“Una no se reconoce como víctima de un día para el otro”

Pulbicado por Comunicar Igualdad 

Por Natalia Castro Gómez

En el proceso de apropiación de sus derechos, Alika atravesó diferentes instancias, no todas positivas. La justicia le negó la condición de víctima de trata y explotación con el argumento de que había consentido la situación y fue demandada por desalojo de vivienda por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. “Yo fui rescatada en el año 2012 y estoy en una casa con mis chicos, sin gas, sin trabajo, en tratamiento psicológico; si no tuviera fuerza de voluntad y un compañero que me contiene emocional y económicamente, me daría lo mismo ir al psicólogo que decir ‘¿Sabes qué?, esta noche vuelvo a trabajar’” afirma sobre la necesidad de un mayor apoyo del estado para las víctimas de trata y explotación sexual.

COMUNICAR IGUALDAD-Como todas las víctimas, Alika desconocía sus derechos. Poco a poco fue encontrando información y aceptando su historia, un proceso solitario que realizó en compañía de su familia. Después de identificarse como víctima, buscó respaldo en personas y organizaciones sociales que la reconocieran de esa forma; el feminismo le permitió identificar sus derechos y sirvió de prólogo a lo que después asumió como su campo de lucha: el abolicionismo.

“A través del contacto con la Campaña Abolicionista y  el programa de atención a las víctimas de trata y explotación, descubrí que el abolicionismo significa mucho más que prohibir, se habla de prohibición porque la prostitución es un delito donde se vulneran todos los derechos de las mujeres y hay una responsabilidad por parte de diversos organismos del Estado.”

Y entonces comenzó el periplo para la restauración de sus derechos.

Alika Kinán se presentó ante el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tierra del Fuego; solicitó asistencia en materia de trabajo, vivienda, salud, apoyo psicológico y protección a su familia, tal cual lo dictaminan la actual Ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas y el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.

Le entregaron las llaves de una casa donde podía vivir un mes y veinte días, y se comprometieron a resolver muchas cosas que jamás tuvieron respuesta. La casa estaba vacía, no tenía colchón, mesa, ni calefacción. Alfredo tenía dos trabajos y hacía horas extra, así pudieron comprar una cama para los chicos y un calefactor. La pareja pagó la factura del gas que adeudaba la vivienda y advirtieron que no funcionaba el calefón; Alika fue a buscar a la ministra y le explicó lo que estaba pasando, pero la mandataria se negó a ayudarla. Una tarde,  sus hijxs –cuatro niñas y un niño- comenzaron a caer como moscas; había un escape de gas y tuvieron que reaccionar rápidamente.

Al no cumplirse lo previsto por la ley, interpuso una acción de amparo ante la justicia provincial que fue rechazada, negándole el acceso a los derechos correspondientes, a la vez que desestimaban su condición de víctima por tratarse de un caso de explotación sexual consentida. Tiempo después, la Cámara de Apelaciones de la Sala Civil del Poder Judicial de Tierra del Fuego, admitió que pudo haber sido víctima de trata, pero sólo en el momento de ser rescatada, por lo cual, si no había reclamado los derechos en ese instante, no podía hacerlo después.

“Una no se reconoce como víctima de un día para el otro, las víctimas no saben que son víctimas porque nadie les explicó qué es ser víctima. No saben que existe un protocolo de actuación porque nadie les acompaña en el proceso de restitución de sus derechos. Nos pusieron muchos palos en la bicicleta, reclamé muchas veces, transité el camino de la burocracia en condiciones muy duras, sin un peso en el bolsillo, embarazada, con un bebé de un lado y otro nene del otro, sin zapatillas y medio metro de nieve en la calle. Iba de un lado para el otro, hacía lo que me recomendaban.”

Y todo fue en vano. Revictimizada por las instituciones que debían brindarle amparo, Alika comprobó que la justicia provincial se negaba a otorgarle los derechos que le correspondían para no generar un precedente que le obligara a brindar verdadera asistencia a las víctimas del crimen de trata.

Tiempo después, el Estado provincial promovió una demanda en su contra solicitando el desalojo de la vivienda, aduciendo que le darían recursos para alquilar una pensión durante seis meses y que tenía instrucción para generar ingresos propios.

Actualmente, Alika es sobreviviente del delito de trata, y mantiene una causa penal contra lxs tratantes donde es querellante, a la vez que se conforma como parte actora civil. Es la primera vez que una víctima se presenta como querellante y demanda al Estado provincial por los daños y perjuicios ocasionados por su ineficacia en la lucha contra la trata de personas.

El caso de Alika Kinán, además de ser uno de los más reconocidos a nivel nacional, representa el debate vigente sobre la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo a la Constitución, Argentina es un país abolicionista que se ajusta a la Ley 12.331de 1937, la cual dictamina la prohibición de establecimientos donde se ejerza o incite el ejercicio de la prostitución como cabarets, whiskerías o lugares de alterne.

“Esta ley, amplia y sistemáticamente violada a lo largo y ancho del país, no penaliza la prostitución, pero tampoco la regula” explica Alika. Los lugares son encubiertos con otra razón social y la explotación sexual se esconde bajo el eufemismo del “alterne”.

En el año 2008, se sancionó la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Cuatro años después, el fallo que concedió la libertad de los trece imputados en el reconocido caso de Marita Verón, propició que dicha ley fuera ampliada, para dar paso a la Ley Nacional 26.842.

“La Ley de Trata es una ley perfectamente diseñada, lo que falla es su articulación con los gobiernos provinciales” ratifica con convicción.

Su propia experiencia le permite afirmar, que no existe ningún organismo que articule como corresponde para que las víctimas sean realmente rescatadas a través del acceso a sus derechos. “No existe articulación con los ministerios de salud para asistir al sinnúmero de mujeres que sufren adicciones. No se está poniendo en práctica el Protocolo de Actuación y Contención a las Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual, firmado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tierra del Fuego, y hay muchísimas herramientas para hacerlo: la gestión de micro emprendimientos a través de economía social, la contención psicológica que puede durar uno o dos años mientras la chica va y vuelve.”

Lo cierto es que después de los allanamientos, las víctimas van a otro lugar del cual son rescatadas nuevamente; situación que cuestiona la veracidad de los rescates.

“Tampoco debería contarse como rescate sacar a una mujer de un boliche. Yo fui rescatada en el año 2012 y estoy en una casa con mis chicos, sin gas, sin trabajo, en tratamiento psicológico; si no tuviera fuerza de voluntad y un compañero que me contiene emocional y económicamente, me daría lo mismo ir al psicólogo que decir ‘¿Sabes qué?, esta noche vuelvo a trabajar’. Muchas mujeres no cuentan con esa contención.”