7/11/2015

El doble castigo de las mujeres presas por tráfico de drogas



Ponte.org
Adital

Agnes Sofia Guimarães
Especial para Ponte


En Brasil, 20.541 mujeres están en situación de cárcel. La información es del Infopen 2015 – Relevamiento Nacional de Informaciones Penitenciarias, un informe del Ministerio de Justicia divulgado recientemente sobre la población carcelaria brasilera.

En el documento se señala que el 63% de las mujeres están en situación de cárcel por delitos relacionados con el tráfico de drogas: 5.096 son acusadas de tráfico, 421 por tráfico internacional y 832 por asociación con el tráfico. La variedad de acusaciones se verifica desde la promulgación de la Ley 607.431, de 2006, que hizo más severos los castigos por tráfico; al establecer nuevos criterios que no aclaran quién debe ser considerado usuario y quién traficante, la ley abrió un margen para interpretaciones que contribuyeron al encarcelamiento por tráfico.
ponte.org

"El peor castigo de la mujer es la pérdida del poder familiar sobre los hijos”. Juliana Belloque, defensora pública en el Estado de São Paulo.

En 2005, antes de la aprobación de la Ley, el 34% de la población carcelaria femenina respondía por delitos vinculados con el tráfico. En menos de 10 años, esa proporción sobrepasa el doble. Esta información se vincula con un fenómeno internacional de aumento del encarcelamiento femenino por la criminalización de las drogas: el 60% de la población femenina mundial responde por delitos de esa naturaleza.

En Estados Unidos, país con la mayor población carcelaria mundial, el aumento de detenciones de mujeres por tráfico aumentó un 800% en los últimos 30 años. Los datos son de la organización internacional de derechos humanos The Witchcraft and Human Rights Information Network (WHRIN), que divulgó una infografía, el pasado 26 de junio, día de la Acción Global "Support, Don’t punish” (Apoyo, no castigo). La campaña tiene como objetivo discutir las políticas de drogas bajo una perspectiva de apoyo y preservación de los derechos humanos de los usuarios.

"Estas mujeres no representan nada para el tráfico, cometen delitos menores y sólo comprueban la falencia del sistema carcelario, que con una política de encarcelamiento llena las prisiones y no resuelve el verdadero problema”, critica Juliana Belloque, defensora pública en el Estado de São Paulo.

Para ella, uno de los mayores problemas del encarcelamiento femenino es lo que considera la "extensión de la pena”, más allá de la libertad perdida por las detenidas: la familia.

Maternidad amenazada

"El peor castigo de la mujer es la pérdida del poder familiar sobre los hijos”, se lamenta. Sin embargo, su denuncia tiene el carácter de sentencia en la mayoría de los casos en que, en los tribunales, el lado de los acusados está ocupado por mujeres. Mientras son presas provisoriamente y pasan meses a la espera de un juicio, su maternidad es amenazada por la Justicia: en muchos casos, al final de la pena judicial, la egresada encuentra que, en libertad, ha perdido la custodia de sus hijos, enviados para adopción.

Para evitar estas situaciones, el proyecto Madres en la Cárcel surgió a partir de demandas de grupos de la sociedad civil que hacen un seguimiento del problema, como la Pastoral Carcelaria. Instituido en mayo de 2014, el programa es una asociación entre la Defensoría Pública y el Sistema de Administración Penitenciaria (SAP). A partir de la prisión, el Convive, grupo de la SAP responsable del relevamiento y el envío de las informaciones, recibidas por núcleos de situación carcelaria de la Defensoría Pública y por núcleos de la Infancia y Juventud, se realiza un registro de la detenida. De esa forma, hay un trabajo para que haya una defensa del ejercicio de la maternidad dentro del sistema carcelario del Estado de São Paulo, con el seguimiento de historias como la de una madre que, debido a su embarazo de riesgo, cumplió su detención provisoria con carácter domiciliario. Sin embargo, el niño falleció, y la mujer, incluso en período de luto, respondió a la intimación judicial. En el tribunal, se decretó su prisión.

