(08 de julio, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- El gobierno de Felipe Calderón quedó marcado por el
inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, misma que a nueve
años de su implementación ha sido criticada por la violencia desatada y
los altos niveles de homicidios y violaciones a los derechos humanos.
¿Qué Querían Que hiciera? Es
el título del nuevo libro del investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) Luis Astorga, en donde somete a análisis esta etapa de la vida
de México, en particular la política que el panista estableció en el
ámbito de seguridad.
El doctor en sociología por la Universidad de París I, habló con Revolución TRESPUNTOCERO
sobre el texto y comentó algunos aspectos de lo que fue y lo que dejó
esta estrategia asumida por el segundo presidente de extracción
blanquiazul.
En primera instancia, Astorga
reiteró que a nueve años el balance que se obtiene al analizar esta
medida es negativo, pues al considerar el número de muertos,
desplazados, y desaparecidos de manera forzada “el balance no puede ser
más negativo”.
“Cualquier política debe ser
evaluada en función de sus resultados, no en función de los discursos
políticos. Al iniciar el mandato, el discurso de promesa usado en la
campaña (el presidente del empleo) se diluyó inmediatamente y todo el
sexenio estuvo marcado por el asunto de seguridad”, dijo.
El investigador recordó que en
aquellos momentos, Calderón tuvo el apoyo a su política de seguridad,
en primera instancia, de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conaago), integrada por mandatarios estatales de diversos partidos.
“Recordemos en primer lugar la Conago, donde están representados todos
los gobernadores. También dirigentes de los principales partidos
políticos, dirigentes empresariales, varios países extranjeros, entre
ellos EU”, manifestó.
De igual forma comentó que durante
esta etapa, Calderón tuvo las mismas opciones que tiene y ha tenido la
clase política en su conjunto en materia de combate al crimen, es decir
quedarse sin hacer nada o establecer acuerdos en donde ambas partes
salieran ganando.
“Calderón tenía las mismas opciones
que tiene y que ha tenido la clase política en su conjunto en la
alternancia en el poder: o no hacer nada, es decir quienes están en
posiciones de poder no hacen nada frente a la delincuencia organizada o
establecen acuerdos de beneficio mutuo con los grupos que operan ahí en
donde ellos gobiernan, a cambio de no ser objeto de la violencia y a
cambio de una repartición del pastel”, expuso.
En lo referente manifestó que ambas
opciones no contribuyen para la consolidación de la democracia y por el
contrario permite entrar en una dinámica autoritaria.
“Ojo, esas dos posibilidades lo que
reproducen son relaciones autoritarias, con eso no se construye
democracia. La tercera opción sería que las fuerzas políticas del país,
en conjunto con la sociedad civil diseñen una política de seguridad de
Estado y qué significa una política de seguridad de Estado, que va
haber colaboración, coordinación y que va haber corresponsabilidad en
la política de seguridad. Ya sea que se decida poner a los militares o
no ponerlos (…) se tendría que dar unos acuerdos de esta naturaleza
para no estar tirando la pelota única y exclusivamente al gobierno
federal (…) entonces de qué se trata o asumes la responsabilidad como
gobierno local o no la asumes; entonces para evitar ese tipo de juegos
tendría que haber reglas muy claras, conjuntamente de los partidos con
la sociedad civil para decir basta, ya no se puede seguir jugando con
la seguridad de los habitantes del país”, manifestó.
Por otro lado, Astorga habló sobre
la relación que se estableció entre el poder político y el crimen
organizado a partir de la alternancia en el poder. Explicó que en los
años de la hegemonía priísta el crimen era subordinado, y con el cambio
en el poder los grupos delincuenciales lograron una libertad parcial.
“En la época de hegemonía del PRI
de subordinación del campo criminal al campo de la política. Esa
subordinación fue estructural, ¿Qué significó en la práctica? Que en su
relación con la política, los criminales si no aceptaban las pruebas
del juego impuestas por el poder político, tenían tres opciones: o
salían del negocio, o se iban a la cárcel o se morían. En la época de
la transición, esta relación se modifica y lo que hay es una mayor
autonomía relativa de parte de los grupos criminales respecto del poder
político”, dijo.
