Sistema judicial de Chihuahua avala impunidad: Cedehm
Una
vez más, las autoridades judiciales del estado de Chihuahua demostraron
su incapacidad para proteger adecuadamente a las víctimas de violencia
de pareja e intrafamiliar, evitar que ocurran crímenes mayores como el
feminicidio, y para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de
violencia de género.
Así lo denunció el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm)
al difundir el caso de Jazmín Nayeli Rodríguez Gallardo, joven
asesinada por su ex pareja sentimental, a quien no se le dieron las
medidas de protección que solicitó ante distintas dependencias, y cuyo
asesinato no se consideró como un homicidio agravado por razones de
género, por lo que su agresor recibió una condena de apenas 15 años de
prisión.
En entrevista con Cimacnoticias, Irma Villanueva Nájera, coordinadora
jurídica del Cedehm, relató que esta semana Bertha Alicia Gallardo,
madre de la víctima, acudió a la organización para que la auxiliaran
ante la falta de sensibilidad de las autoridades judiciales para juzgar
adecuadamente el caso de su hija.
El Centro encontró que la sentencia dictada por el asesinato es
“injusta y contraria a derecho”, ya que la legislación local señala que
se impondrán penas de 30 a 60 años de prisión “cuando la víctima del
delito de homicidio sea del sexo femenino o menor de edad”.
A decir de la litigante, el caso “es sólo una muestra más” de que en
Chihuahua poco se está haciendo para proteger a las mujeres víctimas de
violencia, y que en los casos de feminicidio la impunidad es un tema
“persistente”.
Jazmín Nayeli Rodríguez Gallardo tenía 26 años de edad y trabajaba como
policía preventiva en la Policía Estatal Única de Chihuahua. La joven
era víctima de violencia física, psicológica y económica por parte de
su pareja sentimental, Oscar Campos Nava.
Jazmín –contó su madre, Bertha Alicia Gallardo, al Cedehm– intentó
dejar a su agresor en distintos momentos, pero él la buscaba, la
acosaba, la seguía a todos lados, le llamaba por teléfono todo el
día, y la amenazaba de muerte y con quitarle a su hijo.
La situación de violencia que la joven enfrentaba la llevó a pedir
ayuda en distintas oficinas de gobierno. En un primer momento acudió a
la Defensoría de Oficio, pero ahí sólo le ofrecieron iniciar un trámite
de pensión alimenticia.
Luego fue a la Fiscalía Zona Centro de la Procuraduría General de
Justicia, donde –según el relato de su madre– fue maltratada e incluso
los funcionarios que la atendieron la cuestionaron que “cómo era
posible que siendo ella policía permitiera ese trato”.
Por último, Jazmín fue a solicitar ayuda al DIF, donde la respuesta fue
“que no era bueno iniciar un trámite legal, y que sería mejor que ella
se arreglara en forma voluntaria con su ex pareja, por el bienestar de
su hijo”.
Se suma que ninguna de las dependencias a las que la joven acudió le otorgó una orden de protección.
De acuerdo con la propia Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres
Víctimas del Delito por Razones de Género, de las 2 mil 879 denuncias
interpuestas entre enero y marzo de este año en Chihuahua y Ciudad
Juárez, 2 mil 447 (85 por ciento) de las mujeres no tuvieron medidas de
protección porque “no existe capacidad institucional para
implementarlas”.
El 4 de febrero de 2012 Oscar Campos Nava cumplió sus amenazas al
esperar a Jazmín afuera de la casa de su madre, arrebatarle la pistola
que portaba y con ella asesinarla. Posteriormente el homicida huyó al
extranjero, pero mediante un proceso de extradición (finalizado en
julio de 2013) Campos Nava fue llevado a juicio.
El pasado 1 de julio concluyó el juicio oral 87/2014. Ese día el juez
que iba a dictar la sentencia definitiva dictó un receso, por lo que
Bertha Alicia Gallardo salió de la sala y esperó a que volvieran a
llamar a las partes para reiniciar el proceso.
Tras cinco horas de espera, la madre de la víctima se enteró que habían
cambiado de sala y tanto la agente del Ministerio Público como el juez
“se olvidaron de avisarle”, por lo que fue informada en el pasillo que
el asesino de su hija había recibido una sentencia de sólo 15 años de
prisión.
Al hacer las indagaciones con las autoridades, el Cedehm fue informado
–relató Irma Villanueva Nájera a esta agencia– de que la Fiscalía
Especializada declinó el caso a la Fiscalía Zona Norte debido a que
consideraron que no se trataba de un feminicidio, “ya que el arma
utilizada fue una pistola nueve milímetros”.
Explicó que si bien en Chihuahua no está tipificado el feminicidio, el
artículo 126 del Código Penal local establece que todo asesinato de una
mujer debe ser juzgado bajo la figura de homicidio agravado por razones
de género, y la pena mínima es de 30 años de prisión, lo que en este
caso no ocurrió.
Adelantó que se está haciendo una revisión puntual del expediente para
presentar un recurso de casación, a fin de anular la sentencia judicial.
En tanto, la organización exige a las autoridades correspondientes una
explicación detallada a la madre de Jazmín sobre el proceso y veredicto
dictado, y una revisión a fondo sobre el actuar del juez César Miguel
Rodríguez Martínez,
Asimismo, el Cedehm demanda una revisión administrativa de todas las
autoridades que conocieron la situación de riesgo que vivía Jazmín, “y
que deliberadamente no hicieron nada”.
En el mismo sentido, exige la adopción de medidas estructurales en la
Fiscalía, el Poder Judicial y el DIF, que redunden en una efectiva
protección de las mujeres que enfrentan violencia.
Por: Anaiz Zamora Márquez, Cimacnoticias | México, DF.-
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