Sin
reconocer que el Estado de México sea una de las entidades más
violentas para las mujeres, el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila
Villegas, anunció que solicitó la activación de la Alerta de Violencia
de Género (AVG) en 11 municipios mexiquenses.
Así lo dijo durante la Firma del Convenio de Coordinación entre el
Gobierno del Estado de México (GEM) y el Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres), evento que se realizó hoy en Toluca, capital del
estado, y en el cual el mandatario local aseguró que el Edomex está “en
alerta permanente para proteger los derechos de las mujeres y asegurar
que tengan una vida libre de violencia”.
En su mensaje, Ávila Villegas aseguró que el Edomex “no es la entidad
con el mayor índice de delitos contra las mujeres”, y haciendo alusión
a la sobrepoblación de la entidad, expuso que por cada 100 mil
habitantes se registran 1.75 casos de feminicidio, mientras que en
otros estados la incidencia es de 6.61 por cada 100 mil habitantes.
Refirió que desde 2011 (cuando se tipificó el feminicidio en la
entidad) a la fecha suman 209 casos, de los cuales 130 han sido
judicializados, y en 67 ya existen sentencias que van de los 40 a los
60 años de prisión.
Luego de enlistar “los importantes avances” del GEM para asegurar a las
mujeres una vida libre de violencia, dijo que “haciendo eco de
diferentes organizaciones civiles, legisladoras de diferentes partidos
políticos, (se ha) decidido solicitar de manera oficial la AVG”.
“Hemos girado un oficio informando de esta decisión al Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia
contra las mujeres y he instruido al secretario (de Gobierno), José
Manzur, dar seguimiento a esta solicitud para, ojalá, que podamos tener
una pronta respuesta”, agregó.
Según lo dicho por el gobernante, la AVG se pidió para los municipios
de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla,
Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y
Chalco.
REACCIONES
En entrevista con Cimacnoticias, María de la Luz Estrada, coordinadora
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
–organización que desde 2010 ha exigido la activación de la AVG en la
entidad–, celebró lo anunciado por el mandatario estatal, al considerar
que el anuncio es en sí el reconocimiento de que las mexiquenses son
víctimas de un patrón de violencia sistemática en su contra, y que pone
en riesgo su vida.
“Cuando hablamos de la AVG en realidad estamos hablando de una
violencia estructural contra las mujeres y de violaciones graves a
Derechos Humanos (DH) y no de un sólo asesinato o de casos aislados;
para nosotras esto es el claro anuncio de que el Sistema Nacional va a
decretar la alerta, y vemos como positivo que en el gobierno local se
haya aceptado la existencia de la problemática”, dijo.
Precisó que jurídicamente Eruviel Ávila no puede presentar una
solicitud de AVG, y que la declaración de ésta es parte de un
procedimiento que está debidamente reglamentado.
Según lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia –en la que está definido el
mecanismo–, la solicitud de AVG “podrá ser presentada por los
organismos de DH internacionales, nacional o de las entidades
federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil
legalmente constituidas”.
Estrada abundó que en el Edomex la violencia contra las mujeres no debe
medirse en tasas o incidencia, sino en las formas crueles y degradantes
en las que las mujeres están siendo asesinadas y desaparecidas:
“Tenemos casos de mujeres mutiladas, arrojadas en canales, barrancas,
precisamente en los municipios que él (Eruviel Ávila) mencionó”.
Al decir que ésta es una oportunidad que tiene el gobierno local para
corregir y profundizar sus políticas públicas de prevención atención y
sanción de la violencia contra las mujeres, recordó que la declaratoria
no es una dádiva del gobierno, sino parte de una batalla de procesos
judiciales que la sociedad civil emprendió hace casi cinco años.
LARGA BATALLA
Desde 2010 el gobierno local (tanto a nivel municipal como estatal)
negó, invisibilizó e incluso minimizó la violencia feminicida en la
entidad, así como las crecientes desapariciones de mujeres y niñas. Al
mismo tiempo se rehusó a reunirse con familiares de víctimas,
defensoras de DH y activistas.
En 2010, durante el gobierno estatal del priista Enrique Peña Nieto
–hoy titular del Ejecutivo federal–, el OCNF y la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) pidieron la
activación de la AVG en la entidad, ante los 922 asesinatos violentos
de mujeres documentados por estas organizaciones.