"El juez la miró y no vio el luto, sólo el hecho de que ella no ejercía la maternidad y no tenía motivos aparentes para continuar en casa. Sabiendo de este caso, pudimos intervenir”, cuenta Bruno Shimizu, defensor público y coordinador auxiliar del Núcleo Especializado de Situación Carcelaria de São Paulo. Señala que, en el Estado de São Paulo, en la mayoría de los casos, las madres tienen sólo seis meses garantizados para el amamantamiento de los hijos recién nacidos, tiempo que, en la Ley de Ejecución Penal, es considerado mínimo. En 2009, la resolución Nº 3 del Consejo de Política Criminal y Penitenciaría (CNPCP) presenta recomendaciones específicas para la situación de hijos de madres encarceladas, e instituye el plazo mínimo de un año y nueve meses para que queden en contacto, norma que no es respetada en el Estado de São Paulo, según el defensor.

Conservadorismo del Poder Judicial

Shimizu responsabiliza al "compromiso ideológico con el conservadorismo” del Sistema Judicial Brasilero, que extrapola la Ley y sus recomendaciones. "Es una postura de exterminio de clase y de machismo. La mujer, cuando es juzgada, es moralmente expuesta. El juez insiste en exponer que no la considera digna del ejercicio de la maternidad, ya que cometió una infracción y sobrepasó los límites de lo que él considera que es el lugar de la mujer en la sociedad”, explica. También señala cómo las prisiones, en esos casos, son más punitivas para las mujeres: mientras que los hombres reciben visitas de esposas y compañeras, los visitantes de las prisiones femeninas son madres y hermanas, que muchas veces incluso dependen del sustento de la encarcelada.

Las declaraciones de los defensores también son confirmadas por números y otras informaciones recogidas durante nueve meses por las profesoras Bruna Angotti, antropóloga y profesora de Derecho de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, y por Ana Gabriela Mendes Braga, doctora en Criminología y profesora de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), en el informe "Dar a luz en la sombra”. La investigación, publicada en noviembre de 2014, es parte del proyecto"Pensando el Derecho”, una serie de iniciativas de la Secretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia (SAL/MJ), para que sean accesibles para la sociedad civil datos sobre la práctica legislativa brasilera.

En el caso del informe, el objetivo era hacer el seguimiento de modelos penitenciarios que buscaban atender a las demandas de la Ley relacionadas con la maternidad. Además de la consulta a especialistas, a empleados del sistema carcelario y otras informaciones de cuño oficial, las investigadoras entrevistaron a 80 detenidas, que denunciaron la violación de derechos básicos, principalmente el de defensa.

Durante la investigación se constató que sólo seis estados tienen políticas dirigidas a la maternidad en situación de cárcel: Ceará, Bahía, Paraná, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo. En esos estados, se implantaron sectores de maternidad y programas como Madres de Cárcel. Sin embargo, las investigadoras constataron que no hay, en ninguna de ellas, respeto integral a las leyes sobre la maternidad, principalmente en relación con la resolución Nº 203. En el informe también se constata el defasaje de la atención pública a la defensa: las mujeres están sujetas a la tasa nacional de 16.043 detenidos por defensor.

"Específicamente en relación con el acceso a la justicia, pudimos percibir el doble impacto de su precariedad, el primero de orden material, identificado en la falta de acceso a la información, poca participación en el proceso criminal y civil, y ejercicio precario de la autodefensa y defensa técnica; el segundo subjetivo, con aumento de la ansiedad generada por la sensación de abandono, impotencia y angustia frente al sistema de justicia y a su propio destino”, se relata en el documento.

Para Angotti, además de las informaciones en relación con el ejercicio de la maternidad en las prisiones, en el informe se expone aún más el problema de las detenciones provisorias, ya que buena parte de las mujeres encarceladas están en esa condición. El tenor de los delitos demuestra, para la investigadora, cómo el Poder Judicial no tiene capacidad para evaluar la complexidad de los casos, que están lejos de ser considerados como de una "alta peligrosidad” que justifique el encarcelamiento.

"Muchas mujeres cometieron los delitos por ser madres. Porque no tenían condiciones para sustentar a su familia y necesitaban changas, trabajos adicionales a otros que ya tenían. El Poder Judicial no tiene capacidad para entender que está deteniendo sólo a mulas, o víctimas del tráfico, que cometieron el delito sólo por una cuestión de supervivencia”, se lamenta.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario