexicanos Unidos emprenderá todas las acciones necesarias para defender
los recursos de la nación y de ser necesario acudirá a instancias
internacionales para hacer valer los derechos y en todo caso reclamar
la reintegración de las utilidades al pueblo de México.
“Vamos a prepararnos porque esto va ser
obra de los mexicanos que logremos organizarnos para defender los
recursos. Ya levantamos la voz y ya les dijimos a los gobiernos de las
empresas que están interesadas en apropiarse de nuestros recursos, ya
les dijimos cuáles serán las condiciones en el futuro”, sostuvo.
Por su parte, el Dr. Jorge Montemayor
Aldrete, reiteró que la Constitución es clara al establecer que los
recursos, en específico los hidrocarburos, “son una propiedad que sólo
la nación puede procesar en todas sus etapas, y que la propiedad es
inalienable e imprescriptible. Inalienable porque no puede
transferencia a otro ente o persona; imprescriptible, porque esta
calidad no fenece en el tiempo y esto es propiedad de la nación”.
El académico recordó que hace un mes la
organización a la que pertenece llamó al pueblo de México a desconocer
al gobierno de EPN por ser traidor a los intereses de la sociedad. En
este sentido reiteró que el llamar traidor al priísta no es un
calificativo, sino algo que está estipulado en la ley.
En cuanto a la carta dirigida a los
diferentes países, Montemayor enfatizó que los gobiernos extranjeros
deben conocer lo estipulado en la Constitución Política, por lo que
dijo “su obligación es conocer las leyes del país donde van a invertir
y ya están avisados”.
“Que no les quepa duda vamos a
recuperar esos bienes. Ya lo saben: vienen invierten su capital físico,
lo van a perder, las ganancias ya se las exigiremos de acuerdo con los
correspondientes instrumentos jurídicos internacionales. Vamos a
exigirles que nos regresen a satisfacción lo que se hayan llevado
inconstitucionalmente. Cuando el pueblo recupere su libertad y se
establezca el gobierno leal al pueblo decidirá, bajo las leyes, que es
lo que corresponderá para recuperar nuestros bienes, pero (las empresas
extranjeras) no van a poder argumentar que hubo una decisión momentánea
o de hígado lo estamos documentado todo jurídicamente”, dijo.
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