La solicitud fue negada luego de que en una sesión del Sistema Nacional
para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(SNPSEVM) –entonces encargado de definir la procedencia de la
solicitud– representantes del Edomex aseguraran que en la entidad no
existía la violencia contra las mujeres, y que la solicitud “era un
golpe político” para Peña Nieto, entonces aspirante a la Presidencia de
la República.
Las organizaciones civiles recurrieron a un amparo para insistir en la
activación de la AVG, e incluso un juzgado federal ordenó realizar la
investigación solicitada por las activistas.
Aunque la orden judicial fue impugnada por las autoridades, finalmente
el 28 de abril de 2014 el Sistema –mismo al que Ávila Villegas asegura
haber solicitado la AVG– admitió la procedencia de la solicitud, y
anunció el inicio de una investigación por parte de un Grupo
Interinstitucional y Multidisciplinario, conformado sólo por
funcionarios y sin la presencia de gente de la academia.
Estrada aseguró que aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) les
informó que ya había concluido la indagación, y que los resultados
serían publicados en breve, hasta ahora se desconoce el contenido del
informe.
DE MAL EN PEOR
“Si se hubiera aceptado declarar la AVG en 2010 no tendríamos el
contexto tan complejo al que ahora se enfrentan las mujeres”, sostuvo
Estrada al asegurar que la entidad enfrenta dos realidades: los
asesinatos ocurridos durante el periodo de Peña Nieto y el escenario de
desapariciones de niñas y adolescentes que se incrementó desde 2011.
Oficialmente, la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Género del
Edomex reconoció 400 casos de desaparición en menores de edad en 2014,
mientras que el OCNF tiene el registro de mil 258 mujeres desaparecidas
entre 2012 y 2013, de las cuales el 53 por ciento eran menores de 17
años de edad.
Para la organización, las acciones que se desprendan de la declaratoria
de AVG deben ser pensadas de una manera integral y con un enfoque de
género y respeto a DH.
Una de las primeras acciones que se deberían llevar a cabo, según el
OCNF, es el cabal cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a las autoridades mexiquenses
volver a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía, joven asesinada
en 2010, a fin de resarcir todas las fallas que cometió la Procuraduría
de Justicia, que en todo momento aseguró que se trató de un “suicidio”,
pese a que existían evidencias de que Mariana había sido víctima de
violencia.
Otra de las acciones que el OCNF considera como fundamentales es que en
el Edomex se evalúen los procedimientos mediante los cuales se busca a
las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas, ya que existen
evidencias de que no hay búsquedas inmediatas, lo que deriva en que
ocurran delitos más graves como feminicidio y trata de personas.
Muestra de ello es el caso de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, joven
desaparecida en septiembre de 2014 y cuyos restos fueron supuestamente
localizados en el Río de los Remedios, municipio de Ecatepec, en
octubre de ese año.
Luego de una serie de irregularidades en la búsqueda de la joven, las
autoridades mexiquenses se vieron obligadas a exhumar los restos en
junio pasado para continuar investigando el caso.
EL CAMINO HACIA LA JUSTICIA
“Si realmente se tiene voluntad de resolver el problema y activar la
AVG, estamos esperando que la autoridad revise todos los casos de
feminicidio que permanecen en la impunidad, y que nos diga qué va a
suceder con ellos”, puntualizó María de la Luz Estrada.
Uno de los casos más emblemáticos de feminicidio y falta de acceso a la
justicia es el asesinato de Nadia Alejandra Muciño Márquez, perpetrado
en febrero de 2004 por su entonces pareja, Bernardo López Gutiérrez, y
el hermano de éste, Isidro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, toda
vez que a 11 años de distancia el crimen sigue impune al no haber
sentencia contra el presunto homicida, y por la falta de reparación del
daño, pese a que el GEM se comprometió a otorgar becas, seguridad
social y créditos de vivienda para los tres hijos de la víctima, ahora
adolescentes.
Otro de los casos impunes y que evidencia la falta de medidas de
prevención de violencia feminicida por parte de las autoridades, es el
de Rosa Diana Suarez Torres, joven de 22 años asesinada a puñaladas por
Gilberto Campos García, el 31 de diciembre de 2010, luego de que el
Ministerio Público de Atizapán le negara una orden de protección que
solicitó tras ser agredida físicamente por su pareja, con el argumento
de que “las órdenes de restricción sólo existían en Estados Unidos”.
Finalmente, Estrada anunció que las organizaciones se mantendrán
atentas al procedimiento que se siga para concretar la declaratoria de
AVG en la entidad, así como para conocer los resultados de la
investigación que se realizó.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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