Aunado a lo anterior manifestó que
hoy en día no es correcto hacer referencia a una “penetración” del
crimen en el poder político, ya que, expuso, este término hace pensar
que el crimen y el campo de la política surgieron separados.
“Yo no hablo de penetración, por
una sencilla razón, hablar de penetración significa que el campo de la
política y el campo criminal nacieron separados y que por lo tanto en
un momento determinado, así como la humedad, los delincuentes se
empiezan a infiltrar en el campo político. Esta es la visión favorita
de la clase política, y por qué, porque los exime de responsabilidad
histórica (…) no es lo mismo hablar de infiltración que de una mayor
autonomía relativa; no hay una autonomía completa, porque los grupos
criminales no tienen cuadros políticos propios, el oligopolio político
es el que tiene los cuadros políticos, y los grupos criminales no le
están disputando la formación de cuadros políticos, lo que hacen es
establecer relaciones de corrupción, con los cuadros que ya existen”,
manifestó.
En este sentido reiteró que uno de
los principales intereses del crimen organizado es establecer relación
con los personajes que ocupan posición de poder dentro de la estructura
política, “quien los pueda proteger o con quien puedan negociar”.
“Entonces si los presidentes
municipales o gobernadores tienen control sobre sus policías, para los
grupos criminales va a ser necesario establecer cierto tipo de
relación, de redes de corrupción con esa gente que está en puestos de
poder y tienen nombre y apellido, y pertenecen o fueron electos en las
planillas de ciertos partidos y por lo tanto esos partidos deben asumir
esa responsabilidad. No es de que: “tú ya fuiste electo, yo partido ya
no soy responsable”. Ejemplo de estos: caso Abarca, “ya fuiste electo y
quien sabe cómo llegaste ahí”. Entonces es un cinismo, lo que ha
mostrado la clase política es una falta de visión de Estado y un
cinismo a prueba de todo”, dijo.
Asimismo, afirmó que hoy en día
todas las organizaciones criminales tienen algún tipo de nexo con
partidos políticos que tengan individuos en posiciones de poder
y “obviamente con instituciones policiales y con ciertos sectores
empresariales y con ciertos sectores de la sociedad civil que forman
parte de su base social. Entonces no hay ninguno que sea puro (el
crimen) y que por sus propias habilidades criminales hayan logrado una
posición alta”, señaló.
El académico hizo referencia a los
señalamientos que pone a Calderón como el responsable de esta “guerra”
que ha costado muchas vidas al país. Dijo que si bien hay una
responsabilidad política de Calderón por la decisión, todo el peso de
la responsabilidad no sólo recae sobre él.
Por ultimo habló sobre los puntos
clave para cambiar la dinámica y establecer un nuevo panorama en el
país. Indicó que en el contexto actual el vencer la impunidad y llevar
a juicio a los “delincuentes de cuello blanco” que tienen relación con
el crimen organizado será necesario para crear confianza y dar un giro
en el país.
“México no es una democracia
avanzada, tiene grupos criminales muy poderosos, una clase política sin
visión de estado y una sociedad civil muy poco organizada. Entonces
¿cuál es el escenario? Si no hay ese pacto político para la transición
exitosa, que implica una política de seguridad de Estado, una
procuración de justicia, es difícil. En Italia y Colombia una de las
diferencias la ha hecho el sistema judicial porque ha logrado llevar a
juicio no sólo a miembros de la ‘delincuencia organizada tradicional’,
sino a la alta delincuencia de cuello blanco y a políticos, a grupos
económicos fuertes vinculados al negocio de lavado de dinero,
delincuencia organizada y a políticos que han tenido negocio y tienen
negocio con la delincuencia organizada. Eso hace una gran diferencia
porque eso crea confianza en las instituciones y muestra un cierto
grado de madurez y de solidez de esos contrapesos institucionales que
son necesarios”, dijo.
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